SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El anuncio desde el Palacio Nacional sobre el fraude de Baninter en Mayo del 2003, tomo al país por sorpresa. Cinco meses más tarde, o sea el 24 de octubre, un cable Wikileaks dice que durante un almuerzo con el embajador de Estados Unidos en el país, Hans Hertell, Carolina Mejía, hija del presidente Hipólito Mejía y asesora en materia de culpó el tradicional comportamiento corrupto en los negocios por el enorme escándalo bancario de la citada entidad financiera.
La hija del presidente Mejía atribuyó el enorme colapso de Baninter y otros dos bancos a patrones de comportamientos que vienen de antaño entre los empresarios dominicanos adinerados, algunos de los cuales eran “ladrones”. Dijo que esta era una vieja treta latina, beneficiarse del dinero de otros.
Este mismo cable también expresa que el ex superintendente de Bancos, Alberto Atallah y Price Waterhouse aprobaron el desempeño de los bancos basados en los datos que dicha firma recibió, pero muchas de las transferencias ilegales le fueron ocultadas a los auditores.
De acuerdo a Mejía, la falla yace en la sociedad, no en el Gobierno. Para crear la clase de sociedad que los dominicanos más jóvenes desean el Gobierno tendría que enjuiciar a las personas responsables del colapso de los bancos.
En un segundo cable se habla de que durante una reunión el 2 de diciembre del 2003, el presidente Mejía insistió en que la tasa de cambio debía bajar en gran medida y le informó a los asistentes que los oficiales militares y policiales estarían vigilando las casa de cambio para detectar cualquier transacción cuestionable.
La mayoría de las casas de cambio acordaron no vender dólares a más de RD$40 por dólar. El Gobierno afirma que no está instigando el control de las divisas, sino que quiere que la tasa de cambio regrese a lo que debe ser – unos 30 pesos por dólar de acuerdo a algunos. Los llamados acuerdos voluntarios para vender dólares a la tasa establecida han sido probados rutinariamente en la historia dominicana, con resultados de poca duración.
También sale a relucir que luego de que el peso pasara la barrera de los RD$40 por dólar de nuevo en noviembre y continuara debilitándose, comenzaron a surgir los rumores a fines de noviembre sobre los planes del Gobierno para enfrentar la crisis. Al recibir numerosas quejas sobre la depreciación de la moneda, el Presidente culpó públicamente a las casas de cambio por su “manipulación” – quienes manejan aproximadamente el 70% de todo el comercio de divisas en el país – y emitió advertencias sobre posibles arrestos por acaparamiento ilegal de dólares.
Los informes de los diarios de esa época dan cuentan que en menos de una semana, las autoridades cerraron 14 casas de cambio que supuestamente operaban de forma ilegal, todo con el propósito de frenar el alza del dólar.
Tras los problemas presentados por el dólar, Mejía anunció la formación de una comisión para investigar los abusos en el sector de venta de divisas, compuesta por el Director de Impuestos Internos, Teófilo Tabar, el secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, el ex jefe de la Policía bajo la administración de Balaguer, Rafael Peralta Guerrero y el ex jefe de la Policía bajo la administración de Fernández, (y durante el primer año de la administración de Mejía) general Pedro de Jesús Candelier.
La miembro de la Junta Monetaria Sonia Guzmán (Secretaria de Industria y Comercio) le comentó a funcionarios del equipo económico (de la embajada) que el FMI había efectuado sus últimos cálculos para el nuevo acuerdo Stand By basándose en una proyectada tasa de cambio de RD$40 pesos por dólar.
Confirmó que Mejía había dicho durante una reunión que había cero oportunidad de firmar un acuerdo si el FMI tenía que calcular la tasa de cambio de nuevo debido a la depreciación.
Guzmán dijo que Mejía estaba comprometido con lograr un acuerdo con el FMI “no importa cuál sea el costo político”, pero que para ello el Gobierno tenía que tener bajo control la tasa de cambio.
El cable también revela que Guzmán dijo que Mejía estaba molesto por el déficit en contribuciones voluntarias aportadas por los exportadores y operadores turísticos hacia los objetivos fiscales. Cuando el ministro de Finanzas Calderón reportó que las contribuciones sólo habían sido de RD$74 millones (apenas poco más de US$2 millones), mucho menos que las proyecciones, Mejía estaba tan furioso que le ordenó al ministro que devolviera el dinero.
El cable dice que la “embajada obtuvo una copia de una circular enviada por la asociación de casas de cambio el 2 de diciembre, informándole a sus miembros que la reunión había acordado que la tasa no excedería RD$40” y que “es obligatorio respetar esta medida”.
Once días más tarde, un cable denominado como sensitivo presenta una carta de las autoridades dominicanas solicitando un préstamo al Gobierno de Estados Unidos por 950 millones de dólares para reestructurar la deuda del Banco Central.
En la misiva, dirigida al Subsecretario del Tesoro Taylor, y firmada por el Secretario de la Presidencia Rafael Calderón y el Secretario Técnico Despradel, el Gobierno explica que “rescatar a los ahorrantes (del sistema bancario) ha tenido un costo de aproximadamente 20% del PIB. Para compensar por el crédito concedido, el Banco Central tuvo que emitir durante este año certificados que para septiembre alcanzaban RD$61 mil millones, o sea, cerca de US$1.97 mil millones (a la tasa en ese mes) representando un “déficit cuasi fiscal por encima de 4.0% del PIB”.
El compromiso con el FMI era un ajuste fiscal en parte para cubrir este déficit y por otra parte financiar la otra parte mediante la emisión de nuevos certificados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario