AMALDEPUCA

Y se hará justicia

Marcha Verde

Fuimos nosotros como país los que engañamos a Odebrecht

Las escorias del poder y la verdad (1)
Leí el informe de cabo a rabo, y los comisionados por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación de Punta Catalina me parecieron seres escindidos entre las escoria del poder y la verdad. Vivimos en el país del uso más desvergonzado del erario, y la práctica política más jactanciosa, colérica e impúdica de la historia contemporánea. El informe, por lo tanto, no extrañó a nadie. Pero duele que solo cuenten las esperanzas abortadas, las esperas inútiles, el sueño desilusionado. Porque, si la voluntad siguiera más o menos al entendimiento, después de la lectura del informe  deberíamos regocijarnos de que todos sigamos en santa paz, porque hemos obtenido un triunfo rotundo sobre la incidencia malsana que la compañía brasileña ODEBRECHT ha desplegado en el mundo.

Según el Informe, fuimos nosotros como país los que engañamos a ODEBRECHT, porque Punta Catalina nos costó un 6% menos de lo que vale. Hay que dar una voltereta mental,  eso ya lo había dicho Andresito Dauhjre, y Bichara le pagó poco más de setecientos mil dólares por ello; pero que lo recupere la comisión sin analizar todas las objeciones técnicas señaladas a ése nivel de costo, es un divorcio traumático entre lo que dicen los datos y lo que un “analista” pagado inventa para justificar al gobierno. La comisión optó por declararnos campeones: ¡engañamos a ODEBRECHT con un 6% menos! Esa empresa tan diestra en la manipulación, hizo en nuestro país lo que los campesinos llaman “El negocio de capa perro”, que capaba los perros a veinticinco pesos y daba treinta para que se lo agarraran.

Mejor aún: la comisión no encontró indicios de sobornos en la adjudicación del contrato de construcción de la planta a ODEBRECHT. Un hallazgo fenomenal, maravilloso, que la comisión suscribe sin mover un dedo para establecer la verdad. El modus operandi de la empresa ODEBRECHT prefiguraba tres componentes: soborno, sobrevaloración y financiación electoral a propuestas políticas con posibilidades de ganar el poder. El primer paso era el soborno, que llevaba automáticamente a la sobrevaloración; pero en algunos casos, como en el de Punta Catalina, el lobbismo se adelantaba al soborno (más adelante lo veremos). Esa metodología operativa fue tan efectiva que llevó a la compañía a crear una Oficina de operaciones estructuradas para sobornar en distintos países. Esta oficina funcionó, en principio, en los Estados Unidos, pero cuando el juez Moro arreció la persecución en Brasil, la trasladaron rápidamente a República Dominicana, un lugar más idóneo y seguro para ellos. En el documento de acusación de  la Corte del Distrito Este de New York, la propia compañía ODEBRECHT detalla los niveles económicos que alcanzaron para sobornar en los países americanos. Argentina, 35 millones de dólares. Colombia 11 millones de dólares. República Dominicana 92 millones de dólares. Ecuador, 33.5 millones de dólares. Guatemala, 18 millones de dólares. México, 10,5 millones de dólares. Panamá, 59 millones de dólares. Perú, 29 millones de dólares. Venezuela, 98 millones de dólares. Brasil, 349 millones de dólares.

Los comisionados por Danilo Medina para investigar Punta Catalina tenían el aliento sostenido que les permitía saltar en su redacción de un elemento cómico a otro. Si antes encontraron que fuimos nosotros los que engañamos a ODEBRECHT al robarle poco más del 6% del costo verdadero  de la planta, ahora se hacen los australianos y “no encuentra pistas de sobornos”; sin  ver que, por confesión de la propia compañía ODEBRECHT, somos el tercer país en el monto desplegado de los sobornos en el continente americano, y el país sede de la oficina de operaciones estructuradas que les servía de camuflaje. Lo sorprendente, sin embargo, es todavía más deformante, porque el prorrateo por años de la distribución de los sobornos en nuestro país deja muy claramente establecido por el ciclo bancario de la ruta del dinero (VER EL ESTUDIO DE GUSTAVO GORRITI, “LA RUTA DEL DINERO”) que la mayor cantidad del dinero de la mordida entró al país justamente en el periodo del 2012 al 2014, y en ese espacio-tiempo únicamente se contrató con ODEBRECHT la construcción de Punta Catalina. ¿No podría haberse preguntado la comisión a dónde fue a parar el mayor monto del pastel de los sobornos en la República Dominicana?

En el próximo artículo veremos cómo es de dramático estar atrapados entre las escorias del poder y la verdad.

Las escorias del poder y la verdad (y, 2)
Para continuar con los hallazgos, en el “Informe” de la Comisión que investigó el contrato de Punta Catalina hay más construcción de sentidos con lo que se deja de decir que con lo que se dice. Ya vimos que repiten el engendro de Andy Dauhjre de que la Planta nos costó un 6% menos; pero ignoran consideraciones que el propio “Informe” sostiene sobre el proceso de licitación. La primera es el lobbismo del  ex presidente Lula, admitido por Alexandrino Alencar en sus confesiones ante los fiscales electorales del Brasil el 17 de diciembre del 2016. Alencar era el contacto oficial de ODEBRECHT con Lula, y para lograr el objetivo de obtener el contrato de construcción de Punta Catalina viajó tres veces al país, dos de ellas acompañando a Lula. Hay fotos de Alexandrino Alencar, Danilo Medina y Lula. Además, el jurado era una pantomima que llevaba implícita la voluntad de responder al lobibsmo de Lula. Casi todos eran subalternos de Rubén Bichara, y los únicos dos independientes, Ramón Flores e Isidoro Santana, se asquearon del sainete y se negaron a firmar un mamotreto de adjudicación que era una falsa total (Hay que leer los interrogatorios que les hizo la propia comisión que redactó el “Informe”, y después asombrarse de que sea ésa misma comisión la que vio como “mayormente legal” la licitación, después de haber oído lo que esos dos jurados dijeron).

El colmo fue, sin embargo, lo del “competidor virtual”. Únicamente el grupo de los evaluadores subordinados de Bichara tuvieron acceso a la evaluación técnica que le otorgaba el contrato a ODEBRECHT(ver interrogatorios de Flores y Santana), y que había eliminado a los otros treinta competidores. Se sacaron del sombrero al “competidor virtual”, un imaginario tecnológico al que ODEBRECHT venció porque casi se igualaron en precio (obviando costos del terreno, salarios, transporte e impuestos nacionales, exonerados por Danilo Medina). Como era lógico, la “mayormente legal” adjudicación (ver el “Informe”) resultaba una comedia bufa. Entrampados en las escorias del poder, la comisión negaba en sus conclusiones las desplegadas informaciones con las que trabajó. Más que descubrir, encubría.

Y el otro colmo es no “haber hallado rastro de soborno” en la investigación. De lo más investigado sobre el caso ODEBRECHT la ruta del dinero tiene la primacía. En mi artículo anterior cité a Gustavo Gorriti, pero incluso la Procuraduría General de la República, que no ha investigado absolutamente nada, dejó bien claro que de los 83 millones de dólares que llegaron al país entre el 2007 y el 2015, el 75% llegó entre el 2012 y el 2015; y en ése tiempo la única obra contratada fue Punta Catalina. Esa misma Procuraduría General de la República, que no ha movido un dedo para investigar en serio, incluyó en la página 14 del expediente acusatorio de los encartados por ODEBRECHT, a Punta Catalina como una de las obras obtenidas a partir de la estrategia de soborno de la empresa brasileña. Se puede hasta inventar un cuento de ficción con el sobreprecio, como el del “competidor virtual”, pero el soborno es una viga tan grande que hasta a quien pretenda ignorarla le puede sacar los ojos. Esos comisionados podrían haberse preguntado cosas tan elementales cómo ¿adónde fueron a parar esos casi sesenta y tres millones de dólares que llegaron al país justamente después de la adjudicación de Punta Catalina?  O disyuntivas tan modestas como ¿Si, tal y como dice la Procuraduría, casi sesenta y tres millones de dólares se pagaron en soborno durante ése periodo, no sería, acaso, La Santa Catalina, el motivo de ello?  Es claro que esa comisión veía únicamente lo que Danilo Medina quería ver.

Esa Comisión es  un hito histórico y como tal será juzgada, y su “Informe” será leído como el producto de unos seres cuyos intereses, y las escorias del poder en un país de tan larga tradición autoritaria, los obligaron a ocultar una verdad que ellos en su yo interior saben que existe. Porque a pesar de todo lo que Danilo Medina ha hecho para ocultar lo ocurrido, Punta Catalina  será un monumento a la corrupción. Quizás el mayor monumento a la corrupción de la historia de este país.


Andrés Luciano Mateo
Hoy

Suelten a Odebrecht y dejen gobernar, ¡a trabajar!

¡Fracasaron los envidiosos conspiradores!
Ya dejen de joder de una buena vez y váyanse a trabajar, que eso es lo que necesitamos para seguir avanzando. Un país no puede detener su marcha por el ocio de unos pocos resentidos. Se les complació en todo: ¿No querían presos de Odebrecht?, ahí los tienen, independientemente del criterio de la Justicia, del que siempre Danilo Medina ha sido devoto. Pretendían tumbar al Gobierno con la bufonería del financiamiento electoral del presidente y les explotó el torpedo en las manos con la exculpación confesa de los imputados en Brasil. Solo les quedaba la punta de Catalina para aguijonear la paciencia del Gobierno y ya Agripino, con una moral “Estrella”, se la castró de un solo corte. Se quedaron desconcertados y huérfanos de argumentos. ¿Qué más quieren?

Dejen que el Gobierno se ocupe, como lo ha hecho, de mantener el crecimiento económico rozando los dos dígitos. Ese es el país que queremos y merecemos; lo demás es caos. Un futuro no se construye con envidias ni resabios. Pedir más es subversivo. La mayoría somos gente de paz y queremos vivir en paz.

Se ha jugado deportivamente con el Gobierno para distraerlo de lo único que sabe hacer: trabajar… y honestamente. ¿Saben ustedes lo que significa y cuesta mantener desconcentrada a una élite de tecnócratas como la que nos hemos dado en estos últimos diez años de progreso? Esas necedades populistas, alentadas por oscuros designios, les han sustraído atención a ministros hacendosos, quienes han tenido que abandonar sus altas responsabilidades para responder los agravios de un puñado de majaderos.

¿Qué quieren ahora? ¿Que el gobierno no trabaje? Claro, como la cultura sediciosa se nutre del ocio, nunca comprenderán, ni por pujo intuitivo, el inmenso valor del trabajo responsable. Su único esfuerzo leve, alevoso y fatuo es conspirar para derivar rentas políticas.

¿Acaso no se han preguntado qué sucedería si logran paralizar al Gobierno? Les presento una muestra catastrófica de ese riesgo para que lo piensen dos veces. Si eso pasara (que Dios nos libre), ¿quién les haría anécdotas y viejas historias trujillistas a los empleados de la Superintendencia de Seguros? ¿Quiénes ocuparían los asientos oficiales en el restaurante Don Pepe frente a un filete importado de ternera? ¿Quién atendería los iracundos reclamos cosméticos y quirúrgicos de la primera, segunda y tercera base? ¿Quién se ocuparía de los permisos para la instalación de estaciones de combustibles y bancas de apuestas en todo el mapa o de otorgar todo tipo de concesiones, permisos y licencias o de “torear” a la brava con las importaciones? ¿Quién emitiría y negociaría bonos soberanos para sufragar cualquier antojo? ¿Quién bucearía en los vericuetos de la magia para hacer “legales” contratas con intereses vinculados? ¿Cuál de esos haraposos opositores iría a pasar trabajo en una suite del Waldorf Astoria de la Park Avenue en misión oficial para representar al país en tediosas comilonas (y, para colmo, con una hembra “no oficial” de cuarto bate)? ¿Quién bailaría “Despacito” a bordo en primera clase? ¡Partida de envidiosos! Háganse…( ) un partido y cojan pela. ¡Déjennos gobernar!

Son depredadores de esperanzas e insidiosos contumaces. Nunca están conformes; su oxígeno es el pesimismo como ideología y negocio. Reclaman lo que el Gobierno les resuelve solo para ganar tribunas inmerecidas. Díganme, ¿cuál denuncia no ha sido respondida? Los Tucano: en investigación; Odebrecht: en investigación; la OISOE: en investigación; el CEA: en investigación; los Tres Brazos: en investigación; el financiamiento de la campaña del presidente: en investigación… (¡Perdón!, esa no; se me escapó por el ritmo infeccioso de la letanía).

Están desesperados, detonando sus últimos petardos, y para colmo sin dinero porque “el gran empresariado” les retiró los 30,453 pesos con trece centavos que aportaba para sus marchas rodantes, bajo el legítimo reclamo de que ese dinero era para bailar bachata y lo dilapidaron en un vulgar perreo (dembow) conspirativo. ¡Abusadores!

Prepárense para un suicidio colectivo cuando, para rematar, aparezca la encuesta sobre la popularidad del presidente, de esas buenas mediciones que se hacen sin el fragor, las sospechas ni los celos de la zafra electoral. Tendrán que martillarse la cabeza cuando vean ese 58 % ¡clarito!; se lo tragarán sin saliva. Y la sorpresita: en diciembre empezarán a sonar los villancicos reeleccionistas con “unción” electoral incluida. Suelten a Odebrecht y dejen gobernar. ¡A trabajar!

PD. Atención: Dirección General de Comunicación de la Presidencia.  Me pueden enviar el chequecito a la dirección que les di. No se confundan otra vez; no trabajo en el Listín Diario ni en Zol FM. Si les resulta más cómodo, favor transferir al Deutsche Bank, Panamá City. Cuenta 666-6969-2020.


José Luis Taveras
Acento

Gobierno asume informe Comisión Presidencial como la palabra final

Salvando el pellejo del líder
Ha habido, hay y seguirán los cuestionamientos a los miembros de la Comisión Especial designada por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación y asignación de Punta Catalina al consorcio conformado por las empresas Odebrecht, Tecnimont y Acero Estrella.

Fue el presidente Danilo Medina quien firmó el decreto 6-17 designando a la comisión para investigar todo el proceso de licitación y asignación de las obras de Punta Catalina, por un valor de más de 2,000 millones de dólares. El mismo hecho de la designación por parte del presidente Medina ya afectaba la credibilidad de los comisionados, dado que existen interpretaciones de que no hay en la Constitución de la República nada que autorice al presidente a crear comisiones de este tipo.

Tan pronto se dio a conocer los nombres de los miembros de la comisión, se iniciaron los cuestionamientos y las investigaciones sobre sus relaciones con el gobierno y con el sector eléctrico y con los socios de las empresas ganadoras. Uno de ellos que resultó seriamente identificado fue Monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador de la comisión, porque formaba parte como vocal de la empresa Acero Estrella, socio del consorcio ganador de la licitación.

Bajo sospecha, y sometida a serios cuestionamientos por todos los ángulos, esta comisión tuvo que lidiar con cualquier obstáculo y siguió adelante. Uno de los comisionados fue imputado por el Ministerio Público en el caso Odebrecht, y eso también fue una seria lesión a la credibilidad del trabajo realizado.

Conociendo las fortalezas y debilidades de personas como José Luis Corripio, Celso Marranzini, Pedro Brache, del propio Núñez Collado, y de los profesionales Jaime Aristy Escuder, Persio Maldonado, Gabriel del Río, Servio Tulio Castaños y Jorge Alberto Reynoso, hay que concluir que este informe que ya está en manos de todo el mundo es un doloroso resultado que quedará como una estampa en su historial como personas públicas, que aspiran en mantener viva la credibilidad que han alcanzado en sus años de vida.

Hay quienes sospechan que los comisionados se dejaron seducir por la influencia del gobierno y por la fuerza que representa un decreto del presidente de la República. Es probable que algunos de los comisionados se sintiera obligado a hacer un favor al presidente, y que esta era su oportunidad para tener números positivos ante el presidente, quien se entiende es como un monarca en la República Dominicana. Siempre habría oportunidad de cobrar los favores al presidente de la República.

