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sábado, 1 de septiembre de 2018

Lista de los cortesanos que abogan por la reelección e irrespetar la Constitución


Estos dominicanos pretenden desconocer la imposibilidad de una reelección del actual Presidente de la República, Danilo Medina. En la medida que otros cortesanos se sumen, se agregarán. La Constitución imposibilita al actual mandatario a optar por otro periodo

Jorge Subero Isa (Ex Presidente de la SCJ)
Francisco Javier García (Ministro de Turismo)
Monchi Fadul (Ministro de Interior y Policía)
Julio Cury (Abogado, ex militante del PRD y del PRM)
Marino Collante ("Dirigente" reformista)
José Hazim Frappier (Senador reformista por SPM)
Luis Ynchausti (Tránsfuga peledeísta)
Ilianov Méndez (Peledeísta)
Yomaira (Lucía) Medina (Diputada, hermana del Presidente)
Víctor Gómez Casanova (Tránsfuga de todos los partidos existentes)
Maritza López (Peledeísta)
Monchy Rodríguez (Fallecido)
Radhamés Camacho (Diputado peledeísta)
Fredermido Ferreras Díaz (Abogado peledeísta) 
Eduardo Jorge Prats (Abogado perredeísta, abogado de la cleptocracia)
Amable Aristy Castro (Senador vitalicio por la provincia La Altagracia)
Lucía Medina [Yomaira] (Diputada peledeísta por SJM, hermana del Presidente)
Eduardo Selman (Ministro de Cultura)
Elpidio Báez (Diputado PLD) 
Pastor Ezequiel Molina (Presidente del Ministerio Batalla de la Fe)
Adriano Sánchez Roa (Senador PLD por la provincia Elías Piña).
Luis Henríquez (Diputado PLD por la Circunscripción 1 Municipio SD Este)



DLRD

miércoles, 28 de junio de 2017

Jorge Subero Isa es una figura "quemada"


Hay hombres que no respetan su familia ni su apellido
El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Isa, aspira a presidir el Tribunal Superior Electoral. Para optar por el cargo declaró como preámbulo que Danilo Medina sería presidente de nuevo en 2020 porque no había figura política que pudiera competir con él.

El hombre del crespón negro por el caso SunLand tiene muy poca vergüenza y respeto por su persona, su familia y sus apellidos, desde ya ocupa un lugar deshonroso en nuestra historia. Agregarle más capítulos a su deplorable curriculum sería asqueante.

De colocarlo el danilismo al frente del TSE junto con el ungido Castaños Guzmán, la reelección sería pan comido. La oposición debe pararle el coche a este tunante antes de que sea señalado por el poder para ocupar el trono del TSE.


DLRD

jueves, 8 de junio de 2017

Dr. Fernández: Todos sabemos que usted es reo de Danilo Medina


Respuesta al doctor Leonel Fernández
Según artículo publicado a la firma del Dr. Leonel Fernández en el Listín Diario del día 5 de junio 2017 y aunque él no me preguntara, esta respuesta indica que me di por aludido.

“En la República Dominicana, como en el resto de América Latina y el Caribe, la corrupción es tan antigua como nuestra propia historia”.

Dice el Dr. Fernández. Y es verdad, pero lo que omite consignar el Dr. Fernández es la escala inaudita alcanzada por la corrupción dentro de y bajo los auspicios del PLD. Claro que es antigua la corrupción pero nunca fue tan generalizada, nunca alcanzó estas dimensiones y nunca gozó de tanta impunidad como la proporcionada por ese mismo PLD.

Hablando del periodo de la dictadura: “Lo que había era una Compañía Por Acciones, propiedad de Trujillo, que llevaba el nombre de República Dominicana”.

Es muy fácil el argumento pero un recurso barato, indigno de un presunto intelectual proveer una versión tan simplista y acomodaticia de la corrupción bajo el régimen de Trujillo. En primer lugar, durante el reinado de esa dictadura, la corrupción en este país estuvo confinada al propio dictador; más nadie robaba, no porque fueran virtuosos sino porque no se atrevían. Y si vamos a considerar el papel del ahorro interno en la inversión pública definitivamente Trujillo saca las mejores notas porque todo lo que se hizo bajo su dictadura fue con recursos internos, sin endeudamiento y por el contrario tras haber pagado la deuda externa que había heredado la república de gobiernos precedentes como nos tocará ahora lidiar con la mastodóntica deuda acumulada y dejada por el PLD y en menor medida por el PRD. El expediente de Trujillo en materia de libertades públicas y derechos humanos es una cosa, la administración pública de entonces es otra. Confundirlas para confundir, repito, es un recurso, barato e indigno.

Prosigue el Dr. Fernández: “Durante la etapa del presidente Joaquín Balaguer, el saqueo de fondos públicos llegó, en un momento dado, a niveles tan alarmantes, que el propio mandatario llegó a decir, en frase célebre, que la corrupción sólo se detenía en la puerta de su despacho”.

