Domenico Tardini y Rafael Leonidas Trujillo Molina firman el Concordato.
Inconstitucionalidad del Concordato
El año 2012 se estrena con la apertura del Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, y el cambio del presidente de la Suprema Corte de Justicia y varios de sus miembros. El Tribunal Constitucional es responsable en última instancia de interpretar la Constitución. Representa una
esperanza para todas las personas que consideramos inconstitucional y lesivo la vigencia del Concordato, producto de los intereses de la dictadura Trujillista y el pontificado de Pio XII, y acordado legalmente el 16 de junio de 1954.
El Concordato satisfizo la necesidad del régimen Trujillista de lograr una legitimización externa para mantenerse en el poder mientras violaba los derechos humanos de toda la población; no muy diferente de la forma que el Emperador Romano Constantino I buscase en la Iglesia Católica del Siglo IV la legitimación y consolidación de su imperio en decadencia.
La estrategia de alianza Iglesia-Estado no surgió en 1954, estuvo presente desde los inicios del régimen Trujillista y se manifiesta en el discurso de bienvenida de Trujillo al primer Nuncio Papal de la República Dominicana, Monseñor José Fietta, en 1931. En su tesis doctoral, el sacerdote episcopal William Wipfler describe la esencia de este discurso: "La Iglesia como legitimadora, Trujillo como protector".
Trujillo conocía la estrategia del proyecto de dominación del General Francisco Franco con el Concordato de 1953. Esta alianza Franquista Iglesia-Estado determinó el control de la Iglesia de la educación, la cultura, y otras áreas de la vida social y por contrapartida, la prolongación de Franco en el poder. Pero a tres años de la caída de Franco en 1975, el Concordato español fue modificado; cosa que no ha sucedido en República Dominicana a más de medio siglo de la caída de Trujillo.
Conservar el Concordato es extemporáneo. La sociedad dominicana contemporánea es heterogénea, formada por personas de diferentes denominaciones cristianas y no cristianas, y de personas que no profesan ninguna religión. El papel de cohesión social asignado a la religión por la sociología clásica no es funcional cuando la pluralidad de visiones religiosas y seculares son conflictivas o incompatibles.
La vigencia del Concordato Trujillista le ha permitido a la Iglesia fortalecerse, enriquecerse, y controlar la esfera pública. Esto quedó demostrado en abril del 2009, cuando el Congreso modificó el Artículo 30 de la Constitución para criminalizar la interrupción legal del embarazo bajo todas circunstancias. La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo fue aprobada por 167 congresistas contra 32 que la rechazaron.
Los políticos ignoraron los razonamientos de las organizaciones y expertos en salud reproductiva de que la criminalización del aborto terapéutico aumentaría la morbilidad y mortalidad materna. Motivados por mantenerse en el poder y no "caer en desgracia" con la Iglesia, prefirieron responder a los dogmas del derecho canónico, no a los principios del derecho constitucional ni a las necesidades del pueblo.
La Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, la SESPAS, ProFamilia, y otras organizaciones de mujeres se pronunciaron públicamente. El Presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia advirtió que el Artículo 317 del Código Penal impone una pena de hasta veinte años de trabajos públicos y reclusión a personas que causen o cooperen directamente con la realización de un aborto; por lo que los médicos se abstendrían de salvar la vida a mujeres con necesidades de emergencia para extraer los restos de la placenta del endometrio en casos de abortos inducidos fuera de los centros de salud.
La respuesta de la Iglesia a la juventud dominicana es negarle información científica a través de programas escolares de educación sexual y prohibir el uso de anticonceptivos para evitar el contagio del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, y evitar embarazos no-deseados y a destiempo. El control de la Iglesia del espacio público le ha permitido imponer el derecho canónico en el sistema de educación pública y en muchos centros de salud; e instrumentalizar los aparatos coercitivos del estado a través del artículo 30 de la Constitución y el Artículo 317 del Código Penal.