Pero eso es especulación. El gobierno sostiene que la comisión trabajó en libertad y realizó un trabajo exhaustivo y completo, como declaró el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. El informe se entregó al presidente Medina y al Procurador General de la República. Es muy claro que Jean Alain Rodríguez utilizará este informe para cerrar cualquier otra investigación posible, independientemente de que sea solicitada por Marcha Verde o por el Partido Revolucionario Moderno o todos los partidos de la oposición.

El gobierno asume el informe como la palabra final de un tema caliente, que le quemaba su credibilidad. Y cerrará con él todo intento de que sea el Ministerio Público quien investigue y se queme, porque también carece de credibilidad por su dependencia de la presidencia de la República. El procurador ha sido identificado como un político actuando en esa función, y no como un ministro de justicia tratando de hacer cumplir la ley.

Todo esto se resume en la extraordinaria capacidad del Poder Ejecutivo para conseguir sus objetivos. Sin que se investigue el caso de Punta Catalina, el más grande contrato de Odebrecht en toda su historia en la República Dominicana, se cierra el caso, la empresa sigue operando hasta que concluya la construcción de las plantas de carbón, y pese a la confesión de que hubo 92 millones de dólares en sobornos, nada de ello ocurrió en las administraciones de Medina.

Los presos son los caídos por el fuego amigo, en algunos casos, y en los otros la necesaria ración para impedir que la oposición se espabile y se postule con calidad moral para cuestionar.

En política, sin embargo, las decisiones para salvar el pellejo del líder no tienen que considerar los  subalternos que caigan en el camino ni las lesiones que pudieran derivarse de la utilización de los sujetos externos (comisión de empresarios y agentes eclesiales). Habrá formas de sanar esas heridas y de resarcir esos daños.

Esa una pena que así sea, y que la institucionalidad sea tan débil, que permita que las cosas sean como son. Y más en casos tan dramáticos como este. Salvando el pellejo del líder todo se vale, y para este caso, habrá que seguir adelante, porque no sabemos lo que nos depare el futuro.


Editorial Acento
Acento

Informe Comisión obliga arduo trabajo a bocinas del régimen

¡Qué punta!, la de Catalina
Al informe de la comisión de Punta Catalina le nació moho. Llegó tarde al debate, cuando ya no había sorpresas. Su publicación no arrancó ni un suspiro, quizás un concierto de aburridos bostezos. Me pareció oír un cuento de cama infantil en el que siempre hay un final feliz que el sueño se empeña en malograr.

La prensa le dio un despliegue señorial, pero su futilidad fue tal que ni a los mismos voceros del Gobierno les animó resonarlo. El informe perdió lo que lo motivó: utilidad propagandística y pertinencia política. No convenció ni a sus autores; basta advertir las sensibles inconsistencias entre las comprobaciones y las conclusiones: un divorcio claro. Pero se impuso el mandato político implícito de concluir como lo hicieron; los notables tenían la obligación de reciprocar la distinción de su escogencia por un presidente en apuros. Desde ese ángulo, más que complaciente, fue humanitario. Los comisionados pueden marcharse satisfechos, cumplieron con su inútil trabajo; al menos le quedaron bien al presidente. ¡Buenas noches!

El informe concluyó como todos esperábamos: agua cuando llueve y calor en verano.  Algunas “fallas” y hallazgos que pudieron ser denunciados fueron disimulados en forma abstracta, algunos bajo un pliego de propuestas genéricas. Confirmó también ciertas cosas que el sentido más común nunca consentiría, como que la obra pública más costosa de la historia se construye en ¡terrenos privados!, mediante un arrendamiento enfitéutico. ¡Cuánto daría por ser Vicini! Ese es apenas el comienzo de lo que nunca se contó ni se contará. Secreto de tumba…

El  informe más creíble nace del correlato enredado en la comisión que lo emitió: su presidente, con graves conflictos de intereses corporativos; un miembro guardando prisión por aceptar sobornos de la empresa constructora; otro, en pleno desarrollo de la “investigación”, denunció que el Ministerio Público debía intervenir en algunos descubrimientos y, para rematar, la obra fue incluida dentro del expediente de los sobornos. Ahora nada raro pasó, excepto que el precio estaba por debajo de lo razonable y que no hubo fraude en su adjudicación. Total, eso le bastaba al presidente. Debiéramos entregar la condecoración más alta a Odebrecht y quizás un bono extra por su pulcritud. Juzgue usted.

No obstante, aun de este bagazo el Gobierno hará un jugo para refrescar la atosigante propaganda de Punta Catalina. Es increíble lo que está malgastando en publicidad. Punta Catalina es omnipresente: sale en la radio, en la televisión abierta y por cable, en las redes, en los diarios impresos, en el cine y hasta en los jueguitos virtuales que por ocio se descargan. Esta saturación demencial está creando un efecto contrapuesto de repulsión masiva. La desesperada necedad del Gobierno es tal que no comprende una realidad ostensible: la gente no se queja ni reclama por la obra ni cuestiona incluso su necesidad; el problema obstinadamente eludido es la corrupción que se anidó en su ejecución y construcción y la reticencia del presidente para hablar la verdad. No es cuestión de los empleos ni la energía que genera, sino del costo que agregó como otro pasivo a las viejas deudas institucionales. Es como destacar, frente a un posible comprador, las ventajas y atributos de un vehículo robado.

Ahora el presidente usará el informe de su comisión para dar por cerrado el caso, como si se tratara de una sentencia absolutoria; algo parecido a lo que hizo con las declaraciones de Joao Santana y Mónica Moura en Brasil respecto del financiamiento de su campaña por parte de Odebrecht. Después de este cierre pedirá a la nación concentrarse en el trabajo y atender los retos apremiantes, con unos cuantos comunicados de apoyo de otros notables de igual estirpe para que el vulgo calle su estridencia populista. Lo demás será un fino y retribuido trabajo de las bocinas de distintos tonos y cuños. Piñatas de papeletas. Un festival de coloridas distracciones matizarán las expectativas de justicia y el sol se pondrá sobre la rutina, calentando la ruda sobrevivencia de cada día… (Suénalo, Martín… ¡eso!*).


José Luis Taveras
 Letras Libres
 Acento

* Nota DLRD:
Suénalo, Martín… ¡eso! / El autor utiliza una frase grabada en varias ocasiones en su discografía por el merenguero Fernando Villalona. Se refiere al trombonista Martín Villalona, su hermano, y que al anunciarlo así, hacía un solo en el paseo de la pieza interpretada. José Luis no nos ha autorizado a hacer esta nota, pero se alegrará de saber que sus fans entendemos a cabalidad todos los vericuetos de sus artículos magistrales conque orienta al pueblo dominicano.

Lo que Danilo Medina aprobó para beneficiar a la familia Vicini

Informe Comisión Agripino: “rendición ante negocios Grupo Vicini”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El informe rendido por la Comisión Investigadora de los trabajos de la planta generadora de energía que se construye en Punta Catalina, Baní, sorprendió a pocos. No así las observaciones  que en aparente “buena fe” hicieron sus integrantes al recomendar la compra de los terrenos en donde se levanta el cuestionado complejo energético estatal.

De entrada, no ofrece mayores detalles de lo ocurrido en aparente desconocimiento de la existencia de un contrato de Enfiteusis suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, (CDEEE), y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad del Grupo Vicini, en la que ésta última cede en calidad de arrendatario y en condiciones muy favorables para la empresa privada, los terrenos en cuestión.

Por tanto, referido casi de soslayo por la referida comisión, que al decir de muchos -- resultó ser una especie de traje a la medida para favorecer al Poder Ejecutivo-- aparenta una sugerencia en procura de evitar problemas posteriores, cuando en verdad, el mencionado contrato, en las condiciones que fue rubricado por las partes, en este caso el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Jerges Rubén Jiménez Bichara y Juan Bautista Vicini, representante de la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, implica un gran perjuicio, no solo para el Estado, sino también para los futuros gobiernos.

A saber: De entrada, todo pudiera estar bajo la protección de la Ley, a no ser porque el contrato No. 108-15 suscrito entre la CDEEE y Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad de los Vicini, en la descripción jurídica del inmueble destaca que el mismo se encuentra gravado con una hipoteca de 7 millones de dólares. Hasta ahí, todo bien, pero resulta que la hipoteca se realizó a través del Banco del Progreso, propiedad del dueño del terreno.

