Batatas refritas 26

COLADITOS

    El avion siniestrado de la compañía boliviana Lamia.

1 - Asesinato. El ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira, calificó recientemente de asesinato el “accidente” del avión de la aerolínea Lamia que transportaba al club brasileño Chapecoense y que se estrelló semanas atrás en Colombia causando la muerte de 71 de los 77 pasajeros que iban en el vuelo. Moisés Ribeiro Santos, compañero en el equipo de las víctimas no abordó el vuelo fatal por estar lesionado y había sentenciado esto mismo el 3 de diciembre pasado.

   Presidente Danilo Medina.

2 - Violando la ley. Las declaraciones del presidente Danilo Medina con respecto a los funcionarios peledeístas que no habían hecho sus declaraciones juradas de bienes son penosas y han causado gran indignación en la sociedad. "Los que nos quedan son gobernadores y viceministros que a lo mejor ni saben que tienen que hacer la declaración jurada", dijo el mandatario, lo que obviamente se transforma en violación a las leyes y a la Constitucion. Danilo Medina es recurrente en obviar los dos compromisos que ha hecho al juramentarse como presidente de la República de cumplir y hacer cumplir las leyes. La historia lo juzgará en la misma medida que actúe.

    Blas Peralta, custodiado fuertemente por autoridades policiales.

3 - Acuerdos políticos. El acusado de asesinar al ex rector de la UASD Mateo Aquino Febrillet, Blas Peralta, no sólo tiene luz verde para reenviar las causas judiciales que eviten un juicio de fondo en estos momentos de alta atención pública, sino que tiene prometido una sentencia benigna y un perdón presidencial para 2020. Se está a la espera del momento oportuno para continuar la jugada.

4 - Navidades. Si bien es cierto que unos pocos privilegiados viven durante todo el año como si siempre fuera Navidad, el 85% de los dominicanos contemplamos tristemente cómo se nos escapan los chelitos extras en deudas contraídas anteriormente y el espíritu navideño brilla por su ausencia. El que se quiera engañar, el que quiera fingir, que lo haga, pero negar que hasta eso nos han robado es mentir. La cleptocracia gobernante pretende contentar al ejército de pobres de sus votantes con unas cajas de comida que no duran tres días en hogares que pasan hambre durante todo el año.

5 - Irrespeto. A los expresidentes de la República hay que respetarlos. Igualmente, los expresidentes deben respetar a los ciudadanos. Las declaraciones de Leonel Fernández en el 43 aniversario de la fundación del PLD son merecedoras de un puñetazo en plena cara del exmandatario. Atreverse a decir que su partido ha realizado "el milagro dominicano" es provocar más ira y más repudio contra su persona del que ya existe.

6 - Informe Banco Mundial. "A pesar de su fuerte crecimiento y la estabilidad macroeconómica, el país no ha sido testigo de importantes mejoras en el bienestar, hasta hace muy poco. La pobreza aumentó de 32 por ciento en 2000 a casi el 50 por ciento en 2004 a raíz de la crisis financiera y económica de 2003, antes de la disminución gradual al 41 por ciento en 2013 y una brusca caída en los últimos dos años hacia tasas prevalecientes en el año 2000". Miles de millones de pesos malgastados, miles de millones de dólares malgastados, para volver a los niveles de pobreza del año 2000. Esos son los resultados de la evaluación del Banco Mundial sobre la economía dominicana.

                             Juan Hubieres, demongado.

7 - Tribunal Superior Administrativo (TSA). No sabemos qué esperaban los empresarios del transporte del TSA. Las altas cortes son tribunales al servicio de la cleptocracia gobernante de la cual el CONEP es parte importante. Si los transportistas son un monopolio, la cervecería también lo es, sin embargo, una funcionaria fue destituida por denunciarla públicamente. Para bien o para mal el gobierno y los empresarios decidieron destruir a los transportistas, esa es una decisión irreversible.