Es verdad que Balaguer afirmó que la corrupción se detenía ante las puertas de su despacho pero el PLD ni con usted ni con Danilo Medina puede hacer el mismo alegato porque la evidencia y la percepción nacional e internacional es la de que, la corrupción emana de ese despacho en lugar de detenerse ante sus puertas. Y le digo más, fue Balaguer el único que en la historia reciente del país persiguió, acusó y encarceló a un ex presidente y a varios de sus ministros y asesores cuando a partir de su victoria electoral del año 1986 produjo las denuncias, sometimientos y juicios que llegaron a ser llamados “las misas de los lunes” y en una de las cuales tuve la honra de participar mostrando la documentación de varias transacciones dolosas que habían perjudicado a la empresa Dominicana de Aviación de cuyo Consejo de Administración fui tesorero entonces. Pero hay algo todavía más trascendente para invalidar la comparación que usted ha pretendido.  Balaguer administraba el gobierno con una mentalidad de pulpero de barrio, odiaba el endeudamiento y financiaba el grueso de la inversión pública en obras con recursos propios y en casos extremos, cuando no se podía de otro modo, con préstamos internacionales. El PLD, en cambio, ha hecho todo lo contrario y ha sido el primer partido, en la historia de este país, que se dio cuenta de que endeudar el país era un recurso para alimentar la corrupción y acelerar el enriquecimiento ilícito de sus dirigentes como demasiado claramente ilustran no solamente el escándalo de ODEBRECHT sino una larga lista de préstamos y emisiones de bonos desde el fraude de la SunLand ventilado judicialmente en el año 2013 que tan de cerca lo involucró a usted mismo como todos los demás. Casi puede decirse que no hay un solo préstamo del PLD que no haya sido sobre valuado o tramitado a base de fraudes y soborno.

En otra parte su lamentable artículo usted escribe: “Corrupción universal. Pero no es sólo en la República Dominicana o en América Latina y el Caribe donde existe corrupción.

También hay corrupción en Rusia, donde luego del desplome de la primera revolución socialista del mundo, apareció una mafia rusa con ramificaciones en distintas partes del mundo.

En China persiste la corrupción, a pesar de que se han ejecutado personas por ese hecho y a otras se les ha condenado a prisión de por vida. Los antiguos países de la órbita socialista de Europa oriental se encuentran entre los más corruptos del viejo continente, como son los casos de Bulgaria, Rumanía, Polonia, la República Checa y Eslovaquia.

Pero algunos de los países de Europa occidental, que tienen siglos de civilización, tampoco escapan al contagio de la peste social de nuestros tiempos. Tal es el caso de Italia, España y Grecia, pero también de Alemania y Francia”.

De nuevo tengo que convenir con usted en la validez de la afirmación pero dejarla sin explicación, como hace usted, solamente sirve para, por carambola, justificar el desorden interno, el peculado, la impunidad reinante y todas las demás formas deshonrosas de corrupción y apropiación del bien publico. En todos los países citados por usted ha habido y hay corrupción pero no impunidad.

Los actos de corrupción han sido investigados, sancionados en algunos casos con fusilamiento en otros con vergüenza propia y cárcel pero no dejados impunes. La verdad histórica advertida por Joseph Stiglitz y otros economistas y pensadores contemporáneos es que, precisamente, la debacle en la Unión Soviética a partir de 1991 dejó al capitalismo y a Estados Unidos como los vencedores aparentes de la Guerra Fría y de la Coexistencia Pacífica y ese proceso condujo a la creencia de que empresarios, corporaciones y gobiernos disponían de un cheque en blanco o una licencia de corso para hacer y deshacer.

A medida que el mundo y su administración pasaron a regirse por los valores del Mercado, los políticos y los partidos se convirtieron en accesorios y auxiliares no reguladores de aquellos y los ciudadanos de todo el mundo empezaron, a gran velocidad, a convertirse en consumidores en sustitución de los ciudadanos que habían sido antes. De manera pues que, otra vez, estamos en presencia de una argumentación manipulada para hacer creer que en el mundo no hay salvación posible, que todos somos corruptos y que es más sencillo aprender a vivir con esa realidad y lucrarse de ella que enfrentarla que es exactamente lo que usted hizo y que me consta porque me lo hizo saber a mí mismo en la única vez que conversamos en su despacho en el año 2005 por solicitud suya, no mía – lo hago constar.

En otra parte de su trabajo consigna: “Ahora bien, dentro de ese marco, ha sido el Partido de la Liberación Dominicana la organización política que, desde el poder, mayores contribuciones ha realizado para crear la estructura legal que haga efectiva la lucha contra la corrupción”.

Un poco más adelante y todavía dentro del mismo tema usted escribió: ”En fin, a pesar de las debilidades institucionales aún existentes y de la justa indignación de importantes sectores de nuestra sociedad con respecto al flagelo de la corrupción, también es válido reconocer el aporte realizado por los gobiernos del PLD a la creación del entramado legal que permita su prevención, persecución y condena”.

Si no fuera por la seriedad del momento y por la gravedad de las circunstancias hubiera dicho que usted estaba relajando, porque Dr. Fernández, si hay algo que el PLD no ha hecho, ni siquiera intentado a pesar de toda la parafernalia legal a la que usted alude, si hay algo en lo cual el PLD ha dado el ejemplo de gestión más miserable y abyecto que pueda imaginarse nadie es precisamente cuando, refiriéndose a la corrupción afirma: “ es válido reconocer el aporte realizado por los gobiernos del PLD a la creación del entramado legal que permita su prevención, persecución y condena.”

