Gobierno subestima la inteligencia de mucha gente

Cortinas de humo
El Presidente en su discurso del pasado 27 de febrero hizo una encendida apología de su obra principal, la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, las que desde el inicio han provocado críticas y diferencias, las que han adquirido otro matiz por la explosión del escándalo de corrupción de Odebrecht, contratista principal de esa obra.

Y esto es precisamente lo que perdió de vista el Presidente en su alocución, ya no se trata de defender las bondades del proyecto como vienen haciendo desde el comienzo por todos los medios posibles sin haber satisfecho a los detractores, sino de una obra que es la más grande ejecutada en el país por la empresa que ha confesado haber pagado sobornos para realizar negocios en los distintos países en que operaba.

Lo que sucede es que de la misma forma vehemente con que las actuales autoridades decidieron que era este proyecto de generación el que tenía que realizarse dejando sin efecto la licitación internacional de energía que estaba en curso durante la transición en el año 2012, quieren seguir no la construcción del mismo, la que nadie sensato puede pretender se interrumpa, sino continuarla por la misma confesa empresa como si nada hubiese ocurrido.

Para hacer esto en medio de tal escándalo era necesario utilizar la manida estrategia de los buenos y los malos, argumentando que los enemigos de la construcción de Punta Catalina son los generadores privados descritos como los más viles villanos, intentando posicionar a las autoridades y su decisión de mantener la construcción con la empresa confesa de corrupción, como los paladines que defienden el interés nacional.

Esta estrategia no solo es peligrosa para la sociedad porque crea divisiones y polarizaciones que pueden tener funestas consecuencias como hemos vivido en la historia reciente de Latinoamérica, sino que también lo es para el gobierno pues por una parte están subestimando la inteligencia de mucha gente que sabe perfectamente lo que está detrás de esas afirmaciones y por la otra, porque están exponiendo cifras y metas que no saben si podrán alcanzar con dichas plantas.

Se mencionó como justificativo que entre el año 2004 y el 2016 el Estado gastó en transferencias al sector eléctrico 11,406 millones de dólares, lo que no se dijo es que de esa astronómica suma aproximadamente 8,000 millones fueron traspasados a la CDEEE y las Distribuidoras, lo que debería ser una vergüenza nacional y una confirmación de la urgente necesidad de reformar la operación del sector eléctrico dominicano que debido a la politización, el clientelismo y negocios espurios es campeón mundial en déficit e ineficiencia.

A pesar de los vocablos altisonantes y las gastadas frases de caiga quien caiga y que no existen vacas sagradas, lo cierto es que en el sector eléctrico al igual que en muchos otros en el país sí existen y han existido vacas de cuyas ubres se han alimentado todo tipo de corruptos y quienes gracias a la impunidad imperante se pasean libremente por el territorio nacional.

De lo que se trata no es de si todos los que están pidiendo sanciones y fin de la impunidad son buenos, que no lo son, sino de que se castigue a los malos funcionarios y empresarios que han cometido actos de corrupción. Desviar la atención con cortinas de humo que buscan demeritar esta lucha jugando al policía bueno y los ladrones, en esta ocasión no solo podría no tener resultado sino que sería insensato porque esto equivale a aniquilar en circunstancias difíciles como las actuales, a los mejores aliados de cualquier gobierno, aquellos que tienen mucho que perder y que siempre van a apostar al orden y a rechazar el caos.


Marisol Vicens Bello
elCaribe

Una simulada acción para acallar la sociedad

Hace falta mucho más
En medio de la investigación judicial del escándalo de ODEBRECHT en los distintos países del continente americano a los que se extendió esta trama de corrupción, las autoridades quieren contentar a la población con la rápida solución del caso de la venta del barrio capitalino de Los Tres Brazos y la disolución de la CORDE, entelequia que hace tiempo debió dejar de existir.

Lo sucedido en CORDE acontece en muchas otras entidades del Estado, muchas de las cuales carecen de sentido, como es el caso del INESPRE o del Instituto de la Aguja, o sus funciones deben ser absorbidas por otras instituciones con una reducción de costos importantes como es el caso de la Unidad de Electrificación Rural, o del Consejo Estatal del Azúcar, que más que administrar los pocos ingenios restantes del Estado se ha convertido en una agencia inmobiliaria de terrenos del Estado que son generalmente vendidos a políticos y acólitos de la administración de turno a precios viles.

Pero los gobiernos se resisten a reducir el tamaño del Estado y por eso jamás serán suficientes los ingresos tributarios, y el tema no es solo el costo de estas nóminas que muchos funcionarios minimizan, sino las incuantificables pérdidas de recursos que ha padecido nuestro Estado y por ende todos los dominicanos, por malos contratos suscritos por instituciones estatales que hacen negocios truculentos para enriquecer a sus funcionarios y por enajenaciones de bienes del Estado en pésimas condiciones para beneficiar a sus amigos en desmedro de los intereses del Estado.

Los gobiernos auspician graves distorsiones, como que instituciones que conforme la ley tienen facultades muy limitadas como es el caso de la CDEEE sigan actuando al margen de esto e invadiendo espacios de otras entidades, o que realizan funciones que están totalmente fuera de sus competencias como está sucediendo con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, o manteniendo instituciones que incluso carecen de fundamento legal y que chocan con las funciones de otras entidades legalmente facultadas como es el caso de la OISOE.

El gobierno sigue manteniendo la OISOE y otras entidades que hace tiempo deberían haber desaparecido y que solo se han destacado por escándalos de corrupción para no mermar el botín político a repartir, así como la usurpación de funciones de los gobiernos locales, ya que en vez de transferirles los recursos a estos para poder ejecutarlas, decide hacerlas directamente incumpliendo el mandato constitucional de transferir los recursos correspondientes del gobierno central a los municipales. Lo lamentable es que a pesar de tener esta amalgama de instituciones que exceden por mucho lo que el Estado requiere, nuestro Estado carece de instituciones que controlen y supervisen eficazmente el cumplimiento de la ley por parte de todas las entidades del Estado, las que actúan muchas veces como si la ley no contara, sino la voluntad del incumbente. Pero si estos funcionarios actúan así, sean del gobierno central o de los locales, la culpa no es más que de las autoridades que designan esos malos funcionarios o de los partidos que seleccionan muchos malos candidatos e incluso los apoyan en sus incorrectas actuaciones.

Hay un tiempo para todo y este es un tiempo de exigir una transformación del Estado, pues hace falta mucho más que disolver CORDE y la CREP, hay que descargar al Estado de tantas inútiles y costosas instituciones y racionalizar la operación de cada una, para que cada quien cumpla con la ley y su misión sin duplicar o invadir funciones de otras o de lo contrario sea sancionado. Pero para eso se requiere una real voluntad, no una simulada acción para acallar la sociedad.


Marisol Vicens Bello
elCaribe

Dejemos de actuar como si todo anduviera bien

     Donald Trump.

Presagiando el 2017
La llegada de un nuevo año siempre provoca reflexión, genera expectativas e insufla las esperanzas de un porvenir mejor.

El cierre del año 2016 dejó señales claras de lo que podemos esperar en el país para este nuevo año, las que penosamente no son halagüeñas.

Sin lugar a dudas el caso ODEBRECHT y la declaración  a las autoridades judiciales de los ejecutivos de esta empresa de que dieron sobornos por un monto de 92 millones de dólares en nuestro país marcará este 2017 en el que muchos esperamos que finalmente se inicien procesos imparciales de persecución y castigo a los funcionarios e intermediarios envueltos en este y otros caso de corrupción.  Si bien son justificadas las dudas de que esto pueda suceder, no puede soslayarse el efecto de esta revelación que hará que cada vez haya menos tolerancia de la sociedad a la corrupción y  menos confianza en las autoridades.

El presupuesto aprobado al cierre del 2016 para este nuevo año dejó claro que el gobierno sigue apostando al endeudamiento para financiar incluso sus gastos corrientes y que tiene tantos problemas de liquidez que está dispuesto a llevarse de encuentro la ley y afectar el flujo de las industrias obligándolas a pagar el ITBIS en las aduanas. Es un secreto a voces la incapacidad de pago de muchas entidades públicas con sus suplidores aun aquellas como las educativas que se supone tienen los cuantiosos recursos del 4%, la interminable espiral de la inversión en Punta Catalina y el contraste entre lo que serán sus resultados y lo que el gobierno vendió serían, así como el alto y casi inmanejable déficit con que se maneja el gobierno.

