Diputado Wellington Arnaud.
Son muchas las cosas que podrían decirse sobre la decisión del Procurador General, Jean Alain Rodríguez, de solicitar a la Cámara de Cuentas una auditoría forense a todas las obras construidas en el país por Odebrecht a fin de determinar si existen sobrevaluaciones, pero me limitaré a señalar la más evidente: llega demasiado tarde.
¿Qué pasaría si, el día que concluyan esas auditorías, se determina que las obras, como se ha denunciado (algunos calculan que las sobrevaluaciones alcanzan los 2,000 millones de dólares), fueron sobrevaluadas? ¿Se caería el acuerdo? ¿O, simplemente, se reirían hasta con la muela de atrás sus perpetradores?
Estoy seguro, querido lector, que no tengo que sugerirle la respuesta correcta, pues la decisión de ordenar esas auditorías con tres meses de retraso se corresponde con la estrategia del Ministerio Público de dar todas las vueltas posibles antes de llegar a donde se comprometió a llegar: hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga.
Y que conste: desde que Odebrecht admitió haber pagado 93 millones de dólares en sobornos, han sobrado las voces reclamando que se investiguen las previsibles sobrevaluaciones que constituyen su contraparte aquí y en cualquier parte del mundo.
Fue el caso del diputado del PRM Wellington Arnaud, quien apenas 24 horas antes de hacerse pública la homologación del acuerdo todavía insistía en la necesidad de hacer esa auditoría, pues resultaría “de muy mal gusto” que la constructora se comprometiera a pagar 184 millones de dólares de multa cuando la defraudación que ha sufrido el Estado como consecuencia de las sobrevaluaciones podría ser muchísimo mayor.
Arnaud definió como “una burla descarada al pueblo” hacer esa homologación sin cumplir ese requisito, como efectivamente ocurrió, pero también lo es, agrego yo, ordenar esas auditorías cuando la impunidad de la constructora brasileña ya está garantizada por escrito.
Claudio Acosta
Qué se dice...
Hoy
No hay comentarios:
Publicar un comentario