Doctor Fernández al país le tiene sin cuidado todo ese entramado legal de que usted habla y así mismo, aunque no las menciona, la infinidad de instituciones, direcciones, entidades, policías, departamentos y administraciones creados por el PLD. Ninguna de las leyes que tienen que ver con justicia, procedimiento y pulcritud en la gestión pública emanadas del PLD sirve para nada porque aquí tenemos leyes para todo hasta para lo que no hace falta; de lo que carecemos es de gente decente, competente y temerosa de la ley que las aplique y lo mismo puedo decirle del reguero de instituciones creadas por el PLD: ninguna sirve para nada, todas son corruptas, todas están llenas de botellas vacías y en todas campea la corrupción desde los jefes hasta los mensajeros y guardianes, es mas, hasta los que cuidan la puerta y el parqueo están corrompidos. En el reinado del PLD la corrupción es la norma y la seriedad la excepción.

El mérito que el PLD podía y debió haber reclamado era el de haber adecentado la administración pública con gente laboriosa y limpia, haber fomentado un nuevo sistema de valores, fundado una ética de respeto, protegido la independencia del poder judicial y haber alentado una legislatura con las mejores personas de cada demarcación en lugar de haber efectuado una labor de buceo como hacen los infelices y desgraciados que en el vertedero de cada lugar se buscan la vida rescatando basura de la basura y parecería que el PLD, como esos buzos, salió a buscar basura y la encontró.

Este párrafo, que he dejado para el final es especial en muchos sentidos y cito: “Mientras tanto, en lo que atañe al expediente del caso Odebrecht, del que se encuentra apoderado un Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, de lo que se espera es que el órgano judicial actúe, tal como se consagra en los Principios Fundamentales del Código Procesal Penal, con absoluta imparcialidad e independencia; en base al principio de presunción de inocencia: y sujeto al criterio de legalidad de las pruebas”.

Doctor Fernández, después de la Suprema Corte de Justicia conocer y fallar a su favor el caso de la SunLand, el juez que la presidía -el magistrado Jorge Subero Isa- lamentó la decisión porque había sido “política y una vergüenza” y se refirió a ella como un “crespón negro”  que enlutaba la trayectoria de dicha corte porque Subero Isa sabía lo que era hacer justicia pero no se atrevió a hacerla, lo absolvió de culpas y luego le remordió la consciencia y Doctor Fernández si eso fue Subero Isa en 2013, dígame por favor ¿qué podemos esperar de estas cortes y estos jueces y procuradores? Se lo digo yo: lo mismo o peor y sin ni siquiera el beneficio del arrepentimiento a posteriori.

Finalmente Dr. Fernández como usted consigna:  “Ahora, en esta segunda década del siglo XXI, lo que ocurre es que debido a la magnitud, el perfil de los actores y la mayor visibilidad y frecuencia de actos de corrupción, las sociedades se han tornado más sensibles, y exigen, con razón, que se haga justicia”.

Este no es el lugar ni momento para intentar una aclaración sociológica ni tampoco proclamar la efectividad de las redes sociales publicando todo lo que los grandes periódicos ocultan. Hay un reto personal. A pesar de todos los expedientes de los cuales usted tiene que avergonzarse y con toda razón, me permito recordarle que nunca es tarde para un hombre reivindicarse ante la historia y ante si mismo. Todos sabemos que usted es reo de Danilo Medina, todos sabemos que los detenidos del PLD son gente suya o lo fueron, todos sabemos que usted está seriamente comprometido con mucha gente canalla con la cual esquilmó al Estado Dominicano y todos sabemos que su parálisis frente a Danilo deriva de los expedientes suyos que el conoce del mismo modo que usted conoce muchos de los de él. Pues déjeme decirle, sea hombre, atrévase a romper con toda esa mierda y excúseme la vulgaridad, póngase por encima del miedo y de la vergüenza, admita lo que hizo, pídale perdón a su pueblo y pídale una oportunidad para enmendar todo el mal que hizo. Eso, aunque no lo crea usted ahora, es lo único que puede salvarlo porque nosotros somos gente que, ante la arrogancia ajena nos encabronamos pero ante la humildad nos dejamos seducir.  No me haga recordar un personaje de mi pueblo, amigo muy querido y buen combatiente durante la Guerra de Abril. Se llamaba Juan Rafael Benz (Fapi) quien, cuando quería calificar a una persona de “intelectualoide” decía: lo que pasa con fulano es que la cultura de él es de postalita (se refería al texto que suele indicar la temática de un libro y que se sitúa en la solapa o contraportada.

Y así, doctor Fernández, se hará justicia.


Melvin Mañón


PLUS +

ARTÍCULO DE REFERENCIA

OBSERVATORIO GLOBAL
5 de junio de 2017
Odebrecht y el combate contra la corrupción
EL AUTOR CONFÍA QUE SE ACTUARÁ COMO MANDA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, CON ABSOLUTA IMPARCIALIDAD

En estos días la sociedad dominicana ha sido conmovida por la solicitud de la Procuraduría General de la República de imponer medidas de coerción a varios ex-funcionarios y legisladores, tanto del partido oficial como de la oposición, por presuntamente haber aceptado el pago de sobornos en contraprestación para la adjudicación de obras de infraestructura.

