Fuimos nosotros como país los que engañamos a Odebrecht

Las escorias del poder y la verdad (1)
Leí el informe de cabo a rabo, y los comisionados por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación de Punta Catalina me parecieron seres escindidos entre las escoria del poder y la verdad. Vivimos en el país del uso más desvergonzado del erario, y la práctica política más jactanciosa, colérica e impúdica de la historia contemporánea. El informe, por lo tanto, no extrañó a nadie. Pero duele que solo cuenten las esperanzas abortadas, las esperas inútiles, el sueño desilusionado. Porque, si la voluntad siguiera más o menos al entendimiento, después de la lectura del informe  deberíamos regocijarnos de que todos sigamos en santa paz, porque hemos obtenido un triunfo rotundo sobre la incidencia malsana que la compañía brasileña ODEBRECHT ha desplegado en el mundo.

Según el Informe, fuimos nosotros como país los que engañamos a ODEBRECHT, porque Punta Catalina nos costó un 6% menos de lo que vale. Hay que dar una voltereta mental,  eso ya lo había dicho Andresito Dauhjre, y Bichara le pagó poco más de setecientos mil dólares por ello; pero que lo recupere la comisión sin analizar todas las objeciones técnicas señaladas a ése nivel de costo, es un divorcio traumático entre lo que dicen los datos y lo que un “analista” pagado inventa para justificar al gobierno. La comisión optó por declararnos campeones: ¡engañamos a ODEBRECHT con un 6% menos! Esa empresa tan diestra en la manipulación, hizo en nuestro país lo que los campesinos llaman “El negocio de capa perro”, que capaba los perros a veinticinco pesos y daba treinta para que se lo agarraran.

Mejor aún: la comisión no encontró indicios de sobornos en la adjudicación del contrato de construcción de la planta a ODEBRECHT. Un hallazgo fenomenal, maravilloso, que la comisión suscribe sin mover un dedo para establecer la verdad. El modus operandi de la empresa ODEBRECHT prefiguraba tres componentes: soborno, sobrevaloración y financiación electoral a propuestas políticas con posibilidades de ganar el poder. El primer paso era el soborno, que llevaba automáticamente a la sobrevaloración; pero en algunos casos, como en el de Punta Catalina, el lobbismo se adelantaba al soborno (más adelante lo veremos). Esa metodología operativa fue tan efectiva que llevó a la compañía a crear una Oficina de operaciones estructuradas para sobornar en distintos países. Esta oficina funcionó, en principio, en los Estados Unidos, pero cuando el juez Moro arreció la persecución en Brasil, la trasladaron rápidamente a República Dominicana, un lugar más idóneo y seguro para ellos. En el documento de acusación de  la Corte del Distrito Este de New York, la propia compañía ODEBRECHT detalla los niveles económicos que alcanzaron para sobornar en los países americanos. Argentina, 35 millones de dólares. Colombia 11 millones de dólares. República Dominicana 92 millones de dólares. Ecuador, 33.5 millones de dólares. Guatemala, 18 millones de dólares. México, 10,5 millones de dólares. Panamá, 59 millones de dólares. Perú, 29 millones de dólares. Venezuela, 98 millones de dólares. Brasil, 349 millones de dólares.

Los comisionados por Danilo Medina para investigar Punta Catalina tenían el aliento sostenido que les permitía saltar en su redacción de un elemento cómico a otro. Si antes encontraron que fuimos nosotros los que engañamos a ODEBRECHT al robarle poco más del 6% del costo verdadero  de la planta, ahora se hacen los australianos y “no encuentra pistas de sobornos”; sin  ver que, por confesión de la propia compañía ODEBRECHT, somos el tercer país en el monto desplegado de los sobornos en el continente americano, y el país sede de la oficina de operaciones estructuradas que les servía de camuflaje. Lo sorprendente, sin embargo, es todavía más deformante, porque el prorrateo por años de la distribución de los sobornos en nuestro país deja muy claramente establecido por el ciclo bancario de la ruta del dinero (VER EL ESTUDIO DE GUSTAVO GORRITI, “LA RUTA DEL DINERO”) que la mayor cantidad del dinero de la mordida entró al país justamente en el periodo del 2012 al 2014, y en ese espacio-tiempo únicamente se contrató con ODEBRECHT la construcción de Punta Catalina. ¿No podría haberse preguntado la comisión a dónde fue a parar el mayor monto del pastel de los sobornos en la República Dominicana?

En el próximo artículo veremos cómo es de dramático estar atrapados entre las escorias del poder y la verdad.

Las escorias del poder y la verdad (y, 2)
Para continuar con los hallazgos, en el “Informe” de la Comisión que investigó el contrato de Punta Catalina hay más construcción de sentidos con lo que se deja de decir que con lo que se dice. Ya vimos que repiten el engendro de Andy Dauhjre de que la Planta nos costó un 6% menos; pero ignoran consideraciones que el propio “Informe” sostiene sobre el proceso de licitación. La primera es el lobbismo del  ex presidente Lula, admitido por Alexandrino Alencar en sus confesiones ante los fiscales electorales del Brasil el 17 de diciembre del 2016. Alencar era el contacto oficial de ODEBRECHT con Lula, y para lograr el objetivo de obtener el contrato de construcción de Punta Catalina viajó tres veces al país, dos de ellas acompañando a Lula. Hay fotos de Alexandrino Alencar, Danilo Medina y Lula. Además, el jurado era una pantomima que llevaba implícita la voluntad de responder al lobibsmo de Lula. Casi todos eran subalternos de Rubén Bichara, y los únicos dos independientes, Ramón Flores e Isidoro Santana, se asquearon del sainete y se negaron a firmar un mamotreto de adjudicación que era una falsa total (Hay que leer los interrogatorios que les hizo la propia comisión que redactó el “Informe”, y después asombrarse de que sea ésa misma comisión la que vio como “mayormente legal” la licitación, después de haber oído lo que esos dos jurados dijeron).

El colmo fue, sin embargo, lo del “competidor virtual”. Únicamente el grupo de los evaluadores subordinados de Bichara tuvieron acceso a la evaluación técnica que le otorgaba el contrato a ODEBRECHT(ver interrogatorios de Flores y Santana), y que había eliminado a los otros treinta competidores. Se sacaron del sombrero al “competidor virtual”, un imaginario tecnológico al que ODEBRECHT venció porque casi se igualaron en precio (obviando costos del terreno, salarios, transporte e impuestos nacionales, exonerados por Danilo Medina). Como era lógico, la “mayormente legal” adjudicación (ver el “Informe”) resultaba una comedia bufa. Entrampados en las escorias del poder, la comisión negaba en sus conclusiones las desplegadas informaciones con las que trabajó. Más que descubrir, encubría.

Y el otro colmo es no “haber hallado rastro de soborno” en la investigación. De lo más investigado sobre el caso ODEBRECHT la ruta del dinero tiene la primacía. En mi artículo anterior cité a Gustavo Gorriti, pero incluso la Procuraduría General de la República, que no ha investigado absolutamente nada, dejó bien claro que de los 83 millones de dólares que llegaron al país entre el 2007 y el 2015, el 75% llegó entre el 2012 y el 2015; y en ése tiempo la única obra contratada fue Punta Catalina. Esa misma Procuraduría General de la República, que no ha movido un dedo para investigar en serio, incluyó en la página 14 del expediente acusatorio de los encartados por ODEBRECHT, a Punta Catalina como una de las obras obtenidas a partir de la estrategia de soborno de la empresa brasileña. Se puede hasta inventar un cuento de ficción con el sobreprecio, como el del “competidor virtual”, pero el soborno es una viga tan grande que hasta a quien pretenda ignorarla le puede sacar los ojos. Esos comisionados podrían haberse preguntado cosas tan elementales cómo ¿adónde fueron a parar esos casi sesenta y tres millones de dólares que llegaron al país justamente después de la adjudicación de Punta Catalina?  O disyuntivas tan modestas como ¿Si, tal y como dice la Procuraduría, casi sesenta y tres millones de dólares se pagaron en soborno durante ése periodo, no sería, acaso, La Santa Catalina, el motivo de ello?  Es claro que esa comisión veía únicamente lo que Danilo Medina quería ver.

Esa Comisión es  un hito histórico y como tal será juzgada, y su “Informe” será leído como el producto de unos seres cuyos intereses, y las escorias del poder en un país de tan larga tradición autoritaria, los obligaron a ocultar una verdad que ellos en su yo interior saben que existe. Porque a pesar de todo lo que Danilo Medina ha hecho para ocultar lo ocurrido, Punta Catalina  será un monumento a la corrupción. Quizás el mayor monumento a la corrupción de la historia de este país.