Así las cosas, se infiere que el propietario del terreno se autoprotegió con una medida de afección agresiva al derecho de propiedad como la hipoteca, previendo situaciones diversas como la falta de pago, la cesión a empresas e intereses particulares de la operación y renta del proyecto.

Frente a lo que aparenta una falta a la ética que el Estado no desconoce, pues sabe que pacta un contrato de arrendamiento con un terreno hipotecado a través de una institución bancaria propiedad de los mismos dueños del terreno, tal y como lo establece el artículo 2.1.5 del referido acuerdo,  debió exigir la cancelación inmediata del mismo.

Esto así, porque si en un momento determinado, el Propietario, en este caso la familia Vicini, decide vender el terreno, este contrato le autoriza a la compra por el mismo banco --propiedad de la familia-- o si por falta de pago decide  ejercer la ejecución de la garantía, que es el terreno, el Estado no tiene manera de detener esta medida, a menos que compre el crédito con el banco y los derechos accesorios como moras, honorarios, entre otros.

Dicha hipoteca fue inscrita el 7 de septiembre de 2011, en el Libro RC0054, Folio RC018, tal como consta en la Certificación de Estado Jurídico del Inmueble, expedida por el Registrador de Títulos de Baní el 30 de abril de 2014.

Pero… ¿qué es La Enfiteusis?
De conformidad con lo establecido por el Código Civil Dominicano, la Enfiteusis es un tipo de arrendamiento en el que se otorga al beneficiario, en este caso el Estado, un derecho real sobre un inmueble, su uso y goce por un período de tiempo no menor de 50  años y no mayor a los 99 años. En este caso, el contrato es prácticamente a perpetuidad, pues aunque establece una duración de 50 años, sería prorrogable por períodos de 20 años, sin que se fije un término claro y definitivo.

Por tanto, por tratarse de un proyecto supuestamente de interés social que, al decir de  sus promotores resolverá el eterno problema de la energìa eléctrica en el país, al Estado le resultaría más útil y económico proceder a comprar la propiedad que adquirirla en Enfiteusis. A falta de lo anterior, declararla de utilidad pública, como lo han hecho con cientos de miles de terrenos en todo el país, a manera de dar paso a la construcción de obras prioritarias.

Pero además, resulta incomprensible que un contrato tan oneroso se pacte con un competidor del Estado en el negocio de la generación eléctrica, pues el Grupo Vicini es, después de AES, el principal oligopolio de generación eléctrica del país, a través de las empresas Cogentrix, EGE-HAINA, Los Cocos, entre otras.

Como puede verse, la comisión nombrada por el presidente Danilo Medina, debió recomendar o emplazar al Congreso Nacional a no aprobar un contrato de arrendamiento a todas luces oneroso, conocido por ellos,  que no ofrece ninguna garantía al Estado, a menos que lo que se pretenda es beneficiar a los dueños del terreno -en este caso el Grupo Vicini-.

Cláusulas leoninas
Sin dudas, el contrato que en apariencia desconocía la comisión que investigó la licitación en Punta Catalina contiene cláusulas leoninas en contra del Estado que amenazan el carácter público del proyecto que se construye en esos terrenos.

En ese sentido, el documento rubricado por Bichara y Vicini es claro cuando dice que el Estado pagará un arriendo por 8 millones 676 mil 464 metros cuadrados de terrenos, cuando solo ocupará un millón 356 mil 645 metros cuadrados del mismo, con la eventualidad de que el valor del arriendo de la porción sobrante le sea deducida en adendas posteriores al ingresar otros ocupantes para favorecer los intereses del propietario de los terrenos. Igualmente queda claro que se rubricó el contrato sin que previamente se hiciera el deslinde de rigor, por tanto, aun cuando el estado ocupará solo una parte de los terrenos, el pago anual se hará por el total de las parcelas.

El artículo 3.1 del convenio establece un oscuro y complicado canon para el pago del arriendo que ascenderá a varias veces el valor de los terrenos en el transcurso de los 50 años de duración del mismo. No solo eso, el pago de ese canon se realizaría en dólares y podría ser liquidado en pesos a la tasa del día, incluyendo el ajuste anual de la tasa de inflación de Estados Unidos, en franca violación a lo que establece en su artículo 24  la Ley Monetaria y Financiera,  ya que el peso es la moneda de curso legal.

Es decir que una verificación minuciosa del pago que el Estado haría al Grupo Vicini, presenta una serie de variables, entre las que destacan forma y tiempo de pago, interés sobre mora, moneda en dólares a la tasa de cambio del día del pago, condiciones éstas que benefician al propietario en perjuicio del Estado.

Más pifias en el contrato
A pesar de que el articulo 6.1.3 garantiza al Estado el uso y disfrute pacífico y sin intervenciones del terreno arrendado durante los 50 años de vigencia del contrato, habría que preguntarse cómo puede el propietario -Grupo Vicini- mantener la propuesta si el inmueble está gravado por un título privilegiado en una institución de intermediación financiera del mismo grupo. Ese crédito con el banco es perfectamente cesionable a un tercero, que puede ser el mismo banco como dación de pago, de manera que, en caso de intervenir alguna cesión del crédito, el adquiriente quede en libertad legal de ir sobre la propiedad con todas las herramientas que la ley pone a su disposición.

Entonces…? Sí hay daño al medio ambiente!
La multa establecida en el artículo 6.2.7 al Estado por el tratamiento irregular, informal o separado del protocolo aprobado por Medio Ambiente comprueba que la construcción de las plantas a carbón en Punta Catalina afectará el entorno del proyecto. Esto así, porque las partes reconocen, y así está estipulado, una indemnización de 36,000 dólares por hectárea afectada. Claro, sólo a las plantaciones del Grupo Vicini. En ese sentido, queda claro el daño medioambiental.

Habrá que preguntar entonces quién indemnizará la salud de la gente que, obviamente se afectaría, a pesar del empeño por negar los daños al medioambiente, sin contar con la destrucción de los sembradíos de pequeños y medianos productores de la zona.

Cada cláusula amenaza el interés público
Y en efecto, se trata de tres cláusulas que son una verdadera amenaza al bien público, toda vez que la primera de estas estipulaciones concede al propietario de los terrenos -Grupo Vicini- de forma unilateral la facultad para dar por terminado el contrato en un período de tres años en caso de incumplimiento de pago del arriendo.

El artículo 7.1.1 establece que al momento del vencimiento del plazo del contrato, debe producirse un nuevo acuerdo con el propietario, como si el cálculo del pago por 50 años no fuese totalmente oneroso desde el inicio, pues  cuando se termine su vigencia, habrá que suscribir nuevas condiciones de precio.

No solo eso,  otro de los requisitos que atentan contra el carácter público del proyecto es que el propietario de los terrenos tendrá la posibilidad de participar, si así lo desea o le conviene, en la reactivación de la obra y el desarrollo del proyecto, en caso de que se paralicen las obras por más de cinco años.

Esto significa que el dueño de los terrenos –Grupo Viccini-- tiene el derecho y la facultad  de convertirse de nuevo en propietario, esta vez de las plantas a carbón, que pasarían a manos del grupo económico, sin obviar los derechos que le confiere sobre cualquier obra o mejora adicional que se construya, lo que se realizará a través de un mecanismo de negociación siempre a favor del propietario de los terrenos en cuestión.

En cuanto al enunciado número 10, que hace referencia a la necesidad de la construcción de este proyecto, al ser de interés público y social, el Estado debió limitar las posibilidades de tal adquisición, ya que en un momento determinado, por cualquiera de los medios antes mencionados, si el dueño quisiera vender los terrenos y el Estado no tuviese cómo pagar el precio, en este caso se vende la propiedad, y al nuevo propietario no se le puede presentar las condiciones iniciales de la Enfiteusis, por lo que se necesitará un nuevo contrato en el que el adquiriente tendría la última palabra.


Yvonne Ferreras
7dias

Comisión entrega certificado a 'El ungido'

Certificado de impunidad

'El ungido' recibió de manos de 'su Comisión', el certificado que le dice que todo está bien y que no hay nada que objetar del proyecto de las plantas eléctricas a carbón de Punta Catalina. Un final predecible, como predecible será el final de los comisionados y de los involucrados en la estafa más grande cometida desde el Estado en contra de la RD.