8 - Béisbol dominicano. Los analistas se están rompiendo la cabeza para entender el porqué los fanáticos de la pelota dominicana han dado la espalda a este pasatiempo. Muy sencillo, eso es un negocio de empresarios que venden boletas caras, todo lo que venden dentro es prohibido para las mayorías y no ofrecen un espectáculo con peloteros de alto nivel. Como si fuera poco, los gobiernos toman los recursos de los impuestos de los ciudadanos para hacer más ricos a los ricos, y ya la gente no aplaude eso.

9 - PRSC. Danilo Medina está personalmente al frente de los intentos de dividir al PRSC, con todo el poder que le da el Estado, todos lo sabemos. Qué pena que Bisonó y Hazim se hayan quemado de esa forma.

10 - Pandemia. No es un secreto que los hospitales del Estado son almacenes de empleos públicos donde no hay medicinas ni equipos óptimos para dar servicio a la gran demanda de pacientes. Lo que está ocurriendo con la leptospirosis y el cólera amenaza en convertirse en pandemia.

11 - Extranjeros. Nuestro país no soporta la enorme inmigración ilegal que la cleptocracia gobernante ha permitido y apadrinado durante sus gobiernos. Haitianos, venezolanos y colombianos se encuentran por miles en todas las provincias de la nación. El PLD no sabe qué más daño hacernos a los dominicanos.


Luis Del Monte / DLRD

Una más de la pandilla de delincuentes que nos gobierna

Diputados inconstitucionales
Cuando se revise con objetividad la historia democrática de las últimas décadas, forzosamente habrá que concluir que hemos tenido una preocupante involución, pues nuestros gobernantes se han creído, y así penosamente se les ha permitido, que pueden acomodarlo todo a sus intereses particulares, así sea la Constitución y las leyes o el cumplimiento de las mismas.

Como lo que ha interesado a cada uno de los tres últimos presidentes que han impulsado modificaciones a la Constitución para beneficiarse a sí mismos, ha sido la reelección presidencial, muchas de las abundantes disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna, sencillamente su aplicación no interesa a las autoridades y son palabras huecas, o son contrarias a sus conveniencias políticas particulares.

Eso está aconteciendo con el artículo 81 de nuestra Constitución que establece que la Cámara de Diputados estará compuesta de 178 diputados elegidos por circunscripción territorial, “distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia;”

Cuando la JCE notificó su resolución 06-2015 estableciendo la distribución de los diputados a ser electos en el próximo torneo electoral proporcionalmente a la densidad poblacional, voceros de algunos partidos se manifestaron en contra de la misma, sobre todo el secretario general del PLD, quien en representación de ese partido al poco tiempo elevó un recurso por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para solicitar la declaratoria de nulidad de dicha resolución y una medida cautelar con el propósito de obtener su suspensión.

En un hecho que constituye una evidencia más del control que tiene el partido oficial sobre el poder judicial, el TSA recién dictó una sentencia ordenando la suspensión de la referida resolución, que no hace más que dar cumplimiento a un mandato constitucional.

Nuestras autoridades acostumbradas a aprobar cuantas modificaciones constitucionales convengan a sus intereses, también pretenden que cuando algunas de sus disposiciones no les convienen o simplemente por su falta de planificación no se prepararon para ejecutarlas, impedir su cumplimiento mediante un retorcido manejo de una justicia parcial.

Los voceros del PLD han manifestado su júbilo con la sentencia dictada, expresando que “cuando la JCE adoptó la decisión sobre la nueva distribución de los diputados lo hizo muy próximo a las elecciones y ya los partidos se habían programado con la distribución actual”, lo que a todas luces constituye una confesión de que para ellos las leyes no se reputan conocidas luego de su publicación, como sucede para el resto de la población que jamás podría alegar que una disposición vigente, incluso en este caso desde hace 5 años, no era conocida y por tanto no había sido tomada en cuenta.

Como esa aberrante sentencia no tiene otra justificación que ser la expresión complaciente de un tribunal controlado por el partido oficial, respecto del cual recientemente se hicieron acusaciones de que trasladó alguno de sus miembros por no someterse a los intereses de dicho partido, el presidente de la JCE, que generalmente defiende tenazmente sus posiciones, ha declarado que la acatará, lo que parecería presagiar que no elevaría un recurso contra la misma.