Andrés Luciano Mateo
Hoy

Gobierno asume informe Comisión Presidencial como la palabra final

Salvando el pellejo del líder
Ha habido, hay y seguirán los cuestionamientos a los miembros de la Comisión Especial designada por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación y asignación de Punta Catalina al consorcio conformado por las empresas Odebrecht, Tecnimont y Acero Estrella.

Fue el presidente Danilo Medina quien firmó el decreto 6-17 designando a la comisión para investigar todo el proceso de licitación y asignación de las obras de Punta Catalina, por un valor de más de 2,000 millones de dólares. El mismo hecho de la designación por parte del presidente Medina ya afectaba la credibilidad de los comisionados, dado que existen interpretaciones de que no hay en la Constitución de la República nada que autorice al presidente a crear comisiones de este tipo.

Tan pronto se dio a conocer los nombres de los miembros de la comisión, se iniciaron los cuestionamientos y las investigaciones sobre sus relaciones con el gobierno y con el sector eléctrico y con los socios de las empresas ganadoras. Uno de ellos que resultó seriamente identificado fue Monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador de la comisión, porque formaba parte como vocal de la empresa Acero Estrella, socio del consorcio ganador de la licitación.

Bajo sospecha, y sometida a serios cuestionamientos por todos los ángulos, esta comisión tuvo que lidiar con cualquier obstáculo y siguió adelante. Uno de los comisionados fue imputado por el Ministerio Público en el caso Odebrecht, y eso también fue una seria lesión a la credibilidad del trabajo realizado.

Conociendo las fortalezas y debilidades de personas como José Luis Corripio, Celso Marranzini, Pedro Brache, del propio Núñez Collado, y de los profesionales Jaime Aristy Escuder, Persio Maldonado, Gabriel del Río, Servio Tulio Castaños y Jorge Alberto Reynoso, hay que concluir que este informe que ya está en manos de todo el mundo es un doloroso resultado que quedará como una estampa en su historial como personas públicas, que aspiran en mantener viva la credibilidad que han alcanzado en sus años de vida.

Hay quienes sospechan que los comisionados se dejaron seducir por la influencia del gobierno y por la fuerza que representa un decreto del presidente de la República. Es probable que algunos de los comisionados se sintiera obligado a hacer un favor al presidente, y que esta era su oportunidad para tener números positivos ante el presidente, quien se entiende es como un monarca en la República Dominicana. Siempre habría oportunidad de cobrar los favores al presidente de la República.

Pero eso es especulación. El gobierno sostiene que la comisión trabajó en libertad y realizó un trabajo exhaustivo y completo, como declaró el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. El informe se entregó al presidente Medina y al Procurador General de la República. Es muy claro que Jean Alain Rodríguez utilizará este informe para cerrar cualquier otra investigación posible, independientemente de que sea solicitada por Marcha Verde o por el Partido Revolucionario Moderno o todos los partidos de la oposición.

El gobierno asume el informe como la palabra final de un tema caliente, que le quemaba su credibilidad. Y cerrará con él todo intento de que sea el Ministerio Público quien investigue y se queme, porque también carece de credibilidad por su dependencia de la presidencia de la República. El procurador ha sido identificado como un político actuando en esa función, y no como un ministro de justicia tratando de hacer cumplir la ley.

Todo esto se resume en la extraordinaria capacidad del Poder Ejecutivo para conseguir sus objetivos. Sin que se investigue el caso de Punta Catalina, el más grande contrato de Odebrecht en toda su historia en la República Dominicana, se cierra el caso, la empresa sigue operando hasta que concluya la construcción de las plantas de carbón, y pese a la confesión de que hubo 92 millones de dólares en sobornos, nada de ello ocurrió en las administraciones de Medina.

Los presos son los caídos por el fuego amigo, en algunos casos, y en los otros la necesaria ración para impedir que la oposición se espabile y se postule con calidad moral para cuestionar.

En política, sin embargo, las decisiones para salvar el pellejo del líder no tienen que considerar los  subalternos que caigan en el camino ni las lesiones que pudieran derivarse de la utilización de los sujetos externos (comisión de empresarios y agentes eclesiales). Habrá formas de sanar esas heridas y de resarcir esos daños.

Esa una pena que así sea, y que la institucionalidad sea tan débil, que permita que las cosas sean como son. Y más en casos tan dramáticos como este. Salvando el pellejo del líder todo se vale, y para este caso, habrá que seguir adelante, porque no sabemos lo que nos depare el futuro.


Editorial Acento
Acento

Informe Comisión obliga arduo trabajo a bocinas del régimen

¡Qué punta!, la de Catalina
Al informe de la comisión de Punta Catalina le nació moho. Llegó tarde al debate, cuando ya no había sorpresas. Su publicación no arrancó ni un suspiro, quizás un concierto de aburridos bostezos. Me pareció oír un cuento de cama infantil en el que siempre hay un final feliz que el sueño se empeña en malograr.

La prensa le dio un despliegue señorial, pero su futilidad fue tal que ni a los mismos voceros del Gobierno les animó resonarlo. El informe perdió lo que lo motivó: utilidad propagandística y pertinencia política. No convenció ni a sus autores; basta advertir las sensibles inconsistencias entre las comprobaciones y las conclusiones: un divorcio claro. Pero se impuso el mandato político implícito de concluir como lo hicieron; los notables tenían la obligación de reciprocar la distinción de su escogencia por un presidente en apuros. Desde ese ángulo, más que complaciente, fue humanitario. Los comisionados pueden marcharse satisfechos, cumplieron con su inútil trabajo; al menos le quedaron bien al presidente. ¡Buenas noches!

El informe concluyó como todos esperábamos: agua cuando llueve y calor en verano.  Algunas “fallas” y hallazgos que pudieron ser denunciados fueron disimulados en forma abstracta, algunos bajo un pliego de propuestas genéricas. Confirmó también ciertas cosas que el sentido más común nunca consentiría, como que la obra pública más costosa de la historia se construye en ¡terrenos privados!, mediante un arrendamiento enfitéutico. ¡Cuánto daría por ser Vicini! Ese es apenas el comienzo de lo que nunca se contó ni se contará. Secreto de tumba…

El  informe más creíble nace del correlato enredado en la comisión que lo emitió: su presidente, con graves conflictos de intereses corporativos; un miembro guardando prisión por aceptar sobornos de la empresa constructora; otro, en pleno desarrollo de la “investigación”, denunció que el Ministerio Público debía intervenir en algunos descubrimientos y, para rematar, la obra fue incluida dentro del expediente de los sobornos. Ahora nada raro pasó, excepto que el precio estaba por debajo de lo razonable y que no hubo fraude en su adjudicación. Total, eso le bastaba al presidente. Debiéramos entregar la condecoración más alta a Odebrecht y quizás un bono extra por su pulcritud. Juzgue usted.

No obstante, aun de este bagazo el Gobierno hará un jugo para refrescar la atosigante propaganda de Punta Catalina. Es increíble lo que está malgastando en publicidad. Punta Catalina es omnipresente: sale en la radio, en la televisión abierta y por cable, en las redes, en los diarios impresos, en el cine y hasta en los jueguitos virtuales que por ocio se descargan. Esta saturación demencial está creando un efecto contrapuesto de repulsión masiva. La desesperada necedad del Gobierno es tal que no comprende una realidad ostensible: la gente no se queja ni reclama por la obra ni cuestiona incluso su necesidad; el problema obstinadamente eludido es la corrupción que se anidó en su ejecución y construcción y la reticencia del presidente para hablar la verdad. No es cuestión de los empleos ni la energía que genera, sino del costo que agregó como otro pasivo a las viejas deudas institucionales. Es como destacar, frente a un posible comprador, las ventajas y atributos de un vehículo robado.

Ahora el presidente usará el informe de su comisión para dar por cerrado el caso, como si se tratara de una sentencia absolutoria; algo parecido a lo que hizo con las declaraciones de Joao Santana y Mónica Moura en Brasil respecto del financiamiento de su campaña por parte de Odebrecht. Después de este cierre pedirá a la nación concentrarse en el trabajo y atender los retos apremiantes, con unos cuantos comunicados de apoyo de otros notables de igual estirpe para que el vulgo calle su estridencia populista. Lo demás será un fino y retribuido trabajo de las bocinas de distintos tonos y cuños. Piñatas de papeletas. Un festival de coloridas distracciones matizarán las expectativas de justicia y el sol se pondrá sobre la rutina, calentando la ruda sobrevivencia de cada día… (Suénalo, Martín… ¡eso!*).


