Ha habido, hay y seguirán los cuestionamientos a los miembros de la Comisión Especial designada por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación y asignación de Punta Catalina al consorcio conformado por las empresas Odebrecht, Tecnimont y Acero Estrella.
Fue el presidente Danilo Medina quien firmó el decreto 6-17 designando a la comisión para investigar todo el proceso de licitación y asignación de las obras de Punta Catalina, por un valor de más de 2,000 millones de dólares. El mismo hecho de la designación por parte del presidente Medina ya afectaba la credibilidad de los comisionados, dado que existen interpretaciones de que no hay en la Constitución de la República nada que autorice al presidente a crear comisiones de este tipo.
Tan pronto se dio a conocer los nombres de los miembros de la comisión, se iniciaron los cuestionamientos y las investigaciones sobre sus relaciones con el gobierno y con el sector eléctrico y con los socios de las empresas ganadoras. Uno de ellos que resultó seriamente identificado fue Monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador de la comisión, porque formaba parte como vocal de la empresa Acero Estrella, socio del consorcio ganador de la licitación.
Bajo sospecha, y sometida a serios cuestionamientos por todos los ángulos, esta comisión tuvo que lidiar con cualquier obstáculo y siguió adelante. Uno de los comisionados fue imputado por el Ministerio Público en el caso Odebrecht, y eso también fue una seria lesión a la credibilidad del trabajo realizado.
Conociendo las fortalezas y debilidades de personas como José Luis Corripio, Celso Marranzini, Pedro Brache, del propio Núñez Collado, y de los profesionales Jaime Aristy Escuder, Persio Maldonado, Gabriel del Río, Servio Tulio Castaños y Jorge Alberto Reynoso, hay que concluir que este informe que ya está en manos de todo el mundo es un doloroso resultado que quedará como una estampa en su historial como personas públicas, que aspiran en mantener viva la credibilidad que han alcanzado en sus años de vida.
Hay quienes sospechan que los comisionados se dejaron seducir por la influencia del gobierno y por la fuerza que representa un decreto del presidente de la República. Es probable que algunos de los comisionados se sintiera obligado a hacer un favor al presidente, y que esta era su oportunidad para tener números positivos ante el presidente, quien se entiende es como un monarca en la República Dominicana. Siempre habría oportunidad de cobrar los favores al presidente de la República.
Pero eso es especulación. El gobierno sostiene que la comisión trabajó en libertad y realizó un trabajo exhaustivo y completo, como declaró el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. El informe se entregó al presidente Medina y al Procurador General de la República. Es muy claro que Jean Alain Rodríguez utilizará este informe para cerrar cualquier otra investigación posible, independientemente de que sea solicitada por Marcha Verde o por el Partido Revolucionario Moderno o todos los partidos de la oposición.
El gobierno asume el informe como la palabra final de un tema caliente, que le quemaba su credibilidad. Y cerrará con él todo intento de que sea el Ministerio Público quien investigue y se queme, porque también carece de credibilidad por su dependencia de la presidencia de la República. El procurador ha sido identificado como un político actuando en esa función, y no como un ministro de justicia tratando de hacer cumplir la ley.
Todo esto se resume en la extraordinaria capacidad del Poder Ejecutivo para conseguir sus objetivos. Sin que se investigue el caso de Punta Catalina, el más grande contrato de Odebrecht en toda su historia en la República Dominicana, se cierra el caso, la empresa sigue operando hasta que concluya la construcción de las plantas de carbón, y pese a la confesión de que hubo 92 millones de dólares en sobornos, nada de ello ocurrió en las administraciones de Medina.
Los presos son los caídos por el fuego amigo, en algunos casos, y en los otros la necesaria ración para impedir que la oposición se espabile y se postule con calidad moral para cuestionar.
En política, sin embargo, las decisiones para salvar el pellejo del líder no tienen que considerar los subalternos que caigan en el camino ni las lesiones que pudieran derivarse de la utilización de los sujetos externos (comisión de empresarios y agentes eclesiales). Habrá formas de sanar esas heridas y de resarcir esos daños.
Esa una pena que así sea, y que la institucionalidad sea tan débil, que permita que las cosas sean como son. Y más en casos tan dramáticos como este. Salvando el pellejo del líder todo se vale, y para este caso, habrá que seguir adelante, porque no sabemos lo que nos depare el futuro.
Editorial Acento
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