Con Odebrecht lo que se firmó no fue un acuerdo de lenidad, sino de impunidad

La Procuraduría tiene a mano identificar sobornados de Odebrecht en Punta Catalina

La Procuraduría General de la República (PGR) puede obligar a la Odebrecht a identificar a los que sobornó por 39.5 millones de dólares para obtener el contrato de la termoeléctrica Punta Catalina y 15.8 millones para otras 7 obras, amparada en los cientos de documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI).

El reclamo tiene fundamento en el acuerdo firmado por la PGR con Odebrecht en el 2017 que obliga a la empresa a entregar toda la información sobre sus actividades corruptas en el país, y hasta podrían anularle el reclamo, en arbitraje internacional, de otros 708 millones de dólares por la construcción de la termoeléctrica.

Son graves revelaciones

Puede ser que la inexplicable militarización del Congreso Nacional haya amortiguado en la opinión pública los efectos de las graves revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht presentados por la periodista Alicia Ortega en la televisión nacional, como fruto del esfuerzo de un consorcio de 50 periodistas de 19 medios informativos de 10 países de América Latina y Estados Unidos, del que ella y su Informe SIN son parte. No son especulaciones, sino la develación de miles de documentos filtrados con datos tan específicos y contundentes que no han podido ser negados.

Aunque la PGR desligó la planta termoeléctrica de Punta Catalina de los sobornos por los cuales en principio imputó a 14 personas para terminar procesando a 6, documentos secretos muestran que Odebrecht transfirió mediante su mecanismo secreto y triangulaciones 39.5 millones de dólares para sobornos vinculados a la obra contratada por 2 mil 40 millones de dólares, además de 15.8 millones, que totalizan 55.3 millones de dólares, para otras 7 obras viales identificadas con nombres y montos.

Fueron identificados 630 pagos secretos del sistema Drousys utilizado por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para los sobornos confesados ante la justicia de Estados Unidos y Brasil, enviados a RD, Venezuela, Panamá y Ecuador entre ellos 118 vinculados al país, de los cuales 62 estuvieron destinados a “la Planta Termo” que se construye en Punta Catalina., entre diciembre del 2013 y diciembre del 2014. Todos con números de requisición y archivo, fecha de envío, y el nombre en claves de los destinatarios.

Son muchas coincidencias

Hay muchas coincidencias que fortalecen las revelaciones del CIPI, comenzando porque la contratación de la termoeléctrica fue otorgada a Odebrecht justo en diciembre del 2013 y aprobada en el Congreso entre mayo y junio del 2014. Los 55.3 millones de dólares para sobornos en RD que aparecen en los papeles del consorcio, apenas superan en 4.5 millones los 50.8 millones de dólares documentados por la PGR cuando hizo las primeras imputaciones por los sobornos en mayo del 2017. La mayoría de estos 33.8 millones, estuvieron en 19 transferencias de tres empresas de Odebrecht a tres de Angel Rondón durante el 2014, otras 14 por 15.8 millones de dólares en el 2013, y la última en enero 2015 por 1 millón 145 mil dólares.

El CIPI presenta los nombres en claves utilizados para los destinatarios en RD, vinculados a la termoeléctrica, tales como Boticario, Casa 1 y Casa 2, Chacabana, Chaplin, Tigres, León Arabe, León Chacara, Forca o Grupo Fechament, con transferencias que pasaban por tres y cuatro cuentas de empresas offshore antes de llegar a la meta, también en offshore, para ocultar los sobornados, según la confesión de Odebrecht ante la justicia de EU y Brasil.

De la denuncia de El Informe de Alicia Ortega, ya tres destinatarios de los pagos secretos fueron identificados: Andrés Dauhajre, José Manuel Guzmán Ibarra y Gregorio Salcedo Llibre, quienes han admitido los pagos recibidos, aunque aduciendo que fueron por asesorías profesionales como economistas. Los dos últimos han renunciado a sus cargos a una sub-administración del Banco de Reservas y a la presidencia de la Bolsa de Valores, respectivamente. Dauhajre y Salcedo tienen en común haber sido consultores de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales en el 2013 y vinculados a las evaluaciones de las ofertas para la termoeléctrica que concluyeron favoreciendo el contrato con Odebrecht en noviembre de ese año. Ninguno ha podido explicar por qué sus asesorías no figuran como gastos normales y fueron pagadas en el esquema de las “Operaciones Estructuradas”.

Para qué tanto dinero

Desde que se conocieron las transferencias de empresas offshore de Odebrecht a otras de Ángel Rondón, en la imputación de la PGR en mayo del 2017, llamó la atención que 50.8 millones de dólares (el 62% de los 82.1 millones de dólares documentados) ocurriese entre enero 2013 y enero 2015 (ya en el gobierno de Danilo Medina) y que la contratación de la planta termoeléctrica, justo en ese período, no apareciera implicada en los sobornos. Se impuso preguntar dónde fueron a parar esos cuartos y con qué objetivo fueron transferidos.

Aunque en el documento de imputación se escribió que los sobornos mediaron “en todas las obras” adjudicadas, una posterior declaración del Procurador Jean Alain Rodríguez, adujo que en la termoeléctrica fue sólo para la aprobación de los contratos por el Congreso. Pero entonces el PLD gobernante e interesado en la contratación tenía casi todos los senadores y mayoría holgada de los diputados, por lo que no se explica las razones para el soborno, y tan solo a un legislador, el senador por San Cristóbal Tommy Galán.

Fácil para Jean Alain

Las revelaciones del CIPI se la han puesto fácil ahora al Procurador General de la República, si Odebrecht no le entregó toda la información referente a los sobornos en RD tras el “Acuerdo de Lenidad” suscrito con la empresa y homologado por el juez Amador Ogando el 19 de abril del 2017, porque ahora tiene suficientes pistas para preguntar, por ejemplo, a quiénes corresponden más de una veintena de seudónimos.

De paso podría dar satisfacción a una opinión pública anhelante de ver alguna seriedad en la investigación nacional del mayor escándalo de corrupción transnacional que ha cobrado la vida por suicidio del expresidente peruano Alan García, y que ha implicado con imputaciones y/o cárcel a otros seis mandatarios de al menos 3 países. No es posible que aquí sólo puedan identificarse los tres economistas que recibieron pagos por poco más de 5 millones de dólares, apenas la décima parte de las transferencias secretas.

La PGR también debe demandar la identidad de las 7 empresas que según el grupo periodístico recibieron 21 pagos por 11.6 millones de dólares para la termoeléctrica. Si la empresa no coopera puede dar por concluido el acuerdo bilateral y pasar a procesarla, como quedó convenido en el acuerdo bilateral.

La Odebrecht no niega

Pero por la reacción de Odebrecht tras las revelaciones del consorcio periodístico, difundida por la agencia EFE, se puede sospechar que la PGR tiene otro camino abierto: apelar concretamente a la justicia de EU y Brasil. La constructora dijo que “todos los documentos y testimonios sobre los hechos ocurridos en el pasado, incluida la base completa de sistema y del antiguo departamento dedicado a sobornos, están hace tres años bajo posesión del Ministerio Público Federal Brasileño y del Departamento de Justicia de EU”.

Llama la atención que la constructora sobornadora no intentó desmentir los documentos develados por el consorcio periodístico, aunque dijo que es equivocado atribuirle omisión y que todos los proyectos mencionados tengan vinculación a la corrupción, pero dejando constancia de que “hay parte relevante de la información que fue puesta a disposición de la justicia en diversos países y todavía no fue hecha pública, en razón de la confidencialidad de los procesos”.