No podemos permitir que tan bochornosa sentencia, carente de todo sentido jurídico, ponga en juego la legalidad de la elección de los diputados y su futuro accionar. En ocasiones como ésta es que se precisa que el Tribunal Constitucional juegue su rol de guardián de la Constitución, y evite así que por complacer a un puñado de políticos se ponga en juego la constitucionalidad de las próximas elecciones y la institucionalidad del país.




Marisol Vicens Bello
elCaribe

Comportamiento silencioso delata responsabilidad palaciega

Corrupción es un tumor que no preocupa al PLD
La corrupción morada es de tal magnitud y desenfreno que se burlan de las denuncias, sin inmutarse ante cada estallido de abuso del dinero público a sabiendas de su blindaje judicial, complementado por el lavado mediante “inversiones” en múltiples esferas de la actividad “privada”, en compañía de testaferros, o de empresarios “libres de toda sospecha”.

Y si chocan con cualquier percance inesperado hacen uso de su plataforma mediática y/o su descaro de carroza en su afán de continuar en su “rumba abierta para baile”.

En el caso de la corrupción a la redonda con la OISOE, por ejemplo, el robo del dinero público quedó retratado en alto relieve, con el agravante del suicidio del arquitecto David Rodríguez.

Ante la reacción con justas protestas apelaron a la represión y a la ocupación y el cerco con vallas metálicas de múltiples calles de Gascue.

Pero sufrieron otra contrariedad sorpresiva con la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que advirtió la violación de la Constitución al reprimirse y obstaculizarse las convocatorias de Poder Ciudadano, que tiene consagrado el derecho de la libre circulación, de reunión y de expresión pública.

Se ignora si el Ministerio de la Presidencia cuenta con veedores que reaccionen ante las violaciones sistematizadas a los derechos civiles como el atropello brutal perpetrado hace unos días frente a OISOE.

Un ingenuo pensaría que el presidente Medina y el ministro Montalvo dirían “eso no se hace” al jefe policial y al ministro represivo de la OTAN morada.

También se ignora si el Consultor Jurídico justifica el sueldo cuando mira con sus ojos la tropelía policial en sus frecuentes violaciones a los derechos ciudadanos.

Un comportamiento silencioso delata la responsabilidad palaciega ante las acciones represivas y el tumor maligno de la corrupción que acogota a la sociedad con sucesivos escándalos.

Desde distintos ángulos emanan múltiples señalamientos que apuntan al presidente Danilo Medina, citándose, por ejemplo, al empresario José Antonio Martínez Rojas, quien observa “in situ” los atropellos y la ocupación ilegal policial de Gascue. El también abogado Martínez Rojas ha manifestado su temor que degenere en un “tsunami” popular la acumulación de atropellos a las libertades ciudadanas.


Raúl Pérez Peña (Bacho)
PANCARTA
Listín Diario

El régimen se radicaliza y no permitirá protestas en OISOE

Fadul no permitirá protestas en alrededores del Palacio Nacional
SANTO DOMINGO.- El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, reiteró hoy que las autoridades no permitirán protestas en los alrededores del Palacio Nacional.

El funcionario se refirió a la intención desde hace varias semanas de algunos sectores de protestar frente a la sede de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), ubicada en el perímetros presidencial, por los supuestos actos de corrupción en esa entidad del Estado.

Fadul aseguró que el Gobierno del presidente Danilo Medina no impide las protestas, pero que no está permitidas cerca del Palacio Nacional.

En declaraciones a la prensa, el ministro dijo que por "razones de seguridad" no se puede protestar frente a la puerta del Palacio.

El Movimiento Poder Ciudadano (MPC) interpuso ayer una querella contra Fadul, y contra el jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, por considerar que la prohibición de organizar protestas frente a la Oisoe constituye desacato.

