El juez titular del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero, probablemente sin proponérselo, le ha añadido un motivo de preocupación al expresidente Leonel Fernández, al señalar que mientras se desempeñaba como Fiscal del Distrito desistió de investigar una denuncia relacionada con supuestos vínculos del expresidente Hipólito Mejía con el narcotraficante Quirino Paulino Castillo, por órdenes de Fernández, quien entonces ocupaba la presidencia de la República. Si eso fuera cierto, y según la máxima jurídica “a confesión de parte relevo de pruebas”, en cualquier país donde funcione la justicia y exista independencia real de poderes, esto se calificaría de obstrucción o intento de obstrucción de justicia, un cargo muy grave por el cual perdió la presidencia de Estados Unidos, Richard Nixon, y muchos otros en distintos lugares se han visto en graves problemas.
Obviamente el caso aplicaría también para el señor Mejía, por cuanto en su oportunidad, mientras ejercía la presidencia, evitó que el Ministerio Público emprendiera una investigación sobre denuncias de corrupción contra su antecesor, el señor Fernández, quien luego le sustituyera en el cargo. Ambos ejemplos ilustran a cabalidad la penosa debilidad del Ministerio Público y el control que esas dos administraciones tenían sobre los fiscales, un lastre que todavía no terminamos de superar.
El hecho de que el narcotraficante, condenado en Estados Unidos, diga ahora que entregó a Fernández doscientos millones de pesos para financiar su campaña electoral del 2004 y más tarde le comprara una planta de emergencia a su fundación, sabiendo el líder del Partido de la Liberación Dominicana la procedencia sucia de ese dinero, ofrece la excepcional oportunidad al Poder Judicial de mostrar si el país cuenta con una real justicia independiente, disponiendo una investigación de tan grave denuncia.
Miguel Guerrero
La Columna de Miguel Guerrero
elCaribe
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