¿Estará la PGR de la RD guardando información por la confidencialidad de los procesos, como aduce Odebrecht? Desde el principio se ha temido que se tomó la decisión de ocultar toda la responsabilidad relacionada con el gobierno de Danilo Medina, por lo cual el país fue de los pocos que no firmó un acuerdo riguroso de cooperación con la justicia de Brasil, ni se interesó en interrogar a los convictos ejecutivos de Odebrecht. Por eso lo que se firmó no fue un acuerdo de lenidad, sino de impunidad, sin auditar para determinar las sobrevaluaciones, ni indagar el financiamiento político, del que ha habido denuncias concretas puestas en manos de la PGR, como las 16 transferencias por 4.4 millones de dólares de Odebrech a CineArt 2013, empresa en el país de Joao Santana, el asesor electoral prestado al presidente Medina, que despachaba en el Palacio Nacional, justo entre octubre del 2013 y julio del 2014, los meses de la planta Catalina.-


Juan Bolívar Díaz

Se le acaba el tiempo Presidente

Tiempo de hablar, presidente Medina

Una de las lecturas bíblicas más recurridas es la del Eclesiastés 3,1-8, que nos dice que todo tiene su tiempo bajo el cielo para los seres humanos, sin excepción, independientemente del poder que hayan acumulado, porque al fin de cuenta todos provenimos del polvo al que vamos a volver. Aunque algunos no seamos más que polvo del camino que vuela azotado por el viento, y otros puedan evolucionar a polvo de estrellas que brillan por los siglos en el firmamento.

Un poeta filosófico como León Felipe preferiría la metáfora de la piedra, pequeña y ligera, que rueda por las calzadas y por las veredas, guijarro humilde de las carreteras, que en días de tormentas se hunde en el cieno de la tierra y luego centellea bajo los cascos y bajo las ruedas. Pero el drama nacional al que se enfrenta el presidente Danilo Medina remite al Eclesiastés, que podría darle algunas luces, si se toma unos minutos alejado del bullicio circundante que lo empuja “con un aullido interminable”:

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 2 Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; 3 tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; 4 tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar; 5 tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar; 6 tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar;7 tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; 8 tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz.

Son muchos los que creen que a Danilo Medina se le está acabando su tiempo de gobernar, que 8 años es bastante en la democracia contemporánea, y que el intento de prolongarlos le va a salir muy caro a él y a la sociedad dominicana, que ya hace rato que está pagando en incertidumbre derivante en zozobra, en amenaza a las instituciones, en profundas divisiones políticas, incluso en el propio partido que lo sustenta.

Como desde el poder es difícil la objetividad, alguien tiene que decirle al presidente que cada semana y cada día que ha pasado en la mitad de este 2019, la inflación de la incertidumbre y el costo de la prolongación se elevan considerablemente y que ya comienzan a poner en juego la estabilidad económica, política y social que ha sido su mayor mérito de gestión.

También debe decírsele que acciones como la militarización del Congreso no tienen justificación y que sólo sirven para deteriorar la imagen de un país que depende excesivamente de factores exógenos, como las remesas de los emigrantes dominicanos, el financiamiento, y  la inversión, así como del turismo, coyunturalmente afectado por elementos fuera de control y por la inseguridad que proyectan atentados como el que hirió al astro beisbolero David Ortiz.

Aunque el continuismo es una maldición desde el origen de la República Dominicana, hay mil razones para que la racionalidad recomiende al presidente Medina que se abstenga de hacer lo que nunca se ha hecho, reformar dos veces consecutivas la Constitución en aras de su propia reelección. Mucho más si el esfuerzo es tan agónico que tiende a desbaratarlo todo y a generar una profunda crisis de gobernabilidad.

El único factor que se ha querido presentar en las últimas semanas como incentivo para que el presidente embarque el país en la peligrosa aventura continuista es el apoyo que le han expresado algunos empresarios, y que se ha vendido como expresión del sector. Pero la lectura de las informaciones y los editoriales, artículos y comentarios  publicados por los periódicos, obligan a repensar si tal apoyo es vigoroso y generalizado.

Hay suficientes señales de que la aventura continuista divide hasta a los empresarios y que la mayoría comparten las mismas incertidumbres y preocupaciones del conjunto social y lo que han expresado las encuestas con un rechazo de hasta el 70 por ciento. Que lean el comunicado publicado este lunes por la Fundación Institucionalidad y Justicia para que lo comprueben. La FINJUS, un órgano del gran empresariado, por alguna razón consideró necesario reiterar su rechazo a la reforma constitucional, que ya había expresado antes en varias oportunidades. Y alerta sobre sus “dramáticas repercusiones sobre la vida social, económica e institucional”, así como también  sobre la “estabilidad democrática de las instituciones”.

Danilo Medina dijo en agosto que ya tenía su decisión y que la haría pública en febrero, hace dos meses estimó que estaba próximo el día, y el lunes que “casi casi”. Se le acaba el tiempo Presidente. Póngale atención al Eclesiastés.-   


Juan Bolívar Díaz
Firme

Elevado déficit de credibilidad

El camino de la reelección está cerrado
Esta semana Felucho Jiménez dijo que el presidente Danilo Medina le dijo que dijera a los medios, para que ellos le dijeran a la gente, que él dijo que no procuraría una nueva reelección.Ese enmarañado juego de palabras, casi un trabalenguas, refleja lo complicado que pudiera ser hoy la malaventura de montar un intento para volver a comprar una reforma constitucional y tratar de que el presidente Medina pudiera reelegirse.

Hay quienes creen que el Presidente pone el tema para que se hable de eso, y que toda cáfila de oportunistas y vividores empiecen a hacerle coro.

Sostienen, los que así piensan, que mientras el presidente Medina mantenga en la prensa una campaña continuista que lo presenta cada día como un Dios que lo resuelve todo, aunque aquí no hay un solo problema social resuelto, sigue acariciando la idea de seguir, y seguir, y seguir...

Porque parece que el presidente Medina y sus asesores brasileños no terminan de internalizar la magnitud de la crisis en que el mandatario está metido.

El doctor Vincho Castillo, para que se tenga una idea, está convencido de que la corrupción de Odebrecht es el tiburón podrido que decía Medina había que tragarse para embarcarse en un proyecto reeleccionista. Y que el Presidente está indigesto.

Como si todo le saliera mal al grupo en el poder, la maniobra política montada con Jean Alain Rodríguez y Francisco Ortega, ha devenido en una caricatura de administración de justicia.

Así porque periodistas de la talla de Juan Bolívar Díaz y Marién Aristy Capitán han advertido que en el mismo expediente que se dice armó Rodríguez y manejó Ortega para apresar y enviar a los imputados a Najayo, están las informaciones para que fueran procesados y juzgados los responsables de recibir los sobornos, y obtener o compartir las ganancias ilícitas de las sobrevaluaciones que se produjeron entre 2012 y la fecha de hoy.

Entre esas sobrevaluaciones se cuentan los 900 o mil millones de dólares que se denunció se produjeron en la contratación de las plantas de Punta Catalina.

El Gobierno navega sobre una crecida mar de falta de credibilidad que se le acentúa por el escándalo Odebrecht, y la presión política y social para que le ponga fin a la corrupción y la impunidad acumulada en una larga retahíla de escándalos sin castigo.

Se recordará que al ser juramentado como candidato presidencial en 2015, Medina juró ante el pueblo y ante Dios que no volvería a repostularse. Dicen que a sus allegados les pide que le lean los labios, para que vean que esta vez no va.

Pero sea que jure ante Dios con los dedos en cruz sobre su boca, que pida le lean los labios, o lo mande a decir con Felucho, el problema del Presidente es que padece de un elevado déficit de credibilidad, ya insuperable.

Que el Presidente no sueñe, que no alucine: el camino de la reelección está cerrado, y más le vale a él y a sus asesores emplear sus mejores energías en prepararse a entregar el poder el 16 de agosto de 2020, sin mayores consecuencias.


Nelson Marte
Periodista
elCaribe

El régimen de Nicolás Maduro hace aguas

Con Venezuela en el corazón
Por más vueltas que se le dé, no hay forma de justificar el silencio ante el rumbo ya abiertamente dictatorial del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y mucho menos para los dominicanos que tenemos una antigua deuda de gratitud y solidaridad con el pueblo venezolano, que se inicia con el exilio del fundador de la República Juan Pablo Duarte, y luego de muchos otros patriotas, especialmente durante la larga tiranía de Trujillo, cuando se llegó al extremo del atentado contra la vida del presidente Rómulo Betancourt, cuya firmeza fue determinante para el aislamiento y liquidación del trujillismo.

