Inicio estas consideraciones sobre la política social y la nueva medición de la pobreza, felicitando el trabajo realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) al coordinar y poner a disposición de la población un nuevo instrumento oficial de medición de la pobreza. Felicito también al Ministerio de Economía y a Antonio Morillo por el esfuerzo en sistematizar los indicadores sociales, los cuales son de mucha utilidad y proporcionan una batería de indicadores ordenados que permiten comprender mejor la realidad social y económica del país.
El nuevo instrumento calculado es la línea de pobreza oficial, la cual sirve para determinar la pobreza monetaria. Esta se define como la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una determinada canasta de consumo mínimo socialmente satisfactoria. A junio del 2012, el ingreso promedio de pobreza era de 4,324 pesos por persona y el ingreso de extrema pobreza, aquel que solamente cubre los alimentos era de 1,915 pesos. Como el tamaño promedio de los hogares dominicanos es 3.7 miembros, entonces el ingreso de un hogar que esté por debajo de 16,000 pesos se considera pobre y si está por debajo de 7,086 pesos está en extrema pobreza.
Obviamente si una familia tiene cinco miembros, que es el tamaño promedio de los hogares más pobres (el 20% de los hogares más pobre), requerirá 21,622 pesos y el ingreso de extrema pobreza será de 9,576 pesos.
¿Cómo se calculó el costo de la canasta? A partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos realizada en 2007 por la ONE, la cual determinó que las familias compran un total de 2,638 bienes y servicios diferentes de los cuales 902 son alimentos y a partir de una serie de técnicas estadísticas se seleccionan aquellos bienes que reflejan los hábitos de consumo y que tienen más representatividad en los gastos, lo cual se asocia a las normas de consumo calórico de la población por edad, hasta calcular un valor medio.
El concepto de ingreso de pobreza no puede confundirse con el publicado por el Banco Central del “Costo de la canasta familiar por quintiles”. Este se refiere al gasto promedio de un hogar clasificado por quintiles. Los bienes se seleccionan en función de su representatividad en el gasto y el costo se presenta por los quintiles de hogares. Es decir, el total de hogares se dividió en cinco grupos de igual tamaño ordenados por el valor del gasto, así el quintil 1 es el 20% de los hogares más pobres y tiene un costo de la canasta familiar de 11,315 pesos, el 20% siguiente de los hogares tiene un costo de 16,314 pesos y así sucesivamente. El costo de la canasta media es 25,439 pesos en junio de 2012.
Es de notar que hasta tanto no se haga una nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) los movimientos en el ingreso de pobreza monetaria general y extrema, así como en el costo de la canasta familiar reflejan exclusivamente la variación del nivel de precios. Si la inflación sube o baja así mismo se moverán estos valores.
De los datos recién publicados de la “línea oficial de pobreza” en el país se pueden sacar algunas conclusiones:
1) En 2011, hay cuatro millones de personas en condiciones de pobreza, el 40.8% de la población y no el 31.6% como el propio Gobierno había calculado previamente con la anterior metodología.
2) Hay un millón de persona en pobreza extrema en 2011, es decir el 10.4% y no 8.8% como se había calculado previamente con la metodología anterior.
3) Entre el 2000 y 2011 se distinguen tres momentos:
a. La situación precrisis (2000-2002) cuando la pobreza estuvo en 32.5% según el nuevo indicador.
b. La crisis del fraude bancario (2003-2005) cuando la pobreza sube 46.3% con un pico en 2004 de 49.8%.
c. La situación poscrisis hasta la actualidad, llegando en los dos últimos años a alrededor de 41% de población pobre.
Creo conveniente hacer algunas consideraciones sobre el impacto de la crisis bancaria sobre la pobreza y entender su carácter episódico y no permanente como la “cháchara política” ha argumentado. Era muy difícil evitar el impacto de la crisis bancaria sobre la pobreza por la misma naturaleza de la crisis: un fraude bancario del sector privado del orden del 20% del PIB en menos de un año. Es la única crisis de la economía dominicana en donde están identificados los responsables a través de la sentencia de un juez y están en la cárcel a pesar del esfuerzo de algunos estamentos del gobierno por liberarlos.
La arquitectura de ese fraude bancario empezó a gestarse 12 años antes de que estallara la crisis. La crisis iba reventar el día que lo hizo, antes o después porque no era posible sostener al banco más grande (por mucho) del sistema con unos activos sobrevaluados y cuyos compromisos se pagaban con nuevos depósitos.