De conformidad con el acto de solicitud de la medida de coerción, en diciembre del 2016, la empresa multinacional constructora Norberto Odebrecht, había suscrito un acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza, en el que reconocía que durante los años 2001 al 2014 había realizado pagos en distintos países, con el fin de facilitar o asegurar la adjudicación de contratos para la construcción de obras de infraestructura.

Casi al mismo tiempo en que las autoridades judiciales dominicanas actuaban frente al denominado caso Odebrect, igual ocurría en Ecuador, en el que cinco ex-funcionarios también fueron acusados por el Ministerio Público de ese país sudamericano de haber incurrido en actividades ilícitas vinculadas a la empresa brasileña.

Pero, con anterioridad, ya se habían desatado, de igual manera, persecuciones en contra de funcionarios y ex-funcionarios en Perú, Panamá, Colombia, México, Argentina y Chile.

Era algo sin precedentes en la historia judicial de América Latina.

Normalmente, los casos tienen lugar dentro del ámbito territorial de un país, dentro de su jurisdicción nacional, o a lo sumo, entre dos países.

Pero ahora, como consecuencia de las reveladas actuaciones de Odebrecht, una empresa multinacional, de origen brasileño, se creaba una situación novedosa que desborda las fronteras nacionales.

Aunque hay razones para molestarnos e indignarnos, por la todavía falta de transparencia y debilidades en los mecanismos institucionales de rendición de cuentas, lo que ha acontecido es algo de una gran complejidad. Es algo sin antecedentes. Es la entrada a una nueva etapa transnacional del delito de cuello blanco, guiada por empresas multinacionales.

Corrupción dominicana
En la República Dominicana, como en el resto de América Latina y el Caribe, la corrupción es tan antigua como nuestra propia historia.

En una aguda observación hecha en su libro, Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, el profesor Juan Bosch escribió: ¨En los países de América Latina, con muy pocas excepciones, gobernantes y gobernados ejercen la corrupción en la forma más natural, y la corrupción no se limita al robo de fondos públicos sino que alcanza a otras manifestaciones de la vida en sociedad.¨ Luego, refiriéndose a su período de gobierno, afirmó: ¨Durante años y años, la corrupción había sido rampante, descarada y organizada desde lo más alto del poder público; no iba a ser fácil, pues acabar con ella.¨ Corrupción hubo durante la dictadura de Trujillo. Es más, se afirma que durante esa época ni siquiera existía la República Dominicana.

Lo que había era una Compañía por Acciones, propiedad de Trujillo, que llevaba el nombre de República Dominicana.

Durante la etapa del presidente Joaquín Balaguer, el saqueo de fondos públicos llegó, en un momento dado, a niveles tan alarmantes, que el propio mandatario llegó a decir, en frase célebre, que la corrupción sólo se detenía en la puerta de su despacho.

Yo mismo, hace más de 20 años, cuando fui escogido, por primera vez, como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, llegué a consignar que el valor monetario de la corrupción en la República Dominicana era equivalente a cerca de 30 mil millones de pesos.

La corrupción, pues, a lo largo del tiempo, ha sido un elemento intrínseco de la vida pública en la República Dominicana, así como, en mayor o menor medida, en la generalidad de los países de América Latina.

Ahora bien, dentro de ese marco, ha sido el Partido de la Liberación Dominicana la organización política que, desde el poder, mayores contribuciones ha realizado para crear la estructura legal que haga efectiva la lucha contra la corrupción.

Fue en el artículo 46 de la Constitución del 2010, auspiciada por el PLD, que por vez primera se estableció, en forma clara y precisa en un texto constitucional, la condena a toda forma de corrupción en los órganos del Estado; la obligatoriedad de la declaración jurada; la pena de degradación cívica a las personas condenadas por delitos de corrupción; y la ampliación de los plazos de prescripción para su persecución.

Fue en los gobiernos del PLD que se aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención Interamericana contra la Corrupción; la Ley de Función Pública; La Ley de Contraloría; la Ley de la Cámara de Cuentas; la Ley de Presupuesto; la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; la Ley de Libre Acceso a la Información Pública; la Ley Contra el Lavado de Activos; la que instituye el Código de Ética del Servidor Público; la creación de Comisiones de Ética Pública; la creación del Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República; la reforma y modernización de la justicia; y la elaboración del nuevo Código Penal, así como del nuevo Código de Procedimiento Penal.

En fin, a pesar de las debilidades institucionales aún existentes y de la justa indignación de importantes sectores de nuestra sociedad con respecto al flagelo de la corrupción, también es válido reconocer el aporte realizado por los gobiernos del PLD a la creación del entramado legal que permita su prevención, persecución y condena.

Corrupcion universal Pero no es sólo en la República Dominicana o en América Latina y el Caribe donde existe corrupción.

También hay corrupción en Rusia, donde luego del desplome de la primera revolución socialista del mundo, apareció una mafia rusa con ramificaciones en distintas partes del mundo.