Catorce venezolanos, el mayor contingente no dominicano, ofrendaron sus vidas en las expediciones contra la tiranía en 1959. Venezuela fue solidaria cuando la invasión de Estados Unidos en 1965 y defendió la incipiente democracia dominicana ante el intento golpista del 1978. Fue solidario el Pacto de San José, del presidente Carlos Andrés Pérez, renovado y ampliado por el presidente Hugo Chávez. Más de cincuenta mil dominicanos encontraron acogida migratoria tras el apogeo petrolero iniciado en los setenta.

Obligados estamos a ser solidarios con miles de venezolanos que en los últimos años han llegado al país, despatriados por las calamidades políticas y económicas por las que ahora atraviesan. Pero también estamos en el deber de contribuir activamente a lograr una salida a la grave crisis institucional y política que puede derivar en una guerra civil.

La realidad insoslayable es que los venezolanos llevan dos meses de confrontación callejera, con un balance de 59 muertos y cientos de heridos y apresados, y que en los últimos años otros tantos han perdido la libertad o se han visto compelidos al exilio. La crisis alcanzó su máxima expresión cuando la Suprema Corte despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales, con una sentencia tan insólita que tuvo que ser revocada de inmediato.

En medio de una creciente descomposición económica, con devaluación e inflación de tres dígitos, desabastecimiento, creciente desempleo y pobreza, y una de las más altas tasas de homicidio y delincuencia del continente, el régimen de Nicolás Maduro hace aguas, y en vez de conciliar con la oposición política, aumenta la represión y la agresividad.

No se puede ignorar que la crisis tiene raíces profundas, abonadas por sectores políticos y empresariales, ahora enfrentados al gobierno de Maduro, que durante décadas fueron extractores y malversadores de la riqueza venezolana, cuya legendaria corrupción y desacierto determinó el colapso del sistema  político y dejó a esa riquísima nación atada al modelo petrolero que se ha desplomado con la caída de los precios.

El chavismo fue una esperanza de rescate y en su primera fase implicó importantes reivindicaciones sociales, pero sin desatar el nudo petrolero, hasta aterrizar en el actual desastre  económico, social y político. Hugo Chávez fue autoritario y caudillista, pero no se le puede negar su tremendo carisma, por lo cual ganó unas siete consultas populares, a hasta con dos tercios de los votos, en lo que residía su fuerza e invulnerabilidad.

Nicolás Maduro fue su heredero político y apenas superó en un punto porcentual al candidato de la oposición en las presidenciales del 2013, y dos años después ya perdió abrumadoramente el respaldo popular, cuando la oposición consiguió dos tercios de los escaños legislativos. Es lo que explica que el gobierno, con el control de las cortes judiciales y del organismo electoral haya evadido las elecciones de alcaldes y gobernadores que debieron celebrarse al final del año pasado y el referéndum que reclamó la oposición.

El proyecto de una nueva asamblea constituyente, atando de antemano un tercio de sus integrantes, en medio de esta crisis, sin el mínimo intento de concertación con una oposición que las urnas certificaron mayoritaria, es un intento de distracción que sólo conduce a la violencia y la disolución institucional. Desde fuera hay que contribuir a reencauzar el sistema político, abogando por el respeto a la institucionalidad democrática, y los dominicanos, incluyendo al gobierno, tienen que abandonar el silencio y una neutralidad ya insostenible. Nadie que crea en los valores democráticos puede ignorar la realidad ni olvidar la solidaridad venezolana cuando los dominicanos la necesitaron.-


Juan Bolívar Díaz
Hoy  
Viñeta: Jorge Cruz

Sobre valuación obras Odebrecht RD pasarían de mil millones de dólares

La Procuraduría General manipula su generoso acuerdo con Odebrecht
Una semana después del plazo convenido, la Procuraduría General de la República (PGR) parece haber olvidado el generoso acuerdo que firmó con la Odebrecht, en cuyo artículo fundamental la empresa se comprometió a entregar toda la información sobre sus sobornos en el país.

Al entrar en el sexto mes del escándalo, nada se ha avanzado en los cuatro aspectos básicos: los sobornados, la cuantía de las sobrevaluaciones de obras, el financiamiento de campañas electorales y la confesión de que en el 2014 la Odebrecht trasladó al país su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que gestionaba la corrupción transnacional.

El compromiso pactado
Aunque desconocía mandatos de la Ley de Compras y Contrataciones y de la Ley de Sobornos, tanto la PGR como sus abogados justificaron el generoso pacto que permite a la Odebrecht seguir operando en el país, sobre la base de que la empresa brasileña se comprometía a adelantar toda la información sobre sus prácticas corruptoras. Tras su homologación el 19 de abril por el juez Danilo Amador Ogando, el Procurador Jean Alain Rodríguez afirmó que “a pesar de que contemplaba un plazo de 60 días para entregar esa información, la empresa se ha comprometido a  entregarla en menos de 30 días, es decir que el día 19 de mayo tendremos los nombres de los sobornados para poder proceder como manda la ley, caiga quien caiga, y sin excepciones de colores de partidos y de gobierno“.

No faltaron objeciones a tan generoso acuerdo, sobre todo tomándose en cuenta que las autoridades judiciales brasileñas ya se habían comprometido con varios procuradores reunidos al efecto a hacer públicas todas sus investigaciones al comenzar junio, es decir menos de dos semanas después del compromiso de Odebrecht.

Ya el 20 de abril el Ministerio Público de Brasil anunció que había enviado la documentación a la República Dominicana, aunque todavía cinco días después la PGR negaba que la hubiese recibido. Mientras los medios de comunicación descontaban los días que faltaban para que se cumpliera lo pactado con la empresa transnacional.

La sorpresa fue que al cumplirse el plazo, el 18 de mayo, la PGR anunció el recibimiento de la documentación brasileña, y la presentó como cumplimiento del pacto. Por escrito dijo  “que tal y  como se anunció hace un mes, ayer miércoles llegaron las informaciones de Brasil sobre el caso Odebrecht”, agregando que así “se está cumpliendo en tiempo y forma el acuerdo realizado con la empresa Odebrecht”.

Mentira y renuncia de PGR 
Independientemente de lo que dijeron el Procurador y sus abogados para justificar el acuerdo, lo pactado es que la Odebrecht entregaría toda la información local que posee, no lo que pudo reunir la justicia brasileña, donde no habría interés en los detalles de cómo operaron los sobornos en cada uno de los 12 países involucrados. Esos detalles fueron los contemplados en el artículo 1 del acuerdo, que se  cita en recuadro anexo. Un ministro dominicano, que no firmó ni ejecutó contratos, aparece señalado en un testimonio judicial en Brasil como receptor de ayuda para campaña electoral, pero sin indicarse monto.

Si era por lo que la justicia brasileña haría público en junio, no se justificaba el trato generoso a la Odebrecht por dos semanas de antelación. Pero decir que eso fue lo que se pactó en el acuerdo es una ofensa a los que saben leer. La PGR parece  renunciar a exigir a Odebrecht los detalles sus operaciones corruptas, como indica el acuerdo homologado por el juez Quevedo, derivando esa responsabilidad a lo que quiera o pueda testimoniar su intermediario ejecutivo Angel Rondón. Fuentes informadas adelantan un trato generoso con éste, excluyendo del expediente a una hija con responsabilidad en una empresa implicada.

Tal era el compromiso, que un párrafo del artículo 3 del acuerdo establece que “El incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de las cuotas en la extensión y en los plazos convenidos en este acuerdo, facultará al MP a dar por terminado el presente acuerdo, a retener las sumas que hubiesen sido pagadas, y a reiniciar las persecuciones penales y civiles en su contra, como si el presente acuerdo nunca hubiese sido suscrito“.

Nada de sobrevaluaciones
Aunque la misma confesión de Odebrecht indica que por sus sobornos derivó beneficios de 163 millones de dólares en RD, lo que implica sobrevaluaciones, el acuerdo se limita al cobro y en plazo de ocho años, de la multa por los sobornos, y entrado el sexto mes del escándalo, ahora es que se anuncia que en junio la Cámara de Cuentas podría iniciar auditorías a las obras realizadas por Odebrecht en el país, exceptuando las que aún están en ejecución, que incluyen las plantas de carbón por 2 mil millones de dólares. Hace apenas un mes que la PGR pidió esas auditorías.