La querella contra los funcionarios, interpuesta ante la Procuraduría General, se produce tras conocerse la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que reconoce el derecho a organizar manifestaciones en las inmediaciones de la citada institución.

Tras depositar la querella penal, el abogado Bartolomé Pujals y el portavoz del MPC, Manuel Robles explicaron que, con su negativa de atender la decisión del TSA, Fadul y Peguero Paredes están violando el artículo 188 del Código Penal y el 71 de la Constitución.

"Un poder como el ejecutivo está desacatando una decisión que emana del poder judicial, lo cual genera una quiebra en el sistema institucional, democrático y político de la República Dominicana", denunció Pujals.


7dias

Gobierno propone dominicanos paguemos salud de 289 mil haitianos

CNSS pretende afiliar regularizados en Plan Migratorio

Santo Domingo.-El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) incluyó en su agenda afiliar al Seguro Familiar de Salud a los 288, 466 personas beneficiadas con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros aunque no hayan cotizado.

Sin embargo este punto no se llegó a tocar ayer debido a que dos sindicatos obreros sometieron una medida cautelar ante el Tribunal Superior Administrativo contra las pretensiones de la parte gubernamental.

El recurso fue interpuesto por Pedro Luis Alcántara, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, y Edelín Louis, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas de la Industria Azucarera.

Rafael Santos, abogado de las organizaciones obreras, emplazó al CNSS abstenerse de continuar impulsando esta propuesta de modificar mediante decreto la Ley 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social.

Santos dijo que la inclusión de esos extranjeros al sistema podría lesionar a miles de obreros que se benefician del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, creado mediante la ley 6-86.

Santos afirmó que de ser aprobada esa resolución provocaría la quiebra del Sistema de Seguridad Social, “porque generará privilegios irritantes a favor de personas que no han cotizado en el sistema durante 14 años que lleva operando la Seguridad Social”.

La sesión ordinaria estuvo presidida por Maritza Hernández, ministra de Trabajo y presidenta del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y Rafael Pérez Modesto, gerente de ese organismo, quienes conocieron tres puntos de ocho que tenía la agenda, .

Durante el encuentro se conoció el informe de las comisiones permanentes y especiales del CNSS.

Aumento de cobertura

De los temas debatidos por los miembros del Consejo solo se aprobó incrementar la cobertura de fármacos de RD$3,000 a RD$8,000 en el Plan Básico de Salud, que será efectivo desde este primero de noviembre para los afiliados al Seguro Familiar de Salud, según la resolución 37502 aprobada.

“A partir de la entrada en vigencia de la medida los medicamentos ambulatorios del Catálogo de Prestaciones del PDSS se denominarán exclusivamente por principios activos y su cobertura incluye todas las presentaciones y concentraciones de los mismos”, indica una de los párrafos de la resolución.

La medida también incluye una sustancial ampliación del número de medicamentos a ser cubiertos a adicionar al catálogo existente.

Estos medicamentos del nuevo Cuadro Básico de Medicamentos fueron aprobados y oficializados por el Ministerio de Salud el pasado mes de agosto.

Maritza Hernández expresó mediante un comunicado que la propuesta fue fruto del consenso de todos los actores, donde el interés que primaba era mejorar las coberturas del plan.

De la misma manera, la citada resolución aprueba una cobertura de un millón de pesos en procedimientos de alto costo para todos los recién nacidos, desde el día de su nacimiento hasta el primer año. También indica que a partir del 1 de noviembre el nuevo costo per cápita será de 914.76.

Asimismo, los servicios que puedan necesitar durante ese primer año serán integrales.

“Todos los medicamentos necesarios para el tratamiento y rehabilitación del paciente , procedimientos diagnósticos y terapéuticos, rehabilitación, materiales, insumos, aparatos y dispositivos, con lo que se pretende estar cónsonos con la estrategia de reducción de la mortalidad infantil en la República Dominicana”, explicó la Ministra de Trabajo.

Tribunal conocerá medida

El 19 de noviembre será conocida la medida cautelar en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra el Consejo de la Seguridad Social.