José Luis Taveras
 Letras Libres
 Acento

* Nota DLRD:
Suénalo, Martín… ¡eso! / El autor utiliza una frase grabada en varias ocasiones en su discografía por el merenguero Fernando Villalona. Se refiere al trombonista Martín Villalona, su hermano, y que al anunciarlo así, hacía un solo en el paseo de la pieza interpretada. José Luis no nos ha autorizado a hacer esta nota, pero se alegrará de saber que sus fans entendemos a cabalidad todos los vericuetos de sus artículos magistrales conque orienta al pueblo dominicano.

Lo que Danilo Medina aprobó para beneficiar a la familia Vicini

Informe Comisión Agripino: “rendición ante negocios Grupo Vicini”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El informe rendido por la Comisión Investigadora de los trabajos de la planta generadora de energía que se construye en Punta Catalina, Baní, sorprendió a pocos. No así las observaciones  que en aparente “buena fe” hicieron sus integrantes al recomendar la compra de los terrenos en donde se levanta el cuestionado complejo energético estatal.

De entrada, no ofrece mayores detalles de lo ocurrido en aparente desconocimiento de la existencia de un contrato de Enfiteusis suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, (CDEEE), y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad del Grupo Vicini, en la que ésta última cede en calidad de arrendatario y en condiciones muy favorables para la empresa privada, los terrenos en cuestión.

Por tanto, referido casi de soslayo por la referida comisión, que al decir de muchos -- resultó ser una especie de traje a la medida para favorecer al Poder Ejecutivo-- aparenta una sugerencia en procura de evitar problemas posteriores, cuando en verdad, el mencionado contrato, en las condiciones que fue rubricado por las partes, en este caso el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Jerges Rubén Jiménez Bichara y Juan Bautista Vicini, representante de la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, implica un gran perjuicio, no solo para el Estado, sino también para los futuros gobiernos.

A saber: De entrada, todo pudiera estar bajo la protección de la Ley, a no ser porque el contrato No. 108-15 suscrito entre la CDEEE y Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad de los Vicini, en la descripción jurídica del inmueble destaca que el mismo se encuentra gravado con una hipoteca de 7 millones de dólares. Hasta ahí, todo bien, pero resulta que la hipoteca se realizó a través del Banco del Progreso, propiedad del dueño del terreno.

Así las cosas, se infiere que el propietario del terreno se autoprotegió con una medida de afección agresiva al derecho de propiedad como la hipoteca, previendo situaciones diversas como la falta de pago, la cesión a empresas e intereses particulares de la operación y renta del proyecto.

Frente a lo que aparenta una falta a la ética que el Estado no desconoce, pues sabe que pacta un contrato de arrendamiento con un terreno hipotecado a través de una institución bancaria propiedad de los mismos dueños del terreno, tal y como lo establece el artículo 2.1.5 del referido acuerdo,  debió exigir la cancelación inmediata del mismo.

Esto así, porque si en un momento determinado, el Propietario, en este caso la familia Vicini, decide vender el terreno, este contrato le autoriza a la compra por el mismo banco --propiedad de la familia-- o si por falta de pago decide  ejercer la ejecución de la garantía, que es el terreno, el Estado no tiene manera de detener esta medida, a menos que compre el crédito con el banco y los derechos accesorios como moras, honorarios, entre otros.

Dicha hipoteca fue inscrita el 7 de septiembre de 2011, en el Libro RC0054, Folio RC018, tal como consta en la Certificación de Estado Jurídico del Inmueble, expedida por el Registrador de Títulos de Baní el 30 de abril de 2014.

Pero… ¿qué es La Enfiteusis?
De conformidad con lo establecido por el Código Civil Dominicano, la Enfiteusis es un tipo de arrendamiento en el que se otorga al beneficiario, en este caso el Estado, un derecho real sobre un inmueble, su uso y goce por un período de tiempo no menor de 50  años y no mayor a los 99 años. En este caso, el contrato es prácticamente a perpetuidad, pues aunque establece una duración de 50 años, sería prorrogable por períodos de 20 años, sin que se fije un término claro y definitivo.

Por tanto, por tratarse de un proyecto supuestamente de interés social que, al decir de  sus promotores resolverá el eterno problema de la energìa eléctrica en el país, al Estado le resultaría más útil y económico proceder a comprar la propiedad que adquirirla en Enfiteusis. A falta de lo anterior, declararla de utilidad pública, como lo han hecho con cientos de miles de terrenos en todo el país, a manera de dar paso a la construcción de obras prioritarias.

Pero además, resulta incomprensible que un contrato tan oneroso se pacte con un competidor del Estado en el negocio de la generación eléctrica, pues el Grupo Vicini es, después de AES, el principal oligopolio de generación eléctrica del país, a través de las empresas Cogentrix, EGE-HAINA, Los Cocos, entre otras.

Como puede verse, la comisión nombrada por el presidente Danilo Medina, debió recomendar o emplazar al Congreso Nacional a no aprobar un contrato de arrendamiento a todas luces oneroso, conocido por ellos,  que no ofrece ninguna garantía al Estado, a menos que lo que se pretenda es beneficiar a los dueños del terreno -en este caso el Grupo Vicini-.

Cláusulas leoninas
Sin dudas, el contrato que en apariencia desconocía la comisión que investigó la licitación en Punta Catalina contiene cláusulas leoninas en contra del Estado que amenazan el carácter público del proyecto que se construye en esos terrenos.

En ese sentido, el documento rubricado por Bichara y Vicini es claro cuando dice que el Estado pagará un arriendo por 8 millones 676 mil 464 metros cuadrados de terrenos, cuando solo ocupará un millón 356 mil 645 metros cuadrados del mismo, con la eventualidad de que el valor del arriendo de la porción sobrante le sea deducida en adendas posteriores al ingresar otros ocupantes para favorecer los intereses del propietario de los terrenos. Igualmente queda claro que se rubricó el contrato sin que previamente se hiciera el deslinde de rigor, por tanto, aun cuando el estado ocupará solo una parte de los terrenos, el pago anual se hará por el total de las parcelas.

El artículo 3.1 del convenio establece un oscuro y complicado canon para el pago del arriendo que ascenderá a varias veces el valor de los terrenos en el transcurso de los 50 años de duración del mismo. No solo eso, el pago de ese canon se realizaría en dólares y podría ser liquidado en pesos a la tasa del día, incluyendo el ajuste anual de la tasa de inflación de Estados Unidos, en franca violación a lo que establece en su artículo 24  la Ley Monetaria y Financiera,  ya que el peso es la moneda de curso legal.

Es decir que una verificación minuciosa del pago que el Estado haría al Grupo Vicini, presenta una serie de variables, entre las que destacan forma y tiempo de pago, interés sobre mora, moneda en dólares a la tasa de cambio del día del pago, condiciones éstas que benefician al propietario en perjuicio del Estado.

Más pifias en el contrato
A pesar de que el articulo 6.1.3 garantiza al Estado el uso y disfrute pacífico y sin intervenciones del terreno arrendado durante los 50 años de vigencia del contrato, habría que preguntarse cómo puede el propietario -Grupo Vicini- mantener la propuesta si el inmueble está gravado por un título privilegiado en una institución de intermediación financiera del mismo grupo. Ese crédito con el banco es perfectamente cesionable a un tercero, que puede ser el mismo banco como dación de pago, de manera que, en caso de intervenir alguna cesión del crédito, el adquiriente quede en libertad legal de ir sobre la propiedad con todas las herramientas que la ley pone a su disposición.

Entonces…? Sí hay daño al medio ambiente!
La multa establecida en el artículo 6.2.7 al Estado por el tratamiento irregular, informal o separado del protocolo aprobado por Medio Ambiente comprueba que la construcción de las plantas a carbón en Punta Catalina afectará el entorno del proyecto. Esto así, porque las partes reconocen, y así está estipulado, una indemnización de 36,000 dólares por hectárea afectada. Claro, sólo a las plantaciones del Grupo Vicini. En ese sentido, queda claro el daño medioambiental.

Habrá que preguntar entonces quién indemnizará la salud de la gente que, obviamente se afectaría, a pesar del empeño por negar los daños al medioambiente, sin contar con la destrucción de los sembradíos de pequeños y medianos productores de la zona.

Cada cláusula amenaza el interés público
Y en efecto, se trata de tres cláusulas que son una verdadera amenaza al bien público, toda vez que la primera de estas estipulaciones concede al propietario de los terrenos -Grupo Vicini- de forma unilateral la facultad para dar por terminado el contrato en un período de tres años en caso de incumplimiento de pago del arriendo.