Es criterio generalizado, como consignó el economista Pedro Silverio, vicerrector Académico de la Universidad Católica Madre y Maestra, que soborno implica sobrevaluación. Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, uno de los ejecutivos de las “Operaciones Estructuradas” de Odebrech, preso y encausado, testimonió ante los fiscales que para sobornar la empresa aplicaba una tasa de 22 por ciento sobre el valor de sus obras.

Si esa tasa se aplicó a todas las obras contratadas en el país entre el 2001 y 2014, con un monto alrededor de 6 mil millones de dólares, incluidas las plantas de carbón en el 2013, la sobrevaluación pasaría de mil millones de dólares, más de once veces  la sumatoria de sobornos confesados. En un cotejo de 8 de los 18 contratos otorgados en el país a la constructora brasileña, se estableció que las obras concluyeron con adendas sobre 34.5 por ciento de lo originalmente acordado.


Mónica Moura y Joao Santana
Financiamiento de campañas
Las autoridades dominicanas sólo se refieren a los sobornos, ignorando otros componentes graves del escándalo de Odebrecht, como el financiamiento de las campañas electorales. Y las manipulaciones se centran en la morbosidad de saber quiénes recibieron sobornos, hasta esto banalizado y convertido en chercha degradadora por diligentes voceros que esta semana pusieron en circulación cuatro listas de sobornados, hasta falsificando un documento oficial de la justicia brasileña, sustituyéndole una página para incluir 26 nombres de dominicanos, incluyendo reputados periodistas y un empresario.

Si la PGR da crédito a los sobornos en los testimonios ante la justicia brasileña, debería hacer lo mismo sobre el financiamiento de campañas electorales, y ahí están los de los directores del Departamento de Operaciones Estructuradas, Heriberto de Souza Silva, Fernando Miglaccio y Luiz Eduardo De Rocha Soares. Los tres han explicado cómo financiaban campañas electorales en Brasil, El Salvador, Venezuela, Panamá, Angola y República Dominicana, a través de Joao Santana y su aesposa Mónica Moura.

No han faltado detalles como el uso de la offshore Shellbil Finance para transferir dinero de Odebrecht a las cuentas de Santana y Moura, apresados en abril del 2016, cuando asesoraban la campaña reelecionista del presidente Danilo Medina. Cuatro entidades sociales pusieron en manos de la PGR una denuncia de la tortuosa ruta que siguieron 16 transferencias por 4 millones 396 mil 796 dólares, entre 2013-14, de la cuenta Heritage en Suiza, pasando por diferentes empresas peruanas ligadas a Odebrecht para terminar en la cuenta de Cine&Art 2013, registrada en Santo Domingo por asociados de Santana.

RD paraíso de corrupción 
El cuarto elemento del escándalo es el testimonio de los ejecutivos de Odebrecht de que cuando las investigaciones brasileñas apretaron en el 2014, trasladaron sus “Operaciones Estructuradas” a la República Dominicana.

En su testimonio, ya publicado por la fiscalía brasileña, Fernando Migliaccio detalla cómo en una reunión con él y Heriberto da Silva, en julio del 2014, el jefe supremo Marcelo Odebrecht instruyó para que los de las Operaciones Estructuradas salieran de Brasil, que “orientó para que eligieran el lugar a donde se mudarían, pero que fuera de inmediato”, y optaron por República Dominicana, aunque Migliaccio se mudó a Miami, de donde viajaba al país cada semana.

Eso podría explicar por qué una cuenta de Joao Santana en el Heritage Bank de Suiza, tenía acumulados 21.6 millones de dólares en el 2015, incluso con 10 transferencias de 500 mil dólares cada una procedentes de República Dominicana, según reveló el 19 de marzo el reconocido diario brasileño O Globo, citando documentos.

Ninguna autoridad judicial, ni política o gubernamental, se ha referido a este aspecto cardinal del escándalo de corrupción transnacional más grande de la historia que llegó a utilizar el país como plataforma operativa. Tal vez por el poder que tenía aquí el asesor presidencial Joao Santana, hasta el día en que fue requerido por Brasil para ser recibido con esposas, encarcelado y ya condenado a 8 años de cárcel, lo que ni siquiera se ha deplorado aquí, en el paraíso de la corrupción y la impunidad.-
   
Del acuerdo entre la PGR y Odebrecht homologado por el juez Danilo A. Quevedo
Artículo 1. Objeto del Acuerdo. El objeto del presente acuerdo es convenir el compromiso de Odebrecht de cooperar con la investigación en curso que está siendo realizada por el MP, en aras de determinar los responsables locales de las prácticas de sobornos reconocidas por Odebrecht bajo los indicados Acuerdos de Lenidad, y en ese sentido Odebrecht se compromete formalmente, a título enunciativo y no limitativo, a suministrar toda documentación e información que posea, conozca y conserve de los hechos vinculados a la República Dominicana y toda información útil que obtenga en relación a los mismos, que permita al MP:

i) Identificar los funcionarios públicos sobornados en la República Dominicana, y toda la información que conduzca a determinar co-autores y cómplices;

ii) Identificar las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados;

iii) Identificar las personas físicas y jurídicas que facilitaron y/o coadyuvaron a entregar los sobornos;

iv) Indicar los montos de los sobornos entregados y el mecanismo financiero utilizado para hacerlos llegar a los sobornados, intermediarios o personas interpósitas, debiendo suministrar en ese sentido las cuentas bancarias, registros contables y cualquier otra información relevante a tales fines;

v) Prestar declaraciones en el marco de las solicitudes de cooperación internacional y comisiones rogatorias realizadas por el MP;

vi) Aportar al MP todas las aclaraciones y/o precisiones, documentos, testimonios y cualquier otro medio de prueba relacionadas a los Hechos Declarados y Admitidos bajo los Acuerdos de Lenidad, esto es, que establecen que “entre el 2001 a 2014 realizó pagos por la suma de US$92 millones de dólares a funcionarios públicos del Gobierno de la República Dominicana, directamente o a través de intermediarios, a los fines de facilitar o asegurar ciertos contratos de construcción…


Juan Bolívar Díaz
Hoy

Como Baninter...

RD: todas las posibilidades

Lo que gran parte del país vio en el reportaje periodístico de Alicia Ortega la noche del lunes y en días sucesivos es un estremecedor acontecimiento, que desnuda la dramática anomia de la sociedad dominicana, la inoperancia de sus instituciones y los niveles de  impunidad que padecemos, indicadores de que somos un paraíso de “todas las posibilidades” que no se extinguieron con la quiebra del Baninter.

Se apreció a un funcionario acorralado, sin poder articular una sola respuesta a legítimos y documentados cuestionamientos, hasta el punto de provocar una mezcla de indignación y pena, por este país y hasta por ese ser humano que parecía enfermo, estremecido anímicamente por las preguntas muy bien conducidas de una periodista que demostró un dominio absoluto y sereno de la información en que se fundaba.

No se trató de un linchamiento a un empresario, como algunos han querido sellar, Diandino Peña ha sido un alto funcionario público por más de 17 de los últimos 21 años, primero como secretario Administrativo de la Presidencia, luego Secretario de Obras Públicas (ahora son ministros) y desde el 2008 director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que construye el metro de Santo Domingo, con inversión de  unos 2 mil millones de dólares. Si se cuantificara lo que manejó en los otros cargos,  pasaría de los 3 mil millones de dólares, casi 150 mil millones de pesos.

El ingeniero Peña no ha podido responder por qué ocultó en reiteradas “declaraciones juradas de bienes”, dispuestas por ley, su maraña de 29 empresas interrelacionadas, 15 en paraísos fiscales del exterior, en gran mayoría constituidas durante sus altas funciones públicas, ni cuál fue la inversión en su lujosa torre hotel en Naco, llamada “el metrico”, que la investigación cuantifica en al menos 788 millones de pesos.

Basada en los “Papeles de Panamá”, millones de documentos sobre los turbios  paraísos fiscales, y otras investigaciones, Alicia Ortega encueró la enorme fortuna del funcionario, que es justo reconocer comenzó en su etapa de empresario, pero los registros mostrados indican que en su mayor parte durante su gestión pública. Los documentos fundamentales fueron expuestos y lo desafían a dar explicaciones como administrador de fondos del erario nacional.

