La sociedad dominicana ha despertado. Durante décadas la educación ha sido marginada en la asignación de recursos públicos. Pero la gente se cansó de ver cómo año tras año, ocupamos los últimos lugares de todos los rankings internacionales sobre la calidad de la educación.
Nuestros estudiantes obtienen las notas más bajas en matemáticas, ciencias y lectura comprensiva. Una buena parte de los maestros de las escuelas públicas no están debidamente capacitados y entrenados para enseñar. En las escuelas faltan aulas, laboratorios, equipos de informática y tecnología, baños, limpieza e higiene.
Las familias dominicanas se han convencido de que sin educación no hay futuro. Si no elevamos dramáticamente la calidad de la educación, República Dominicana nunca será un país desarrollado.
El turismo no puede por sí solo sacarnos adelante. Los peloteros, los músicos y las bancas de apuesta, tampoco. Y la agricultura y la industria, sin una población calificada, no podrán incorporar los cambios tecnológicos que nos permitan exportar bienes y servicios de alto valor agregado. Échele a eso las crecientes presiones derivadas de la inmigración de haitianos, y el panorama por ningún lado proyecta optimismo.
La sociedad está exigiendo al gobierno que cumpla la Ley General de Educación que establece la inversión del 4% del PIB en educación. El problema que exhibe la ley es que su incumplimiento no acarrea penalidades para los violadores.
Ni externalidades negativas para sus relacionados. Si la Ley estableciese, como se hizo con la Ley de los Bonos Soberanos del 2001, que la violación de la misma por cualquier funcionario responsable de su ejecución conllevaría hasta 5 años de cárcel, las cosas serían diferentes.
La Ley General de Educación no tiene dientes. Y mientras no los tenga, la tentación para violarla y usar los recursos en áreas más proclives a la extracción de comisiones de corrupción, será mayor que la vocación para cumplir con ella.
Una primera sugerencia pues sería introducirle dientes a la Ley General de Educación, estableciendo que el Presidente de la República, los ministros de Hacienda, de Economía, Planificación y Desarrollo y de Educación, y el director General de la Oficina Nacional de Presupuesto serán penalizados con un mínimo de 5 años de cárcel, en caso de que el Gobierno termine asignando menos de 4% del PIB a educación.
Una segunda sugerencia es la introducción de incentivos para el cumplimiento, estableciendo externalidades negativas para los relacionados de los violadores.
Propongo el siguiente artículo: “Los hijos y nietos del Presidente y Vicepresidente de la República, de los ministros y viceministros, del gobernador, vicegobernador y gerente del Banco Central, senadores (as), diputados (as), jueces de la Suprema Corte de Justicia, y los principales funcionarios y ejecutivos de todas las entidades y empresas autónomas y descentralizadas del Estado, tendrán que asistir con carácter de obligatoriedad a las aldeas infantiles, escuelas, liceos y universidades públicas”. Esa duele, lo sé. Nadie querrá entrar a trabajar al Estado dominicano. Claro, porque saben que las escuelas públicas son un desastre.
¿Cómo podrían mejorarse? Con dinero, con mucho dinero. La educación de calidad cuesta, aunque mucho menos que el costo que terminamos pagando por la ignorancia.
El PRD ha presentado al país de dónde podrían obtenerse los RD$44,000 millones para completar el 4% del PIB que el Gobierno debe invertir en educación. RD$18,000 millones eliminando las nominillas de militantes peledeístas; RD$16,000 millones, eliminando las sobrevaluaciones en Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; RD$5,000 millones reduciendo la velocidad de ejecución de la Segunda Línea del Metro; RD$2,500 millones reduciendo a la mitad el gasto en propaganda del Gobierno; RD$500 millones recortando los gastos de pasajes aéreos y viáticos y la partida de dietas y gastos de representación; RD$500 millones eliminando las botellas en los consulados, embajadas, y los organismos internacionales; RD$500 millones reduciendo los salarios millonarios de los funcionarios públicos y eliminando cobros simultáneos en varias instituciones del Estado; RD$400 millones eliminando la compra de yipetas y vehículos lujosos; RD$200 millones reduciendo el dispendio en la compra de gasolina para vehículos oficiales; y RD$400 millones recortando la contratación de servicios profesionales. Al chele, RD$44,000 millones.
El Gobierno del PLD dice que el PRD exagera y que aunque es posible hacer ahorros, nunca llegarían a los RD$44,000 millones. Está claro que para funcionarios catalogados por el Foro Económico Mundial como los más despilfarradores del mundo, les resulta difícil reducir el despilfarro en RD$44,000 millones.
Hagamos un trato con los peledeístas. Recorten el despilfarro en RD$30,000 millones y busquemos RD$14,000 millones en nuevos ingresos fiscales. Aquí va una propuesta bien sencilla, justa y transparente.