A pesar de que Odebrecht aseguró que pagó sobornos hasta 2014, de no haberse hecho una auditoría forense de lo gastado en las plantas eléctricas, los comisionados firman un certificado de impunidad al Gobierno.

El PLD, los empresarios asociados a esta cleptocracia gobernante y los poderes fácticos tendrán una respuesta contundente de este pueblo, más temprano que tarde.



Juan Santos / DLRD

Conmemoración natalicio Juan Bosch 2017 vivirá en la infamia de la memoria nacional

Memoria contra el olvido

Agripino Núñez Collado, presidente del CES; reverendo Jorge Alberto Reynoso, Pedro Brache, presidente del CONEP; José Luis Corripio Estrada (Pepín), empresario. Gabriel del Río Doñé, secretario general de la CASC; Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, exvicepresidente de la CDEEE, el economista Jaime Aristy Escuder y el técnico preso César Sánchez; no serán olvidados.

¡No serán olvidados!

DLRD

Reto

Comportamiento fuera de lugar de un estadista
PLUS + VÍDEO

Cualquiera que no sea subalterno, socio o amigo del presidente de la República Dominicana Danilo Medina estará de acuerdo conmigo.

Como he dicho en otras ocasiones el Presidente es un empleado del pueblo contratado para un trabajo de cuatro años, no es elegido para comportarse como le dé las ganas y hacer lo que quiera sin ninguna restricción.

Desde que inició en diciembre pasado el escándalo Odebrecht mantiene un silencio cómplice que deja mucho que desear de aquellas personas que ejercieron su voto a favor en las elecciones de mayo de 2016 por su candidatura y los que les adversamos.

Son muchas las veces que Danilo Medina ha violado la Constitución y ha llenado de vergüenza el cargo más alto del país, incluso, nombrando en ministerios a personas con un alto historial delictivo para que nos represente aquí y fuera de aquí.

El presidente Danilo Medina asistió a la inauguración de la nueva central eléctrica Unidad Los Mina VII de 114 megavatios de energía limpia, la cual supuestamente convierte a la Generadora Dominican Power Partner en la mayor, con 324 megavatios en base a gas natural. La obra fue construida por la empresa AES Dominicana, con una supuesta inversión de más de 260 millones de dólares y con una garantía propia.

Allí aparece junto al presidente de AES Dominicana, Edwin de los Santos, y de Manuel Estrella, presidente de Acero Estrella; el socio de Odebrecht en República Dominicana.

Esa acción es inaceptable de parte de un Presidente que se respete y respete a sus gobernados, toda América Latina está consternada por el desfalco que Odebrecht ha cometido en sus países, Danilo Medina muestra un desprecio por las quejas de la sociedad dominicana, por su socio mayoritario EE.UU. y por la investidura del Poder Ejecutivo.

Manuel Estrella es Odebrecht RD, Danilo Medina reta a todo el mundo con su osadía; si cree que con esto muestra valentía se equivoca, se está ganando el desprecio colectivo y la ira es mayor hacia su persona.

Esta actitud dictatorial le traerá consecuencias lamentables en el futuro.

¡Sin comentarios! pic.twitter.com/1exui02jxD

— Marte Piantini (@MartePiantini) 15 de junio de 2017

Luis Del Monte / DLRD

El cuerpo del delito expuesto / Vídeo

Desde diciembre de 2016 DLRD advirtió que las plantas a carbón de Punta Catalina eran el mayor desfalco realizado desde un gobierno al Estado

Vea el vídeo y léalo en el Listín Diario, aquí.

Encuesta periódico El Día.

DLRD

La Cámara de Cuentas del PLD y Punta Catalina

CCRD cómplice del entramado corrupto ODEBRECHT - Grupos Económicos - Gobierno
Cuando se eligió la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se dijo que se se le hacía un daño a la institucionalidad al llevar cuadros políticos del PLD a ese organismo. Incluso, Eli Heiliger dijo: "La nueva Cámara de Cuentas, integrada por personas allegadas al Partido de la Liberación Dominicana, es un duro golpe contra las aspiraciones de los sectores que claman por el cese de la impunidad que por años afecta al país".

Ayer, el presidente del organismo, Hugo Francisco Álvarez Pérez, dijo que se excluyeron las dos plantas de carbón de ser auditadas porque su construcción no está terminada, como si la CCRD no estuviera para auditar donde se denuncia dolo, como es el caso desde su inicio de Punta Catalina.

Obviamente el señor Álvarez Pérez.cumple instrucciones del Poder Ejecutivo. Parecería que la intención de los sectores beneficiados de ese robo descarado fuera 'si vamos a caer presos por esto, que estemos económicamente bien preparados para enfrentarlo'. Punta Catalina es una estafa de principio a fin y la CCRD lo sabe. Lo sabe el gobierno, lo sabe la oposición y lo sabe el pueblo.

Robo y estafa, la empresa latinoamericana más corrupta que ha existido en contubernio con grupos económicos megamillonarios y el gobierno de Danilo Medina. Punto.

Desconoce funciones CCRD, ver aquí.


Juan Santos / DLRD

Plantas Punta Catalina son investigadas tan sólo por una comisión del Presidente

La investigación de Punta Catalina y la ausencia de defensa de la ética pública
Las declaraciones de Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) sobre la investigación que realiza la comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar el contrato de Punta Catalina, ya coloca un montón de dudas sobre la calidad de la información que allí se ha reunido y las dificultades que tienen para ponerse de acuerdo los miembros de la mencionada comisión.

Las opiniones y datos datos a conocer por Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario, y miembro de la comisión en el sentido de que el informe sobre Punta Catalina sería remitido al Ministerio Público, deja también otras dudas sobre lo que ya saben los designados por el presidente, y que presumiblemente no sabe el Procurador General de la República.

Agripino Núñez Collado, coordinador de la comisión y director del Consejo Económico y Social (CES), ha dicho que el informe que se redacta y que estaría listo en por lo menos un mes, recogerá toda la verdad sobre la licitación y adjudicación de la obra al Consorcio Odebrecht, Acero Estrella y Technimont.

Celso Marranzini, Pepín Corripio, Jaime Aristy Escuder y otros miembros de la comisión han guardado silencio. Se entiende que entre los designados hubo algún acuerdo sobre quién ejercería como vocero de esa comisión. Que haya un vocero no invalida a los demás miembros a hablar sobre lo que han descubierto. Castaños Guzmán ha dicho con bastante claridad que la firma consultora contratada por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Stanley Consulting, fue irresponsable y asumió funciones que no le correspondían. Eso explicaría la no firma de las actas por los señores Ramón Flores e Isidoro Santana. También ha dicho que Odebrecht confesó pago de sobornos en las obras contratadas en la República Dominicana entre el 2001 y el 2014, y que la única obra contrata en el 2013 por el gobierno con Odebrecht fue Punta Catalina. Eso quiere decir que el acuerdo para las plantas de carbón estuvo infectado por los sobornos. Deducción sencilla, nada alambicada, sobre lo que ha observado el vicepresidente ejecutivo de Finjus.

Se entiende que el 19 de mayo, es decir el próximo viernes, el Procurador General de la República recibiría la lista de las personas receptoras de los sobornos pagados por la Odebrecht a lo largo de 13 años, y que fueron estimados en 92 millones de dólares. Pareciera que está por darse un acoplamiento entre los comisionados por Danilo Medina para revisar el contrato de Punta Catalina y la entrega por parte del Ministerio Público de Brasil de su lista. Sería interesante saber por qué esta coincidencia.

La otra cosa significativa es saber qué hace la Procuraduría General de la República para aplicar la ley y para poner fin al robo y pillaje con los fondos públicos. Hasta ahora, luego de casi cinco meses, el Procurador Jean Alain Rodríguez no tiene un solo resultado, ni ha dado demostraciones de haber hecho nada, salvo el acuerdo de indulgencia que homologó un juez y que compromete al gobierno a no someter judicialmente a ningún funcionario de Odebrecht, con la salvedad de que la empresa entregará 184 millones de dólares en un período de ocho años.

Con este cuadro ético y moral, y de desprotección casi absoluta de la dignidad pública, el gobierno del presidente Medina sigue siendo víctima de su falta de acción. La sospecha generalizada es legítima, por más inversiones que hagan las autoridades en pagar bocinas y financiar a quienes estén dispuestos a defenderlos. Ya no vale la pena insistir en que el gobierno debe demostrar su honestidad y que no hubo financiamiento a la campaña electoral ni se compró la modificación de la Constitución. Si es verdad que no hay soborno ni corrupción, y si usted es serio en su actuación, actúe contra quienes sí han violado la ley y la dignidad del Estado, y puesto en riesgo los bienes públicos.