Resulta impresionante que el ingeniero Peña firmara juramentos de que sólo vive del sueldo de 150 mil pesos en la OPREP, y que no posee bienes inmuebles ni muebles. Ni siquiera declaraba una casita de clase media, sin que le reclamaran el pago de impuestos por una enorme fortuna que todo el país le veía.

Asoman ahora expresiones de cinismo y ataques a la periodista que ha hecho tan responsable develación. Se le quiere atribuir a la coyuntura política un reportaje que tomó meses de investigación con el auxilio de una colega del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, como nos consta desde fines del año pasado.

Que las revelaciones tienen incidencia política no hay la menor duda, pero es errática la interpretación de que desvía la atención de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Por el contrario, la incentiva al elevar la indignación por tratarse de un funcionario fundamental de los últimos gobiernos, incluyendo el actual.

Pero sin duda incide en la lucha interna del partido de gobierno, en beneficio del grupo del presidente Danilo Medina al poner más a la defensiva al otro sector, el encabezado por el expresidente Leonel Fernández, a quien Peña está íntimamente vínculado, en momentos en que se debate quién pagará por el escándalo Odebrecht, que algunos querrían aprovechar para zanjar definitivamente el liderazgo partidario. Podría cuestionarse la oportunidad de la publicación, pero no el contenido ni la entrevista al funcionario que Alicia Ortega  advirtió sería “sobre el metro y su trayectoria empresarial”,  a menos que la confundieran con la acreditada cronista social Cándida Ortega.

Escrito este artículo, se produjo la noche del viernes la destitución de Diandino Peña, lo menos que podría esperarse. Lo demás, su procesamiento judicial, eso será objeto de negociaciones políticas, como en los casos de Félix Bautista y Díaz Rúa.-


Juan Bolívar Díaz
Hoy

Investigación oficial caso Odebrecht es inoperante

Díaz afirma RD trata ignorar escándalo sobornos
El periodista y analista político Juan Bolívar Díaz afirmó ayer ante la Asamblea Nacional del Foro Ciudadano (FC), que el caso Odebrecht, que estalló en diciembre pasado es el mayor escándalo transnacional de la historia, y que en República Dominicana la justicia no ha producido la primera coerción, esperando que le caigan desde el nublado cielo brasileño.

Cuestionó la inoperancia de la investigación judicial, señalando que desde el 12 de enero se interrogó al agente de Odebrecht, Angel Rondón, y el procurador general Jean Alain Rodríguez, lo identificó como el repartidor de los sobornos locales. Dijo que en Colombia, donde los sobornos fueron por 11 millones de dólares, al mes de la denuncia establecieron los dos funcionarios que los recibieron, encarcelados e imputados.

Sostuvo que el escándalo Odebrecht involucra el pago de sobornos por 788 millones de dólares a gobernantes y políticos de 11 países latinoamericanos y Angola, y que la justicia de Estados Unidos devela un inmenso entramado de corrupción montado por la constructora y agentes políticos, con la mayor proporción relativa en la República Dominicana, tanto en monto de sobornos, por 92 millones de dólares, como por las sumas implicadas en contratos.

En un contundente documento expuesto por Díaz ante decenas de dirigentes de organizaciones populares y de la sociedad civil, agrupadas en FC y que se dieron cita en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), analizó la crisis política e institucional que afecta al país. Sostuvo que el caso Odebrecht se agravó por operar desde el país el financiamiento de campañas electorales en varias naciones a través del asesor político del presidente Danilo Medina, Joao Santana, y su esposa Mónica Moura, hasta sus encarcelamientos en febrero del 2016 y posterior condena.

Indicó que Medina y el secretario general del partido gobernante (PLD), Reinaldo Pared Pérez, han dicho que no prevalecerá la impunidad, pero ha faltado una condena contundente al entramado de corrupción nacional y transnacional operado en el país.


Llenis Jiménez
Hoy

Acuerdo PGR / Odebrecht con un alto tufo de impunidad

Falta mucho para saldar el escándalo Odebrecht
El Gobierno del presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lograron un respiro con el testimonio de Mónica Moura, quien en su declaración ante el tribunal electoral brasileño negó que se utilizaran recursos de Odebrecht en las campañas electorales que ella y su esposo Joan Santana asesoraron en el país.

Ese primer éxito en el calvario de cuatro meses fue seguido por otro, el haber logrado que un juez validara el acuerdo de la Procuraduría General de la República (PGR) con la empresa constructora, pero con tan alto tufo de impunidad que parece otro soborno y reactiva la indignación nacional por el escándalo, faltando muchas explicaciones.

Un éxito preanunciado 
El Gobierno estaba preparado para, tras la pausa de la Semana Santa, intentar salirse del cerco en que lo ha situado el escándalo de los confesados sobornos de Odebrecht para obtener contratos de obras en el país y las denuncias de que financiaron las campañas electorales del presidente Medina. El activo ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, había anunciado que esperaran el testimonio que se presentaría esta semana, sólo que lo atribuía a João Santana y le tocó a su esposa Mónica.

Peralta demostró estar bien informado, porque sostuvo que ese testimonio demostraría que no hubo dinero de Odebrecht en la campaña de Medina, y así lo repitieron los voceros del PLD en los medios de comunicación, incentivando las versiones de que han mantenido contactos y posibles tratativas con los Santana-Moura. Se sostiene que uno de los hijos de João y gente de su equipo todavía trabajan para el gobierno dominicano.

Tan pronto se produjo, al inicio de la semana, la PGR logró que el juez Danilo Amador Quevedo validara el acuerdo que el 1 de marzo había rechazado el juez Juan Alejandro Vargas, sin pérdida de tiempo, al día siguiente de haberse informado la recurrencia. Se evade un juicio que prolongaría indefinidamente el escándalo y podría arrojar informaciones más comprometedoras.

La principal motivación de la PGR para justificar un acuerdo que ha sido calificado como “otro soborno de Odebrecht”, es que la empresa se compromete a entregar a más tardar el 19 de mayo, la lista de los sobornados, y que eso permitirá procesarlos. El costo de impunidad para Odebrecht es alto, sobre todo porque existe el compromiso de que esa lista sería aportada por las autoridades judiciales de Brasil a partir del 1 de junio, es decir que se conseguiría en dos semanas sin costo alguno.

Faltan los US$163 millones 
La PGR ha justificado el acuerdo en que Odebrecht se compromete a pagar en los próximos 8 años, hasta el 2025, la multa por el duplo (US$184 millones) de los US$92 millones que confesó haber pagado en sobornos para obtener contratos en el país, dejando en el olvido los US$163 millones que obtuvo de los mismos actos de corrupción admitidos.

El experto Enmanuel Cedeño Brea, en Acento, calcula el valor neto que recibirá el país por el acuerdo. Con una tasa de descuento por los intereses a 8 años, concluye en que serían sólo US$137, 865,764, que el “valor del dinero en el tiempo” le aporta a la empresa un descuento de US$46, 134,236, equivalente al 25 por ciento.

Así como RD es, de los 9 países involucrados en el escándalo, el que no ha adoptado ninguna coerción, pese a liderar proporcionalmente el volumen de sobornos tanto en lo pagado como en relación a lo contratado, es el primero que cierra un acuerdo con la sobornadora, garantizándole que no habrá procesamiento de sus ejecutivos y que podrá seguir realizando obras en el país, en violación a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y la propia ley sobre sobornos. En lo inmediato se ayuda a Odebrecht a iniciar un camino que pudiera estabilizarla en los mercados, evitando su posible quiebra, en cuyo caso el país no recibiría el grueso de los US$184 millones.

Lo de que el acuerdo es “oportunidad” para otro soborno parte del generoso trato dado a la empresa, sin imputación previa. La mejor prueba es que, con el anuncio del acuerdo en febrero, sin que hubiese sido validado u homologado por un juez, la PGR dijo que ya había recibido los primeros 30 millones de dólares, que por cierto nunca se ha dicho por dónde ingresaron al Estado, pero que según versiones fueron destinados a cubrir necesidades del Ministerio Público, completando el soborno.