La propuesta fue hecha por el sector gubernamental, que solicita modificar los artículos 20, 22, 28 y 34 del Reglamento de la Tesorería de la Seguridad para facilitar la afiliación al Seguro Familiar de Salud de los extranjeros en situación regular.

Esta petición no fue conocida porque dos sindicatos notificaron al Consejo sobre dicha medida.
La solicitud fue depositada en el TSA el martes 27 de este mes.

Dayana Acosta

El Día

La doctrina del trogloditismo

El refajo de Monchy
El Gobierno ha decidido aplicar la desfasada doctrina del trogloditismo a las protestas de organizaciones de la sociedad civil contra la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), donde el suicido de uno de sus contratistas, en un baño de la institución, ha destapado un escándalo  de corrupción cuyas verdaderas dimensiones  todavía se desconocen.

Es por tal  razón que no le ha importado pasarle por encima a la decisión  de un juez del Tribunal Superior Administrativo que acogió  un recurso de amparo de los convocantes de la protesta, a los que por segunda ocasión la Policía impidió llegar hasta la sede de la OISOE, frente a frente  al Palacio Nacional.

La justificación de José Ramón Fadul (Monchy), ministro de Interior y Policía, a la decisión del gobierno  de impedir protestas frente a la sede presidencial  es risible, ridícula y, sobre todo, reflejo fiel del talante autoritario y antidemocrático de sectores  del gobierno con demasiada influencia en el ánimo  del presidente Danilo Medina.

¿Qué amenaza para la seguridad de la casa de gobierno pueden representar unos cuantos ciudadanos armados de pancartas contra la corrupción y la impunidad?  A lo que este gobierno  realmente le tiene miedo, como el diablo a la cruz, es a que la población empiece a percibirlo como corrupto o demasiado tolerante frente a  la corrupción,  que para el caso es lo mismo, pero atropellando el constitucional derecho de los ciudadanos a la protesta ordenada y pacífica solo conseguirá el efecto  contrario al que persigue con tan malos modos.

Y todo porque en este gobierno, no obstante sus ínfulas de liberal y progresista, hay funcionarios a los que les queda tan chiquito y estrecho el disfraz de demócratas que desde lejos se les alcanza a ver el refajo.


Claudio Acosta
Qué se dice...
Hoy

Jueces Tribunal Superior Electoral son delincuentes

Así lo afirma Guido Gómez Mazara
Juez del Tribunal Constitucional estaba en casa de Salomón Melgen cuando fue arrestado
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Guido Gómez Mazara, aseguró que el juez del Tribunal Constitucional (TC), Lino Vásquez, se encontraba en la casa del oftalmólogo Salomón Melguen cuando este fue arrestado por agentes del FBI.

En ese sentido, Gómez Mazara recordó que Vásquez es uno de los magistrados del TC que conoce el caso que involucra al oftalmólogo de origen dominicano por un presunto fraude con equipos de rayos X en el país.

Al ser entrevistado por el periodista Salvador Holguín en el programa “Hilando Fino” que se transmite por Teleradio América canal 45 de lunes a viernes a las 8:00 AM, el dirigente del PRD confirmó la presencia del juez en la residencia de Melgen evidenciando una posible relación entre el magistrado y el doctor.

Melgen tiene un fallo pendiente en el Tribunal Constitucional Dominicano y fue imputado en Estados Unidos de 46 cargos de fraude de salud (pasible de una pena de diez años de prisión cada uno), 19 cargos por presentar reclamaciones fraudulentas (cinco años de prisión cada uno) y 11 cargos de declaraciones falsas (cinco años de prisión cada uno).

Califica de “delincuentes” jueces del TSE

En otro orden, Gómez Mazara calificó de ¨delincuentes¨ a los magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) porque según él han violentado la Constitución en reiterada ocasiones.

Criticó a los jueces del TSE porque se incrementaron el sueldo fuera de lo establecido en la Ley.

“El que usa la nómina de su institución e introduce amigos, familiares, novias y hasta amantes es un delincuente”, expresó el dirigente perredeísta.