Esta situación manifiesta el obstáculo que representa el Concordato para la creación de una democracia moderna en República Dominicana. Como nos recuerda Fernando Savater, "las democracias modernas basan sus acuerdos en leyes y discursos legitimadores no directamente confesionales, es decir, discutibles y revocables, de aceptación en último caso voluntaria y humanamente acordada".
Por estas razones es imperativo iniciar un diálogo nacional sobre la necesidad de separar Iglesia y Estado. En sociedades como la dominicana, con poblaciones mayoritariamente empobrecidas e ignorantes, es fácil para una religión estatal imponer sus dogmas y silenciar evidencias, intervenir directa o indirectamente en el voto electoral y en las políticas de gobierno, y determinar el resultado de intervenciones militares, particularmente cuando la Iglesia Católica ya cuenta con todo un obispado dedicado a su formación.
Agenda para lograr un estado laico
Primero, difundir el documento del Concordato.
Son muchas las razones por las cuales el documento del Concordato se ha mantenido oculto. Después de más de medio siglo de existencia pocos dominicanos lo han leído y solamente la revolución del Internet ha hecho posible su lectura. Pueden encontrar una copia del Concordato en el mismo portal del Vaticano:
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19540616_concordato-dominicana_sp.html
Segundo, demandar transparencia para conocer el monto del financiamiento estatal a la Iglesia Católica desde 1930. Esto así porque Trujillo aplicó el Concordato con carácter retroactivo. Los datos que es necesario conocer y divulgar corresponden a las categorías establecidas en los diferentes artículos del Concordato:
(1) Sueldos de obispos, seminaristas, vicariato militar, profesores de religión en escuelas públicas, y donaciones en efectivo a iglesias y sus misiones. (2) Muebles inmobiliarios, como residencias y oficinas de obispos, catedrales, iglesias, etc. construidas con dinero público o traspasadas a la iglesia. (3) Donaciones para construcción de colegios y universidades católicas y subvenciones a los mismos. (4) Donaciones para programas proselitistas y asistenciales, y (5) Exenciones tributarias.
El gasto en financiar el proselitismo religioso no se justifica frente al elevado déficit fiscal con que finalizó el 2011, el cual se aproxima a los 60 mil millones de pesos. Tampoco se justifica con el déficit social acumulado por décadas de corrupción y desgobierno que en el presente ha alcanzado notoriedad internacional en áreas, que como Educación, se miden internacionalmente con indicadores estandarizados comparables.
Tampoco se justifica mientras las leyes no se cumplen para financiar el Ministerio de Educación y el Poder Judicial, como recientemente 130 jueces nos han dado a conocer. O cuando la población estٞá precariamente servida en las áreas de salud y educación; empleo formal con sueldos dignos; seguridad social; servicios de agua, alcantarillado y electricidad; y saneamiento ambiental.
Mientras tanto, el financiamiento estatal le ha permitido a la Iglesia Católica el crecimiento de su Jerarquía, su fortalecimiento institucional, y su incidencia en todos los rincones del territorio nacional. Según datos presentados en el 2005 por Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio, en 1953, un año antes de firmarse el Concordato, solamente existía una diócesis en el territorio nacional; para el 2005 el número aumentó a dos arquidiócesis, nueve diócesis territoriales y un obispado castrense. La Jerarquía católica pasó de cinco obispos en 1962 a 20 obispos en el 2005; 14 activos y 6 eméritos. Los datos los ofrece el presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana (CED) en presencia del Presidente Fernández y en agradecimiento por la construcción del nuevo local de la CED.
Tercero, iniciar un diálogo nacional. La Constitución debe fundamentarse en la defensa de derechos humanos que históricamente la humanidad ha ido consensando y continuará haciéndolo en la medida que la ciencia y la tecnología abren nuevos campos de conocimiento que elevan las posibilidades de transformar el mundo natural. Ni la Iglesia Católica, ni ninguna otra religión organizada, son idóneas para definir la moral y la democracia de naciones contemporáneas. Cuando históricamente la Iglesia ha asumido ese rol, los resultados en vez de humanizar, han sido deshumanizantes.
Argelia Tejada Yangüela
Doctora en sociología cuantitativa (PhD) y maestría en teología
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