Otros graves testimonios
La indignación generada por el acuerdo de la PGR con Odebrecht superó con mucho el respiro de la declaración de Mónica Moura, que tiene algún valor, pero no supera otras declaraciones de ella misma, de João Santana y sobre todo de sus jefes del Departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, Fernando Migliaccio e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, quienes identifican tanto a Moura como a João Santana como los ejecutivos internacionales de una trama de financiamiento electoral, identificando a República Dominicana, junto a Panamá, Venezuela, El Salvador y Angola.

El reconocido diario O Globo dio cuenta de los testimonios de los esposos Moura-Santana en su “delación privilegiada” ya validada por el Tribunal Supremo de Brasil, donde admitieron que se involucraron en financiamientos irregulares en campañas electorales de Medina, Chávez, Maduro, y Funes, que “ninguna de las campañas en que participaron fue dejada fuera de las denuncias”. En su primera declaración, se quedaron en cuestiones banales, por lo que tuvieron que hacer una segunda arrojando mayor información, sin que nadie pueda garantizar que lo han dicho todo.

Se ha publicado preguntas y respuestas de Fernando Migliaccio ante el Tribunal Electoral, y cuando le preguntaron si sabía para qué se destinaba el dinero que enviaba a !Feira” (seudónimo de Moura, respondió: “Sabía, porque había momentos en los que había cruce de programas. Así, por ejemplo, tenía elecciones en Brasil, pero además tenía en la República Dominicana y en El Salvador, por ejemplo. No tengo de si son esos todos los países”,,, “Yo sabía exactamente que estábamos pagando por las elecciones, pagamos su trabajo en las elecciones, muy bien hecho por cierto, su trabajo en El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicana y Panamá”.

No es para celebraciones
Son tantos los testimonios que presentan a João Santana y a Mónica Moura como ejecutivos de una red mafiosa de delincuentes internacionales, comenzando en Brasil, que la negativa de ella esta semana queda en lo relativo. Incluso admitiendo que pudiera ser este el único país donde ellos no aplicaron dinero de Odebrecht en las campañas, de cualquier forma eran delincuentes que operaban hasta en el palacio de gobierno hasta ser apresados.

Existe el testimonio de empresarios dominicanos de que contrataron a Santana para la campaña del 2012, pero eso no demuestra que paralela y posteriormente no hubiese dinero de Odebrecht en sus diversas tareas políticas, que no sólo incluyeron asesoría, sino también elaboración y pago de saturante publicidad y documentales. El Gobierno y el PLD han celebrado pero sin informar nada. Por ejemplo, cuánto costó la contratación de los Santana. Ni han respondido quién desde Santo Domingo hizo diez depósitos de 500 mil dólares en una cuenta en Suiza de João que sumaron 5 millones de dólares.

También merece explicación la revelación de que en una triangulación originada en fondos de Odebrecht, la Shellbil Finance SA, depositaba dinero en la cuenta de la empresa de João, Polis Caribe, en Santo Domingo, y que bajo el mismo esquema la Isagón SAC, de Perú hizo 8 depósitos, entre 2011 y 2014, en la cuenta de la empresa Cine y Art 2013, creada en Santo Domingo por un asociado de Santana, por un total de 4 millones 396 mil 796 dólares. En todos esos casos se citan bancos locales a través de los cuales ingresaron y salieron depósitos, lo que es de fácil comprobación.

Ah! y deben esperarse explicaciones al testimonio de los jefes de las Operaciones Estructuradas de Odebrecht, de que cuando la investigación Lava Jato les complicó el panorama, trasladaron sus actividades al paraíso denominado República Dominicana.-

Juan Bolívar Díaz

Hoy

Movimiento Verde: policlasista, multisectorial y dirección colectiva

Desafíos del Movimiento Verde tras su indiscutible impacto
La marcha del domingo 26 de marzo contra la corrupción y la impunidad en Santiago superó todos los vaticinios y ya no dejó la menor duda de la fortaleza de la mayor movilización social de la historia del país al margen de los partidos políticos y los sindicatos, sin quemar una goma ni tirar una sola piedra y con incorporación masiva de las clases medias.

El Movimiento Verde, que ha cifrado su éxito en su carácter policlasista, multisectorial y de dirección muy colectiva, que ha dejado al Gobierno y su partido desconcertados y sin respuesta, afronta ahora el desafío de manejar su diversidad y evitar el aventurerismo, para lograr una consolidación que le garantice alcanzar sus objetivos.

Santiago es Santiago
Volvió a cobrar vigencia el acertijo de que “Santiago es Santiago”. Prometieron que superarían el tremendo éxito de la manifestación del 22 de enero cuando decenas de miles de capitalinos marcharon despertando sectores sociales adormecidos, y lo lograron. Entre observadores sociales hay consenso en que la marcha del 26 en “la Ciudad Corazón” alcanzó las dimensiones de la capitalina y la superó por lo menos en entusiasmo y creatividad, incluyendo una comparsa carnavalesca con máscaras que proclamaban el fin de la impunidad.

Tras esta manifestación, las centenares de bocinas gubernamentales en los medios de comunicación y las redes sociales tuvieron que admitir que están frente a un fenómeno social y fueron reprogramadas, enfilando ahora sus cañones a la difusión de intrigas que procuran incentivar competencias y división en el múltiple liderazgo del movimiento.

Ya el 5 de marzo en Puerto Plata tuvo lugar otra marcha multitudinaria y constituyó un éxito el libro verde que en febrero logró reunir 312 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas demandando el fin de la impunidad para contener la expandida corrupción gubernamental y política.

Entre el 13 y el 19 de marzo, una llama verde recorrió el país expandiendo y generalizando el sentimiento de indignación que se agiganta en la medida en que pasan meses sin la menor coerción judicial por el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht, que alcanzó aquí el mayor nivel en términos proporcionales. El verde fue enarbolado hasta en los estadios de béisbol del país y Miami.

Una gran diversidad
La principal característica del Movimiento Verde es su heterogeneidad y el papel protagónico de las clases medias, a través de grupos emergentes que no conocían el fragor de las protestas callejeras.

Pero su dirección no es tan improvisada, pues incluye entidades sociales con experiencia en las movilizaciones que lograron la inversión del 4 por ciento en educación, que levantaron campamentos para oponerse a la construcción de una cementera en el Parque Nacional de Los Haitises y a una explotación minera la loma Miranda.

Más recientemente esos movimientos sociales lograron la recuperación de la Bahía de las Águilas y del barrio Los Tres Brazos y paliar la desnacionalización de los domínico-haitianos con la Ley 169-14.

El Foro Ciudadano, que agrupa a más de cien entidades sociales y comunitarias; el Centro Bonó, el movimiento Participación Ciudadana, Copadeba, Acopro, Poder Ciudadano y el Centro Juan XXIII ya habían sido protagonistas en las coaliciones por la Educación Digna y Justicia Fiscal.

Están también agrupaciones sociales, barriales y campesinas vinculadas a las viejas luchas populares, como el Frente Amplio de Lucha Popular, Feflas, Articulación Nacional Campesina y Conamuca. Y resaltan nuevos agrupamientos, en especial cibaeños, como la Fundación Masada, Santiago Somos Todos y Somos Pueblo.

El movimiento ha tenido decenas de voceros en sus actividades y presentaciones mediáticas, muchos de ellos jóvenes debutantes en las luchas sociales, pero ha contado con la experiencia de incansables activistas como María Teresa Cabrera, Manuel Robles, Mario Bergés, Mario Serrano, Fernando Peña, Domingo de la Cruz, fortalecidos con profesionales como José Luis Taveras, Lucienne Carlo, Giovanny D´Alesandro, Ricardo Ripoll, Mario Fernández y otros.

Han contado con un amplio apoyo en los medios de comunicación, expertos en publicidad y en el manejo de las redes sociales y de periodistas de la categoría de Altagracia Salazar, Ricardo Nieves, Jhonatan Liriano, Natalia Mármol y Franiel Genao.

Sin partidos ni sindicatos 
En la memoria colectiva hay coincidencia en que las manifestaciones del Movimiento Verde son las mayores protagonizadas en el país sin el concurso directo de grandes partidos ni del movimiento sindical cada vez más distante de las luchas populares.

