La Procuraduría General de la República (PGR) puede obligar a la Odebrecht a identificar a los que sobornó por 39.5 millones de dólares para obtener el contrato de la termoeléctrica Punta Catalina y 15.8 millones para otras 7 obras, amparada en los cientos de documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI).
El reclamo tiene fundamento en el acuerdo firmado por la PGR con Odebrecht en el 2017 que obliga a la empresa a entregar toda la información sobre sus actividades corruptas en el país, y hasta podrían anularle el reclamo, en arbitraje internacional, de otros 708 millones de dólares por la construcción de la termoeléctrica.
Son graves revelaciones
Puede ser que la inexplicable militarización del Congreso Nacional haya amortiguado en la opinión pública los efectos de las graves revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht presentados por la periodista Alicia Ortega en la televisión nacional, como fruto del esfuerzo de un consorcio de 50 periodistas de 19 medios informativos de 10 países de América Latina y Estados Unidos, del que ella y su Informe SIN son parte. No son especulaciones, sino la develación de miles de documentos filtrados con datos tan específicos y contundentes que no han podido ser negados.
Aunque la PGR desligó la planta termoeléctrica de Punta Catalina de los sobornos por los cuales en principio imputó a 14 personas para terminar procesando a 6, documentos secretos muestran que Odebrecht transfirió mediante su mecanismo secreto y triangulaciones 39.5 millones de dólares para sobornos vinculados a la obra contratada por 2 mil 40 millones de dólares, además de 15.8 millones, que totalizan 55.3 millones de dólares, para otras 7 obras viales identificadas con nombres y montos.
Fueron identificados 630 pagos secretos del sistema Drousys utilizado por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para los sobornos confesados ante la justicia de Estados Unidos y Brasil, enviados a RD, Venezuela, Panamá y Ecuador entre ellos 118 vinculados al país, de los cuales 62 estuvieron destinados a “la Planta Termo” que se construye en Punta Catalina., entre diciembre del 2013 y diciembre del 2014. Todos con números de requisición y archivo, fecha de envío, y el nombre en claves de los destinatarios.
Son muchas coincidencias
Hay muchas coincidencias que fortalecen las revelaciones del CIPI, comenzando porque la contratación de la termoeléctrica fue otorgada a Odebrecht justo en diciembre del 2013 y aprobada en el Congreso entre mayo y junio del 2014. Los 55.3 millones de dólares para sobornos en RD que aparecen en los papeles del consorcio, apenas superan en 4.5 millones los 50.8 millones de dólares documentados por la PGR cuando hizo las primeras imputaciones por los sobornos en mayo del 2017. La mayoría de estos 33.8 millones, estuvieron en 19 transferencias de tres empresas de Odebrecht a tres de Angel Rondón durante el 2014, otras 14 por 15.8 millones de dólares en el 2013, y la última en enero 2015 por 1 millón 145 mil dólares.
El CIPI presenta los nombres en claves utilizados para los destinatarios en RD, vinculados a la termoeléctrica, tales como Boticario, Casa 1 y Casa 2, Chacabana, Chaplin, Tigres, León Arabe, León Chacara, Forca o Grupo Fechament, con transferencias que pasaban por tres y cuatro cuentas de empresas offshore antes de llegar a la meta, también en offshore, para ocultar los sobornados, según la confesión de Odebrecht ante la justicia de EU y Brasil.
De la denuncia de El Informe de Alicia Ortega, ya tres destinatarios de los pagos secretos fueron identificados: Andrés Dauhajre, José Manuel Guzmán Ibarra y Gregorio Salcedo Llibre, quienes han admitido los pagos recibidos, aunque aduciendo que fueron por asesorías profesionales como economistas. Los dos últimos han renunciado a sus cargos a una sub-administración del Banco de Reservas y a la presidencia de la Bolsa de Valores, respectivamente. Dauhajre y Salcedo tienen en común haber sido consultores de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales en el 2013 y vinculados a las evaluaciones de las ofertas para la termoeléctrica que concluyeron favoreciendo el contrato con Odebrecht en noviembre de ese año. Ninguno ha podido explicar por qué sus asesorías no figuran como gastos normales y fueron pagadas en el esquema de las “Operaciones Estructuradas”.