El origen de esa crisis estuvo en la falta de supervisión bancaria de las autoridades monetarias y financiera de la década anterior a la crisis, lo que refleja la debilidad de las instituciones del Estado y los niveles de complicidad del sistema político. El fraude de Baninter y de los otros bancos tiene mucha similitud con la “crisis del salami”: ambas crisis reflejan la debilidad institucional del Estado dominicano. Instituciones que no cumplieron con sus funciones, reguladores que no regularon, empresarios deshonestos y un sistema político indolente, complaciente, cómplice y que promueve la impunidad frente a las necesidades de la población. Afortunadamente hay sus excepciones como Pro Consumidor en el caso del salami.
La salida de la crisis bancaria ofrecía esencialmente tres alternativas:
a) No hacer nada y dejar que todo el sistema bancario quebrara. La consecuencia de esta opción ni la considero pues sería la pérdida total del ahorro y del sistema de crédito del país.
b) Hacer un “corralito” devolviendo los depósitos de más de 500 mil pesos con papeles y redimibles a largo plazo. Confieso que era partidario de esa opción, el riesgo era que se produjera un retiro masivo en los otros bancos por el miedo de los depositantes y se quebrara el sistema bancario. Del tema del “corralito” se habló mucho en la época, más como amenaza que como opción para salir de la crisis.
c) Lo que se hizo, pagar a los depositantes la totalidad de los depósitos en cuyo caso se creó una expansión monetaria que generó devaluación, inflación y pobreza.
En definitiva cualquier salida era mala en términos de pobreza, ya que la pérdida era un 20% del PIB y fue una pérdida generada en menos de un año. Afortunadamente no era una crisis causada en el aparato productivo y que se podía corregir fundamentalmente con política monetaria (para incidir sobre la inflación y devaluación) y reorganizando al sector financiero. Tan pronto se corrigió la expansión monetaria, la pobreza cayó porque se estabilizó la inflación y mejoraron otros indicadores de depresión y recesión económica.
De manera que la crisis del 2003-2004 es un episodio aislado que se corrigió fundamentalmente con la política monetaria y con crecimiento del PIB y por lo tanto no refleja las fuerzas reales que crean pobreza en RD. Para buscar esas fuerzas reales hay que aislar el fenómeno de la crisis comparando la situación pre-crisis con la situación post-crisis, en particular después de haber transcurrido 7 años haber registrado un crecimiento de 7% promedio anual y una inflación de 6.4% anual.
¿Qué ha pasado?
Tomando como referencia el comportamiento de la población intercensal, aplicándoles las nuevas tasas de incidencia de la pobreza y comparando los promedios precrisis 2000-2002 y la situación actual (2010-2011) se observa que:
a) La incidencia de la pobreza general se multiplicó por 1.27 veces y la pobreza extrema por 1.31, entre los años precrisis y la situación actual.
b) La población en pobreza general aumentó en 1.2 millones de personas entre el período precrisis y la actualidad, la pobreza extrema en 338 mil y la población total en 1.1 millones; esto significa dos cosas:
La política social ha sido ineficaz o nula, reduciendo la pobreza general cuando se compara la situación precrisis y la situación actual, ya que no la redujo y ni siquiera la pudo contener en el crecimiento vegetativo de la población. En efecto, la tasa de crecimiento acumulativa anual de la población fue de 1.5% entre el período precrisis (2000-02) y la situación actual (2010-11), lo que implica que si la política social hubiese limitado la pobreza general al crecimiento de la población, al final del período debió haber una incidencia de la pobreza general de 34% y no de 41.2% como efectivamente se registró con un crecimiento acumulativo anual de 4.6%, es decir debió haber casi 800 mil personas menos.
No solamente no se pudo reducir y contener la pobreza, sino que la cantidad de personas en esa condición aumentó en 100 mil cuando se le compara con el aumento total de la población.
En síntesis, la pobreza monetaria lo que mide es fundamentalmente el efecto de la inflación y del crecimiento económico sobre la situación de pobreza y la evidencia lo que indica es que en el período inmediatamente poscrisis actuó la política monetaria bajando la inflación lo cual se combinó con el crecimiento del PIB. Es decir, tan pronto la política montería actuó para recoger la emisión monetaria poscrisis se extinguía este motor de creación de pobreza. Superado el episodio de crisis bancaria, manteniendo bajo control la inflación y con un acelerado crecimiento económico por siete años, la situación de pobreza no mejoró comparada con el periodo precrisis, por el contrario empeoró, haciendo que las personas en condiciones de pobreza aumentaran más que la población total, creando un crecimiento sin inclusión social y haciendo evidente la ineficacia de la política social que se convirtió básicamente en un instrumento de clientelismo político. Esa es una herencia lamentable.
Miguel Ceara Hatton
7dias.com.do
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