El artículo 7.1.1 establece que al momento del vencimiento del plazo del contrato, debe producirse un nuevo acuerdo con el propietario, como si el cálculo del pago por 50 años no fuese totalmente oneroso desde el inicio, pues  cuando se termine su vigencia, habrá que suscribir nuevas condiciones de precio.

No solo eso,  otro de los requisitos que atentan contra el carácter público del proyecto es que el propietario de los terrenos tendrá la posibilidad de participar, si así lo desea o le conviene, en la reactivación de la obra y el desarrollo del proyecto, en caso de que se paralicen las obras por más de cinco años.

Esto significa que el dueño de los terrenos –Grupo Viccini-- tiene el derecho y la facultad  de convertirse de nuevo en propietario, esta vez de las plantas a carbón, que pasarían a manos del grupo económico, sin obviar los derechos que le confiere sobre cualquier obra o mejora adicional que se construya, lo que se realizará a través de un mecanismo de negociación siempre a favor del propietario de los terrenos en cuestión.

En cuanto al enunciado número 10, que hace referencia a la necesidad de la construcción de este proyecto, al ser de interés público y social, el Estado debió limitar las posibilidades de tal adquisición, ya que en un momento determinado, por cualquiera de los medios antes mencionados, si el dueño quisiera vender los terrenos y el Estado no tuviese cómo pagar el precio, en este caso se vende la propiedad, y al nuevo propietario no se le puede presentar las condiciones iniciales de la Enfiteusis, por lo que se necesitará un nuevo contrato en el que el adquiriente tendría la última palabra.


Yvonne Ferreras
7dias

Comisión entrega certificado a 'El ungido'

Certificado de impunidad

'El ungido' recibió de manos de 'su Comisión', el certificado que le dice que todo está bien y que no hay nada que objetar del proyecto de las plantas eléctricas a carbón de Punta Catalina. Un final predecible, como predecible será el final de los comisionados y de los involucrados en la estafa más grande cometida desde el Estado en contra de la RD.

A pesar de que Odebrecht aseguró que pagó sobornos hasta 2014, de no haberse hecho una auditoría forense de lo gastado en las plantas eléctricas, los comisionados firman un certificado de impunidad al Gobierno.

El PLD, los empresarios asociados a esta cleptocracia gobernante y los poderes fácticos tendrán una respuesta contundente de este pueblo, más temprano que tarde.



Juan Santos / DLRD

El cuerpo del delito expuesto / Vídeo

Desde diciembre de 2016 DLRD advirtió que las plantas a carbón de Punta Catalina eran el mayor desfalco realizado desde un gobierno al Estado

Vea el vídeo y léalo en el Listín Diario, aquí.

Encuesta periódico El Día.

DLRD

Batatas refritas 31

COLADITOS
No existe otro tema para Batatas refritas esta vez que no sea el del caso Odebrecht y las detenciones de involucrados en supuestos sobornos.

1- El Procurador dijo "Están todos los que son y son todos los que están", hay que entender estas palabras en su contexto, se supone que lo que nos está diciendo es que esas 14 personas son las señaladas por los delatores de Odebrecht como los receptores de sobornos y confirmados por la justicia brasileña. Que de ahí en adelante los imputados involucren a otros, es otra cosa.

2- Existe una diferencia en la cantidad de personas detenidas con las declaraciones de una diputada panameña que estuvo de visita hace unos días en el país. La diputada panameña Zulay Rodríguez reveló en el programa radial 'El Gobierno de la Tarde' que habían unos 26 nombres de República Dominicana que estarían implicados en el caso Odebrecht. Manifestó la legisladora extranjera que no tenía los nombres específicos de esas personas, pero sí que son unos 26 quienes estarían involucrados en dicho caso. Entre 14 y 26 hay una diferencia de 12 nombres. Ella tuvo acceso a los papeles de Brasil cuando investigaba el caso de Panamá.

3- Exhortamos a no meter las manos por ninguno de los implicados en este escandaloso caso, los que entregaron coimas no están inventando nombres para implicar inocentes. Cada quien es responsable de sus actos y los 92 millones de dólares pagados en sobornos no fueron lanzados desde una avioneta en "La Feria", fueron entregados de manera sigilosa y oculta a gente con poder político para aprobar préstamos y addendas.

4- Después de enterarnos de la lista de detenidos estamos completamente convencidos de que, ¡no están todos los que son y no son todos los que están!

5- Teníamos la percepción de que el listado de detenidos fue hecho de arriba a abajo por Danilo Medina y que el papel del Procurador se limitó a leerlo en público. Luego de una siesta nos despertamos y se nos cayó esta teoría, ni el Presidente ni el Procurador pueden alterar los nombres suministrados porque Brasil hará público ese listado supuestamente el 3 de junio, quedarían expuestos si la mutilaron, se descarta esa percepción.

6- Sin que se ofenda Jean Alain Rodríguez, su actuación frente al caso Odebrecht ha demostrado que no tiene ni la capacidad ni la experiencia para ser procurador general de la República Dominicana. Se ha limitado a ejecutar lo que le han dicho desde Brasil, Estados Unidos y su jefe. No ha investigado, de haberlo hecho las detenciones en el día de ayer hubiesen sido de cientos de personas. Unos sobornos que ascienden a la astronómica suma de 4,370 MILLONES de pesos no se quedan en las 28 manos de los catorce implicados hasta el momento. No ha habido voluntad política para acusar a funcionarios de este gobierno y a más miembros de los comités político y central del PLD.

7- Las carreras políticas de Juan Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Alfredo Pacheco y Ruddy González; han finalizado. Independientemente de los resultados de su proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia, no existe manera posible de que vuelvan a ser opción electoral en ninguna demarcación de la RD ni mucho menos volver a ejercer un cargo público por nombramiento, lamentablemente.

8- El PRM debe adelantar su convención a la brevedad posible, deben dar un golpe de efecto rápido,  Jesús Vásquez Martínez (Chu) y Andrés Bautista; no pueden figurar en su dirección ejecutiva. Estamos en otros tiempos y si no lo hacen así sufrirán las consecuencias en 2020.

9- Si la Comisión Presidencial creada para investigar la licitación, adjudicación y costos de las plantas a carbón de Punta Catalina estaba desacreditada desde su inicio, con el apresamiento de uno de sus miembros acusado de supuestamente haber recibido soborno; ha quedado liquidada en su totalidad. Dejen eso, no pierdan su tiempo que cualquiera que sea su veredicto no incidirá en la sociedad.

10- El gobierno de Danilo Medina está muy confiado en que la disciplina peledeísta impedirá a Temo Montás, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura y Julio César Valentín; violar el código omertá que se ha mantenido durante toda la existencia de la cleptocracia creada a partir de 2004. Mucho cuidado, ese código de honor se mantuvo mientras no hubieron traiciones como las acontecidas, todos han perdido su prestigio, sus carreras políticas y muy probablemente los cargos que actualmente ostentan. No descarten sorpresas imprevistas en los juicios.

11- No existe la menor duda que sin la intervención de Estados Unidos y Brasil, hubiera sido imposible ver las órdenes de arrestos que se realizaron ayer 29 de mayo de 2017.

12- Está sobreentendido que los 92 millones de dólares pagados en sobornos deben ser recuperados de los bienes de los imputados y devueltos al Estado. No pretenderán Danilo Medina y el Procurador que repartiendo cárcel de dos y cuatro años a los que resultaran culpables van a dar el caso por terminado y dejando en un placentero retiro y siendo millonarios a ladrones juzgados. Cuando se llegue a esa etapa es muy posible que cuando no encuentren la totalidad de lo supuestamente recibido en bienes y cuentas bancarias se descubra a dónde fue a parar el dinero faltante.

13- Un dato curioso y que llama la atención es que no se publicaron las acusaciones ni los montos recibidos por los imputados de recibir sobornos. La deficiencia de la Procuradoría es inmensa, raya en la vergüenza.

14- Existe una desproporción entre los imputados de las distintas administraciones y los montos de los préstamos que cada uno procesó. Aparenta que Brasil y Odebrechet fueron sumamente bondadosos con el gobierno actual. Podría tratarse de un trato preferencial por las finas atenciones y los acuerdos firmados con el gobierno de Danilo Medina.

15- Luego del show de mal gusto de presentar a 14 personas como los únicos involucrados y responsables de tomar 92 millones de dólares en sobornos, el pueblo está lavando sus camisetas verdes para el 11 de junio en San Pedro de Macorís, igualmente pasa con los tenis, listos para marchar.

16- Aunque los Vicini y los Corripio le publicaron una encuesta al Presidente dándole un 64% de aceptación popular, el viernes no llegaba ni al 30%, un 28.6; hoy martes repta en lo más profundo del rechazo a la figura presidencial, confirmado.

