La corrupción morada es de tal magnitud y desenfreno que se burlan de las denuncias, sin inmutarse ante cada estallido de abuso del dinero público a sabiendas de su blindaje judicial, complementado por el lavado mediante “inversiones” en múltiples esferas de la actividad “privada”, en compañía de testaferros, o de empresarios “libres de toda sospecha”.
Y si chocan con cualquier percance inesperado hacen uso de su plataforma mediática y/o su descaro de carroza en su afán de continuar en su “rumba abierta para baile”.
En el caso de la corrupción a la redonda con la OISOE, por ejemplo, el robo del dinero público quedó retratado en alto relieve, con el agravante del suicidio del arquitecto David Rodríguez.
Ante la reacción con justas protestas apelaron a la represión y a la ocupación y el cerco con vallas metálicas de múltiples calles de Gascue.
Pero sufrieron otra contrariedad sorpresiva con la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que advirtió la violación de la Constitución al reprimirse y obstaculizarse las convocatorias de Poder Ciudadano, que tiene consagrado el derecho de la libre circulación, de reunión y de expresión pública.
Se ignora si el Ministerio de la Presidencia cuenta con veedores que reaccionen ante las violaciones sistematizadas a los derechos civiles como el atropello brutal perpetrado hace unos días frente a OISOE.
Un ingenuo pensaría que el presidente Medina y el ministro Montalvo dirían “eso no se hace” al jefe policial y al ministro represivo de la OTAN morada.
También se ignora si el Consultor Jurídico justifica el sueldo cuando mira con sus ojos la tropelía policial en sus frecuentes violaciones a los derechos ciudadanos.
Un comportamiento silencioso delata la responsabilidad palaciega ante las acciones represivas y el tumor maligno de la corrupción que acogota a la sociedad con sucesivos escándalos.
Desde distintos ángulos emanan múltiples señalamientos que apuntan al presidente Danilo Medina, citándose, por ejemplo, al empresario José Antonio Martínez Rojas, quien observa “in situ” los atropellos y la ocupación ilegal policial de Gascue. El también abogado Martínez Rojas ha manifestado su temor que degenere en un “tsunami” popular la acumulación de atropellos a las libertades ciudadanas.
Raúl Pérez Peña (Bacho)
PANCARTA
Listín Diario
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