Aunque el mayor partido de la oposición, el Revolucionario Moderno, las ha respaldado desde el principio, sus dirigentes no han tenido incidencia. Lo mismo los de Alianza País, Alianza por la Democracia, Opción Democrática, Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, Partido Comunista del Trabajo, Patria para Todos y otros partidos. Han respetado el carácter apartidista del movimiento, aunque a título particular profesionales y cuadros vinculados a ellos han tenido participación en tareas organizativas.

Otra característica relevante del movimiento contra la corrupción y la impunidad es que no ha levantado reivindicaciones sectoriales, como tampoco ha quemado una goma ni se ha ejercido presión para lograr participación o paralizaciones de actividades, a diferencia de las grandes jornadas de lucha popular y paros generales de las décadas de los ochenta y noventa.
Su carácter absolutamente pacífico ha facilitado la incorporación de las clases medias en proporciones sin precedentes.

Al principio las bocinas gubernamentales pretendieron estigmatizar el movimiento atribuyéndolo al PRM, lo que abandonaron cuando la encuesta Gallup mostró que el 91 por ciento de la población lo respaldaba. Luego han querido afiliarlo a los intereses de los generadores eléctricos, pero cada vez es más evidente que tiene un carácter masivo, con costo mínimo, porque no reparte ni regala nada, como tampoco promete. Los paraguas, camisetas y gorras verdes se venden y la mayor parte cubre su transporte.

Los próximos pasos
Con el mes de abril comienza un segundo trimestre clave para el movimiento contra la corrupción y la impunidad, para alcanzar junio-julio, cuando se espera que la justicia brasileña haga públicas todas las implicaciones del escándalo Odebrecht que, según se adelanta, sacudirán el sistema político de los países implicados.

Después de las manifestaciones masivas, los activistas del movimiento discuten este fin de semana los próximos pasos para mantener encendida la llama que ha conmovido la nación.
Tienen pendiente terminar de recoger los libros verdes esparcidos por todo el país y en el exterior y presentar un balance que habría duplicado las 312 mil firmas de febrero.

También se contempla la posibilidad de algunas marchas regionales en el Sur, Este y Nordeste y enfatizar en la necesidad de profundas reformas políticas, electorales e institucionales fundamentales para combatir la corrupción y la impunidad.

No han faltado propuestas de una paralización nacional, pero predomina la convicción de que ese es un recurso extremo, descartado en la actual etapa de espera del desenlace judicial y que podría implicar recogimiento de los importantes segmentos de las clases medias, fundamentales en la lucha contra la impunidad, por su mayor independencia económica y su influencia en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la opinión pública. En todo caso buscan mantener el consenso, aunque implica mucho tiempo.


Juan Bolívar Díaz
Hoy

Es ahora o nunca, dominicanos!

Ahora o nunca (It's now or never)
En amplios sectores de la sociedad dominicana existe hoy la convicción de que los niveles de anomia social, con burla sistemática de la Constitución y las leyes, de corrupción y descarada impunidad han tocado fondo, agrietando gravemente el funcionamiento institucional de la nación y reproduciéndose en la delincuencia general que amenaza la seguridad de la inmensa mayoría honrada y trabajadora.
A ese despertar de la por tanto tiempo adormecida conciencia ciudadana se atribuye el éxito del espontáneo movimiento social que proclama el fin de la impunidad, que reúne multitudes y logró en tres semanas el aval de más de 312 mil dominicanos, con muy limitados recursos financieros, sin pagar un peso ni prometer empleos o subsidios.

El grito generalizado es ¡ahora o nunca dominicanos!: nos levantamos de la indiferencia, la tibieza y la complicidad pasiva o nos sorprenderá una grave crisis de insostenibilidad financiera y el imperio de las bandas de traficantes de todo género, de delincuentes trajeados y barriales que impondrán un estado en el que no habrá seguridad para nadie.

Debemos empoderarnos definitivamente y romper los silencios de las academias, de los intelectuales, de los militantes políticos responsables, del liderazgo empresarial y religioso, convencidos de que este es el único lugar donde no somos extranjeros y de que las puertas de la migración se están cerrando. Que no podremos enviar otros casi dos millones de dominicanos hacia el exterior, como en el último medio siglo para que nos sostengan sus remesas.

¡Ahora o nunca! detener el robo público para financiar campañas millonarias de años hasta para ser regidor y que entrega parcelas del Estado a los grupos de traficantes políticos, y para que las decisiones gubernamentales dejen de estar determinadas por el rentismo empresarial y el clientelismo populista. Para que las leyes dejen de ser simples sugerencias, para que establecer la separación de poderes.

¡Ahora o Nunca! para que no tengamos decenas de vicecónsules en cada país, 12 embajadores en la ONU o 36 subdirectores en Bienes Nacionales, ni cuatro mil botellas en el CEA y dos mil en algo llamado INESPRE.

¡Ahora o nunca! para que las auditorías de la Cámara de Cuentas, la mayoría con documentación de la corrupción, se traduzcan en acciones judiciales. Para que los terrenos estatales no se repartan o vendan a precio de vaca muerta. Para que ningún funcionario pueda auto multiplicarse sus ingresos ni gastar más de lo que se presupuesta.

¡Ahora o nunca! para que obliguemos a aprobar una ley de partidos que llevamos 25 años discutiendo, no “la posible” que se nos quiere imponer, sino la que garantice la democracia interna y transparente el origen y el uso de los recursos, con sanciones operativas para el latrocinio y el abuso de lo público.

¡Ahora o nunca! para que sanciones la sobrevaluación, que ya llega hasta el 100% en las compras y contrataciones, para que no haya que pagar comisiones por obtener contratos y luego para cobrar, para que no vendan por cheles los terrenos, los parques ni los barrios ni las minas, y para que los políticos no se puedan convertir de la noche a la mañana en grandes empresarios que nos estrujan impúdicamente el fruto del robo público.

¡Ahora o nunca! para que no se roben la electricidad, ni los cables eléctricos y telefónicos, ni las barandillas de puentes y verjas, ni los féretros recién sepultados, ni vendan las áreas protegidas. Y para que el dinero no logre absoluciones ni determine decenas de reenvíos judiciales o lleve grandes delincuentes a vivir en las clínicas.

¿Ahora o nunca! para que la anomia y la corrupción generalizada no sigan incentivando la delincuencia que mata a una niña para robarle u celular, o a un platanero para quitarle el beneficio de la jornada. Para que podamos restablecer la seguridad.

¡Ahora o nunca! no para deponer a ninguna autoridad, sino para que cumplan su responsabilidad o se vayan si no pueden. Es ahora o nunca, dominicanos!


Juan Bolívar Díaz
Hoy

Masacre de San Valentín debe abonar lucha contra corrupción e impunidad

Tres víctimas de la impunidad
El asesinato de dos acreditados periodistas comentaristas en pleno ejercicio en una estación radiofónica en una plaza comercial de San Pedro de Macorís, a media mañana del día de San Valentín, se ha constituido en una inmensa tragedia que conmociona a la sociedad dominicana y afecta el ejercicio del periodismo en el país, con repercusión internacional.
Más trágica aún es la versión de que la irracional y arbitraria muerte de los comunicadores Leo Martínez y Luis Manuel Medina tuvo origen en otro escándalo de corrupción estatal y de la ya intolerable impunidad que campea en la sociedad dominicana, porque habría sido la impotencia ante una vulgar estafa lo que disparó el arrebato del victimario José Rodríguez, quien a su vez también ha perdido la vida.

Las sombras que proyecta esta tragedia son tan ominosas que el Poder Ejecutivo designó el viernes una comisión, para que en el plazo de una semana rinda un informe sobre la venta y compra de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar que la habrían originado, de acuerdo a testimonios que circulan en San Pedro desde el mismo día de la ocurrencia. Los comisionados son los mismos que hicieron un trabajo honesto en el escándalo de Los Tres Brazos, por lo que debe esperarse un informe sin contemplaciones. Aunque en ese caso se adoptaron algunas recomendaciones, aún prevalece la impunidad.