La elección de los jueces de la JCE dejó evidenciado que el presidente va a incidir en la elección  de las personas a ocupar puestos, dejando cierto espacio al presidente de su partido y a algunos aliados.  Si esto sucedió en este proceso llevado a cabo por el Senado lo mismo se espera ocurra con la selección que este hará de los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas propuestas por los Diputados así como con el  que habrá de hacer el Consejo Nacional de la Magistratura para el Tribunal Superior Electoral y las vacancias en la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional.

Este año debería ser la ocasión para que finalmente se aprobaran la ley de partidos políticos y la electoral que garanticen el necesario cambio de nuestro deficiente sistema democrático, antes de que se complique el panorama político y que nueva vez nos cubra la sombra de la sempiterna amenaza de la reelección aunque esté constitucionalmente proscrita.

Y debería ser también la oportunidad para que nuestras autoridades comprendan que el modelo asistencialista que copiaron de Brasil, plagado de corrupción, así como de intervención del Estado en la actividad empresarial no es sostenible ni conveniente y que sería un error seguir expandiéndolo como pretenden hacerlo con la Seguridad Social.

En el plano internacional se presagian situaciones difíciles: el inicio de una nueva administración republicana en los Estados Unidos con Trump como presidente y un complicado tablero político en el que este país y Rusia inusitadamente parecería que actuarán como aliados, los planes de expansión de influencia China en Latinoamérica y otras partes del mundo y sus posibles choques con el poderío norteamericano y ruso, el grave conflicto religioso, étnico y cultural que afecta principalmente a Europa con el terrorismo y que amenaza seriamente la paz mundial.

Esperemos que el trayecto del año nos sorprenda contrario a estos poco esperanzadores presagios, pero ante un panorama nacional y mundial tan difícil lo sensato es que hagamos lo necesario para afrontar mejor las posibles adversidades y dejemos de actuar como si todo anduviera bien.


Marisol Vicens Bello
elCaribe

Cónstitucion y leyes son violadas reiteradamente

Peligrosos subterfugios
Como una salida al uso inequitativo de los ingresos del Estado, se dispuso en múltiples leyes la obligación de que se consignaran determinados porcentajes del presupuesto general de la nación a distintos fines e instituciones. Sin embargo, esos mandatos legales han sido desconocidos siendo el caso emblemático el de la asignación del 4% del PIB a la educación, que gracias a un efectivo reclamo de la sociedad y a la coyuntura electoral que hizo que el presidente se comprometiera con su cumplimiento, es el único que está siendo cumplido.

Durante años funcionarios del gobierno han pretendido justificar que estas asignaciones presupuestarias no sean cumplidas pues dejarían al gobierno sin recursos.
Pero lo grave no es solamente la violación a la ley, sino los mecanismos con que los gobiernos la realizan con aprobación del propio poder legislativo, utilizando subterfugios para acomodar lo imposible.

El proyecto de ley de presupuesto establece en su artículo 6 que los ingresos que recaude el gobierno serán consignados en la fuente general del Tesoro Nacional, exceptuando supuestamente los de fuentes específicas de leyes especiales según detalle, incluyendo entre otros los recursos destinados a los ayuntamientos correspondientes a un 10% de los ingresos del Estado. Pero la trampa radica en que en la fuente específica se fija una suma de manera discrecional estableciéndose que los ajustes realizados a esas fuentes específicas serán registrados en la fuente general y, consignándose para la misma el diferencial de lo que correspondería por el porcentaje previsto en la ley.

Lo que quiere decir en palabras llanas que en violación a la ley, a la Constitución de la República que ordena en su artículo 204 la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos locales y la asignación equitativa del gasto público en el territorio en el artículo 238, el gobierno se apropia de esos fondos e invade facultades propias de estos gobiernos locales que no pueden ser ejercidas por falta de recursos.

Como se ha hecho antes, el artículo 18 del presupuesto autoriza al Poder Ejecutivo a ajustar en un monto inferior para el 2017 los porcentajes especializados por leyes, lo que violenta nuestra Constitución ya que la misma dispone en su artículo 237 que no tendrá efecto la ley que engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando la misma establezca los recursos necesarios para su ejecución; pero no autoriza a que se reduzcan los porcentajes y se desvíen fondos al gobierno, que deberían estar atribuidos a otras instituciones.

También es insólito el mecanismo utilizado para pretender dejar sin efecto las disposiciones que establecen que estarán exentos del cobro del ITIBIS en la Dirección General de Aduanas (DGA) las materias primas, las maquinarias y bienes de capital para las industrias y otros sectores productivos, pues en ningún momento en el presupuesto se establece que se modifican los artículos que disponen esta facilidad, independientemente de la cuestionable legalidad que tuviera esta modificación a leyes especiales, sino que simplemente se establece en el artículo 16 que la DGA cobrará el 50% del ITBIS, como si esa “orden” pudiera derogar o modificar una ley.

Pocos se dedican a analizar estos temas y menos comprenden las terribles consecuencias de tolerar que nuestra Constitución y nuestras leyes sean desenfada y reiteradamente violadas en la ley del presupuesto. El control absoluto de los poderes no solo hace que se pierda el equilibrio y el contrapeso, sino también que los ciudadanos y organizaciones pierdan el impulso para ejercer acciones tendentes a rescatar el orden legal. Ojalá perdamos el miedo y aunque las esperanzas sean pobres nos decidamos a reclamar el indispensable cumplimiento de la ley.

Marisol Vicens Bello

elCaribe

Todos sufriremos las duras consecuencias del desorden actual

Hasta que se acabe el pastel
Llama la atención el grado de desidia que exhibe la mayoría de la población frente al mal uso de los recursos públicos, la falta de transparencia de los mismos y el agigantamiento del Estado, en contraste con la actitud cada vez más aguerrida de las autoridades y su maquinaria de comunicación en vender la idea de que la presión tributaria en el país es muy baja y que necesitan captar más recursos para poder cumplir con los servicios a su cargo sin ceder un ápice en cuanto a los ajustes fiscales que deberían realizar. Son muchas las razones que explican esta actitud, el equivocado concepto de un Estado benefactor que debe satisfacer de manera personalizada necesidades que deben ser atendidas a través de servicios públicos de calidad, la ignorancia sobre los reales montos que ingresan al Estado aportados por los contribuyentes no solo por impuestos reales, sino por la importante cantidad de impuestos disfrazados que pesan sobre la economía de las personas, y las expectativas de muchos de que el Estado les provea un empleo, una pensión, un contrato o una ayuda, sin que importe si esto lo hace insostenible y cuál es el costo que se deriva para toda la población por este desangramiento de las finanzas públicas.

Los impuestos a los combustibles fueron la salida para cubrir el hueco generado por la eliminación de la comisión cambiaria ante la entrada en vigencia del DR-CAFTA y bajo una fórmula establecida por ley, promovida como un cálculo transparente sujeto al comportamiento de las variables establecidas. Sin embargo existe una fuerte percepción de que sus variables son manipuladas por supuestas conveniencias políticas.

Y el caso es muchas veces peor con la tarifa eléctrica, la cual está plagada de unos subsidios cruzados que son más bien impuestos ocultos no consignados en el presupuesto y que por tanto son manejados de forma discrecional y oscura, al extremo de que aun en el escenario de aplicación más benevolente, en términos de gradualidad de la esperada tarifa técnica, el Estado se ahorraría alrededor de 250 millones de dólares en subsidios. Asimismo la población sabe muy poco sobre el uso de la contribución obligatoria para el desarrollo de las telecomunicaciones ascendente a un 2% que pagamos la inmensa mayoría de los dominicanos y peor aún, ni siquiera existe la conciencia de que como contribuyentes tenemos el derecho a exigir el buen uso de estos fondos para sus debidos propósitos.

Y es que parecería que producto de la errada idea de que lo que es del Estado es para que todos nos apropiemos de una porción, mientras las autoridades sean lo suficientemente hábiles para distribuir dádivas, en vez de ofertar eficientes servicios, proveer empleos agigantando el Estado de forma insostenible, otorgar pensiones discrecionales y mantener una amplia tolerancia a que muchos hagan lo que quieran con su “pedazo” de país en detrimento del derecho de todos; solo los que no se benefician de este absurdo modelo y cumplen con sus deberes estarán deseosos de cambiar el status quo.