En China persiste la corrupción, a pesar de que se han ejecutado personas por ese hecho y a otras se les ha condenado a prisión de por vida. Los antiguos países de la órbita socialista de Europa oriental se encuentran entre los más corruptos del viejo continente, como son los casos de Bulgaria, Rumanía, Polonia, la República Checa y Eslovaquia.

Pero algunos de los países de Europa occidental, que tienen siglos de civilización, tampoco escapan al contagio de la peste social de nuestros tiempos. Tal es el caso de Italia, España y Grecia, pero también de Alemania y Francia.

En los Estados Unidos, los principales bancos del país son sorprendidos continuamente en la comisión de prácticas dolosas, como ha ocurrido con Wells Fargo; JP Mogarn Chase o Citigroup.

La opinión pública internacional quedó estupefacta cuando se enteró de que las agencias calificadoras de riesgo otorgaban categoría Triple-A a los bonos creados con las hipotecas subprime o de alto riesgo, que llevaron a la ruina el sistema financiero internacional en el 2008; o cuando se destapó el escándalo Libor de manipulación de las tasas de interés en los préstamos interbancarios.

Empresas de gran prestigio internacional como la norteamericana Enron; la italiana Parmalat; y la alemana Siemens, se han visto envueltas en grandes escándalos por falta de transparencia en sus ejecutorias.

Hasta la Federación Internacional de Futbol, la famosa FIFA, no pudo patear el balón con transparencia y fue descubierta en una práctica continua, de años, de fraude, sobornos y lavado de activos.

Como podrá observarse, la corrupción está extendida por todo el planeta, y es tan vieja en su práctica que resulta incluso anterior a la época de cuando la Iglesia vendía el perdón de los pecados, es decir, las llamadas bulas de indulgencia, lo que provocó a tal grado la ira de Martin Lutero que terminó dando origen a la Reforma Protestante.

Ahora, en esta segunda década del siglo XXI, lo que ocurre es que debido a la magnitud, el perfil de los actores y la mayor visibilidad y frecuencia de actos de corrupción, las sociedades se han tornado más sensibles, y exigen, con razón, que se haga justicia.

Pero, además, se han desatado, en el ámbito internacional, nuevas dinámicas económicas, sociales y políticas como consecuencia de los persistentes niveles de desigualdad social; la expansión de una clase media urbana políticamente activa; las nuevas técnicas de comunicación y de movilización social; y el empoderamiento ciudadano y de organizaciones de la sociedad civil fruto de la nueva institucionalidad proclive a la transparencia.

Mientras tanto, en lo que atañe al expediente del caso Odebrecht, del que se encuentra apoderado un Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, de lo que se espera es que el órgano judicial actúe, tal como se consagra en los Principios Fundamentales del Código Procesal Penal, con absoluta imparcialidad e independencia; en base al principio de presunción de inocencia: y sujeto al criterio de legalidad de las pruebas.

Y así, se hará justicia.


Leonel Fernández
Expresidente de la RD
Listín Diario

jueves, 1 de junio de 2017

Los dominicanos no queremos más crespones negros


Uno de los principales responsables de lo que estamos sufriendo hoy día es Subero Isa
POR SU INCONDUCTA, LEONEL SE REELIGIÓ Y TODAVÍA CONTINÚA GOBERNANDO EL PLD

Memoria contra el olvido pueblo dominicano

Leonel y la SunLand
29 DE OCTUBRE DE 2007
Para todo el mundo lo de la SunLand esta muy claro, el Presidente Fernández violó la Constitución al no remitirlo al Congreso Nacional para su aprobación, también violo el Acuerdo Stand-by con el FMI al ocultar la operación, no quería que el préstamo se contabilizara dentro de  los topes de endeudamientos externos.

Es increíble, en contra de la opinión generalizada sigue negando sus errores, demuestra lo que la gente dice en las calles, que nunca admite equivocación, la razón por la se hunde cada vez más en el pantano de la terquedad y la arrogancia y la población le pierde confianza.

Los hechos, la realidad, son mas fuertes que la mentira. Félix Bautista, en nombre del gobierno dominicano y amparado en un poder especial del Presidente de la República, a la The Sund Land Group le firó 19 pagarés, cada uno por US$6,842,105, para un total de US$130 millones.

Al mismo Félix Bautista, el 13 de febrero del 2007, HSBC Bank USA le envía una carta informándole que Cox & Co. custodiaba los 19 pagarés que había firmado, además le solicita que haga efectivo el pagaré No. 3 con vencimiento el 15 de marzo del 2007. Por si acaso, le envió una copia de su carta del 27 de junio de 2006, donde se compromete autorizar al Banco de Reservas a hacer la transferencia correspondiente. Copia de la carta la recibió  Leonel Fernández y la Dirección General de Crédito Público. Amigo lector, increíble, no obstante todas estas evidencias, el Presidente Fernández se atreve a decir que no aumentó el endeudamiento público.

El Presidente Fernández lució incoherente y sin argumento; intentó justificarse con una nueva teoría de endeudamiento; dijo que el acuerdo no implica compromiso de pago del Estado Dominicano, que la SunLand le presta dinero a contratistas y luego estos, cuando cubican sus obras, con fondos del presupuesto Félix Bautista repaga.

