El suicidio del arquitecto David Rodríguez, agobiado por deudas contraídas para remodelar una escuela en Peralvillo, Monte Plata, que obtuvo mediante concurso, ha abierto una herida supurante de corrupción que parece afligir en mayor o menor medida todo el entramado relacionado con pagos de cubicaciones a contratistas de obras del Estado.
Rodríguez, quien se disparó a la cabeza en un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, dejó una nota en la que culpa de su muerte a un empleado y a otro ex servidor de esa dependencia, quienes son investigados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Con motivo de esa tragedia ha salido a relucir que “mafias” que operarían en OISOE y los ministerios de Educación y Obras Públicas, extorsionan a contratistas para pagarles sus cubicaciones, lo que también es objeto de una investigación del Ministerio Público.
Lo que se ha dicho es que Rodríguez, de 40 años, se suicidó al saber que el valor de la última cubicación que recibiría al término de la obra no sería suficiente para saldar las deudas pendientes con suplidores y trabajadores, al tiempo que dejó entrever que fue objeto de estafa, engaño o extorsión por parte de empleados de OISOE.
Conforme a denuncias de gremios de ingenieros y arquitectos, entidades empresariales e instituciones de la sociedad civil, esas mentadas mafias obligan a ingenieros que obtienen obras a traspasar sus derechos a otras empresas, o a tomar préstamos onerosos para adelantarle pagos por extorsión.
Ha hecho bien el director de OISOE, ingeniero Francisco Pagán, al transferir al Ministerio Público todo lo relacionado con las circunstancias en que se produjo la muerte del arquitecto Rodríguez, y de los empleados mencionados por el occiso en un escrito donde los señala como las causas de su trágica decisión.
Aunque la mayoría de las obras que construye el Estado son adjudicadas mediante concursos, aún no se despejan denuncias sobre complicadas madejas de corrupción que se expresan en extorsión, cobros o pagos ilegales y usura, que las encarecen, al tiempo de crear fuentes ilegítimas de enriquecimiento.
Al lamentar el suicidio del arquitecto Rodríguez, se reclama que esa tragedia al menos sirva para desmantelar ese entramado corrupto que desde hace tiempo opera como cáncer lacerante en la adjudicación y pago de cubicaciones de obras del Estado.
Editorial El Nacional
El Nacional
Viñeta: Cristian Hernández
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