Ahora que se avecina un supuesto pacto fiscal que se teme sea simplemente una reforma tributaria más, debemos tomar conciencia que mientras la práctica sea que cada quien se sirva una tajada cada vez más grande del pastel del Estado, por más bonos que se emitan y deuda que se suscriba llegará un momento más temprano que tarde en el que se acabará el pastel y en vez de repartir tajadas de beneficios para algunos, sufriremos las duras consecuencias entre todos.



Marisol Vicens Bello
elCaribe
Viñeta: Cristian Hernández

Que no se queden ocultos los Tucano en las Amazonas

Influencia carioca
No es de sorprender que nuestro Estado sea irracionalmente más grande cada vez y que por tanto las recaudaciones no sean suficientes como alegan las autoridades, pues por una parte el gasto es cada vez mayor, por otra son cada vez más numerosos los empleos públicos y subsidios para mantener la base clientelar que sustenta el control político de ese gigante Estado y más se tolera la informalidad como parte de un silente entendido entre las autoridades y algunos ciudadanos de ni tú me tocas ni yo te toco.

Por eso el ya añejo escándalo de corrupción por la compra de los aviones Tucano no había tocado a nadie en este país y si ha resurgido el tema, no es precisamente por interés de nuestras autoridades sino porque las acciones contra la corrupción que se están dando en Brasil, unidas a las denuncias que había hecho el gobierno de los Estados Unidos de América, provocaron que por decisión propia o complaciendo requerimientos internacionales, la Procuraduría General de la República desempolvara el expediente e iniciara la investigación.

Con razón o sin ella el pueblo ha interpretado que la reciente remoción de su cargo del ex Procurador Francisco Domínguez Brito, persona que gozaba de la confianza de las autoridades norteamericanas, está relacionada con esta investigación lo que solo el tiempo confirmará si era cierto o no.

Pero debemos darnos cuenta que no solo se trata del caso puntual de la escandalosa compra de los aviones a la empresa brasileña EMBRAER por un precio significativamente superior al ofertado por suplidores norteamericanos, sino que este no es más que un eslabón  de una cadena de corrupción que se erigió como el modelo de compras con financiamiento adoptado por los gobiernos del PLD.

En los 12 años de administración de dicho partido no solo ha habido una apabullante concentración de construcción de obras por la hoy sentenciada empresa constructora brasileña ODEBRECHT, sino que probablemente de todas las contrataciones internacionales de obras, bienes y servicios realizadas por el Estado Dominicano, una importante mayoría ha estado en manos de los brasileños.

Y no solo esto, el modelo político populista de subsidios y programas sociales, no fue únicamente asumido por nuestros gobiernos sino que los propios asesores artífices del mismo, hoy día apresados en medio de la investigación por corrupción del caso Lava Jato, fueron contratados aquí.

Evidentemente que eso no se debe a que de repente descubrimos que solo los cariocas eran los mejores constructores o proveedores de bienes y servicios, o que era el Estado mejor administrado, sino que lo que probablemente impulsó esta inaudita expansión fue que nuestras autoridades decidieron hacer suyo un conveniente modelo que no solo les garantizaba financiamiento para cuestionadas compras sino que además permitía que algunos ganaran jugosas comisiones.

Por eso el aumento en la percepción de la corrupción que ha acontecido en nuestro país en los últimos años, no porque necesariamente haya habido menos control o mayor impunidad que en gobiernos anteriores, sino porque gracias al aumento del financiamiento externo los montos de transacciones públicas y posibles comisiones son mucho mayores.

Esperemos que los Tucano no se queden ocultos en las Amazonas de donde son oriundos y que sean la punta de lanza para cuestionar no solo una viciada compra sino todo un insostenible modelo clientelar de inspiración carioca que alimenta la  corrupción, el cual debería estar siendo tan cuestionado aquí como lo está siendo en Brasil; pero para eso haría falta tener un poder judicial y legislativo independientes y eso, penosamente cada día lo tenemos menos.


Marisol Vicens
elCaribe

Cleptocracia despoja ciudadanos de su dignidad

Confianza / Afilando el cuchillo
No en vano Jacques Attali el filósofo francés contratado por Leonel Fernández para realizar un informe sobre el desarrollo estratégico de la República Dominicana para el período 2010-2020, señaló que lo primero que se tenía que hacer era restaurar la confianza de la población en las instituciones dominicanas.

Esto así porque en un país en que mentir no es solamente tolerado sino que la mayoría de las veces hacerlo no genera consecuencias, la gente simplemente desconfía de todo y el ejercicio de la autoridad está seriamente erosionado por la desconfianza de la población en la misma.

Por eso uno de los efectos más perversos del escándalo de los falsos alfabetizados del plan Quisqueya Aprende Contigo es deteriorar aún más la confianza ciudadana.

Desde antes se sospechaba que las cifras de sus resultados podrían ser cuestionables, pero el bochornoso acto de supuesta graduación a personas que ni siquiera fueron parte del programa de alfabetización puesto al descubierto por un ejercicio periodístico responsable, es una grosera manipulación política con fines electorales, independientemente de cuántos sean los falsos alfabetizados, lo que afecta la credibilidad completa no solo de ese importante programa, sino de las autoridades e instituciones dominicanas.

Luego de desafortunadas e inconsistentes declaraciones, tanto del alcalde Roberto Salcedo como del director del programa, el Ministro de la Presidencia informó que se suspenderían las graduaciones hasta el 15 de mayo y se ordenaría una investigación. Esa suspensión hasta la fecha de las elecciones es una confirmación del mal uso con fines electorales de algo tan importante como certificar a personas, en su mayoría adultas, como alfabetizadas.

La manipulación política y la demagogia han convertido a los ciudadanos más vulnerables no solo en mercancía política, cuya voluntad se compra a cambio de tarjetas para beneficiarse de programas que les hacen ver como regalos o privilegios, lo que no es más que el cumplimiento parcial de las responsabilidades del Estado, sino que las han despojado del más importante de los activos, la dignidad.

La supuesta investigación como muchas otras quedará en el olvido o simplemente arrojará un resultado complaciente para salvar el “honor” de las autoridades involucradas, pero dejará aun más maltrecha la credibilidad y confianza de la población en sus autoridades.

El problema es que las mismas autoridades que manipulan, maquillan, ocultan o mienten a la población para conquistar el poder o mantenerse en el, no se dan cuenta que tarde o temprano están afilando cuchillo para su propia garganta, pues cuando la confianza finalmente se rompe ya no existe respeto ni por las autoridades ni por las instituciones, y eso es sumamente peligroso no solo para estas sino para toda la sociedad.


Marisol Vicens Bello
elCaribe

Los electores exigirán cuentas y pasarán facturas

Escogiendo audiencias
En un país caracterizado por una débil institucionalidad, el presidencialismo, el autoritarismo y el servilismo, la reelección de un presidente cambia significativamente las reglas del juego y hace muy difícil la lucha para sus contendientes habida cuenta de los abundantes recursos de toda índole a su favor.

En las verdaderas democracias el presidente de un país, al igual que el resto de sus funcionarios, independientemente de las facultades a su cargo, el protocolo para su tratamiento y las condiciones especiales de que disfrutan, son visualizados exactamente como lo que son, servidores públicos que se deben a los electores que les han delegado poderes y a quienes tienen que rendir cuentas.

Pero en países como el nuestro un funcionario puede llegar a tener tanto poder y tan poco temor a las consecuencias de sus actos, que la ciudadanía en vez de verlos como sus delegados los ven como dioses a quienes deben complacer, obedecer o al menos no disgustar, con tal de preservar la gracia que le dispensan o al menos no generar su ira.

Algunos pensarán que esto podría ser consecuencia de las carencias educativas de países en desarrollo como el nuestro, sin embargo, esta actitud se da de la manera más marcada en los dos extremos de la sociedad, por lo que evidentemente no solo de educación se trata, sino también de un problema cultural.