Su teoría es peligrosa: quiso decir que Félix Bautista no firmó los 19 pagarés, que fue Pedritín Delgado y otros contratistas los que estamparon su firma, y que por esa razón no implicaba deuda del gobierno dominicano y el contrato no tenía que ser sancionado en el Congreso Nacional. Para desgracia del Presidente Fernández, en economía de la deuda lo que hizo Félix Bautista está típificado como compromiso del Estado Dominicano, por eso el FMI en algún momento le diría que violó el Acuerdo, que se le ocultó información y eso es grave, las consecuencias ya la veremos los dominicanos en los próximos meses; su teoría es fallida, inconsistente, contradictoria, con muchas lagunas, por eso los medios ni siquiera la destacaron.

Su desesperación lo llevó a intentar otra teoría fallida, que a la SunLand se le pagaría identificando fuentes del Presupuesto de Ingresos y Ley General de Gastos Públicos del próximo ano 2008, que por esa razón no había que aprobar el Contrato en el Congreso Nacional. En que estamos: la deuda es de Pedritín y demas contratistas  o del Estado Dominicano. Si es de los primeros como quiso decir entonces no tiene porqué preocuparse, pero si fue Félix Bautista el que firmó los pagarés, como efectivamente sucedió, el gobierno dominicano debe pagarlos con cargo a los ingresos corrientes y debe preocuparse porque el endeudamiento externo no fue aprobado por el Congreso Nacional.

En el siglo XIX se produjo un comportamiento similar. En nombre del gobierno dominicano y de Lilís, en 1887 Generoso Marchena fue a Europa a buscar un prestamo por 770,000 libras, de los cuales una buena parte lo uso para aceitar la maquinaria política. Con el préstamo, concertado con la Westendorp de Ámsterdam, y aprobado por el Congreso, se inicia la practica que finaliza con la ruina financiera de la República, la excusa de los Estados Unidos para intervenirnos en el 1916, tambien el hundimiento político de Lilís, el origen de su desgracia y de su final.

 El préstamo externo gestionado por la SunLand se dice que en parte se uso en las elecciones congresionales del 2006 y para aplastar a Danilo Medina en el 2007. Como cuando Lilís, el de la SunLand no tenia supervisión de nadie, por eso los desembolsos pudieron usarse para fines políticos. Nadie lo esperaba, lo menos costoso para el Presidente Fernández era admitir su error, porque el pueblo no quiere que sea el inicio de una etapa donde el gobernante se endeuda interna y externamente a escondida del Congreso, con libertad para usar los recursos sin la supervisión. No importa si es verdad o mentira, ahora nadie cree en el uso que dijo el Presidente se le dio al préstamo, es cuestión de desconfianza.

Mientras lo de Lilís fue legal lo del Presidente Fernández es totalmente ilegal, una gran diferencia. Generoso Marchena, más que funcionario del gobierno de Lilís, era un banquero, dirigía o era un alto oficial del Banco Nacional de Santo Domingo, de capital francés, defendía sus intereses, como agente financiero hasta cierto punto justificó la comisión que manejó.

Félix Bautista, en cambio, es un alto funcionario del gobierno y alto dirigente del PLD, que para firmar los pagarés usó el nombre del Banco de Reservas (no sabemos si el Consejo de Directores del Banco lo autorizó, eso está por verse). Por donde quiera que se le vea el asunto es grave, por eso el Presidente Fernández luce desorientado. El pueblo espera una decisión de la Suprema Corte de Justicia apegado exclusivamente a las leyes y a la costumbre, sin importar las consecuencias.


Arturo Martínez Moya
Hoy
Nota: DLRD corrigió algunas palabras y acentuó otras sin el permiso del autor.


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Luis Del Monte / DLRD

domingo, 22 de noviembre de 2015

Domínguez Brito es la "botella" más cara del Estado dominicano

   Minou Tavárez Mirabal.

Diputada Minou Tavárez Mirabal lo cataloga de desinteresado en aplicar las leyes
La candidata presidencial de Opción Democrática y Alianza por la Democracia, Minou Tavárez Mirabal, aseguró que la preocupación por el Poder Judicial no es algo nuevo en el país, y recordó que el expresidente la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, reconoció hace algún tiempo que la sentencia respecto de la Sund Land, producto las presiones políticas, fue una mancha negra en esa gestión.

“El Procurador no ha cumplido con sus obligaciones respecto del caso Félix Bautista, tampoco ha hecho nada con la querella presentada por diputados en cuanto a lo ocurrido con la Reforma Constitucional y, permítame recordar, ni una explicación por el caso Manolo Tavárez Justo, por lo que esa decisión de Domínguez Brito de no actuar, triste es decirlo, lo convierte en la ‘botella’ más cara del Estado dominicano”,  afirmó la diputada.

La aspirante presidencial de Opción Democrática y Alianza por la Democracia también denunció que el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría, ha demostrado un gran desinterés por la aplicación de la ley y las obligaciones de los funcionarios.

