Estamos llegando a un desenlace del caso Odebrecht, todo será cuestión de tiempo. Hay muchas posibilidades de que las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2016 en RD hayan sido financiadas por países extranjeros. Que desde la Junta Central Electoral se haya confabulado un fraude que involucra a sectores de la prensa empresarial, periodistas en la nómina pública, compañías encuestadoras, jueces electorales, políticos oficialistas y megaempresarios comprometidos con la cleptocracia gobernante.
Mientras las bocinas pagadas del gobierno tratan de asustar alertando sobre un supuesto plan sedicioso o golpista por parte de un sector de la sociedad, lo que realmente se vislumbra en el panorama es una destitución del gobierno actual y una convocatoria a nuevas elecciones en caso de que se admitan hechos que invaliden los comicios.
Si se llegaran a admitir ilegalidades y financiamientos al partido oficialista de ninguna manera podría catalogarse como un gobierno legal el actual. Nos encontramos en un momento crítico de nuestra democracia, nadie osaría conspirar contra un gobierno legal salido de las urnas, como tampoco una gran mayoría de los dominicanos vamos a continuar siendo gobernados por tramposos, corruptos y amorales; de ser ese el caso.
Ese 62% de votos desde el primer boletín de la JCE es cuerpo del delito, esa cifra que coincidía con las encuestas amañadas del régimen y que se mantuvo como votación final será compaginado con las declaraciones que hará ante la justicia brasileña João Santana, el publicista y asesor del candidato oficialista supuestamente vencedor, quien salió desde Palacio para una cárcel en Brasil.
Si en las elecciones hubo ilegalidades, el Poder Ejecutivo, Congreso Nacional, alcaldes y regidores; son igualmente ilegales.
Esperemos las noticias desde São Paulo, que ya pronto vienen.
Aquí.
Jeannelle Koss / DLRD
Captura: Listín Diario
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