Punta Catalina, con la única investigación de una comisión del Presidente, seguirá siendo un paño húmedo que demandará mucha cautela en su manejo, para que quien lo haga no quede sucio y hediondo.

Editorial Acento

Acento

Ayuda memoria a la Comisión que investiga licitación y adjudicación Central Termoeléctrica Punta Catalina

A: 
Monseñor Agripino  Núñez Collado, presidente del Consejo  Económico y Social y representante de la iglesia Católica
Reverendo Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico
Pedro Brache, presidente del Consejo  Económico de la Empresa Privada-Conep
José Luis Corripio Estrada, empresario  privado
Gabriel del Río Doñé, secretario  general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista
Servio  Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus)
Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios
Celso Marranzini, exvicepresdiente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales-CDEEE
César Sánchez, exadministrador general de la CDEEE
Jaime Aristy Escuder, economista.

El escandaloso caso Punta Catalina: Irregularidades de la licitación internacional que favorecieron a Odebrecht
La vicepresidencia de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales(CDEEE) desarrolla actualmente una actividad publicitaria para darle brillo al nombramiento de una comisión especial que designó para encargarse de todas las licitaciones de esa empresa. Es una forma elegante de lavar la cara a lo que ha representado  nacional e internacionalmente la desastrosa conducción de la licitación que culminó con la declaración de oferente adjudicataria a la compañía monopolista brasileña Odebrecht.

El país entero, en contrapartida, ya sabe que dicha licitación fue personalmente conducida por el vicepresidente, a la cual integró empleados subalternos de CDEEE; conducción que hizo con especial empeño con respecto a la asesoría de la empresa consultora Stanley Consultants, contratada por una suma acumulativa gradual ascendente a más de sesenta millones de dólares.

El consorcio Gezhouba-Impe, declarado oferente descalificado en la fase técnica de la licitación, mediante maniobras poco inteligentes que excluyeron a dicho consorcio en la fase económico-financiera, como lo hizo efectivamente, persigue la reestructuracion del proceso de licitación por vía del Tribunal Superior Administrativo, ya que entiende dicho consorcio que se trató de una descalificacion producto de innumerables irregularidades.

Que tenga éxito o no dicho consorcio, en la audiencia que celebrara la Suprema Corte de Justicia el día 12 de agosto próximo, es una cuestión secundaria; lo importante es que ya el pueblo dominicano, con el escándalo Petrobras en Brasil, ha percibido que al consorcio Gezhouba-Impe se le despojó de la oportunidad de llegar a la fase económico-financiera de dicha licitación. Este consorcio hizo la oferta más ventajosa para el país, esto es, construir una EPC termoeléctrica de dos unidades que producirían 660 MW a carbón mineral por la suma de 900 millones de dólares y aportando y avanzando el crédito de un banco estatal chino, por lo cual el país no se vería obligado a tomar prestado al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), ninguna suma de dinero, a una tasa de 5%, ofertando un megavatio en el precio promedio mundial de 1.3 millones de dólares, mientras Odebrecht lo ofreció a 3.7 millones de dólares el mismo megavatio; ¡algo totalmente absurdo!.

El hecho de que Odebrecht presentara un plan económico-financiero de 2,040 millones de dólares sin financiamiento propio, en bonos redimibles a diez años y a un 5% de interés, es una gran pérdida para la República Dominicana, ya que la deuda externa dominicana asciende actualmente a más de 45 mil millones de dólares, suma que equivale a más del 17% del producto interno bruto (PIB).

Cuatro empresas fueron precalificadas, pero solamente Odebrecht llegó a la fase de cierre u ofertas económicas , lo cual constituyó una maniobra realizada mediante tráfico de influencia por la administradora contratada para dirigir la licitación, a saber, Stanley Consultants, que orientó el proceso licitatorio  en todos sus aspectos de manera aviesa para sacar del mismo al consorcio Gezhouba-Impe y a las demás entidades que presentaron ofertas técnicas, resultando que en la fase de cierre u ofertas económicas Stanley Consultants acomodó los resultados del proceso de escogencia para que resultara gananciosa única y especialmente dicha empresa monopolista brasileña.

En fecha 24 de julio 2013, CDEEE y Stanley Consultants publicaron las bases de licitación para las fases de ofertas y cierres, que fueron cumplidas por el consorcio Gezhouba-Impe, que presentó su programa u oferta de financiamiento por la suma de 900 millones de dólares, mientras el consorcio brasileño presentó oferta económica sobrevaluada en más de 1,040 millones de dólares, en un total de 2,040 millones de dólares.

Supuestamente Gezhouba-Impe recibió una puntuación miserrima de 34.9 puntos en la fase técnica, maniobra destinada a impedir que llegara la empresa china y la dominicana a la última fase de la licitación, que es la fase económica.

El plan económico sobrevaluado de Odebrecht incluye partidas absurdas, incomprensibles e irracionales, como por ejemplo 80 millones de dólares para refrigerios y dietas; y 122 millones de dólares para alquilar grúas y equipos de levantamiento y transporte de materiales. Basta leer dicha propuesta para cualquier observador darse cuenta de que tal situación representa extorsión y estafa multimillonaria contra el Estado Dominicano.

Cuatros plantas a carbón mineral en vez de dos

Con el monto que propone Odebrecht en la fase de cierre económico-financiero de la licitación, a saber, 2,040 millones de dólares, se podrían construir cuatro plantas a carbón mineral de 337 megavatios cada una, con las mismas tecnologías y especificaciones técnicas; y la misma garantía ofertada por las otras empresas licitadoras; asumiendo el costo propuesto por el emporio Gezhouba-Impe, dichas plantas tendrían un valor de 1,800 millones de dólares las cuatro, quedándole una diferencia de 240 millones de dólares al Estado Dominicano.

Y tal resultado seria una realidad y no un sueño, pues un megavatio instalado de las plantas de carbón mineral ofertadas por el consorcio Odebrecht, asciende a un valor de 3.4 millones de dólares; mientras que este mismo megavatio, como dijimos, ofertado por las compañías Gezhouba-Impe, tiene un valor de 1.3 millones de dólares. Esto hace una diferencia notoria entre los costos de construcción propuestos por unos y otros, es decir, que mientras Odebrecht construye dos plantas termoeléctricas, el emporio chino-dominicano construye cuatro plantas, ofreciendo su propio financiamiento, y con el mismo resultado de producción.

Las puntuaciones alcanzadas por las concursantes precalificadas, y luego la calificación de la oferta de Odebrecht como semifinalista y luego adjudicataria, según comunicación del 23/10/13, de Stanley Consultants, firmada por su vicepresidente Senior Stevens, se establecen en uno de sus párrafos los “motivos” de las descalificaciones explicando que hubo “problemas” causados por la legibilidad de algunos dibujos de los oferentes, y en algunos casos “traducciones incorrectas” que causaron dificultades para “evaluar” las propuestas…

El comité de licitación asesorado por Stanley Consultants, no dio oportunidad a ninguna de las precalificadas para subsanar dentro de los plazos reglamentarios, los problemas secundarios aludidos, por lo cual no eran más que un simple pretexto.

Estos manejos cuestionan seriamente la transparencia de la licitación internacional aludida. En las intimidades de la evaluación de las bases fase de ofertas no económicas, Stanley Consultants condujo la licitación al terreno de las descalificaciones técnicas para justificar el análisis único y exclusivo de la ofertante Odebrecht, que quedó sin competencia para la fase de las ofertas económicas; por ende quedó como semifinalista para la escogencia de la “mejor” oferta económica, que fue supuestamente la de Odebrecht, que no contempló el financiamiento mínimo requerido, ascendente a un monto equivalente al 80% de la oferta económica. Inclusive, hasta en este último punto las irregularidades fueron grandiosas  y notorias.

