José Izquierdo, exdirector del FONPER.
Como una granizada en tiempo de verano le ha caído al país la querella depositada por el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra varios ejecutivos de dos reconocidas empresas generadoras de energía.
José Izquierdo, dirigente emblemático del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de Santiago, se querelló contra las empresas generadoras de energía, EGE-Haina y EGE-Itabo porque, según sus investigaciones y documentos, éstas habrían estafado al Estado dominicano con no menos de 10 mil millones de pesos.
El escándalo como las cifras es estridente y alarmante. El hecho de que este legendario miembro del PLD, despedido y no confirmado en su puesto, haya procedido legalmente contras las empresas señaladas, pone en manos del Ministerio Público de la nación un expediente de dimensiones tumultuosas y de elevadas complejidades político- jurídicas, y por qué no decirlo, empresariales.
Su aseveración, de que (supuestamente) en la gerencia de esa parte del negocio energético lo correspondiente al Estado dominicano fue objeto de una burda manipulación y de manejo fraudulento, por parte de algunos ejecutivos de las generadoras mencionadas, evidencia que el asunto requiere de ingentes respuestas y aclaratorias refutaciones económicas y legales.
Un caso mayor, por decirlo de alguna manera agradable al lenguaje jurídico, es el mote con el cual se pudiera etiquetar este escandaloso evento de supuesta mega corrupción y en el que, presumiblemente, están involucrados nombres muy sonoros y apellidos respetables.
Por suerte o por desgracia, este nuevo affaire de intereses con implicaciones estatales y privadas ha sido desoído por buena parte de los mentideros públicos criollos, y puede resultar muy sospechoso que algunos hayan opinado más con relación al contrato de cuota litis de los abogados apoderados que de la desbordante envergadura del caso en sí.
A no ser por las entregas profesionales, y hasta cierto punto valientes, publicadas por el diario digital 7 Dias.com, muy pocos se habrían enterado de la denuncia y los contenidos investigativos que, por su conducto, ha revelado la veterana comunicadora Ivón Ferreras, artífice periodística del que hasta ahora permanece como un consumado escándalo de corrupción, con presumibles resortes de delincuencia compleja.
Fraude, asociación de malhechores y abuso de confianza, entre otras, según las consideraciones de Ángel Delgado Malagón, uno de los abogados representantes de los intereses del Estado dominicano, dominan las tipologías penales por las cuales las personas involucradas habrían de concurrir ante el Ministerio Público y posteriormente deponer ante un juez. Esto, desde luego, debe partir del hecho primario de que el estado jurídico de inocencia constituye un atributo supra-legal que protege, sin excepciones, a todas las personas, imputadas o no, ante los órganos de acusación formal estatal.
La querella del Fonper, sin embargo, no deja de ser una dura prueba para el nuevo presidente del organismo, Fernando Rosa, para la recién remozada Dirección Nacional de Ética y, sobre todo, para la justicia del país.
Quien nada tenga que ocultar, tampoco deberá temer o impedir que se ventile este caso, como el ordenamiento jurídico dispone, en los tribunales de la nación.
Veremos, si es anhelo real de la justicia nuestra, la fase final de otro caso que se espera no sea tragado por la estela pedregosa de la impunidad y la complacencia.
El tiempo, juez ineluctable, lo dirá muy pronto.
Editorial Z -101digital.com
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