Las revelaciones cada vez más graves del capo de la droga Quirino Paulino Castillo acerca de sus presuntas relaciones con el entonces presidente Leonel Fernández y su pequeño círculo íntimo ameritan una investigación seria del Ministerio Público por el buen nombre de la República. No basta con el pretexto de que no se ha recibido expediente alguno de autoridad competente, ni las infelices explicaciones ofrecidas en una escueta nota de prensa por el líder político, ni mucho menos las muestras de adhesión que ha recibido de funcionarios y legisladores de su partido, para dejar este caso en el limbo.
Tampoco es válido el intento de descalificar al denunciante por su historial delictivo porque nadie más que él puede hablar sobre esas supuestas contribuciones a las campañas del expresidente. No es la primera vez ni será la última en que las confesiones de un delincuente sirvan a la justicia para combatir el crimen organizado. Es cierto que la verdad no duele en ciertas bocas, pero esa máxima sólo se aplica a los casos en que no están en juego los valores que pudieran haber zozobrado si esa relación realmente fuera cierta o estuviera documentada.
El expresidente Fernández tiene en sus manos una excepcional oportunidad de desmontar parte de lo que él y sus seguidores califican como “campaña sucia” dirigida a demeritarlo ante la creciente popularidad de su precandidatura a las elecciones del año próximo. Como bien escribiera el abogado Francisco Álvarez en el diario digital Acento, le bastaría mostrar a la nación pruebas de la compra por su fundación de la planta eléctrica que según el narcotraficante le donó a un costo de doscientos mil dólares. El hecho de que el Departamento de Estado ni la embajada estadounidense hayan descalificado al capo ni lo dicho sobre el caso por el detective que alega tener conexiones con el gobierno estadounidense, arrojan muchas dudas sobre la defensa del exmandatario.
Miguel Guerrero
La Columna de Miguel Guerrero
elCaribe
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