El Gobierno del PLD negoció en el 2008-2009 un acuerdo con la Barrick-Gold (BG) para la explotación de oro, plata y zinc en el yacimiento de Pueblo Viejo. La BG planteó que realizaría una inversión superior a los US$3,000 millones, un oasis en el desierto para un Gobierno preocupado por la sequía en el flujo de inversión extranjera que pronosticaba la crisis financiera internacional.
El Gobierno aceptó modificar el contrato anterior, flexibilizando los dispositivos fiscales del mismo.
A cambio de un mayor nivel de inversión, la BG consiguió que se difiriera el pago del Impuesto de Participación en las utilidades netas de 28.75%, el llamado “PUN”, hasta tanto, el flujo de caja acumulado descontado al 10% (tasa interna de retorno acordada) mostrase un resultado positivo.
Esa modificación introducida en el contrato implica que la BG no pagará el PUN en el año 1, ni en el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y el 7. Será en el año 8, es decir, a partir del año 2019, que comenzará a pagarlo.
¿Y el impuesto sobre la renta? A los precios de U$$1,400 la onza, que es el precio actual del oro, comenzaría a pagar impuesto sobre la renta a partir del cuarto año de operación, es decir, a partir del 2015. ¿Y por qué, si con precios tan altos las utilidades deberían aparecer inmediatamente? A la BG se le permite ejecutar el proyecto con préstamos, lo que genera gastos por intereses que tienden a “posponer” la aparición de utilidades.
En el 2012, se proyecta que la empresa BG estará exportando cerca de US$1,450 millones en oro, plata y zinc. ¿Qué recibirá el Estado dominicano en el 2012, como impuestos de la BG? US$46 millones, correspondientes al “royalty” de 3.20% de los ingresos por las exportaciones realizadas.
A partir del 2015 recibiría poco más de US$100 millones de impuesto sobre la renta y a partir del 2019 otros US$100 millones correspondientes al PUN.
Los negociadores del PLD no defendieron el interés nacional en la modificación del contrato con la BG. ¿Dónde estuvo el error? Primero, se dejaron presionar por las condiciones externas negativas que habían ahuyentado la inversión extranjera en todos los países de economías emergentes.
Vieron en la BG la única tabla de salvación para lidiar con los efectos de la crisis financiera del 2008-2009. Si esperaban 6 meses, hubiesen podido lograr términos fiscales mucho mejores para el país.
En segundo lugar, los negociadores del gobierno dominicano no tuvieron en cuenta que la inyección de liquidez sin límites y el rescate de los bancos ejecutada por los gobiernos de países desarrollados, en un ambiente de creciente incertidumbre, llevaría a los inversionistas a moverse desde los títulos financieros a valores de inversión de menor riesgo.
El oro siempre ha sido una de las opciones de inversión que más demanda enfrenta cuando reina la incertidumbre. El precio del oro, que oscilaba entre US$600 y US$700 la onza cuando los funcionarios del PLD empezaron a negociar con la BG, al cabo de un año superó los US$1,000 la onza. Actualmente, ronda los US$1,400.
Y el Gobierno ahora dice que no tiene dinero para llegar al 4% del PIB en educación que exige la Ley 66-97. ¿Qué debe hacer el Gobierno del PLD? Renegociar que a partir de un precio de US$650 la onza, todo incremento en el precio del oro se distribuya equitativamente entre la BG y el Estado dominicano.
En otras palabras, un impuesto sobre ingresos inesperados equivalente al 50% del excedente en el precio sobre el precio base de US$650 la onza.
Al precio de US$1,400 la onza, con unas exportaciones de un millón de onzas, el Estado recibiría, por concepto de este impuesto, US$375 millones a partir del primer año de exportación, equivalente a unos RD$14,000 millones.
Lamentablemente eso no se tuvo en cuenta y todo el excedente de ingresos que la BG va a percibir de la explotación de un oro que pertenece a todos los dominicanos, para lo único que servirá es para que la empresa minera recupere más rápidamente una inversión que realiza con endeudamiento.
Nunca antes una empresa minera recuperará su inversión en tan poco tiempo.
Y como si esto fuera poco, los intereses sobre esos préstamos serán pagados también con ese mismo oro que era de todos los dominicanos, pero que el Gobierno del PLD decidió ceder por 33 años a la BG.
La Coalición Educación Digna debe asumir con la misma intensidad que ha exhibido en el caso del 4% de la educación, la demanda de renegociación del contrato con la BG.
El oro también es amarillo y podría facilitar el cumplimiento del 4% del PIB para la educación.
Las mismas sombrillas podrían servir para presionar al Gobierno del PLD en una renegociación justa con la BG. Evitemos que 520 años después, vuelvan a cambiarnos oro por espejitos, que es lo que pasará en el 2012 cuando la BG exporte US$1,450 millones en oro y le entregue al Gobierno apenas US$46 millones.
Resulta previsible que la BG accederá a renegociar el contrato si percibe en la sociedad dominicana la misma voluntad que ha demostrado en su lucha por el 4%. La educación y el oro son demasiado valiosos para nosotros como para dejarlos en manos de los gobiernos.
Andrés Dauhajre Hijo
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