Gómez Mazara detalló que existen conexiones políticas de todos los jueces del TSE.

El dirigente político también aclaró a los jueces del TSE que las conductas son “delictivas” no “delictuosas”.

El programa “Hilando Fino” se transmite de lunes a viernes a las 8 am por Teleradio América canal 45 y para los Estados Unidos, Centro América y Europa por Súper Canal Caribe, Cablevisión 211, Comcast 620, Time Warner Cable 809 y Verizon FiOS 1507 y por la Internet www.hilandofinotv.com, en youtube /hilandofinotv.

Acento

Degradan tribunal y trasladan jueces fallaron a favor de Loma Miranda

CLEPTOCRACIA GOBERNANTE NO JUEGA
También fueron trasladados los magistrados que votaron en contra del impuesto a las compras por Internet
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) denunció hoy que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo fue desmantelada, trasladando y degradando los jueces que fallaron a favor de Loma Miranda.

De acuerdo a la fundación, también fueron trasladados los magistrados que votaron en contra del impuesto a las compras por Internet, quedando activo en esa sala solo uno de los tres jueces que originalmente la componían.

Trajano Potentini, hablando a nombre de la entidad de la sociedad civil, dijo que el magistrado Rafael Ciprián, uno de los jueces más preocupados por la labor intelectual fue degradado de su posición y llevado a una supuesta “Presidencia de la Sala Liquidadora” del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

Para Potentini, aún cuando la medida no se ha hecho efectiva al día de hoy, resulta perturbador que en la página de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Consejo del Poder Judicial haya emitido una resolución fechada el pasado 28 de julio, donde de manera expresa desmantelan la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo.

Potentini recordó que en virtud del artículo 151 de la Constitución, al interpretarse junto con los artículos 18, 23 y 71 del Reglamento de Carrera Judicial, conforme a la Ley 327-98 y otras normas, establecen de manera claramente que los jueces no pueden ser trasladados sin su anuencia ni en su perjuicio.

Además del indigno traslado de que fue objeto Ciprián, reconocido y apreciado en la comunidad jurídica nacional por ser un trabajador incansable y un administrador judicial de alta valía para el sistema, fue también trasladado el magistrado Federico Fernández.

“En este caso, aunque la decisión de traslado no dice a donde lo envía, se cree extraoficialmente que fue designado en otra de las salas del Tribunal Superior Administrativo”, dijo.

Por eso, según la FJT, “estos traslados de jueces son un castigo por la gallardía y el valor personal con la que esos jueces defendieron los intereses populares, emitiendo decisiones que salvaguardan el Estado Social y Democrático de Derecho”.

A juicio de Potentini, con estos cambios se estaría mandando una señal muy negativa a los demás jueces, quienes podrían interpretar que le saldría caro el ser independiente y fallar en contra del Estado.

Pero la sociedad no quiere jueces parcializados, –dijo Potentini– ni jueces que estén a favor ni en contra de nadie: lo que se quiere son jueces verdaderamente independientes, que fallen de acuerdo a su mejor criterio, porque solamente así impera el Derecho, no la fuerza.

Potentini advirtió que la justicia con la labor de estos jueces, se ha proyectado como el único respiro y esperanza democrática, de ahí que silenciarlos y atemorizarlos sería un flaco servicio para la democracia, dejando al pueblo sin una salida civilizada y pacífica a sus reclamos, los cual pudiera tornarse como peligroso.

Hoy.com.do
http://hoy.com.do/denuncian-traslado-de-jueces-que-votaron-a-favor-de-loma-miranda/

Sentencia del TC es contradictoria, confusa, violatoria de la Constitución y del principio de la vinculatoriedad

    Katia Miguelina Jiménez.

Así lo expresó la jueza titular del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez
La magistrada Katia Miguelina Jiménez calificó como contradictoria, confusa, violatoria de la Constitución y del principio de la vinculatoriedad la sentencia 0004/13 del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de amparo de Juliana Dequis Pierre, el cual, dijo, por tratarse de una materia de orden público no era de su competencia y debió declinarlo al Tribunal Superior Administrativo (TSA).

