Advirten que no se puede legislar para beneficiar a grupos en particular
Dos diputados del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunciaron que debe ser investigada la decisión de ceder el Puerto de Manzanillo a empresarios cibaeños en forma privilegiada.
Los diputados Víctor Suárez y Demóstenes Martínez dijeron que el congreso nacional debe disponer una investigación en torno a la cesión hecha por la Autoridad Portuaria Dominicana y que afecta varias empresas en el puerto de Manzanillo.
El Estado dominicano cedió a empresarios cibaeños sin retribución alguna la concesión de una extensa franja aledaña al puerto de Manzanillo.
La concesión afectaría incluso las instalaciones de una planta energética de la General Electric en la zona costera, según dijo una fuente a elsiglo21.com.
La Autoridad Portuaria Dominicana, según el contrato elaborado para la concesión privilegiada, "se compromete a no otorgar concesiones a terceros de carácter comercial en la franja marítima que colinda con el Puerto de Manzanillo en una longitud de 3 km medidas desde el espigón".
Eso alcanzaría incluso la zona en la que la empresa extranjera instala una planta generadora en la costa norte, dijo la fuente.
La concesión favorece a la Corporación Portuaria del Atlántico, S.A., representada en el contrato por el empresario Miguel Lama Rodríguez.
Esta corporación asumirá las ventajas del puerto de Manzanillo, originalmente cedido a la firma Cementos Cibao en junio del 2004 por decreto del presidente Hipólito Mejía.
La corporación, encabezada por Fernando Capellán y otros empresarios de zona franca de Santiago, la completan más de 60 pequeños, medianos y grandes empresarios desde Manzanillo a Santiago, quienes poseen menos de un uno por ciento de las acciones.
Tras despojar a Cementos Cibao de la concesión original del Puerto de Manzanillo, la empredsa cementera quedó con un 20 por ciento al igual que la Corporación de Zona Franca de Santiago.
El diputado Víctor Suárez sostuvo que la Autoridad Portuaria Dominicana violó un decreto presidencial y por tanto está violando la ley al ceder el Puerto de Manzanillo en forma privilegiada.
Manifestó que en Puerto de Manzanillo hay contratos internacionales involucrados, por lo que no puede ser cedido a los empresarios cibaeños sin que esos contratos hayan sido terminados.
Explicó que los afectados por la cesión pueden optar por entablar una demanda civil contra la Autoridad Portuaria Dominicana por daños y perjuicios.
De su lado, Demóstenes Martínez dijo que ninguna institución puede violar un decreto presidencial, porque se debe respetar la ley y propiedad de los individuos.
Advirtió que no se puede legislar para beneficiar a grupos en particular.
Julia María Ramírez / El Siglo 21
http://elsiglo21.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14727&catid=36:el-pais&Itemid=112
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