 “Espero que los acontecimientos actuales no sean producto de intentos de un sector político por controlar las instituciones judiciales. Por eso los jueces de la Suprema Corte deben ser jueces de carrera judicial, de lo contrario nada será resuelto en este ámbito”, dijo Minou.

Se quejó que una de las reformas pendientes en la Constitución es cambiar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que actualmente privilegia los intereses del Presidente de la República. “Ese aumento de los integrantes del Consejo de la Magistratura fue uno de los retrocesos más dañinos que causó la reforma constitucional de 2010 para el sistema de justicia de la República Dominicana”, señaló Minou.


Listín Diario

martes, 10 de junio de 2014

Ascienden a 660 mil jóvenes no estudian ni trabajan

Los oradores en el Panel del Conep, Carlos Hernández, Pedro Silverio, Jorge Subero Isa, Manuel Díez Cabral, Nuria Piera y Ernesto Selman.

Ejército de nini´s 
Más de 660 mil jóvenes no estudian ni trabajan, lo que es una bomba de tiempo social y un caldo de cultivo para la violencia y delincuencia que preocupa a toda la sociedad, advirtió ayer el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Manuel Díez Cabral, explicó que el 32 por ciento de los jóvenes están desempleados y los pocos que trabajan, el 80% está en la informalidad.

Las estadísticas y la advertencia se dieron a conocer durante el panel: “La Reforma Laboral para la Promoción del Empleo Formal”, como parte de las actividades para conmemorar el 50 aniversario del Conep.

Teófilo Bonilla
t.bonilla@elnacional.com.do
El Nacional.com.do

domingo, 11 de mayo de 2014

Vincho's continúan amenazando al Gobierno y al PLD

           Vinicito Castillo Semán.


Ministro Montalvo es el objetivo
Castillo Semán amenaza retiro de la FNP del Gobierno y Bloque Progresista
El jurista Vinicio Castillo Semán advirtió que la Fuerza Nacional Progresista (FNP) abandonaría el Gobierno y se retiraría del Bloque Progresista, si el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) permite que el presidente Danilo Medina someta al Congreso Nacional un proyecto de ley que desconozca la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).

En declaraciones vía telefónica a "El Gobierno de la Tarde" de la Z101, Castillo Semán atribuyó a varios bufetes de abogados y al secretario de la Presidencia, Gustavo Montalvo, de presionar al presidente Danilo Medina para que someta un proyecto de ley especial mediante el cual se otorgue la nacionalidad a 500 mil descendientes de haitianos que dicen haber nacido en territorio dominicano.

Según afirmó, de someterse un proyecto de ley en ese sentido, el presidente Medina violaría la Constitución de la República y la disposición del TC.

De acuerdo a su denuncia y advertencia, el presidente Medina recibe esas presiones de los juristas Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y José Rodrigo Puerta, exasesor de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).

Según afirmó éstos juristas tratan de que se desconozca la sentencia del Tribunal Constitución y dar lo que definió como un golpe de Estado contra esa corte, de cuyas consecuencias advirtió al Gobierno y responsabilizó al ministro Montalvo.

De acuerdo a Castillo Semán, el presidente Danilo Medina no ha sometido el proyecto de ley sobre naturalización de los extreanjeros irregulares, por esas presiones.

Además, porque habría sido advertido por el asesor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio; del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y los presidentes del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, de que se incurriría en una violación a la Carta Magna y a la sentencia del TC, lo que se interpretaría como un golpe de Estado Constitucional.

Acusó a Montalvo de insistir en los propósitos denunciados junto Subero Isa, Molina y Rodrigo Puerta, en clara confrontación con Pina Toribio y los dirigentes peledeístas citados.

Atribuyó a las promesas de Peralta sobre el proyecto de ley que reconocería la nacionalidad dominicana a miles de haitianos, las declaraciones del primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, de que no se reunirá con las autoridades dominicanas hasta tanto sea sometida la pieza legislativa.

Dijo que la nueva presión ha sido solicitda por Haití y quienes llamó "traidores del patio", para que Medina cometa el error histórico de que desista de su posición expuesta en La Habana, Cuba, sobre el problema y se acoja al referido proyecto de nacionalización.

Castillo Semán recordó que el presidente Medina le prometió cumplir con la sentencia del TC, y le advirtió que no cumplirla sería un desacato y un desconocimiento a ese constitucional.

"El úinico camino es la naturalización para los 22 mil afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, que deberá hacerse en base al artículo 18 de la Constitución de la República", insistió el jurista y dirigente de la FNP, partido aliado del gubernamental PLD, además de que se eliminaría la acusación de apatridia contra el país.

"A ellos lo que les interesa es humillar al Constitucional y de que se admita la culpa de que República Dominicana en el sentido de que desnacionalizó a miles de haitianos", enfatizó.

Entrevistado por Ángel Acosta, Felipe Romero, Eddy Alcántara y Pedro Jiménez, el jurista y político reveló que el 25 de febrero pasado, dos días antes de que el presidente Medina hiciera su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo no sometió el 27 de febrero el proyecto de ley de naturalización, por la confrontación de Montalvo con Fadul, Reinaldo Pared Pérez, Pina Toribio y Rosario Márquez.

Manifestó que Montalvo ha seguido insistiendo en tumbarle el pulso al TC.