Las irregularidades y manejos aludidos son responsabilidad de la operadora Stanley Consultants. Esta empresa recibió un contrato fastuoso de mas de sesenta millones de dólares de parte de la CDEEE, para organizar un proceso administrativo para elegir el mejor ofertante, y ello se observa con la simple lectura de las resoluciones vigésima y trigésima dictadas supuestamente por el comité de licitación, pero redactadas y manejadas por StanleyConsultants.    

En el texto de esas resoluciones se observan claramente las puntuaciones y descalificaciones de las empresas precalificadas; y luego más adelante descalificadas en las bases fase de ofertas no económicas; por lo cual no hubo oportunidad para que pudieran subsanar supuestos motivos triviales de descalificacion en la fase técnica.


Ángel Moreta

El Caribe tilda a Juan Comprés (a) Guanchy de ser "especialista en bombas"

Existen muchos tipos de bombas

Para el corazón artificial.

Bombas de gasolina.

Bombas caseras para impulsar el agua.

Las bombas de los camiones de bomberos.

Bombas para regadíos en terrenos áridos.

La bomba de agua de los motores de vehículos a combustión.

La bomba de los frenos.
Las bombas venezolanas "Puputov".

La fruta bomba y la más popular: Los Hermanos "Bomba" Rosario.

Luis Del Monte / DLRD

Dan de qué hablar

elCaribe

Planta a carbón en la India generará 1,320 MW a un costo de US$1,700 millones

Matará prematuramente 6,000 personas de cáncer e infartos y 24,000 infantes estarán por debajo del peso normal
ESTÁ CONSTRUYÉNDOSE AHORA MISMO, COMO LAS DE PUNTA CATALINA

Lo que dice EFE
DACCA. Greenpeace denunció que las emisiones de una central térmica, cuya construcción a pocos kilómetros del mayor manglar del mundo comenzó el mes pasado, causarán en Bangladesh 6,000 muertes prematuras por infarto y cáncer, entre otras afecciones, durante los próximos 40 años.

“Incluso si Bangladesh tuviera actualmente un nivel cero de contaminación en el aire, solo la planta causaría la muerte prematura de 6.000 personas y 24,000 recién nacidos estarían por debajo del peso normal”, señaló Greenpeace en un estudio presentado en Dacca.

Según el informe, las emisiones de la central térmica Maitree durante sus cuatro décadas de vida operativa incrementarán el “riesgo de infarto, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias y del corazón” en adultos, así como “cuadros clínicos respiratorios en niños”.

Estas emisiones afectarán también al “frágil” ecosistema de la reserva de los Sunderbans, cerca de donde se ubicará la planta, y agravarán los niveles de partículas tóxicas en el aire en el suroeste de Bengala, una región repartida entre Bangladesh y la India.

La toxicidad del aire afectaría especialmente a “niños y mayores” de Dacca, la capital de Bangladesh, y Calcuta (India), añadió el estudio de Greenpeace.

El informe de Greenpeace fue presentado junto a representantes de tres organizaciones ecologistas locales, entre ellas la ONG Movimiento por el medio ambiente de Bangladesh. “Hemos pedido a analistas independientes de todo el mundo que estudien el impacto medioambiental de este proyecto, este informe de Greenpeace es parte de ese esfuerzo”, dijo a Efe el secretario adjunto de la ONG bangladesí, Sharif Jamil.

La construcción de la central térmica comenzó a finales de abril a 14 kilómetros de los Sunderbans, pese a las protestas de grupos ecologistas del país asiático.

El pasado mes de enero cientos de manifestantes protestaron en Dacca contra la instalación de la planta, una acción que derivó en enfrentamientos con la Policía y que se saldó con varios heridos.

Ubicados en el suroeste de Bangladesh, los Sunderbans es una reserva natural de manglares situada en el suroeste del país y declarada patrimonio de la humanidad en 1997.

La compañía mixta Bangladesh-India Friendship Power Company (BIFPCL) es la encargada del proyecto de construcción de la planta, que tendrá capacidad para generar 1,320 megavatios, lo que la convertirá en la más grande del país, y tendrá un costo estimado de 1,700 millones de dólares.

El proyecto ha recibido numerosas críticas dentro y fuera del país y ya en octubre de 2016 la Unesco urgió al Gobierno bangladesí a cancelar o trasladar la central térmica.

EFE

Notas DLRD
a) La planta que construye en la India la compañía mixta Bangladesh-India Friendship Power Company (BIFPCL), costará 1,700 millones de dólares y generará 1,320 MW, las dos plantas de Punta Catalina que construye el gobierno de Danilo Medina con Odebrecht y el Grupo Acero Estrella, costarán más de 2,040 millones de dólares y sólo generarán 675 MW.

b) La vida útil de una planta de carbón son 40 años, Danilo Medina y Rubén Jiménez Bichara firmaron un contrato de arrendamiento de los terrenos donde se ubicarán las plantas a carbón por 50 años, en beneficio del Grupo INICIA (Grupo Vicini), se pagarán 10 años de arrendamiento sin utilizar la planta generadora de electricidad.

c) La provincia Peravia tendrá garantizado al menos 6,000 muertes prematuras y 24,000 infantes por debajo del peso normal.

Las plantas a carbón de Punta Catalina son la estafa más grande realizada desde el Estado contra el Estado mismo.


Luis Del Monte / DLRD
EFE

Presidente y Bichara rechazaron oferta planta gas natural de EE.UU. / Vídeo

    Francisco Sánchez, subsecretario de Estado de Comercio de EEUU.

Subsecretario de Comercio EE.UU. ofreció planta a gas natural de mil MW por 800 millones de dólares
SE DECIDIERON POR DOS BRASILEÑAS QUE COSTARÁN MÁS DE 2,040 MILLONES DE DÓLARES Y SÓLO GENERARÁN 675 MW NETOS
La conspiración Gobierno dominicano-Brasil para hacerse del negocio de la planta oficial de generación eléctrica en asociación con grupos económicos criollos superpoderosos está sustentada en múltiples pruebas de que hubo sobornos, prevaricación y corrupción al más alto nivel.

Apenas meses antes de que se iniciara (2014) la construcción de las dos plantas a carbón en Punta Catalina, Baní, el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos Francisco Sánchez, estuvo de visita en el despacho del presidente de la República Danilo Medina (octubre de 2013) y le ofreció una planta de generación eléctrica de mil MW, a gas natural y con un costo de 800 millones de dólares. No sólo le ofreció la construcción de la planta a través de la empresa Wellford Energy/Summit Power, sino que le aseguró que a partir de 2015 tendría asegurado el suministro de gas natural para la misma.

El presidente Danilo Medina y el administrador de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, meses después sin dar respuesta a la oferta norteamericana iniciaron la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina que tendrán una generación neta entre ambas de 675 MW, a un costo mayor a los dos mil cuarenta millones de dólares.

Esta descomunal inversión se hace mediante un entramado entre el gobierno dominicano, la empresa brasileña Odebrecht, el Grupo Acero Estrella, el Grupo INICIA (que no es más que el Grupo Vicini. INICIA es VICINI al revés, sólo tiene que girar la letra A y leer de derecha a izquierda) y otros asociados que todavía no han salido a la luz pública.

Para algunos analistas las plantas a carbón de Punta Catalina son el fraude más grande que ha orquestado gobierno alguno desde la independencia de la República Dominicana. Dos plantas de generación eléctrica obsoletas, contaminantes y sobrevaluadas criminalmente para favorecer a funcionarios y a grupos económicos poderosos. Las consecuencias penales para los implicados en este fraude a la RD no se harán esperar desde que las circunstancias actuales cambien.

Nota de prensa del gobierno, miércoles 30 de octubre de 2013
El presidente Danilo Medina recibió en su despacho del Palacio Nacional a una comisión de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos, encabezada por el Subsecretario de Estado de Comercio, Francisco Sánchez.

El funcionario estadounidense dijo que habló con el Mandatario dominicano sobre el tema eléctrico y la importancia para el país del uso del gas natural para el desarrollo sostenible.

Luego, en rueda de prensa realizada en el Salón Orlando Martínez, el subsecretario de Estado de Comercio, Francisco Sánchez, explicó que se trató de una reunión productiva en la que se conversó sobre un proyecto que contempla la producción de energía a través del gas natural, en la zona norte del país y del cual los dominicanos comenzarán a beneficiarse a partir del 2015.

La iniciativa es desarrollada por la empresa Wellford  Energy/Summit Power.