17- Se está intentando destruir lo poco que le queda a Leonel Fernández, Danilo Medina está muy confiado en que "se la está comiendo", se va a llevar la sorpresa de su vida en los próximos meses con la Marcha Verde y la oposición política.

18- Todavía faltan por procesar las sobre valuaciones de las obras de Odebrecht, los addendums realizados y los procesos viciados que se hicieron para adjudicar todas las licitaciones a esa constructora.

19- Todavía falta además, someter a los responsables del proceso viciado de licitación de las plantas de Punta Catalina, las violaciones al adjudicar una obra a unas empresas que no tenían los recursos para financiar la obra, la sobre valuación de su costo y una auditoria para determinar si de verdad lo ejecutado se corresponde con lo presupuestado. Punta Catalina es el cuerpo del delito que sume en el descrédito total al actual gobierno.

20- Si los leonelistas no se paran en dos patas, para 2020 quedarán sin ninguna probabilidad de incidir en los comicios presidenciales y muchos posiblemente estén presos.

21- Durante mucho, mucho tiempo, el tema nacional será Odebrecht y los sobornos, circo en su máxima expresión, mientras cientos quedarán en la impunidad.


Luis Del Monte / DLRD

El periódico Hoy y la encuesta CID

Es el Grupo Corripio

En el primer año de la segunda administración del presidente Danilo Medina su gestión aparece con una aprobación de un 64%, de acuerdo con la encuesta CID, que además establece que el 34% de la población desaprueba sus labores al frente del Poder Ejecutivo.

“El presidente Medina es bien evaluado a nivel general, porque la gran mayoría de quienes le califican en forma regular se inclinan favorablemente cuando tienen que tomar una decisión.
“ Esto porque muchos de los actos de corrupción que se mencionan actualmente son relacionados con otros funcionarios del Ejecutivo, siendo Medina exonerado de culpa por el ciudadano”, comenta la encuestadora.

Medina fue electo para un segundo mandato el 15 de mayo de 2016, y en ese proceso ganó con un 62% de los votos.

Así inicia el reporte de la encuesta CID en el diario Hoy.

A nuestros compatriotas hay que explicarles que el diario Hoy es propiedad del Grupo Corripio, socio de toda la vida en negocios del Grupo INICIA (Vicini). El señor Pepín Corripio se declaró amigo personal del presidente Danilo Medina y es miembro de una Comisión que justificará que todos los procedimientos de licitación y costos de las plantas a carbón de Punta Catalina son correctos y que no ha habido dolo en ningún caso.

El hijo del señor Corripio, Manuel, aparece aquí, en EE.UU. o dondequiera junto al expresidente Leonel Fernández.

Lo que publica Hoy no es responsabilidad directa de la dirección periodística ni de sus periodistas, es el Grupo Corripio en defensa de sus amigos del PLD y del Grupo INICIA. Es una guerra mediática que se proponen ganar aunque sea mintiendo descaradamente. Publicar una encuesta que dice que el actual Presidente tiene una aprobación de un 64% es como decir que la Marcha Verde no es apoyada por el pueblo, que es un fracaso.

El Grupo Corripio está en su derecho de obrar a favor de sus socios del PLD y de INICIA, el mismo derecho tenemos los dominicanos a estar conscientes de que mienten descaradamente para defender sus intereses y manipular a la opinión pública.

Ahora usaron el Hoy, mañana será el Listín, El Nacional o El Día, los periodistas no tienen la culpa.

Jeannelle Koss / DLRD

El testaferro

Alicia y Diandino: Biografía del testaferrato
EN LOS GOBIERNOS DEL PLD LA CORRUPCIÓN SE HA TRANSFORMADO EN HIPERCORRUPCIÓN
Mientras miraba el programa de Alicia Ortega sobre el Imperio de Diandino Peña, me sobrecogió la imagen del señor envejeciente que caminaba encorvado y en “Santa Paz”; ajeno tal vez a la obscena fortuna que poseía.

Según los papeles presentados en el programa, una considerable proporción de ese dinero enmarañado le correspondía. Solo que todo era una ilusión. En ése anciano indefenso lo que se fundía era una constante de la historia dominicana: el clientelismo y el rentismo. Ambas categorías nacieron con la fundación de la República. Son prácticas históricamente reiteradas. Pero mientras el ejercicio clientelar usa los recursos del Estado para obtener beneficios políticos, el rentismo se atiene a las características más resaltantes de la inversión capitalista, cuya naturaleza es la reproducción rápida de lo invertido.

Rentismo y clientelismo son afines a todos los partidos políticos que han gobernado después de la muerte de Trujillo. El clientelismo propicia la inmovilidad social y almacena favores con fondos públicos (Margarita Cedeño con dos gruesas lágrimas, mientras entrega medicina comprada con dinero de todos a un niño con cáncer), que serán luego capital político. En el rentismo no hay idealismo posible porque es una transacción en la que un empresario invierte en un candidato con probabilidades de triunfo, para luego obtener contratos y otros privilegios de carácter comercial (Diandino invirtiendo en el triunfo de Leonel, José Ramón Peralta invirtiendo en Danilo).

Muchas de las fortunas tradicionales dominicanas florecieron al amparo del poder tutelar de una figura política, cuya financiación esos capitales apoyaron. Santana era él y sus compadres finqueros, Báez no se puede desligar de la industria maderera, Jiménez se expandía favoreciendo a sus amigos comerciantes, y a los gobiernos de Ulises Heureaux se vinculan ilustres prosapias del parnaso empresarial (incluso los Vicini, que en el “Epistolario de Lilís” aparecen muchas veces como “salvadores” del sátrapa).

El rentismo y el clientelismo son formas de corrupción, una constante histórica; pero lo que estamos viviendo a partir de los gobiernos del PLD es el fenómeno de la hipercorrupción. La hipercorrupción se evidencia en los montos de la acumulación originaria, en los niveles de reinversión del capital proveniente del saqueo del erario, y en el control de todo el aparato institucional de un país.

El trujillismo, por ejemplo, era un gobierno caracterizado por la hipercorrupción. Como modelo, la hipercorrupción puede hacer brotar fortunas insólitas en sociedades que tienen un PIB muy modesto, dejando boquiabiertos al mundo. Es una maquinaria indolente de exacción del Estado. Se trata de un salto cualitativo de la concepción patrimonial del Estado, y para que opere es necesario, además, transformar la naturaleza política de un partido en el poder, y convertirla en ariete económico. Únicamente la expoliación del Estado sin ningún miramiento puede conducir a la formación de fortunas tan exageradas en poco tiempo. Y es imprescindible para ello, también, por el altísimo volumen de capital acumulado, que el aparato institucional sea cómplice.

La hipercorrupción requiere del testaferro. Trujillo tuvo muchos, que incluso se reciclaron y lograron seguir con la fortuna que representaban. Una lectura cuidadosa del expediente de la Procuraduría General de la República contra el senador Fëlix Bautista, hace mención en por lo menos cuarenta veces de la figura del testaferro. El testaferro viene a ser un significante fundamental de todo el entramado de corrupción erigido. El testaferro alquila o empeña su identidad, presta su nombre y sustituye al mandante. En términos simple, el testaferro encubre al corrupto y facilita evadir el delito.

Dado el hecho de que la hipercorrupción genera fortunas descomunales que no pueden ser justificadas, el testaferrato brota de manera natural. Como fenómeno, en cualquier sociedad que se presenta la hipercorrupción, se hermana de inmediato con el testaferrato. El pensamiento se hace de las cosas miradas- decía un pensador- fue mirando la inmensa fortuna de Diandino Peña, en el programa de Alicia Ortega, que pude intuir que el testaferrato convive de manera natural con nosotros, porque en los gobiernos del PLD la corrupción se ha transformado en hipercorrupción. Tanto es así, que si a los testaferros los obligaran a llevar máscaras, éste país fuera un baile de disfraces. Que lo digan Félix Bautista, Díaz Rúa y Diandino.


Andrés Luciano Mateo
Hoy  

Plantas Punta Catalina son investigadas tan sólo por una comisión del Presidente

La investigación de Punta Catalina y la ausencia de defensa de la ética pública
Las declaraciones de Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) sobre la investigación que realiza la comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar el contrato de Punta Catalina, ya coloca un montón de dudas sobre la calidad de la información que allí se ha reunido y las dificultades que tienen para ponerse de acuerdo los miembros de la mencionada comisión.

