Una de las mayores urgencias que confronta la sociedad dominicana es abaratar el costo de la política, que no sólo consume altos niveles del ingreso nacional, sino que prostituye las instituciones y margina a gran parte de los que no pueden o no quieren asumirlo para no correr el riesgo de fracasar ante el ventajismo de los depredadores de los bienes públicos o sucumbir a la corruptela, el rentismo y el clientelismo.
El alza desmesurada de los salarios de los altos funcionarios del gobierno central y las instituciones autónomas, que ganan hasta 800 mil pesos, y los del Congreso Nacional y los ayuntamientos, son una iniquidad ante los bajísimos niveles de los salarios públicos y privados de las mayorías, y son consecuencia de la alta inversión que hay que hacer para alcanzar hasta un cargo de regidor, y de la necesidad de acumular vertiginosamente para mantenerse en la competencia política y elevar sus niveles sociales.
Gran parte de la sociedad se sintió ofendida por la decisión de los legisladores de elevarse sus sueldos básicos entre 40 y 60 por ciento, y una senadora llegó al extremo de proclamar que sus ingresos no le alcanzan ni para comprar agua, ocasionando una avalancha de burlas. Hay que acreditar a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, por haber proclamado que mientras mantenga ese cargo no permitirá la violación de la Constitución que prohíbe legislar en beneficio propio, lo que no ha hecho el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez.
Los senadores alegan que ganan una miseria, aunque sus ingresos son inmensamente desproporcionados en relación al salario nacional promedio de 22 mil pesos, al mínimo del gobierno central de 5 mil 117 pesos y al promedio de los salarios mínimos del sector privado, que apenas alcanza los 8 mil pesos.
A su salario nominal de 125 mil pesos, hay que adicionarle 50 mil para gastos de representación, 25 mil de viáticos y otros 25 mil para hospedaje, lo que suma 225 mil. Y además 3 mil 500 pesos por cada sesión a que asistan y 2,400 pesos por reuniones de comisiones, con lo que su ingresos promedio se acerca a los 300 mil pesos mensuales. Súmesele el “barrilito de asistencia social”, entre 400 mil y 900 mil pesos mensuales, y el pago de una veintena de empleados en sus oficinas del Congreso y las provincias.
Los diputados parten de un salario nominal más alto, de 175 mil pesos, dietas por 45 mil pesos, 35 mil de gastos de representación, 18 mil pesos para combustibles y 3,500 por asistir a sesiones, más un fondo social o “cofrecito” de 50 mil pesos, estimándosele un promedio de 342 mil pesos mensuales, y asignaciones para repartos en Navidad, Reyes, día de las madres, habichuelas de semana santa y para útiles al comienzo del año escolar.
Además de todo eso, senadores y diputados disfrutan de privilegios como seguro de salud internacional, plan especial de pensiones, más dos exoneraciones de impuestos para importar vehículos, que la mayoría vende, apropiándose de lo que debía recaudar el Estado. Son responsables de gran parte de los vehículos de lujo, de hasta 450 mil dólares, que el director de Impuestos Internos denunció esta semana, como expresión de inequidad social.
Los dominicanos tenemos el Congreso más caro y abultado de la región, único bicameral, con 222 miembros, casi 4 veces los 57 de Costa Rica, triple que los 71 de Panamá, más del doble que los 84 de El Salvador y los 92 de Nicaragua, casi duplica los 128 de Honduras, y 40 por ciento más que los 158 de Guatemala. Y hacia el sur también somos líderes, por ejemplo frente al Perú, que sólo tiene 130 legisladores, aunque triplica la población dominicana y es 26 veces mayor en territorio.
En menor grado, pero abuso también, son los salarios de entre 150 y 200 mil pesos que ya se atribuyen los regidores en los mayores municipios, por dos sesiones al mes. Toda esa iniquidad no encuentra valladar, porque se asume como el costo de la política, que no se reducirá si no se controla la extensión de las campañas electorales, el gasto de los partidos y candidatos, con transparencia de su financiamiento y régimen efectivo de sanciones, para que los recaudadores, como Magín Díaz, no tengan que deplorar la prevalencia de niveles ofensivos de exenciones, tributos de la política. Son las leyes de partidos y electoral que se discuten desde el consenso de la Fundación Siglo 21 en 1994.
Juan Bolívar Díaz
Hoy