Francisco Sánchez, Subsecretario de Estado de Comercio de EE.UU., aseguró al presidente Medina que para el 2015 habrá acceso al gas natural en el país.

“Se trata de un proyecto con la empresa americana Summit Power y quería decirle al señor Presidente, y se lo dije, no solamente que lo apoyamos, sino algo muy importante que tiene que ver con el éxito de este proyecto, y es que haya acceso al gas natural y que haya acceso para el 2015; y yo pude asegurarle al señor Presidente que va a haber acceso al gas natural, empezando en el 2015”, dijo.

Explicó que tocaron otros aspectos importantes para llevar a cabo este proyecto al considerar que no hay obstáculos para llevar a cabo esa iniciativa “y el Gobierno de los Estados Unidos apoya totalmente que se pueda realizar para beneficio de los dominicanos”.

Junto al subsecretario de Estado de de Comercio norteamericano, estuvieron el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara; el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Daniel L. Footey el asistente del Subsecretario, Carleton Sheppard.

También la agregada comercial de la Embajada de Estados Unidos en el país Isabella Cascarano, la representante de la Wellford Energy/Summit Power, Catherine Calhoun y el consejero Denton LLP, Juan Carlos Iturregui.

Nota de prensa Listín Diario 31-10-2013

Juan Santos / DLRD

CDEEE arrendó por 50 años a Grupo Vicini terrenos Punta Catalina

    Juan Bautista Vicini Lluberes y el presidente Danilo Medina.

Esto es lo que defiende el Grupo Corripio en la Comisión, a sus socios. Si el gobierno necesitaba esos terrenos solo tenía que declararlos de utilidad pública y pagarlos al valor del mercado
El acuerdo no establece un valor específico en términos monetarios
ACUERDO SE FIRMÓ 9 MESES ANTES DE LAS ELECCIONES DE 2016
SANTO DOMINGO.- La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en la administración de Rubén Jiménez Bichara, arrendó por 50 años a la familia Vicini, los terrenos donde se construye la Central Termoeléctrica Punta Catalina, en Baní, provincia Peravia.

De acuerdo con una copia del contrato a la que tuvo acceso 7dias.com.do, el acuerdo de arrendamiento no establece un valor específico en términos monetarios, sino que el monto a ser pagado anualmente por la CDEEE a la familia Vicini será definido a través de una compleja fórmula acordada entre las partes y que incluye un componente fijo y uno variable que más adelante explicaremos.

El contrato fue firmado el 31 de agosto del 2015 por Jerges Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE y Felipe Vicini Lluberes, presidente la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., propietaria de los terrenos donde se construye la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

Derecho de propiedad

La referida compañía dice ser propietaria de la parcela 136, del distrito catastral número 2, de la comunidad de Catalina, Baní, provincia Peravia, con una extensión de 7,043,004.74 metros cuadrados, así como de la parcela 137, del mismo distrito catastral, de unos 1,633,459.91 metros cuadrados.

Justifica el derecho de propiedad en los certificados de título 247, que contiene la transcripción del 23 de marzo de 1933 del Decreto de Registro número 1414, inscrito el 4 de marzo de 1933, en el entonces Registro de títulos de San Cristóbal (hoy Registro de Títulos de Baní). “Este derecho fue retranscrito en fecha 19 de septiembre de 1947, de acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Tierras, de recha 12 de mayo de 1947”, dice el documento.

También se justifica en el certificado de título, matrícula número 0500014189, expedido por el Registrador de Títulos de Baní, en fecha 7 de septiembre del año 2011.

Cantidad de tierra para el proyecto

La CDEEE y la familia Vicini acordaron, según el contrato, que para le proyecto se utilizarían solo 1,356,645.54 metros cuadrados, distribuidos en dos polígonos: A) con un área total de 1,158,754.12 metros cuadrados en la parcela número 136, y B) con área de 197,891.42 metros, en la parcela 137.

Hipoteca sobre uno de los títulos

En el punto 2.1.5 del acuerdo, la familia Vicini y/o Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A declara que sobre el inmueble correspondiente a la parcela 137, con una extensión superficial de 1,633,459.91 metros cuadrados, existe un registro de Hipoteca Convencional en Primer Rango, marcada con el número 050029274, por la suma de siete millones de dólares (US$ 7,000,000.00) a favor del Banco Dominicano del Progreso, S.A., inscrita el 7 de septiembre del 2011, en el libro RC0054, Folio RC018, según consta en la Certificación de Estado Jurídico del Inmueble expedidas por el Registrador de Títulos de Baní, Lic. Edwin Bartolomé Castillo, en fecha 30 de abril de 2014.

Fórmula para calcular el monto a pagar por arrendamiento

En el contrato no se establece un monto específico a ser pagado por el arrendatario, en este caso “enfiteuta”, a favor del propietario de los terrenos, sino que se define una compleja fórmula que definimos tal está consignado en el punto 3, llamado “Canon Enfitéutico”:

El Canon Enfitéutico tiene dos (2) componentes básicos, que serán calculados de la manera siguiente; como sigue: A.- El primero será un componente fijo (F), que sería el valor tasado de la superficie a ser ocupada. Este valor será establecido entre tres tasadores, uno por cada parte y un tercero elegido por las dos partes en común acuerdo, y se escogerá de éstas el valor más alto entre; i) la que fuera ni la más alta ni la más baja entre las tres tasaciones, o ii) el valor promedio entre las tres tasaciones. Este valor resultante se dividirá por el número de años que sea acordado como duración (t) del contrato enfiteusis y este valor fijo se ajustará cada año por el índice de inflación acumulada de Estados Unidos (y). la fuente oficial acordada para verificar dicho índice será http://www.bls.gov/cpi/.

Sigue diciendo: La valoración del componente fijo (F) se realizará mediante tres (3) tasaciones como establece el artículo 3.1.1 (A), y será efectuada a requerimiento exclusivo de LA ENFITEUTA (o sea, la CDEEE) quien notificará a la propietaria para que ésta complete en un plano no mayor de treinta (30) días de dicha notificación; la tasación correspondiente a su cargo, que junto a la tasación de la Dirección General de Catastro Nacional (DGCN) y a LA ENFITEUTA (CDEEE), completan el requerimiento para establecer el valor del componente fijo (F). Una vez efectuadas las tasaciones y calculado el Cano correspondiente el mismo será aplicado retroactivamente desde la fecha del presente contrato y hasta la fecha del primer pago referido en el artículo 3.1.3. (B) a los Canons aplicados retroactivamente desde la firma de este contrato a la fecha en que LA ENFITEUTA notifique a LA PROPIETARIA el requerimiento de la tasación correspondiente a su cargo. Sin embargo, a partid de la fecha en que LA ENFITEUTA reciba la tasación requerida, de manos de LA PROPIETARIA, sí se aplicarán los efectos de la fórmula descrita en el artículo 3.1.1 (B de este Contrato. En caso de que LA PROPIETARIA no provea la tasación en el plazo de los treinta (30) días establecidos, luego de la notificación del requerimiento, se tomará el valor más alto de las dos (2) tasaciones restantes establecidas en el artículo 3.1.1. LA ENFITEUTA podrá realizar dicha notificación a LA PROPIETARIA  en cualquier momento a partid de la fecha de suscripción del presente Contrato, en el entendido de que en ningún caso la notificación podrá realizarse en una fecha posterior a: (i) 180 días antes del inicio de sus operaciones; y (ii) 180 días precios a los sesenta (60) meses de operatividad cumplidos, contados a partid de la fecha de suscripción del presente contrsto; cualquiera de éstas que ocurra antes.

El segundo será el componente variable que se computará como un valor porcentual (x) por el valor fijo anual (f) multiplicado por la cantidad de años (t) que le queden de vigencia al contrato.

La suma del componente fijo y variable conformarán cada año el Canon Enfitéutico anual (c), que pagará LA ENFITEUTA (o sea, la CDEEE) a LA PROPIETARIA (familia Vicini).

La obra

La Central Termoeléctrica Punta Catalina está constituida por dos unidades de carbón que producirían, en conjunto, unos 720 megavatios de electricidad.

La obra está cargo de un consorcio conformado por las compañías Odebrecht, Ingeniería Estrella y Tecnimont, y conllevará una inversión de más de 2,000 millones de dólares.


7dias