Las opiniones y datos datos a conocer por Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario, y miembro de la comisión en el sentido de que el informe sobre Punta Catalina sería remitido al Ministerio Público, deja también otras dudas sobre lo que ya saben los designados por el presidente, y que presumiblemente no sabe el Procurador General de la República.

Agripino Núñez Collado, coordinador de la comisión y director del Consejo Económico y Social (CES), ha dicho que el informe que se redacta y que estaría listo en por lo menos un mes, recogerá toda la verdad sobre la licitación y adjudicación de la obra al Consorcio Odebrecht, Acero Estrella y Technimont.

Celso Marranzini, Pepín Corripio, Jaime Aristy Escuder y otros miembros de la comisión han guardado silencio. Se entiende que entre los designados hubo algún acuerdo sobre quién ejercería como vocero de esa comisión. Que haya un vocero no invalida a los demás miembros a hablar sobre lo que han descubierto. Castaños Guzmán ha dicho con bastante claridad que la firma consultora contratada por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Stanley Consulting, fue irresponsable y asumió funciones que no le correspondían. Eso explicaría la no firma de las actas por los señores Ramón Flores e Isidoro Santana. También ha dicho que Odebrecht confesó pago de sobornos en las obras contratadas en la República Dominicana entre el 2001 y el 2014, y que la única obra contrata en el 2013 por el gobierno con Odebrecht fue Punta Catalina. Eso quiere decir que el acuerdo para las plantas de carbón estuvo infectado por los sobornos. Deducción sencilla, nada alambicada, sobre lo que ha observado el vicepresidente ejecutivo de Finjus.

Se entiende que el 19 de mayo, es decir el próximo viernes, el Procurador General de la República recibiría la lista de las personas receptoras de los sobornos pagados por la Odebrecht a lo largo de 13 años, y que fueron estimados en 92 millones de dólares. Pareciera que está por darse un acoplamiento entre los comisionados por Danilo Medina para revisar el contrato de Punta Catalina y la entrega por parte del Ministerio Público de Brasil de su lista. Sería interesante saber por qué esta coincidencia.

La otra cosa significativa es saber qué hace la Procuraduría General de la República para aplicar la ley y para poner fin al robo y pillaje con los fondos públicos. Hasta ahora, luego de casi cinco meses, el Procurador Jean Alain Rodríguez no tiene un solo resultado, ni ha dado demostraciones de haber hecho nada, salvo el acuerdo de indulgencia que homologó un juez y que compromete al gobierno a no someter judicialmente a ningún funcionario de Odebrecht, con la salvedad de que la empresa entregará 184 millones de dólares en un período de ocho años.

Con este cuadro ético y moral, y de desprotección casi absoluta de la dignidad pública, el gobierno del presidente Medina sigue siendo víctima de su falta de acción. La sospecha generalizada es legítima, por más inversiones que hagan las autoridades en pagar bocinas y financiar a quienes estén dispuestos a defenderlos. Ya no vale la pena insistir en que el gobierno debe demostrar su honestidad y que no hubo financiamiento a la campaña electoral ni se compró la modificación de la Constitución. Si es verdad que no hay soborno ni corrupción, y si usted es serio en su actuación, actúe contra quienes sí han violado la ley y la dignidad del Estado, y puesto en riesgo los bienes públicos.

Punta Catalina, con la única investigación de una comisión del Presidente, seguirá siendo un paño húmedo que demandará mucha cautela en su manejo, para que quien lo haga no quede sucio y hediondo.

Editorial Acento

Acento

Los candidatos del PLD para 2020

    David Collado e Hipólito Mejía.

H-20 y los Vicini

Dentro de la estrategia política del PLD para las elecciones presidenciales de 2020, sin importar quién sea su candidato, los altos mandos de ese partido ya tienen definido a los que auparán en la acera de enfrente.

Hartos de dinero, puesto que la cúpula del PLD está considerada como la más grande agrupación de multimillonarios de el Caribe (incluyendo sus empresarios aliados); hartos de problemas y del compromiso de gobernar que les impide disfrutar a sus anchas sus enormes fortunas; y ante la muy probable pérdida del poder, quieren asegurarse de que no serán perseguidos políticamente ni sus fortunas malhabidas incautadas por quienes los sucedan.

Para eso necesitan a Hipólito Mejía (amigo íntimo de Danilo Medina), quien garantiza el triunfo del PLD aunque su contrincante sea Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa o Diandino Peña Criqué. De la misma manera es beneficioso para la cleptocracia gobernante el actual alcalde y pupilo de los Vicini, David Collado.

Collado es ideal ya que los eternos poderes fácticos seguirían disponiendo de la República Dominicana como lo hacen desde la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien no creía en pendejadas de apellidos y de que los fulanos son ricos.

A un año de las elecciones, Roberto Salcedo debe haber sido el alcalde más transparente, honesto y correcto que ha tenido este país, David Collado no ha dado ni una sola queja sobre el manejo dado por el "Fuiquiti Fuiquiti" a los miles de millones de pesos que manejó durante más de una década.

Mejía garantiza la permanencia en el poder del PLD, Collado la impunidad de la cleptocracia gobernante desde 2004 y que los mismos grupos económicos se mantengan mandando como lo hacen desde 1961.

El que no lo quiera ver así, lo respetamos, no tenemos ninguna duda de que estos son los candidatos del PLD para 2020 en el PRM y ya veremos cómo las bocinas pagadas con fondos del Estado iniciarán las campañas aupando a estos dos personajes políticos en la medida que se caliente el proselitismo en la vida nacional.

Juan Santos / DLRD

Listín Diario esperó le bajaran línea para publicar denuncia Alicia Ortega

Periodismo de la cleptocracia, al servicio de la cleptocracia y para favorecer a la cleptocracia

DECRETO
El presidente Medina destituye a Diandino
Su destitución se produce cuatro días después de que la periodista Alicia Ortega publicara una entrevista con el funcionario, que generó un gran debate a nivel nacional

Santo Domingo
El presidente de la República, Danilo Medina, destituyó anoche al director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, mediante el decreto 168-17, y en su lugar, designó a Manuel Antonio Saleta García.

El ahora exdirector de la Opret había sido el artífice de la construcción del Metro de Santo Domingo, considerada la obra de infraestructura de mayor inversión en el país.

El decreto fue publicado a través del Twitter de la Presidencia cuatro días después de que la periodista Alicia Ortega publicara una entrevista con el funcionario, que generó un gran debate a nivel nacional.

La entrevista está basada en una investigación de nueve meses, durante la cual, Ortega tuvo acceso a numerosos documentos relacionados con empresas, inversiones y la utilización de vinculados al exdirector de la OPRET como testaferros.

Los documentos pertenecen a los llamados Papeles de Panamá, que generaron un gran escándalo a nivel internacional, en los cuales políticos, figuras del arte y de la realeza, figuran realizando transacciones que buscan evadir el pago de impuestos y enmascarar inversiones.

Como secretario de Obras Públicas en el primer gobierno de Leonel Fernández(96-2000), Diandino promovió la construcción de  túneles y elevados para agilizar el tránsito de vehículos en la ciudad de Santo Domingo.

El lunes, el programa El Informe de Alicia Ortega denunció en un reportaje de investigación que Peña ocultó que es el principal beneficiario y representante legal de un emporio de al menos 29 empresas, que incluye 15 registradas en el extranjero y 14  en República Dominicana, muchas de las cuales estaríán relacionadas entre sí mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones, activos y efectivo.

Según el programa El Informe, 25 de las 29 empresas fueron creadas después de la entrada de Diandino Peña al gobierno. La mayoría de estas corporaciones está activa al presente, pero el exfuncionario declaró que no realiza operaciones.

En el 2000, Diandino fue uno de los acusados de malversar más de RD$1,000 millones del programa gubernamental Plan Eventual Mínimo de Empleo (PEME), pero fue excluido del caso en 2007.

El Poder Ejecutivo también emitió otros cambios en instituciones del Gobierno.

Mediante el decreto 165-17, Tomás Hernández Alberto fue designado como miembro del Directorio Ejecutivo del Banco Agrícola, en sustitución de Leonardo de León.

En tanto, a través del decreto 167-17, quedó posicionado Rafael Ramón Paz como director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, mientras que Andrés van Der Horst, fue designado como viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

REALIZAN OTRAS DESIGNACIONES 
Asimismo, mediante el decreto 166-17, Antonio Ramírez Medina quedó designado como cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Bogotá, Colombia.

También Crismely Lora Abreu fue nombrada como ministro consejera en la Embajada de la República Dominicana en Estados Unidos.

De igual manera, Rafael Vásquez quedó designado como cónsul general del país en la ciudad de Toronto, Canadá.

