Altagracita
La divulgación de un estudio ordenado por el Instituto de Protección al Consumidor (Pro Consumidor) sobre la calidad del salami que se fabrica en el país ha provocado enojo entre quienes afirman que ha lesionado seriamente sus intereses y otros que censuran que se haya dado a conocer sin antes presentarlo al Ministerio de Salud Pública, razón por la cual de muchos lados se presiona para que la directora de esa institución renuncie o sea destituida.
Lo primero que habría que establecer es si los resultados arrojados por la investigación encargada al Instituto de Innovación y Biotecnología Industrial (IIBI) y al Laboratorio de Control de Calidad del Veterinario Central (Lovecen) no se corresponden con la verdad o si los técnicos actuantes manipularon muestras estudiadas.
Ninguna industria o embutidora ha desmentido los resultados de esa investigación en la que se destaca que en el 97 por ciento de las muestras analizadas, el contenido de proteína estaba por debajo del límite, que un 12 por ciento presentó alto contenido de levadura, un 51%, exceso de nitrito de sodio y un 15 por ciento, materias fecales.
Algunos fabricantes de embutidos han aclarado que sus instalaciones cumplen con todos los requisitos y controles de calidad, lo que constituye una buena noticia para los consumidores que también reclaman que Salud Pública y el Ministerio Público actúen contra los defraudadores que no sólo procesan un producto inocuo, o carente de nutrientes, sino peligroso para la salud.
Se pretende lapidar a la directora de Pro Consumidor, licenciada Altagracia Paulino, porque en cumplimiento de la ley divulgó los resultados de una investigación sobre un producto de amplio consumo, en la que afloran serias irregularidades en su contenido, como si decir la verdad la verdad constituyera un delito o un crimen.
Resulta que tres días antes de dar a conocer ese informe, la licenciada Paulino puso en auto a las empresas de embutidos sobre su desalentador contendido, sin que Pro Consumidor recibiera algún comentario o pedido de que ese estudio se mantuviera en secreto, por lo que su divulgación no tomó por sorpresa al sector industrial.
La transparencia, que tanto se exige al Gobierno, es un comportamiento ético y moral que corresponde asumir a todos los sectores de la sociedad, sin excepción alguna, más aun cuando se trata de la elaboración de artículos de amplio consumo, lo que obliga a repetir la expresión aquella referida a la mujer del César.
La directora de Pro Consumidor cumplió cabalmente con su deber y obligación de difundir ese informe, por lo que la sociedad toda está compelida a respaldarla y proteger su buena fama ante las presiones para que dimita o sea cancelada provenientes de sectores acostumbrados a ver paja en ojo ajeno, sin remover la viga que obnubila los suyos.
Editorial El Nacional
El Nacional
Caricatura: Cristian Hernández
http://elnacional.com.do/editorial/2012/7/30/129559/Altagracita
Los que lo sabían:
Pro Consumidor reveló que antes de la publicación de que el salami no era apto para consumo humano saliera conocían los resultados las empresas productoras Induveca, Procesadora de Carnes KARNÚ, Productos Chef, Sigma Alimentos Dominicana, Productos Unidos Santa Cruz, Alonso Farmas (Grupo Alonzo), previo a su difusión por los medios de comunicación. Igualmente, Productos Alimenticios del Caribe Stefanutti, Embutidos Quisqueya, La Ganadera, Agropecuaria Taveras López (AGROTEL) y Hermanos Taveras.
7dias.com.do / http://7dias.com.do/app/article.aspx?id=122365