El CEA ya confirmó que vendió una parcela a José Rodríguez, en agosto del 2015, con un adelanto de 119, 500 pesos, el 35 por ciento, y que le devolvió esa suma el mes pasado, tras su reclamo de meses, porque no le habían entregado el terreno contratado. Pero Rodríguez quería que le devolvieran “todos sus cuartos”, lo que implica que habría pagado el peaje que hace años, es secreto a voces, engrosa fortunas por la venta a precio de vaca muerta de las tierras de lo que fuera la próspera industria azucarera estatal, la cual llegó a disponer de 2,200 kilómetros cuadrados, el 4.5 por ciento del territorio nacional.

Según los testimonios, Rodríguez había llegado a amenazar con hacerse justicia violentamente si no le devolvían todos sus cuartos, lo que originó una intervención mediadora de los dos periodistas victimados. Cuando el día 14 Leo Martínez le habría dicho que ya no podía hacer más para que le devolvieran todo su dinero, Rodríguez, definido como un caso de bipolaridad, con tendencia a la violencia y drogadicto, tuvo el arrebato contra los mediadores y de paso contra la secretaria Dayanina García, gravemente herida. Requiere explicación la versión de que el mismo terreno había sido vendido o asignado a un hijo de Martínez, lo que sería otro ingrediente de la tragedia.

Todos los indicios son de que esta es una de las centenares o miles de operaciones mafiosas que se han realizado con los terrenos del CEA, algunas tan monumentales como la venta en el 2010 a “Cleopatra Caro Cruz”! de un millón 593,257 metros cuadrados por 10 millones 134 mil pesos, es decir a 6 pesos el metro. O el arrendamiento de grandes extensiones del ingenio Porvenir a una empresa española en el 2011, que también fueron asignadas a dominicanos, lo que llegó a originar incidentes, dos muertes violentas y protestas de la embajada de España.

La masacre de San Valentín en Macorís debe abonar la decisión de luchar contra la corrupción y la impunidad. Es un nuevo grave desafío para el Gobierno, que no solo deberá poner punto final a estas operaciones mafiosas y disolver ya el CEA, como hizo con la CORDE por Los Tres Brazos, sino también las consiguientes acciones judiciales.

Tal vez tras este escándalo la comisión creada por el decreto 268-16 de septiembre pasado, agilice su encomienda de inventariar y auditar todas las operaciones con los terrenos del CEA, desde el 2000, aunque hay mínimas expectativas de que no se incline ante la impunidad.

Hay que deplorar que José Rodríguez se suicidara o lo suicidaran, como es creencia generalizada, abonada porque la Policía no dejó que sus familiares abrieran su ataúd ni que los periodistas se acercaran al mismo.

Si solo tenía un disparo suicida, debieron mostrarlo para no dejar las dudas acostumbradas. Su testimonio en estos momentos hubiese sido muy importante. De todas formas recuerda el suicidio del arquitecto David Rodríguez, víctima de la mafia de la OISOE hace 17 meses, aún en la impunidad.


Juan Bolívar Díaz
Hoy

He aquí "el milagro dominicano" de Leonel, Danilo y el PLD

Lea detenidamente "el milagro dominicano"

Renglón Institución                                                             Posición

Matemática y ciencias PISA                                                        72 entre 72 países

Matemática y ciencia Foro Económico Mundial                     131 entre 138 países

Muertes en accidentes OMS                                                        líder o colíder mundial

Corrupción Foro Económico Mundial                                      134 entre 140 países

Corrupción Transparencia Internacional                                 103 entre 168 países

Corrupción Llorente y Cuenca                                                   Entre peores de A. L.

Confianza en policía Foro Económico Mundial                     133 entre 138 países

Confianza en políticos Foro Económico Mundial                 130 entre 138 países

Etica Empresarial Foro Económico Mundial                         130 entre 138 países

Desarrollo institucional Foro Económico Mundial              123 entre 138 países

Jóvenes ni estudio ni trabajo Banco Mundial                        entre líderes en A.L.

Jóvenes ni estudio ni trabajo RED Económica y Desarrollo      5to. de A. L.

Déficit democrático Político Latinoamericano                       tercero en A. L.

Apatridia CDH-ONU y Amnistía Int.                                       entre 8 peores del mundo

Matrimonio infantil Unicef                                                        líder en A.L.

Tasa de inversión en salud OPS-PNUD                                  entre 3 más bajas de A.L.

Embarazo de adolescentes PNUD                                            8vo.  del mundo

Mortalidad neonatal Unicef                                                      tercero en A. L.

Trabajo infantil Unicef                                                              décimo en A.L.

Mortalidad materno-infantil OMS.PNUD                             entre líderes de A.L.

Mayor gasto en Congreso CIDE-México                               Tercero en A.L.

Transparencia legislativa Red Lat. Transparencia Leg.     Segundo peor en A.L.

Incidencia del SIDA-VIH Consejo Nacional para SIDA       Peor en C.A, y Caribe

Tasa de cesáreas Observatorio Oxfam                                   líder mundial

Data: Juan Bolivar Díaz

Captura: Diario Libre

Resumen de 16 años de gobiernos del PLD

RD en evaluaciones internacionales
A DICIEMBRE DE 2016
Los dominicanos hemos sido vilmente engañados por el PLD. Sus 16 años gobernándonos han sido un fracaso en todos los órdenes. Cada vez los dominicanos somos más pobres, hay menos empleos y estamos todos expuestos a ser víctimas de la delincuencia sin control en las calles y en los hogares.

Toda la basura mediática del crecimiento económico, de el supuesto progreso y de corregir lo que estaba mal, sólo han servido para que endeuden al país hasta la quiebra y para que el PLD y sus asociados se hayan hecho para sí la economía nacional.

Desde que salió el desastre de PISA, este blog tenía en proyecto hacer un resumen de las evaluaciones internacionales de República Dominicana para ilustrar a nuestros compatriotas de los resultados de las gestiones gubernamentales de Leonel Fernández y Danilo Medina. En el día de ayer, el periodista Juan Bolívar Díaz nos "mató el gallo en la funda" y lo publicó. Nosotros, para que se tenga conciencia adonde estamos y qué somos como nación lo reproducimos.


Renglón Institución                                                             Posición

Matemática y ciencias PISA                                                        72 entre 72 países

Matemática y ciencia Foro Económico Mundial                     131 entre 138 países

Muertes en accidentes OMS                                                        líder o colíder mundial

Corrupción Foro Económico Mundial                                      134 entre 140 países

Corrupción Transparencia Internacional                                 103 entre 168 países

Corrupción Llorente y Cuenca                                                   Entre peores de A. L.

Confianza en policía Foro Económico Mundial                     133 entre 138 países

Confianza en políticos Foro Económico Mundial                 130 entre 138 países

Etica Empresarial Foro Económico Mundial                         130 entre 138 países

Desarrollo institucional Foro Económico Mundial              123 entre 138 países

Jóvenes ni estudio ni trabajo Banco Mundial                        entre líderes en A.L.

Jóvenes ni estudio ni trabajo RED Económica y Desarrollo      5to. de A. L.

Déficit democrático Político Latinoamericano                       tercero en A. L.

Apatridia CDH-ONU y Amnistía Int.                                       entre 8 peores del mundo

Matrimonio infantil Unicef                                                        líder en A.L.

Tasa de inversión en salud OPS-PNUD                                  entre 3 más bajas de A.L.

Embarazo de adolescentes PNUD                                            8vo.  del mundo

Mortalidad neonatal Unicef                                                      tercero en A. L.

Trabajo infantil Unicef                                                              décimo en A.L.

Mortalidad materno-infantil OMS.PNUD                             entre líderes de A.L.

Mayor gasto en Congreso CIDE-México                               Tercero en A.L.

Transparencia legislativa Red Lat. Transparencia Leg.     Segundo peor en A.L.

Incidencia del SIDA-VIH Consejo Nacional para SIDA       Peor en C.A, y Caribe

Tasa de cesáreas Observatorio Oxfam                                   líder mundial


Nota: Por más que afanen los comunicadores y periodistas pagados por el gobierno manipulando a la opinión pública, mintiendo descaradamente, los resultados del PLD están ahí, un fracaso total.


DLRD
Fuente datos: Juan Bolívar Díaz