Para qué tanto dinero
Desde que se conocieron las transferencias de empresas offshore de Odebrecht a otras de Ángel Rondón, en la imputación de la PGR en mayo del 2017, llamó la atención que 50.8 millones de dólares (el 62% de los 82.1 millones de dólares documentados) ocurriese entre enero 2013 y enero 2015 (ya en el gobierno de Danilo Medina) y que la contratación de la planta termoeléctrica, justo en ese período, no apareciera implicada en los sobornos. Se impuso preguntar dónde fueron a parar esos cuartos y con qué objetivo fueron transferidos.
Aunque en el documento de imputación se escribió que los sobornos mediaron “en todas las obras” adjudicadas, una posterior declaración del Procurador Jean Alain Rodríguez, adujo que en la termoeléctrica fue sólo para la aprobación de los contratos por el Congreso. Pero entonces el PLD gobernante e interesado en la contratación tenía casi todos los senadores y mayoría holgada de los diputados, por lo que no se explica las razones para el soborno, y tan solo a un legislador, el senador por San Cristóbal Tommy Galán.
Fácil para Jean Alain
Las revelaciones del CIPI se la han puesto fácil ahora al Procurador General de la República, si Odebrecht no le entregó toda la información referente a los sobornos en RD tras el “Acuerdo de Lenidad” suscrito con la empresa y homologado por el juez Amador Ogando el 19 de abril del 2017, porque ahora tiene suficientes pistas para preguntar, por ejemplo, a quiénes corresponden más de una veintena de seudónimos.
De paso podría dar satisfacción a una opinión pública anhelante de ver alguna seriedad en la investigación nacional del mayor escándalo de corrupción transnacional que ha cobrado la vida por suicidio del expresidente peruano Alan García, y que ha implicado con imputaciones y/o cárcel a otros seis mandatarios de al menos 3 países. No es posible que aquí sólo puedan identificarse los tres economistas que recibieron pagos por poco más de 5 millones de dólares, apenas la décima parte de las transferencias secretas.
La PGR también debe demandar la identidad de las 7 empresas que según el grupo periodístico recibieron 21 pagos por 11.6 millones de dólares para la termoeléctrica. Si la empresa no coopera puede dar por concluido el acuerdo bilateral y pasar a procesarla, como quedó convenido en el acuerdo bilateral.
La Odebrecht no niega
Pero por la reacción de Odebrecht tras las revelaciones del consorcio periodístico, difundida por la agencia EFE, se puede sospechar que la PGR tiene otro camino abierto: apelar concretamente a la justicia de EU y Brasil. La constructora dijo que “todos los documentos y testimonios sobre los hechos ocurridos en el pasado, incluida la base completa de sistema y del antiguo departamento dedicado a sobornos, están hace tres años bajo posesión del Ministerio Público Federal Brasileño y del Departamento de Justicia de EU”.
Llama la atención que la constructora sobornadora no intentó desmentir los documentos develados por el consorcio periodístico, aunque dijo que es equivocado atribuirle omisión y que todos los proyectos mencionados tengan vinculación a la corrupción, pero dejando constancia de que “hay parte relevante de la información que fue puesta a disposición de la justicia en diversos países y todavía no fue hecha pública, en razón de la confidencialidad de los procesos”.
¿Estará la PGR de la RD guardando información por la confidencialidad de los procesos, como aduce Odebrecht? Desde el principio se ha temido que se tomó la decisión de ocultar toda la responsabilidad relacionada con el gobierno de Danilo Medina, por lo cual el país fue de los pocos que no firmó un acuerdo riguroso de cooperación con la justicia de Brasil, ni se interesó en interrogar a los convictos ejecutivos de Odebrecht. Por eso lo que se firmó no fue un acuerdo de lenidad, sino de impunidad, sin auditar para determinar las sobrevaluaciones, ni indagar el financiamiento político, del que ha habido denuncias concretas puestas en manos de la PGR, como las 16 transferencias por 4.4 millones de dólares de Odebrech a CineArt 2013, empresa en el país de Joao Santana, el asesor electoral prestado al presidente Medina, que despachaba en el Palacio Nacional, justo entre octubre del 2013 y julio del 2014, los meses de la planta Catalina.-
Juan Bolívar Díaz
No hay comentarios:
Publicar un comentario