En su voto disidente, la jueza titular del TC afirmó que en la sentencia hay aspectos de índole procesal que no fueron observados por el consenso, conformado por el presidente del Tribunal, Milton Ray Guevara, y los magistrados Leyda Margarita Piña, Lino Vásquez, Víctor Gómez Bergés, Hermógenes Acosta, Justo Pedro Castellanos, Víctor Joaquín Castellanos, Jottin Cury, Rafael Díaz Filpo, Wilson Gómez, Idelfonso Reyes y Julio José Rojas.

Afirmó que ese consenso se apartó de precedentes anteriores como las sentencias RC-0085-12, TC-0004-12; TC-0036-13 y TC-0082-13, en cada una de las que declaró la incompetencia del TC en aplicación del artículo 75 de la Ley 137-11. Señaló que tal como lo admite la propia sentencia 0004/13, del 23 de septiembre, el caso Dequis Pierre debió ser declinado al TSA, por ser este el que guarda mayor afinidad con la cuestión planteada.

Loyda Peña
Hoy.com.do
http://hoy.com.do/katia-jimenez-afirma-tc-extralimito-competencia/

Y no dudo que el próximo presidente sea un ladrón

Las altas cortes
La mayoría de los miembros de las denominadas altas cortes, son cuadros del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Una minoría proviene del Partido Reformista y del PRD, facción Miguel Vargas. En sentido general carecen del requerido  perfil para la posición que desempeñan.

Pero precisamente los escogieron porque servían para cualquier cosa, menos para jueces. Los candidatos más idóneos, examinados por el Consejo Nacional de la Magistratura, fueron excluidos. Excluidos por no garantizar el blindaje del príncipe (en la SCJ) ni eventos fraudulentos desde los órganos electorales.

A la Suprema Corte de Justicia no puede ir un solo caso relacionado al partidarismo político nacional, porque la parcialización no se hace esperar. Y sobre casos comunes, como homicidios, narcotráfico, etc., me informan que por lo menos hay dos jueces que venden sentencias. “La peor forma de injusticia es la justicia simulada”, dijo Platón.

 Otra alta corte es el Tribunal Constitucional, cuyo afán es tener muchas atribuciones y vive en una constante disputa con la SCJ. ¿Para qué desea más trabajos si el sueldo seguiría siendo igual? Pero no se puede soslayar que ahí hay un hombre de  saltos políticos y que habla riéndose.

La SCJ y el TC constituyen dos verdaderas vergüenzas nacionales, pero son los órganos electorales los que podrían ser causantes de una desgracia en el país, porque su único propósito es organizar y legalizar eventos comiciales fraudulentos. Y no dudo que el próximo presidente sea un ladrón.

 Los poderes del Estado han experimentado un retroceso enorme, porque sus miembros, sobre todo los de las altas cortes, en ningún momento han guardado las apariencias, lo que motiva que haya gente que abogue por su disolución, que, de producirse, la gente no se estaría perdiendo de “gran cosa”.

Danilo Cruz Pichardo
El Nacional
http://www.elnacional.com.do/opiniones/2013/5/11/159292/Las-altas-cortes

Altas Cortes y Justicia: sin credibilidad, sin seguridad y sin garantías

Todo esto se lo debemos al expresidente Leonel Fernández (con la siempre eficiente ayuda de Miguel Vargas Maldonado)

Cada dominicano por encumbrado o paupérrimo que sea, políticos, militares, religiosos, empresarios, profesionales, pequeños comerciantes, ejecutivos privados, asalariados, empleados informales o desempleados; estamos a merced de las sentencias de los jueces de los tribunales ordinarios de justicia y de las altas cortes.

Lo que han hecho la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Superior Administrativo, el Ministerio Público y los fiscales de los tribunales de justicia de todo el país desde 2010, año en que se realizó la Reforma Constitucional es para ponerse a llorar.

Sin entrar en detalles, sin personalizar, Leonel Fernández, al igual que lo hizo con todos los otros sectores de la República Dominicana destruyó el aparataje legal de este país.