Mediante el decreto 169- 17, quedaron designados como miembros del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Iván Peña, Carlos Ferreras y Fermín Cairo; en sustitución de Máximo Enrique Albuquerque, Felicindo Santana Campusano y Rafael Valentín Santana, respectivamente.


Dalton Herrera
Listín Diario

Ayuda memoria a la Comisión que investiga licitación y adjudicación Central Termoeléctrica Punta Catalina

A: 
Monseñor Agripino  Núñez Collado, presidente del Consejo  Económico y Social y representante de la iglesia Católica
Reverendo Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico
Pedro Brache, presidente del Consejo  Económico de la Empresa Privada-Conep
José Luis Corripio Estrada, empresario  privado
Gabriel del Río Doñé, secretario  general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista
Servio  Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus)
Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios
Celso Marranzini, exvicepresdiente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales-CDEEE
César Sánchez, exadministrador general de la CDEEE
Jaime Aristy Escuder, economista.

El escandaloso caso Punta Catalina: Irregularidades de la licitación internacional que favorecieron a Odebrecht
La vicepresidencia de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales(CDEEE) desarrolla actualmente una actividad publicitaria para darle brillo al nombramiento de una comisión especial que designó para encargarse de todas las licitaciones de esa empresa. Es una forma elegante de lavar la cara a lo que ha representado  nacional e internacionalmente la desastrosa conducción de la licitación que culminó con la declaración de oferente adjudicataria a la compañía monopolista brasileña Odebrecht.

El país entero, en contrapartida, ya sabe que dicha licitación fue personalmente conducida por el vicepresidente, a la cual integró empleados subalternos de CDEEE; conducción que hizo con especial empeño con respecto a la asesoría de la empresa consultora Stanley Consultants, contratada por una suma acumulativa gradual ascendente a más de sesenta millones de dólares.

El consorcio Gezhouba-Impe, declarado oferente descalificado en la fase técnica de la licitación, mediante maniobras poco inteligentes que excluyeron a dicho consorcio en la fase económico-financiera, como lo hizo efectivamente, persigue la reestructuracion del proceso de licitación por vía del Tribunal Superior Administrativo, ya que entiende dicho consorcio que se trató de una descalificacion producto de innumerables irregularidades.

Que tenga éxito o no dicho consorcio, en la audiencia que celebrara la Suprema Corte de Justicia el día 12 de agosto próximo, es una cuestión secundaria; lo importante es que ya el pueblo dominicano, con el escándalo Petrobras en Brasil, ha percibido que al consorcio Gezhouba-Impe se le despojó de la oportunidad de llegar a la fase económico-financiera de dicha licitación. Este consorcio hizo la oferta más ventajosa para el país, esto es, construir una EPC termoeléctrica de dos unidades que producirían 660 MW a carbón mineral por la suma de 900 millones de dólares y aportando y avanzando el crédito de un banco estatal chino, por lo cual el país no se vería obligado a tomar prestado al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), ninguna suma de dinero, a una tasa de 5%, ofertando un megavatio en el precio promedio mundial de 1.3 millones de dólares, mientras Odebrecht lo ofreció a 3.7 millones de dólares el mismo megavatio; ¡algo totalmente absurdo!.

El hecho de que Odebrecht presentara un plan económico-financiero de 2,040 millones de dólares sin financiamiento propio, en bonos redimibles a diez años y a un 5% de interés, es una gran pérdida para la República Dominicana, ya que la deuda externa dominicana asciende actualmente a más de 45 mil millones de dólares, suma que equivale a más del 17% del producto interno bruto (PIB).

Cuatro empresas fueron precalificadas, pero solamente Odebrecht llegó a la fase de cierre u ofertas económicas , lo cual constituyó una maniobra realizada mediante tráfico de influencia por la administradora contratada para dirigir la licitación, a saber, Stanley Consultants, que orientó el proceso licitatorio  en todos sus aspectos de manera aviesa para sacar del mismo al consorcio Gezhouba-Impe y a las demás entidades que presentaron ofertas técnicas, resultando que en la fase de cierre u ofertas económicas Stanley Consultants acomodó los resultados del proceso de escogencia para que resultara gananciosa única y especialmente dicha empresa monopolista brasileña.

En fecha 24 de julio 2013, CDEEE y Stanley Consultants publicaron las bases de licitación para las fases de ofertas y cierres, que fueron cumplidas por el consorcio Gezhouba-Impe, que presentó su programa u oferta de financiamiento por la suma de 900 millones de dólares, mientras el consorcio brasileño presentó oferta económica sobrevaluada en más de 1,040 millones de dólares, en un total de 2,040 millones de dólares.

Supuestamente Gezhouba-Impe recibió una puntuación miserrima de 34.9 puntos en la fase técnica, maniobra destinada a impedir que llegara la empresa china y la dominicana a la última fase de la licitación, que es la fase económica.

El plan económico sobrevaluado de Odebrecht incluye partidas absurdas, incomprensibles e irracionales, como por ejemplo 80 millones de dólares para refrigerios y dietas; y 122 millones de dólares para alquilar grúas y equipos de levantamiento y transporte de materiales. Basta leer dicha propuesta para cualquier observador darse cuenta de que tal situación representa extorsión y estafa multimillonaria contra el Estado Dominicano.

Cuatros plantas a carbón mineral en vez de dos

Con el monto que propone Odebrecht en la fase de cierre económico-financiero de la licitación, a saber, 2,040 millones de dólares, se podrían construir cuatro plantas a carbón mineral de 337 megavatios cada una, con las mismas tecnologías y especificaciones técnicas; y la misma garantía ofertada por las otras empresas licitadoras; asumiendo el costo propuesto por el emporio Gezhouba-Impe, dichas plantas tendrían un valor de 1,800 millones de dólares las cuatro, quedándole una diferencia de 240 millones de dólares al Estado Dominicano.

Y tal resultado seria una realidad y no un sueño, pues un megavatio instalado de las plantas de carbón mineral ofertadas por el consorcio Odebrecht, asciende a un valor de 3.4 millones de dólares; mientras que este mismo megavatio, como dijimos, ofertado por las compañías Gezhouba-Impe, tiene un valor de 1.3 millones de dólares. Esto hace una diferencia notoria entre los costos de construcción propuestos por unos y otros, es decir, que mientras Odebrecht construye dos plantas termoeléctricas, el emporio chino-dominicano construye cuatro plantas, ofreciendo su propio financiamiento, y con el mismo resultado de producción.

Las puntuaciones alcanzadas por las concursantes precalificadas, y luego la calificación de la oferta de Odebrecht como semifinalista y luego adjudicataria, según comunicación del 23/10/13, de Stanley Consultants, firmada por su vicepresidente Senior Stevens, se establecen en uno de sus párrafos los “motivos” de las descalificaciones explicando que hubo “problemas” causados por la legibilidad de algunos dibujos de los oferentes, y en algunos casos “traducciones incorrectas” que causaron dificultades para “evaluar” las propuestas…

El comité de licitación asesorado por Stanley Consultants, no dio oportunidad a ninguna de las precalificadas para subsanar dentro de los plazos reglamentarios, los problemas secundarios aludidos, por lo cual no eran más que un simple pretexto.

Estos manejos cuestionan seriamente la transparencia de la licitación internacional aludida. En las intimidades de la evaluación de las bases fase de ofertas no económicas, Stanley Consultants condujo la licitación al terreno de las descalificaciones técnicas para justificar el análisis único y exclusivo de la ofertante Odebrecht, que quedó sin competencia para la fase de las ofertas económicas; por ende quedó como semifinalista para la escogencia de la “mejor” oferta económica, que fue supuestamente la de Odebrecht, que no contempló el financiamiento mínimo requerido, ascendente a un monto equivalente al 80% de la oferta económica. Inclusive, hasta en este último punto las irregularidades fueron grandiosas  y notorias.

Las irregularidades y manejos aludidos son responsabilidad de la operadora Stanley Consultants. Esta empresa recibió un contrato fastuoso de mas de sesenta millones de dólares de parte de la CDEEE, para organizar un proceso administrativo para elegir el mejor ofertante, y ello se observa con la simple lectura de las resoluciones vigésima y trigésima dictadas supuestamente por el comité de licitación, pero redactadas y manejadas por StanleyConsultants.    

En el texto de esas resoluciones se observan claramente las puntuaciones y descalificaciones de las empresas precalificadas; y luego más adelante descalificadas en las bases fase de ofertas no económicas; por lo cual no hubo oportunidad para que pudieran subsanar supuestos motivos triviales de descalificacion en la fase técnica.


Ángel Moreta

Quién controla lo que publica Listín Diario?