El director operativo de la campaña del PLD y vicepresidente ejecutivo de la CDEEE declaró recientemente que “no existen condiciones para que su candidato presidencial, Danilo Medina, participe en los debates que organiza la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)”, alegando que “la oposición ha obviado competir en base a ideas y propuestas de programas de desarrollo y bien social”.

Estas declaraciones no pueden tener otra justificación que no sea que cuando se trata de un candidato presidente, este y su entorno entienden que las reglas del juego las establecen ellos y que pueden decidir discrecionalmente qué hacer y qué no hacer. Esto así porque están muy lejos de visualizarse como mandatarios de un electorado al que le deben, entre otras muchas cosas, presentarle propuestas y aceptar que las mismas sean discutidas en forma democrática y no solamente difundidas a conveniencia.

Prueba de esto es que él mismo en el año 2012 cuando fungía como coordinador nacional del sector externo del entonces candidato presidencial por el PLD declaró públicamente su acuerdo con la realización de un debate entre los candidatos a la presidencia al considerar, según reseñó la prensa, que “esto le da la oportunidad de comunicarse con sus votantes”.

Y precisamente de esto se trata, de que los simples candidatos ansían comunicarse con los votantes aceptando cuantas invitaciones reciban de asociaciones empresariales, comunitarias, profesionales, etc., pero una vez entronizados entienden que tienen poder para decidir cómo, cuándo, a quiénes, dónde y qué comunicar, y para eso buscan costosos asesores que les ayudan a fabricar una imagen, a vender sus ejecutorias como acciones personales y no como lo que son, cumplimiento de un mandato constitucional y a escoger las audiencias más favorables para no pasar por las incomodidades de someterse al verdadero escrutinio; como ha decidido hacerlo nuestro presidente.

Pero como lo ha demostrado una vez más la presente situación en Brasil, la popularidad de los presidentes, la efectividad de sus asesores y la permanencia de sus aliados y adeptos, son vulnerables y cambian, cuando tarde o temprano los electores deciden hacerles sentir que como ellos son los que deciden, pueden exigirles cuentas y pasarles factura.



Marisol Vicens Bello
elCaribe

El caso João Santana sí tiene que ver con República Dominicana

   

   João Santana, asesor de imagen de Danilo Medina desde 2011 hasta 2016.

Sí, nos toca
Como lo demuestra la investigación llevada a cabo por las autoridades judiciales de Brasil, la corrupción sigue siendo el talón de Aquiles de los gobiernos, particularmente de los de los países menos fuertes institucionalmente, porque la misma aunque es la gasolina que arranca los motores del clientelismo y asegura la conquista de numerosos espacios de poder, al mismo tiempo es el enemigo silente que va corroyendo sus estamentos y es capaz de hacer desmoronar las mismas estructuras de poder que ayudó a levantar.

El desarrollo inusitado de los medios de comunicación y el surgimiento de las redes sociales, así como la apertura de los mercados y la generalización de alianzas transnacionales, ha hecho que en este ancho mundo, nada nos parezca ajeno y que todo de alguna manera esté interrelacionado.

En nuestro país los gobiernos del PLD tomaron como su modelo lo que todavía era para muchos el “fenómeno de Brasil”, que bajo la conducción de Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, vivió el tiempo de las vacas gordas de los altos precios de los “commodities” y expandió la presencia de empresas brasileñas internacionalmente, sobre todo en países amigos, amarrado a un mecanismo de financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil.

En nuestro país el boom de la construcción pública desde hace más de una década ha estado directamente asociado a Odebrecht, una de las más grandes empresas constructoras brasileñas, que ha estado a cargo de prácticamente la totalidad de los megaproyectos de construcción pública que han sido y que están siendo ejecutados.

Aunque hubo un cambio de presidente en el año 2012, pero del mismo partido oficial, ese cambio de mando más bien aumentó nuestras ya excelentes relaciones con el liderazgo político en el poder en Brasil, y nuestro presidente no solo hizo suyas políticas impulsadas por el gobierno de ese país desde la campaña electoral previo a su elección, sino que contrató también al artífice de las campañas electorales del expresidente Lula y de la actual presidenta Rousseff, João Santana.

Para los que siguen la política internacional este es un nombre conocido, pues el destacado especialista en marketing político no solo colaboró con el triunfo de Lula y Roussef en Brasil, sino también con el de múltiples expresidentes o presidentes como Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Mauricio Funes en El Salvador, Eduardo dos Santos en Angola y nuestro Danilo Medina, todos con un denominador común, amigos y admiradores públicos de Lula.

Otros lo habrán conocido por su reciente renuncia como asesor del presidente y candidato Danilo Medina, y su salida del país ante la inminente ejecución de la orden de arresto dictada en su contra por la investigación del caso de corrupción conocido como Lava Jato.

A pesar de que en algunos países como El Salvador se han solicitado investigaciones sobre los contratos de publicidad suscritos por el gobierno de Funes con Santana que no han prosperado, la vorágine de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía brasileña ya implica a presidentes de otros países como es el caso de Ollanta Humala en Perú, por supuestos sobornos recibidos para favorecer adjudicaciones de proyectos.

Por eso no es tan simple como alega el jefe de campaña del presidente Medina de que “es un caso que tiene que ver con un asunto exclusivamente de Brasil, … y que no toca lo que tiene que ver con la República Dominicana”, pues lo que hoy en día sucede en un lugar puede tener repercusiones en otro, y con mucha mayor razón si se repiten varios de los actores.

Marisol Vicens Bello

elCaribe

El populismo se traga nuestra dignidad

Manual del populismo
Los que han tenido la oportunidad de escuchar las ya famosas exposiciones de la joven politóloga guatemalteca Glorial Álvarez, actualmente de visita en el país, en las que desnuda el populismo y sus métodos para polarizar las sociedades y apoderarse de las instituciones erigiéndose en “salvador”; habrán tenido que concluir que lo que ella denuncia en gran medida retrata lo que ha acontecido en nuestro país.

Latinoamérica ha vivido las últimas décadas luchando entre ideologías de derecha e izquierda, pero en nuestro caso la llegada al poder del partido que se fundó bajo la ideología marxista y su permanencia ininterrumpida desde hace doce años, ha prácticamente eliminado las diferencias ideológicas, ya que el poder ha hecho iguales a todos los que han gobernado.

Lo que por el contrario ha aumentado en nuestro país es un ejercicio cada vez más populista de la política, inspirado por el modelo brasileño actualmente en total descrédito y en buena parte financiado por las irracionales condiciones otorgadas por el comandante Hugo Chávez a algunos países del área no productores de petróleo mediante el acuerdo de Petrocaribe, como medio de expandir su liderazgo populista en Latinoamérica, lo que ha llevado a la quiebra a Venezuela.

A pesar del fenómeno de expansión que ha tenido en las dos últimas décadas el denominado socialismo del siglo XXI y la amenaza que representa para la institucionalidad y la sostenibilidad de muchos países de la región, algunos como el nuestro, en vez de preocuparnos por identificar las causas que llevaron a esas sociedades a hacer apuestas equivocadas para evitar que pueda suceder lo mismo en las nuestras, permanecemos indiferentes creyendo que eso a nosotros no nos va a suceder.

Por eso es tan importante que en otros países de la región como Guatemala, hayan surgido iniciativas como la del Movimiento Cívico Nacional, que están creando conciencia no solo del peligro que representa el populismo para cualquier país, sino también de que la única manera de detenerlo es fortaleciendo la República, que para ellos significa entre otras cosas apertura al diálogo, equilibrio de poderes, meritocracia, ciudadanos empoderados, respeto a los derechos fundamentales, particularmente la vida, la libertad y la propiedad privada e identificación del individuo como minoría más pequeña, pues todos de alguna forma somos minoría.

Sus alertas sobre el peligro que representa el daño psicológico que hacen nuestras gobiernos populistas a la población, a la que enseñan a ser víctima y no le permiten desarrollar las habilidades necesarias para poder triunfar por sus propios medios, dejándoles como único camino de ascenso económico y social estar en el gobierno; deberían ser tomadas con la debida seriedad y responsabilidad, pues transformar hábitos toma años y es más fácil siempre para el ser humano dañarse copiando lo malo, que regenerarse aprendiendo lo bueno.

