Marte Piantini denuncia un "maco" en la Junta Central Electoral
Un jurista y comentarista advirtió al país sobre la que calificó de grave aberración, espeluznante y escandalosa aprobación por el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) del Pliego de Condiciones para la Selección de la Empresa que confeccionaría la nueva cédula de identidad y electoral.
José Marte Piantini afirmó que de acuerdo a lo aprobado, la empresa ganadora de la licitación se agenciaría el financiamiento para la confección de la nueva cédula sin identificación de la fuente, por un monto superior a los 3 mil 500 millones de pesos.
Al valorar el voto crítico razonado de José Ángel Aquino Rodríguez, miembro titular, contra una propuesta para esos fines sometida por el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, Marte Piantini sentenció que de ejecutarse el contrato se estaría cometiendo una grave estafa contra el Estado dominicano, mayor que la ocurrida con el caso de Bahía de las Águilas.
Refirió que la resolución fue aprobada en la Sesión Administrativa Extrordinaria del 17 de enero del 2013, según el acta número 03-2013, en la que se conoció el referido Pliego de Condiciones Específicas para la Selección de las Empresas que suplirían los equipos, materiales y servicios de impresión del documento.
Precisó que la propuesta fue aprobada con el voto favorable de Rosario Márquez, Rosario Graciano de los Santos y de César Francisco Féliz y Féliz y con el voto razonado de los también titulares José Ángel Aquino Rodríguez y Eddy Olivares Ortega.
El abogado y comentarista refirió que Aquino Rodríguez ha sido el alterego que se ha mantenido a la cabeza de la JCE junto a Rosario Márquez, pero que en esta ocasión se distanció de éste con su voto crítico razonado.
"Lo aprobado ahí ha sido escandaloso y espeluznante, que de darse sería una estafa mayor que la cometida contra el Estado dominicano con lo de Bahía de las Águilas", sentenció.
Al destacar la actitud de Aquino Rodríguez, Marte Piantini también diferenció su voto con el del titular Eddy Olivares Ortega, quien planteó que previamente a que se aprobara el referido Pliego de Requisitos para el concurso, se consultara al Gobierno y a los partidos políticos, por los factores financieros, políticos y sociales que implicaría.
Sostuvo que contrario a lo afirmado por Rosario Márquez de que la confección de siete millones de nuevas cédulas tendría un costo de alrededor de 400 millones de pesos, el costo real sería de unos 3 mil 500 millones de pesos.
Se basó en un estudio técnico del año 2007 preparado por Carmen Comprés, directora financiera de la JCE, y técnicos de la misma, mediante el cual se estableció que la cédula tendría un costo de mil 300 pesos cada una, con el sistema biométrico.
Marte Piantini precisó que ese estudio sirvió de fundamento para establecer la llamada cuota de recuperación fijada en 500 pesos para el triplicado de la cédula.
Manifestó que por el alto costo del proyecto, la movilidad social y el poco tiempo para la confección de los 7 millones de cédulas, el pleno de la JCE decidió que se haga mediante la modalidad de financiamiento, que la empresa adjudicataria de la licitación se agenciaría por sí misma, sin tener que identificar la fuente.
Advirtió que de concretarse la confección de la nueva cédula bajo la referida modalidad, se caería en un escándalo mayúsculo al ocurrido con la empresa SOMO, que luego de ganar el concurso para confeccionar la actual cédula no pudo obtener el financiamiento requerido.
Dice se violarían varias leyes
Marte Piantini llamó la atención del presidente Danilo Medina y del Congreso Nacional sobre las irregularidades que se cometerían y las violaciones a leyes vigentes.
Entre las legislaciones que serían violadas de adjudicarse el concurso en las condiciones aprobadas por la JCE, el jurista y comentarista citó la Ley 6-06, del 20 de enero del 2006, en su artículo 2, sobre Créditos Públicos; la Ley 340-06, sobre Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios por el Estado, en su artículo 2, y la Ley Orgánica para el Presupuesto del Sector Público, la número 423-06, en los artículos 3 y 4.
Al enunciar las referidas leyes, manifestó que el artículo 4, de la letra D de Ley de Créditos Públicos, establece que "Son operaciones de créditos la ejecución de contratos de bienes, de obras o servicios cuyo pago total o parcial se estipule para realizar en más de un ejercicio financiero posterior al que se haya efectuado el devengamiento del gasto".
En el caso de referencia, dijo que el contrato sería por varios períodos y sobrepasaría el período de la actual JCE, por lo cual estima que se dejaría la deuda a por lo menos las dos próximas juntas electorales a partir del 2016.
Argumentó, además, que para realizar ese financiamiento la JCE, pese a ser independiente técnica y administrativamente, debería canalizar la solicitud previamente a la Dirección General de Créditos Públicos para la aprobación por el Ministerio de Hacienda, porque sería un financiamiento al Estado dominicano.
Opinó que, al parecer, los miembros del pleno de la JCE que aprobaron la resolución "se volvieron locos o estaban nerviosos y se olvidaron que en el país hay leyes".
"A Roberto Rosario Márquez, a Rosario Graciano de los Santos y a Francisco Féliz Féliz se les olvidó, a estos tres patriotas dominicanos, que en el país había leyes", les enrostró.
El doctor José Marte Piantini se preguntó quién prestaría tres a cuatro mil millones de pesos a una empresa que no es del Estado, en el caso de la entidad que buscaría el financiamiento para la confección de la nueva cédula de identidad y electoral.
Expresó que lo más grave de todo es lo que se cuece sobre el referido contrato.
Se basó en el siguiente texto aprobado por el pleno: "La Comisión de Licitaciones no estará obligada a declarar Precalificado a ningún Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de condiciones".
Observó que esa redacción es confusa, porque da un margen para que sea precalificado un proponente que no haya cumplido los requisitos correspondientes, ya que la Comisión podría seleccionar un adjudicatorio que fuera el concursante ganador.
Para evitar una situación grave y escandalosa, sugirió al pleno de la JCE que deje "eso así", al advertir que si es ejecutado el concurso los miembros del organismo "caerían presos".
Redacción Z-101 Digital
Z-101 Digital
http://zdigital.do/app/article.aspx?id=90334