Excusas a Miguel Franjul y a Alicia Estévez

En varias ocasiones he lanzado rayos y centellas en contra del director del Listín Diario impreso Miguel Franjul, y de la directora del Listín Digital, Alicia Estévez, jamás en lo personal, sino, críticas al estilo oficialista de hacer periodismo y de cómo son dirigidos ambos medios en favor de la cleptocracia gobernante. Hoy, le pido excusas a ambos y les prometo dejarlos fuera en el futuro cuando haga referencia al decano de la prensa nacional y su política de información evidentemente gobiernista y parcializada.

La ignorancia es la madre de todos los errores que se cometen, por ignorar la situación del Listín erraba al juzgar a los que dirigen esos medios.

Todo inició con el Informe de Alicia Ortega de este lunes, ni el martes ni hoy miércoles el Listín Diario hizo mención a uno de los escándalos más grandes de evasión fiscal y sospechas sobre manejo de dinero público no transparente, como lo es el caso denunciado frente al sospechoso por la periodista Alicia Ortega, en su entrevista con el ministro encargado de la OPRET, Diandino Peña Criqué. Y que conste, Noticias SIN pagó una página completa el lunes 8 de mayo del Listín Diario para publicitar el programa que sería pasado en la noche, y ni así logro que el medio se hiciera eco.

Para los que no lo sabían como yo

Hoy al mediodía tenía una almuerzo de trabajo con un desconocido en un famoso restaurante de la Capital, y allí se me explicó las razones por las que el Listín Diario funge el papel de vocero oficial del PLD en general y de los gobierno de Leonel Fernández y Danilo Medina en particular. Esta reunión fue convocada por alguien que conoce todas las interioridades del Listín Diario y quien pidió absoluta discreción para su persona, en pocas palabras son datos de alguien desde adentro del Listín.

La parte política de los que escriben en este diario está dividida entre los que son peledeístas y los que están al servicio del gobierno o trabajan en él, las famosas bocinas, con la particularidad de que dentro del esquema nacional de manipulación mediática del PLD estos son los que trazan las pautas y los temas a mantener en el tapete. Deciden qué hay que sacar de los temas nacionales y a quién denigrar y destruir políticamente, todo coordinado con el cuarto de guerra mediática dirigido desde la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia (Diape). Es necesario que usted sepa que la Diape está ubicada en el primer piso del Palacio Nacional.

LOS QUE ESCRIBEN

Los que son peledeístas 

Leonel Fernández, Margarita Cedeño de Fernández, Félix Bautista, Daniel Toribio, Daris Javier Cuevas (pensionado SIB en 2012), Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, Marino Vinicio Castillo (Vincho) y Vinicio Castillo Semán (Vinicito) [Estos dos últimos en receso, en lo que vuelve Leonel...si es que vuelve]; entre otros.

Las bocinas, el Grupo A-1

César Medina (funcionario del gobierno), Orlando Gil, Pablo McKinney, Ruddy L. González, Óscar Medina, Alfredo Freites, Ricky Noboa (funcionario del gobierno), Aristófanes Urbáez (LA RATA), Tomás Aquino Méndez, Guarionex Rosa, Ramón Cruz Benzán, Germán Martínez, Luis Encarnación Pimentel, César Duvernay y Néstor Medrano; entre otros que se nos escapan a la memoria de lo escuchado.

LOS DUEÑOS Y LA LÍNEA EDITORIAL

El Listín Diario es capital en su gran mayoría de los grupos INICIA (VICINI) y Corripio, existen otros nuevos inversionistas que aparecieron en las negociaciones para devolver el Listín a los dos grupos megamillonarios y dentro de esas negociaciones se dejó bajo firma notarial que la línea informativa y política sería manejada por ese pequeño grupo de nuevos socios (los vinchos conocen todos los detalles).

La parte política del Listín Diario se maneja desde adentro y desde afuera, un entramado que va desde una fundación, pasando por Palacio y ejecutado por las bocinas asalariadas.

Los tres grupos económicos accionistas en esta empresa están fuertemente atados al PLD y esa es la razón por la que cuando usted compra ese diario, está comprando la voz del gobierno y la política del PLD. Lo contrario de cuando usted entra a este blog gratuito.

Reitero mis excusas a Miguel Franjul y a Alicia Estévez y exhorto a nuestros lectores a compartir estas confidencias para edificar a los dominicanos sobre la situación de estos directores.

Juan Santos / DLRD

Capturas: Portadas Listín Diario martes 9 de mayo, miércoles 10 de mayo y publicidad del Informe con Alicia Ortega del lunes 8 de mayo

¡Insólito!
SE PUBLICA LA DEFENSA DEL FUNCIONARIO SIN RESEÑAR PREVIAMENTE LA DENUNCIA

Planta a carbón en la India generará 1,320 MW a un costo de US$1,700 millones

Matará prematuramente 6,000 personas de cáncer e infartos y 24,000 infantes estarán por debajo del peso normal
ESTÁ CONSTRUYÉNDOSE AHORA MISMO, COMO LAS DE PUNTA CATALINA

Lo que dice EFE
DACCA. Greenpeace denunció que las emisiones de una central térmica, cuya construcción a pocos kilómetros del mayor manglar del mundo comenzó el mes pasado, causarán en Bangladesh 6,000 muertes prematuras por infarto y cáncer, entre otras afecciones, durante los próximos 40 años.

“Incluso si Bangladesh tuviera actualmente un nivel cero de contaminación en el aire, solo la planta causaría la muerte prematura de 6.000 personas y 24,000 recién nacidos estarían por debajo del peso normal”, señaló Greenpeace en un estudio presentado en Dacca.

Según el informe, las emisiones de la central térmica Maitree durante sus cuatro décadas de vida operativa incrementarán el “riesgo de infarto, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias y del corazón” en adultos, así como “cuadros clínicos respiratorios en niños”.

Estas emisiones afectarán también al “frágil” ecosistema de la reserva de los Sunderbans, cerca de donde se ubicará la planta, y agravarán los niveles de partículas tóxicas en el aire en el suroeste de Bengala, una región repartida entre Bangladesh y la India.

La toxicidad del aire afectaría especialmente a “niños y mayores” de Dacca, la capital de Bangladesh, y Calcuta (India), añadió el estudio de Greenpeace.

El informe de Greenpeace fue presentado junto a representantes de tres organizaciones ecologistas locales, entre ellas la ONG Movimiento por el medio ambiente de Bangladesh. “Hemos pedido a analistas independientes de todo el mundo que estudien el impacto medioambiental de este proyecto, este informe de Greenpeace es parte de ese esfuerzo”, dijo a Efe el secretario adjunto de la ONG bangladesí, Sharif Jamil.

La construcción de la central térmica comenzó a finales de abril a 14 kilómetros de los Sunderbans, pese a las protestas de grupos ecologistas del país asiático.

El pasado mes de enero cientos de manifestantes protestaron en Dacca contra la instalación de la planta, una acción que derivó en enfrentamientos con la Policía y que se saldó con varios heridos.

Ubicados en el suroeste de Bangladesh, los Sunderbans es una reserva natural de manglares situada en el suroeste del país y declarada patrimonio de la humanidad en 1997.

La compañía mixta Bangladesh-India Friendship Power Company (BIFPCL) es la encargada del proyecto de construcción de la planta, que tendrá capacidad para generar 1,320 megavatios, lo que la convertirá en la más grande del país, y tendrá un costo estimado de 1,700 millones de dólares.

El proyecto ha recibido numerosas críticas dentro y fuera del país y ya en octubre de 2016 la Unesco urgió al Gobierno bangladesí a cancelar o trasladar la central térmica.

EFE

Notas DLRD
a) La planta que construye en la India la compañía mixta Bangladesh-India Friendship Power Company (BIFPCL), costará 1,700 millones de dólares y generará 1,320 MW, las dos plantas de Punta Catalina que construye el gobierno de Danilo Medina con Odebrecht y el Grupo Acero Estrella, costarán más de 2,040 millones de dólares y sólo generarán 675 MW.

b) La vida útil de una planta de carbón son 40 años, Danilo Medina y Rubén Jiménez Bichara firmaron un contrato de arrendamiento de los terrenos donde se ubicarán las plantas a carbón por 50 años, en beneficio del Grupo INICIA (Grupo Vicini), se pagarán 10 años de arrendamiento sin utilizar la planta generadora de electricidad.

c) La provincia Peravia tendrá garantizado al menos 6,000 muertes prematuras y 24,000 infantes por debajo del peso normal.

Las plantas a carbón de Punta Catalina son la estafa más grande realizada desde el Estado contra el Estado mismo.


Luis Del Monte / DLRD
EFE