Cuando en una sociedad como es el caso nuestro, muchas de las prácticas comunes del populismo que ellos denominan como el “Manual del Populismo” están presentes, tales como dividir la sociedad con odio, eliminar cualquier oposición en el poder legislativo, controlar la justicia, expandir los empleos estatales para extorsionar a aliados, reformar la Constitución para mantenerse en el poder; no cabe duda de que el populismo está permeándola.

Por eso necesitamos crear más República a través de “ciudadanos empoderados” capaces de no dejarse engañar por el mendaz discurso populista, que so pretexto de proteger a pueblos desvalidos lo único que consigue es hacerles perder lo más importante que tenían, su dignidad, para así convertirlos en marionetas que mueven a su antojo.


Marisol Vicens Bello
elCaribe

Una más de la pandilla de delincuentes que nos gobierna

Diputados inconstitucionales
Cuando se revise con objetividad la historia democrática de las últimas décadas, forzosamente habrá que concluir que hemos tenido una preocupante involución, pues nuestros gobernantes se han creído, y así penosamente se les ha permitido, que pueden acomodarlo todo a sus intereses particulares, así sea la Constitución y las leyes o el cumplimiento de las mismas.

Como lo que ha interesado a cada uno de los tres últimos presidentes que han impulsado modificaciones a la Constitución para beneficiarse a sí mismos, ha sido la reelección presidencial, muchas de las abundantes disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna, sencillamente su aplicación no interesa a las autoridades y son palabras huecas, o son contrarias a sus conveniencias políticas particulares.

Eso está aconteciendo con el artículo 81 de nuestra Constitución que establece que la Cámara de Diputados estará compuesta de 178 diputados elegidos por circunscripción territorial, “distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia;”

Cuando la JCE notificó su resolución 06-2015 estableciendo la distribución de los diputados a ser electos en el próximo torneo electoral proporcionalmente a la densidad poblacional, voceros de algunos partidos se manifestaron en contra de la misma, sobre todo el secretario general del PLD, quien en representación de ese partido al poco tiempo elevó un recurso por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para solicitar la declaratoria de nulidad de dicha resolución y una medida cautelar con el propósito de obtener su suspensión.

En un hecho que constituye una evidencia más del control que tiene el partido oficial sobre el poder judicial, el TSA recién dictó una sentencia ordenando la suspensión de la referida resolución, que no hace más que dar cumplimiento a un mandato constitucional.

Nuestras autoridades acostumbradas a aprobar cuantas modificaciones constitucionales convengan a sus intereses, también pretenden que cuando algunas de sus disposiciones no les convienen o simplemente por su falta de planificación no se prepararon para ejecutarlas, impedir su cumplimiento mediante un retorcido manejo de una justicia parcial.

Los voceros del PLD han manifestado su júbilo con la sentencia dictada, expresando que “cuando la JCE adoptó la decisión sobre la nueva distribución de los diputados lo hizo muy próximo a las elecciones y ya los partidos se habían programado con la distribución actual”, lo que a todas luces constituye una confesión de que para ellos las leyes no se reputan conocidas luego de su publicación, como sucede para el resto de la población que jamás podría alegar que una disposición vigente, incluso en este caso desde hace 5 años, no era conocida y por tanto no había sido tomada en cuenta.

Como esa aberrante sentencia no tiene otra justificación que ser la expresión complaciente de un tribunal controlado por el partido oficial, respecto del cual recientemente se hicieron acusaciones de que trasladó alguno de sus miembros por no someterse a los intereses de dicho partido, el presidente de la JCE, que generalmente defiende tenazmente sus posiciones, ha declarado que la acatará, lo que parecería presagiar que no elevaría un recurso contra la misma.

No podemos permitir que tan bochornosa sentencia, carente de todo sentido jurídico, ponga en juego la legalidad de la elección de los diputados y su futuro accionar. En ocasiones como ésta es que se precisa que el Tribunal Constitucional juegue su rol de guardián de la Constitución, y evite así que por complacer a un puñado de políticos se ponga en juego la constitucionalidad de las próximas elecciones y la institucionalidad del país.




Marisol Vicens Bello
elCaribe

Vamos por el camino equivocado

Mirando con los bolsillos
Como lo demuestra la historia, los pueblos generalmente solo reaccionan cuando sienten que los problemas los afectan directamente en su bolsillo, eso explica porqué malas administraciones pueden prolongarse por décadas y las tardías reacciones ante crisis que eran predecibles.

La República Dominicana es un claro ejemplo de esto pues cuando se analiza objetivamente el rumbo de nuestra economía y de nuestra deficiente democracia, la reacción obligada es de preocupación y de requerir necesarios y urgentes cambios, sin embargo esto contrasta radicalmente con las encuestas de opinión que miden la satisfacción con las autoridades de turno.

Existen múltiples factores para explicarlo, las que pueden resumirse en el hecho de que al ancestral populismo que caracterizaba nuestros gobiernos, se ha unido una poderosa maquinaria de comunicaciones que ha sido muy efectiva en conseguir que la mayoría de la población solo vea lo que estos quieren que vea, manteniéndola en la oscuridad con relación a lo demás.

Temas como el aumento astronómico de la deuda, que tan solo en los 3 años que lleva este gobierno según algunos expertos ha crecido un 32.5%, el uso que se está haciendo de la misma, destinada en gran medida a financiar el presupuesto, y su composición, que hoy día se dice está en más de un 55% en bonos, parecerían solo ocupar a algunos expertos y opinadores que alertan sobre las negativas consecuencias que se derivarían de continuar este ritmo.

Y es que la mayoría de la población no conoce los datos ni está en medida de entender cómo estos impactan en su futuro y el del país. Probablemente si se les explicara que de cada RD$100.00 que ingresan al Estado más de RD$90.00 se van en remuneraciones, transferencias y pago de intereses de la deuda, comprenderían mejor.

Aunque el presupuesto general de la Nación se ha cuadruplicado en los últimos 10 años, el déficit ha aumentado astronómicamente, lo que quiere decir que a pesar del alto financiamiento a través de emisiones de bonos que se están realizando cada año para financiar el presupuesto, seguimos con altos niveles de déficits presupuestarios.

Ese déficit que alcanzó la escandalosa cifra oficial de más de ciento veinticinco mil millones de pesos en el año 2012 y que se mantiene en alrededor de la mitad, ha sido provocado básicamente por una política clientelar que ha asegurado una sólida base de sustentación al partido oficial para controlar todo el aparato estatal y que ha generado nuevos millonarios políticos.

Por eso al examinar las cifras de confianza de la población dominicana en su Presidente y de evaluación positiva de más de un 70%, hay que cotejarlas con las que nos colocan como líderes del clientelismo en América Latina, ya que según la recién publicada encuesta del Barómetro de las Américas un 37.1% de los entrevistados indicó haber recibido una oferta clientelar en campaña, o conocer a alguien que recibió tal oferta, siendo el porcentaje más alto entre los países encuestados y, se sabe, que otra buena parte de la población está empleada en el Estado o hace negocios con el mismo.

Penosamente esa parte de la población dominicana prefiere cerrar los ojos a las advertencias de que estamos yendo por el camino equivocado y que debemos variar el rumbo, pues prefiere seguir disfrutando de la fiesta mientras no se acabe la música. Y es que algunos solo están mirando a través de sus bolsillos, sin darse cuenta de que están dejando vacíos los de la Nación.


Marisol Vicens Bello
RUMBO
elCaribe

La SCJ arrodillada por 2da vez frente al mismo contrincante

¿Quién le pondrá el cascabel al gato?
La sociedad dominicana se siente altamente defraudada ante la constatación de la escasa imparcialidad de nuestro sistema judicial y la peligrosa influencia política partidaria que se percibe está incidiendo en el accionar de muchos magistrados.

Esto era algo que temíamos aquellos que prestamos mucha atención al proceso de renovación de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia y designación de los magistrados de los nuevos tribunales Constitucional y Superior Electoral efectuada por Leonel Fernández a finales de 2011; pues resultaba evidente que la intención era apoderarse de un poder judicial que había dado sus primeros pasos por el camino de la independencia, lo que quedó confirmado con el resultado.

Pero la ciudadanía no necesariamente se interesa por esos procesos tan especializados ni puede percatarse tan fácilmente de sus terribles consecuencias, lo que ha tenido que ir aprendiendo a golpe de decisiones, que no tienen otra justificación que no sea la injerencia política.

