El caso Odebrecht entra en nuestro país en una segunda fase sin que la indagación de carácter penal haya motivado acciones contra sospechosos de haber recibido sobornos, cuyas identidades son celosamente resguardadas.
Tampoco han sido interrogados, al menos en la primera etapa, personajes de este y anteriores administraciones estrechamente vinculados a las operaciones de la firma brasileña en este país.
Eso y otras particularidades podrían explicar el resultado de una encuesta aplicada por New Link para Telesistema Canal 11, en la que la mayoría de los consultados a nivel nacional tiene dudas de que la investigación concluya con sanciones para gente salpicada por el soborno y el amañamiento de licitaciones para favorecer a la transnacional.
Este es el único país en que su gobierno al más alto nivel no ha abominado de estos hechos ni ha tomado medidas significativas que proclamen su repudio y su voluntad de actuar contra las manifiestas prácticas corruptas en este asunto, a pesar de que el monto que se declara utilizado por Odebrecht para obtener la adjudicación de obras es significativamente alta en comparación con lo recibido por funcionarios en otros países.
De ahí que, aún dándole un voto de confianza al Ministerio Público para que agote cuantas fases crea prudentes para llegar a la raíz del caso, son muchos los motivos que tiene la sociedad para anidar serias dudas.
Editorial Hoy
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