No existe el Estado de Derecho, no hay justicia ni seguridad jurídica.

Cualquier bravucón es Presidente de una de las altas cortes, cualquier jueza agradecida desestima por improcedente cualquier sometimiento a uno de los capos más conocidos del país. Narcotraficantes salen del país y otros viven en la más absoluta impunidad. Funcionarios corruptos, permanecen en sus cargos, otros vuelven de la oscuridad a administrar de nuevo empresas estatales, en una orgía sin fin de corrupción, ganterismo y degeneración.

Todo esto se lo debemos al expresidente Leonel Fernández (con la siempre eficiente ayuda de Miguel Vargas Maldonado), quien manda y ordena a diario en este país, se pavonea en los escenarios internacionales donde se vende como un erudito y héroe creador del Nueva York chiquito y se pasea por las calles y avenidas de esta nación libremente, sin dar cuenta en los tribunales de justicia de todas las imputaciones por la que debe responder como ciudadano que administró durante ocho años a diez millones de dominicanos haciendo lo que le dio las ganas, sin respetar las leyes, la Constitución ni el dinero del Estado.

Jeannelle Koss / Desde La República Dominicana

Asesorías en el Estado

Los asesores
De un tiempo a esta parte los organismos descentralizados, todos los ministerios del Gobierno, empresas, bancos estatales y hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo se han llenado de una serie de empleados sin horario, denominados asesores o consultores.

Son empleados con privilegios ilimitados, que van más allá de no cumplir un horario laboral. Tienen salarios impresionantes y toda una cobertura de gastos cubiertos, que incluye pago de teléfonos móviles, secretaria, vehículo asignado y una determinada suma al mes para gastos de combustible.

Hace poco el Tribunal Constitucional ratificó una sentencia del Tribunal Superior Administrativo  mediante la cual ordena entregar informaciones sobre los nombres y salarios de los asesores de la Cámara de Diputados a una persona interesada.

La sentencia es un ejemplo a seguir. Vamos a conocer, caso por caso, institución por institución, para tener una idea clara del número de asesores y consultores -muchos innecesarios- que tiene el Estado, y tomar los correctivos de lugar, tal como se hizo con el escándalo de los viceministros que pululaban por las diversas carteras.

Ese capítulo, de asumirse con valentía, pondría fin a otro barril sin fondo del gobierno dominicano.
Editorial El Día
El Día
http://www.eldia.com.do/editorial/2012/9/25/94745/Los-asesores

Director de OISOE se niega a dar información sobre parqueos UASD

Someten director OISOE por negar información sobre parqueos UASD
Adocco solicitó la documentación de los procesos de licitación y no le ha sido entregada
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) sometió ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso de amparo contra el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Luis Sifres, por negarse a entregar informaciones sobre la construcción del edificio de estacionamientos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Adocco solicitó la documentación de los procesos de licitación con relación del gasto total y los beneficiarios de las indicadas obras, sin que a la fecha haya sido entregada la información con lo cual viola la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, según la entidad.

El Tribunal Superior Administrativo fijó para el jueves 28 de este mes el conocimiento del recurso de amparo elevado por ADOCCO contra Sifres, por negarse a entregar informaciones.

Mediante un comunicado enviado a Z-101digital.com, ADOCCO señaló que la construcción del estacionamiento, de acuerdo a informaciones que posee, costaría trescientos millones de pesos y no mil millones como se dijo el día de la inauguración.

“Eso evidencia una sobreevaluación en más de mil millones de pesos, ya que la obra tiene un estimado de acuerdo a los cálculos hechos por expertos en la materia, este tendría un costo de trescientos millones de pesos, en virtud de que no se incluye el terreno, por ser propiedad de la universidad estatal”, dijo la entidad.

El coordinador general de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, calificó de alarmante que todas las obras en las que interviene esa oficina terminen siempre por encima de lo estipulado y del costo que obras similares realizadas por otras instituciones del Estado y por el sector privado.

Redacción Z-101