Para la mayoría de la sociedad dominicana el juicio por alegada corrupción contra el senador de San Juan de la Maguana procede, ante la gravedad de los hechos imputados, la credibilidad de las pruebas presentadas por la Procuraduría General y la innegable evidencia fáctica sobre el astronómico incremento patrimonial del senador desde el inicio de su carrera política.

El problema ahora es que el interés demostrado por el Procurador en hacer este juicio realidad, pudiera verse resquebrajado ante las conveniencias políticas de quien lo designa en el cargo: el Presidente de la República, quien en aras de allanar el camino a su proyecto reeleccionista decidió pactar no solo su repostulación, sino también la de todos los legisladores del PLD incluyendo los de su rival Leonel Fernández, entre ellos Félix Bautista.

El empate que se produjo en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en relación con el recurso de apelación contra la decisión de no ha lugar a favor del senador por San Juan de la Maguana dada por el magistrado Moscoso Segarra, uno de sus miembros, entre dos magistrados que entienden que dicha decisión debe ser revocada, y dos que pretenden confirmar el auto de no ha lugar, es una clara demostración del inmenso daño que se ha hecho a nuestro Poder Judicial al designar en su más alto tribunal a personas con claras simpatías políticas partidarias, pues hayan tomado la decisión por esa razón o no, será casi imposible eliminar la percepción de que lo hicieron por influencias.

Para desempatar ese juego hace falta ahora que el Presidente de la Suprema designe un quinto juez, cuya decisión, de mantenerse las otras cuatro iguales, determinará de qué lado se inclinará la balanza.

El proceso de selección de ese juez no solo está en manos del presidente de la Suprema, sino que los acuerdos y desacuerdos entre los dos líderes del PLD serán el telón de fondo de la obra ¿quién se atreve a poner ese cascabel al gato?, cuyo final de no resultar aleccionador, no solo será visto como la decisión de ese juez, sino como la perversa consecuencia de un acuerdo político partidario; lo que constituiría un nuevo golpe a la alicaída credibilidad de nuestra justicia y a la armonía interna de la Suprema Corte, que ya vivió un sisma con el caso Sunland y que podría perder definitivamente su prestigio si cayera arrodillada por segunda vez frente al mismo contrincante.


Marisol Vicens Bello
elCaribe

El populismo puede ser la peor dictadura

La trampa del populismo
Muchos son los males que agobian los países pobres o en vías de desarrollo, pero podemos afirmar sin temor a equivocarnos que probablemente el denominador común de todos es el populismo.

El populismo no solo fomenta el empoderamiento de líderes mesiánicos, que se erigen en supuestos padres de un pueblo que envilecen, sino que debilita las instituciones del Estado, las que estos gobernantes llegan a controlar completamente a fuerza de dinero y poder, convirtiendo en utopía la separación de poderes del Estado y aniquilando así los debidos contrapesos.

Pero esto no solamente ocurre a lo interno del Estado, sino que se expande a toda la sociedad, una parte de la cual logran anestesiar mediante las dádivas, otra por los privilegios y canonjías, mientras los demás o sufren a sangre fría el deterioro institucional intentando llamar la atención sobre los peligros que enfrenta la Nación, o emigran o prefieren cerrar los ojos y ni enterarse de los riesgos.

El populismo y la corrupción se necesitan el uno al otro para crecer, expandirse y fortalecerse; lo que al estar acompañado de un debilitamiento institucional, hace casi imposible detener el vertiginoso crecimiento de ambos.

Cuando se examina lo que ha ocurrido en las últimas décadas en gran parte de América Latina, debemos llegar a la conclusión de que el populismo sustituyó las ideologías, socavó los partidos de oposición, desmontó los liderazgos de la sociedad civil y convirtió las leyes y las instituciones, en meros instrumentos de propaganda política que justifican supuestos Estados de Derecho.

Muchos se preguntan cómo si nuestro país ha crecido de manera prácticamente continua durante más de una década, si hemos dictado más reformas legislativas y constitucionales que el promedio de muchos países, si hemos quintuplicado el monto del presupuesto general de la Nación, si hemos realizado grandes obras de infraestructura, si hemos creado todo tipo de organismos supuestamente técnicos, autónomos y tribunales especializados, entre otras cosas; seguimos teniendo de los peores índices de competitividad y los niveles de pobreza y la calidad de los servicios que recibe la población tampoco han mejorado.

Y es que el populismo no solo ha hecho que gastemos cada vez más, sino que nos endeudemos cada vez más para gastar, no en actividades que promuevan la generación de riquezas y de empleos, sino en un aparato estatal que no para de crecer en costo y tamaño, sustentado por una red de manejo de medios de comunicación y de silenciamiento de la sociedad.

Esto explica porqué a pesar de la corrupción pública existente y la casi total impunidad, la falta de respeto a la ley y las instituciones, la carencia de mejoras sustanciales en servicios básicos como educación, salud, agua potable, transporte, seguridad; los gobiernos de los últimos 15 años han gozado no solo de altos niveles de popularidad, de ausencia de oposición y de carta abierta para hacer lo que quieran, desde endeudarse escandalosamente, generar preocupantes déficits y crear cuantas obligaciones entiendan convenientes para seguir cargando a los ciudadanos, mientras se abre cada vez más la brecha, entre estos y la súper poderosa casta que los gobierna.

La trampa del populismo nos ha robado ya las instituciones, la democracia, la conciencia ciudadana y nos tiene hipotecado el futuro. Es momento para darnos cuenta de que el populismo no solo puede ser el peor enemigo, sino que también puede ser la peor dictadura.

Marisol Vicens Bello

elCaribe

A cuánto asciende realmente la deuda pública?

La trampa del endeudamiento público
Hace apenas 15 años la deuda pública del país era considerada baja y se iniciaron emisiones de bonos soberanos, que aunque fueron muy cuestionadas en ese momento, hoy en día se han vuelto una práctica habitual. Tampoco existían los fondos de pensiones que a la fecha suman más de 295 mil millones de pesos, los cuales debían haber priorizado el financiamiento de actividades productivas y sin embargo están básicamente en manos del Estado, ya sea a través del Banco Central que directamente tiene más de un 47% de las inversiones e indirectamente otro alto porcentaje a través de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), o del Ministerio de Hacienda, que tiene un 17.92%; representando la colocación en empresas privadas un pírrico 1.65%.

La Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y del Fideicomiso, a pesar de que fue una iniciativa privada para facilitar el acceso de los sectores productivos al financiamiento a través de los fondos de pensiones, de la forma que fue aprobada no logró cumplir este objetivo y paradójicamente su principal uso ha sido en la creación de fideicomisos por el Gobierno u otras entidades públicas. El monto de la deuda pública a diciembre del 2014 era de 30,141 millones de dólares, el cual fue reducido a 28,517 millones de dólares a febrero del 2015, luego de la recompra de la deuda a PETROCARIBE. La pregunta que muchos nos hacemos es a cuánto ascendería realmente la deuda pública si se tomaran en consideración otras deudas no tratadas como públicas a pesar de que al entender de algunos sí lo son, así como otras de fideicomisos creados como públicos o no, pero que impliquen deuda pública.

La reciente modificación del Reglamento de Concentración de Riesgos y de Evaluación de Activos para modificar los límites para evitar la concentración de riesgos, (10% y excepcionalmente 20%) para las EIF en financiamientos directos o indirectos a un mismo beneficiario, efectuada con el propósito de que cuando se trate de préstamos garantizados por el Estado o con fondos generados por fideicomisos públicos, estos límites sean extendidos hasta un 40% y otorgarles clasificación “A” o cero riesgo, así como para establecer una excepción total de límites para las inversiones que realizan las EIF en títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central; confirma la clara tendencia a promover el endeudamiento público, la colocación de títulos públicos y a mantener las rigurosas normativas para el sector privado que cada vez tiene más dificultades para acceder al financiamiento.

Cuando se analiza la grave crisis de Grecia y de Puerto Rico ocasionada por excesivos gastos fundamentados en recurrir abusivamente al endeudamiento público para financiar proyectos, en gran medida improductivos, estremece pensar que sigamos con esta tendencia en nuestro país que constituye una trampa, pues en vez de racionalizar el endeudamiento público, cada vez le damos más carta abierta para que, ya sea a través de bonos, del uso casi total de los fondos de pensiones y de fideicomisos, sea efectuado sin límites y sin priorizar sus objetivos. Sería muy triste pensar que lo que hoy acontece en esos países, pueda suceder en el nuestro, que no tendrá ni a la Unión Europea ni a los fondos federales de los Estados Unidos de América detrás de sí, sino únicamente una garantía del Estado, que mañana podría significar nada.


Marisol Vicens Bello
elCaribe

Respetemos los procesos y evitemos los errores con Haití

Defenderse, no ofenderse
A pesar de que todo el que tiene un mediano conocimiento del tema anticipaba lo que podría ocurrir e incluso así se lo habían advertido, el gobierno dominicano luce sorprendido por las repercusiones internacionales que ha tenido el fin del plazo establecido para la regularización de los extranjeros y, peor aún, no preparado para lograr mitigar sus consecuencias.

Resulta paradójico que un gobierno que ha sido tan efectivo para manejar una poderosa maquinaria de comunicación a lo interno de nuestra sociedad, que se percibe abarca todos los temas de su interés; haya sido incapaz de realizar un adecuado plan de comunicación internacional a lo largo de todo el proceso de regularización llevado a cabo, como si no eran previsibles las reacciones a nivel internacional que tendría un tema tan importante como este.

Y es que las autoridades dominicanas a lo largo de nuestra historia han actuado como si solo contara la opinión nacional que es la que genera votos, por eso durante décadas hicieron caso omiso de las denuncias en contra nuestra que se hacían en organismos internacionales y permitieron que se construyera una mala imagen de este país como explotador de nuestros vecinos haitianos, salpicada de racismo; en parte por no asegurar una adecuada defensa y por otra parte por una cadena de acciones inadecuadas y omisiones.

Los problemas migratorios afectan a casi todas las naciones y debido a las grandes asimetrías existentes entre los países son prácticamente indetenibles. Por nuestra especial condición de isla compartida por dos Naciones cultural, económica y racialmente distintas, nuestro problema es particular porque se focaliza en una sola inmigración, la de los haitianos, que dada su condición de país más pobre de la región y uno de los más pobres del mundo, siempre colocará a la República Dominicana en una situación de desventaja a nivel de opinión pública.

Si a eso se le suma que durante años nuestras autoridades simplemente no hicieron ningún esfuerzo por aplicar las leyes migratorias y fueron promotoras, cómplices y apañadoras del tráfico de inmigrantes para suplir la mano de obra barata que requería el país; era totalmente previsible que al tratar de regularizar lo que durante años simplemente se dejó pasar, iban a surgir todo tipo de ataques, unos sin razón, otros con ella.

Es cierto que las actuales autoridades han tenido que cargar con las consecuencias de los errores fundamentales de la sentencia 168-13 y los demás cometidos por gobiernos anteriores, pero a pesar de sus esfuerzos en llevar a cabo un plan de regularización indiscutiblemente necesario y de haber demostrado flexibilidad para poder aplicarlo venciendo los escollos de la falta de colaboración de las autoridades haitianas, fallaron en no tener una verdadera planificación para realizar el plan de regularización y para afrontar cada una de sus predecibles consecuencias.

No es tiempo de ofenderse sino de defenderse, y la mejor defensa siempre será no bravuconerías y declaraciones destempladas, sino calculadas líneas de acción que lleven a todos los espacios que durante años nunca han sentido nuestra voz, una posición fundamentada en los hechos y la ley, acompañada de un accionar rigurosamente orquestado para asegurar que todo se haga de la forma correcta, respetando los procesos y evitando los errores, para que no terminemos como verdugos del drama humano que intentamos tardíamente regular.


Marisol Vicens Bello
elCaribe
Caricatura: Mercader, José Mercader

Nada ha hecho más daño a nuestro país que la impunidad

     Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado firman el Pacto de las Corbatas Azules.

Los Judas y Pilatos de siempre
El caso de corrupción más conocido de la historia de la humanidad es precisamente el perpetrado por uno de los 12 apóstoles de Jesús quien fungía de tesorero, Judas Iscariote, quien lo vendió por 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes judíos.

Asimismo, la sentencia más injusta de la historia fue la que por irresponsabilidad, complacencia y cobardía dictó Poncio Pilato, prefecto de Judea, quien a sabiendas de que Jesús no era culpable de los cargos que le imputaban, decidió complacer a los judíos en la víspera de la Pascua, liberando al criminal Barrabás y condenando a muerte en la cruz al Salvador de la humanidad.

En nuestro país, a pesar de la reforma constitucional del año 1994 que modificó el modo de designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, para que en vez de ser electos por el Senado lo fueran por una nueva institución el Consejo Nacional de la Magistratura, y a pesar de la reforma del Poder Judicial iniciada con la designación de los primeros miembros de la Suprema por dicho Consejo en el año 1997; nunca ha existido una verdadera voluntad política de aceptar un poder judicial independiente.

En el año 2012 antes de dejar el poder, el presidente Leonel Fernández convocó el Consejo de la Magistratura para elegir no solo los jueces de la Suprema, sino también los del Tribunal Constitucional y Superior Electoral creados por su Constitución de 2010; selección en la que se aseguró un total control de estas Altas Cortes, a cambio de conceder algunos miembros al PRD representado por Miguel Vargas.

Hoy día, a pesar de tener Altas Cortes, Consejo Nacional de la Magistratura, Escuela de la Judicatura, Consejo del Poder Judicial, tenemos una justicia igual o más dependiente del poder político que la que teníamos antes de la reforma, puesto que ya no se trata de responder a intereses de partidos políticos sino, peor aún, de una facción política.

Para nadie puede constituir una sorpresa que en un panorama en el que existe la intención del presidente Fernández de regresar al poder, que en un juicio por corrupción contra su principal escudero no se ejerzan todas las presiones necesarias para que quien tiene su posición gracias a su elección, emita una sentencia a la medida, que por más esfuerzo en desarrollar argumentos justificativos en cientos de páginas, pasará a la historia como lo que es, una decisión política de eximir de responsabilidad a quienes las evidencias y el juicio moral de la sociedad hace tiempo declaró culpables.

Nada ha hecho más daño a nuestro país que la impunidad, que ha permitido que la corrupción permee todos sus espacios, robando derechos y oportunidades a la población, causando desgracias humanas, castrando el desarrollo y generando modelos equivocados que costará años enderezar.

En medio de la celebración de la Semana Mayor, es propicio recordar que la corrupción de Judas lo hizo cometer el mayor pecado de todos los tiempos y que la complacencia e irresponsabilidad de Pilato lo llevaron a consumar la mayor injusticia, a pesar de haber querido lavarse las manos. Ojalá que nuestro pueblo despierte y entienda que siempre existirán Judas y Pilatos, y que la única manera de poder vencerlos, es lograr desconcentrar el poder del que abusan nuestros políticos.


Marisol Vicens Bello
elCaribe

Una nación gobernada por la corrupción

La mafia en el poder
Hace tiempo que muchos denunciamos que el Estado se ha vuelto un espacio muy atractivo para aquellos que buscan una forma rápida de hacer dinero y obtener poder.

Cualquier persona se afilia a un partido político y por esa vía termina consiguiendo posiciones públicas, muchas veces sin más mérito que el haberse “fajado” en las campañas y peor aún personas con un historial delictivo gestionan obtener cargos públicos para conseguir una patente de corso que les permitirá tener no solo el poder para que se les abran puertas, sino de que se cierren ojos respecto de sus personas.

Por eso no debe sorprender que con ese caldo de cultivo tengamos enquistadas dentro de nuestro aparato estatal verdaderas mafias y redes de sicarios, como ha puesto al desnudo el proceso contra el regidor por el PRD de Pedro Brand y dirigente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines, acusado por el Ministerio Público de ser el presunto jefe de una mafia ligada al negocio de combustible subsidiado y de una red de sicarios.

En estos horribles hechos confluyen muchos de los vicios que han sido denunciados en vano desde hace tiempo. Y es que nuestras autoridades han permitido que bajo el manto del fuero sindical empresarios del transporte se hayan hecho dueños del mismo en detrimento de las personas y la competitividad del país, imponiendo a la fuerza un ilegal monopolio e impidiendo derechos fundamentales como la libertad de empresa y de contratación; y han volteado la cabeza irresponsablemente ante actos vandálicos como impedimentos a transportistas privados de circular en las rutas de las que se han adueñado.

En vez de resolver el problema nuestras autoridades lo han alimentado, dándole a esos dirigentes choferiles la ración del boa como resultado de cada visita al Palacio Nacional que impide o pone fin a una huelga del transporte, lo que ha provocado que muchos dirigentes tengan no solo el control del transporte y de las rutas, lo que ha desatado violentas luchas intestinas, sino de excesivos beneficios otorgados por el Estado, como flotillas de vehículos y combustibles subsidiados.

Pero poseer el botín para algunos no ha sido suficiente y por eso desde hace unos años han buscado cargos electivos en el congreso y los ayuntamientos, y han creado agrupaciones políticas como una forma de obtener más poder e impunidad.

La caja de grillos que se ha destapado con este caso no puede circunscribirse al proceso judicial, el cual si bien debe terminar con sentencias ejemplarizantes, tiene que impulsar una profunda purga de las acciones que han permitido que la mafia se apodere de estamentos del Estado.

Para eso se necesitan autoridades responsables dispuestas a eliminar las distorsiones que han permitido que empresarios desnaturalicen el fuero sindical para su beneficio, que algunos tengan el derecho a violar la ley impunemente, que se pueda estar en una boleta de votación aunque se tenga un prontuario delictivo, que los gobiernos tengan carta abierta para comprar adhesiones a costa del erario y la institucionalidad del país y que los partidos políticos financiados con el dinero de los contribuyentes sean feudos sin ley y sin ningún tipo de control y transparencia.

Ojalá que este caso sirva para abrir los ojos de una Nación que de tanto tolerar la corrupción ha pasado a ser gobernada por ella.


 Marisol Vicens Bello
 elCaribe

Una sociedad harta de corruptos y de corrupción

El verdadero acusador
Para muchos no es una sorpresa los hechos detalladamente descritos en el expediente acusatorio depositado recientemente  por la Procuraduría General  de la República por ante la Suprema Corte de Justicia.

No solo porque el rumor público ha dado  cuenta desde hace tiempo de estos y otros supuestos actos de corrupción, sino porque valientes comunicadores han realizado investigaciones y denunciado los mismos.

Más bien la sorpresa radica en que finalmente nos encontramos ante una acusación  minuciosamente elaborada y avalada con pruebas  para solicitar a la Suprema Corte de Justicia designar un juez de instrucción  especial para conocer de la misma y dar apertura al juicio.

La utilización de una red de sociedades, testaferros, familiares, amigos y afines diseñada con la finalidad de intentar ocultar beneficiarios, no es un hecho nuevo, como tampoco la existencia de redes todavía más poderosas, tendentes a asegurar el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y la impunidad de funcionarios sobre los cuales la percepción pública hace tiempo que dictaminó sobre la comisión de actos de corrupción, no obstante los arreglos, archivos de expedientes, maniobras, inmunidades y otras acciones astutamente realizadas para burlar el imperio de la ley.

La excesiva seguridad que le ha dado a muchos funcionarios y ex funcionarios el sentirse poderosos política y económicamente, con la capacidad de controlar personas e instituciones, contratar buenos abogados litigantes, de intentar manipular la opinión pública a través de su manejo de medios  o de periodistas complacientes u obtener no importa qué, gracias a la red de favores construida en perjuicio del Estado, no solo ha provocado que no le teman a la ley y se sientan por encima del bien y del mal, sino que además pretendan lo imposible: ostentar groseramente sus mal habidas riquezas y  al mismo tiempo silenciar a la sociedad que los repudia.

Esto ha llegado al punto que muchos se jactan en decir que no le temen a la justicia, tan seguros como se sienten de su control sobre la misma, control que jamás podrán tener sobre la sanción moral de la sociedad y la verdadera justicia, la divina.

Siempre  escuchamos el gastado argumento de persecución política y los intentos de demeritar a quien  en ejercicio de su autoridad acusa, intentando impedir su actuación.

Se equivocan aquellos que pretenden descalificar o invalidar su acusador por fútiles razones,  porque su verdadero acusador es una sociedad que ha llegado al hartazgo no solo por la repudiable y alarmante corrupción de la que ha sido víctima, sino por el abuso de malos funcionarios que no solo burlan la ley y las instituciones, sino que pretenden seguirse burlando de la inteligencia de todo un pueblo, que paradójicamente aun ignorante es sabio, y sabe colocar a cada quien en su justo  lugar.

Ojalá que nuestra débil justicia emule a la diosa Themis y con una venda en los ojos, una balanza en una mano y una espada en la otra, sea capaz de dictar fallos ejemplarizantes para que se envíe el mensaje correcto y cada vez menos personas quieran ir al Estado para salir del mismo cargados con  la mágica maleta del Gato Félix.

Marisol Vicens Bello
elCaribe.com.do
http://www.elcaribe.com.do/2014/10/30/verdadero-acusador

Déficit fiscal extraordinario es el legado de Leonel Fernández

¿A dónde fue a parar?
El pueblo dominicano no está totalmente consciente de la magnitud del desequilibrio fiscal que nos afecta.    Pero por más que las informaciones económicas se demoren en publicar y se limiten en cuanto a su contenido, siempre llegan.

Tristemente confirman lo que algunos sospechábamos y otros denunciaron: un déficit fiscal extraordinario que aunque reiterativo en cada año electoral ascendió a montos inusitados; con la agravante de que aunque no hubo segunda vuelta, lo que algunos entendían era preferible para detener el desangramiento de nuestras finanzas, la hemorragia no se detuvo el día de las elecciones y siguió hasta el cambio de gobierno.

El déficit acumulado a la primera quincena de agosto de 2012 es de aproximadamente 80,000 mil millones lo que casi cuadriplica el previsto en el presupuesto para el año completo de alrededor de 23,000 mil millones.

Lo peor del caso es que ese  insólito aumento de gastos registrado durante los primeros 8 meses del presente año, no se hizo sentir en la economía dado que según las estadísticas oficiales y a pesar de una controlada inflación, los sectores productivos prácticamente no crecieron y más bien experimentaron decrecimiento respecto al año anterior; como tampoco aumentaron  las recaudaciones, dejando  fuera circunstancias excepcionales como la venta de determinados activos.

Hay que recordar que en julio del pasado año 2011 nuestras autoridades aprobaron una reforma tributaria al vapor so pretexto de que no se cayera el acuerdo con el FMI para que su directorio completara las revisiones quinta y sexta del acuerdo stand-by; luego de lo cual mandaron al FMI a unas largas vacaciones electoreras de más de un año que nos  costaron increíblemente caro; terminadas las cuales  nuevamente  lo estamos llamando.

Todo esto sucedió en nuestras narices, pero parecería que unas hadas nos encantaron y pusieron a dormir en el medio de una fiesta, hasta que llegara el nuevo gobierno; como sucedió en la celebración del bautizo de la princesa Aurora.  Ahora nos han despertado abruptamente con una alarmante situación fiscal que pone en entredicho todo el espectacular crecimiento y pujanza que nos decían que teníamos.

Otra vez sucede que las arcas que recibe un nuevo gobierno están totalmente vacías de haberes y con grandes deudas externas e internas bajo todo tipo de ingeniosas modalidades.  Esta vez la desastrosa situación no tendrá la “excusa” de una crisis bancaria interna, pero tampoco podrá ser utilizada de arma de batalla porque la casa no cambió de dueño, solo de inquilino.

Los contribuyentes  que sostenemos con los impuestos que pagamos este costoso  Estado, podríamos  nuevamente ser exprimidos para intentar sacarnos lo que nos queda para remendar estas maltrechas finanzas, por un gasto que no solamente no decidimos sino del que aparentemente tampoco nos beneficiamos indirectamente pues no se registró crecimiento en la economía. Por eso entre muchas otras cosas habrá que dilucidar a dónde fue a parar buena parte de ese insólito gasto, que al parecer no solo fue irresponsable sino también malicioso.
Marisol Vicens Bello
La Columna de Marisol
Acento.com.do
http://www.acento.com.do/index.php/blog/5807/78/A-donde-fue-a-parar.html
Imagen: Rosa María Antal