Fue enfático en advertir que el si el PLD permite un golpe de Estado contra el Tribunal Constitucional, la FNP se retiraría del Gobierno y del llamado Bloque Progresista, del que forma parte junto a otros partidos aliados a la organización morada.

Repercusión internacional
El reconocimiento del derecho a la nacionalidad de descendientes de haitianos ilegales nacidos en territorio dominicano sigue siendo un tema de debate que repercute a nivel internacional, al punto que el país ha recibido las críticas y condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA).

También el jueves, Amnistía Internacional acusó al gobierno de que el diálogo con el Gobierno de Haití sobre el tema haya sido aplazado.

Rafael Tomás Jaime
Z-101 Digital
http://www.z101digital.com/app/article.aspx?id=126391

lunes, 31 de marzo de 2014

Sociedad dominicana indefensa ante la corrupción


La protección de los corruptos
El Congreso Nacional acaba de consagrar el “derecho” de los funcionarios públicos a hacer del patrimonio de la República un bien personal que podrán usar a su conveniencia y discreción, como lo han estado haciendo por años, sin temor ni consecuencia alguna. Con la eliminación del párrafo del artículo 85 del Código Procesal Penal que permitía a los ciudadanos querellarse contra las actuaciones indecorosas de los funcionarios se borra de un plumazo toda posibilidad de adecentar la vida pública nacional.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, criticó la decisión y su antecesor en el cargo, Jorge Subero Isa, consideró que la medida constituye un retroceso porque se le cierran “las puertas a los ciudadanos” para tomar parte en la persecución de los actos de corrupción y violación de los derechos humanos, cuando procedan del sector estatal, dejando esa facultad sólo en manos de Ministerio Público, que como todos sabemos responde al clan político que gobierna desde hace más de nueve años y que probablemente lo siga haciendo por varios periodos más a causa de la destrucción virtual de la oposición.

Con todos los poderes del Estado bajo el control de un partido con férrea vocación de perpetuidad, la eliminación de ese artículo del Código Procesal Penal deja a la sociedad dominicana indefensa ante la voracidad de las logias políticas que se han adueñado de la República. Si aprovecharse de ese poder en beneficio propio y en detrimento del patrimonio nacional ha sido tarea fácil para esos clanes, se puede uno imaginar lo que nos espera ahora.

Con tan fatal decisión se pierde no sólo la posibilidad de sancionar los actos de corrupción en el gobierno, sino también la capacidad de denunciarlos, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda categoría. Irónicamente, el poder estatal que eliminó ese derecho está obligado por la Constitución a defenderlo.

Miguel Guerrero
La Columna de Miguel Guerrero
elCaribe
http://www.elcaribe.com.do/2014/03/31/proteccion-los-corruptos

domingo, 13 de octubre de 2013

Frases célebres: Jorge Subero Isa (4)

     Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.

"Inventar un Tribunal Constitucional va a ser una desgracia para el país, un invento que nos dará muchos dolores de cabeza. Vamos a llorar lágrimas de sangre. Sus decisiones pueden poner en peligro la gobernabilidad, la convivencia pacífica y la seguridad jurídica”.
+ Expresada cuando 'El perverso' y la cleptocracia gobernante que creó, armaban el secuestro legal de la República Dominicana.

Luis Del Monte / Desde La República Dominicana

martes, 8 de octubre de 2013

Félix Bautista y sus demandas a todo el mundo


Lo aconsejable sería uno a uno y paso a paso
El senador por San Juan de la Maguana, secretario de organización del PLD y miembro del comité central de ese mismo partido ha anunciado que demandará a todo aquel que lo ha cuestionado.

El Ing. Félix Bautista tiene derecho a defender su honra, si considera que la tiene. Su demanda a tres intelectuales dominicanos, Jaime Aristy Escuder, Andrés Luciano Mateo y Juan José Ayuso en Estados Unidos implica grandes cosas. Mucho dinero en abogados, hablar allí la verdad y solamente toda la verdad; y la comparecencia de todos los implicados en el entramado de la supuesta estafa llevada a cabo por Bautista, la Sunland, políticos y empresarios involucrados.

Por lo pronto, el expresidente Leonel Fernández, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa y el Grupo Vicini, empresarios dominicanos que supuestamente honraron los supuestos pagareses emitidos se pueden ir preparando para las largas audiencias que se celebrarán en los tribunales de justicia norteamericanos.

Antes de Bautista embargarse en la tarea de someter a todo el mundo como anunciara, lo más aconsejable para él sería ir paso a paso y uno a uno. Con ese juicio en Florida, USA, no va  a tener tiempo ni siquiera para cumplir con sus funciones de senador hasta 2016 y podría salirle muy caro a muchas personas, en términos políticos, morales y económicos.

Juan Santos / Desde La República Dominicana
Dibujo: Jonás Muvdi

lunes, 3 de junio de 2013

Los patrocinadores de la fiscal Reynoso la quemaron demasiado pronto


¿Por qué no me sorprendo?
Por qué no ha sorprendido que la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Reynoso, tratara de esconder para siempre la querella del doctor Guillermo Moreno contra el ex presidente Leonel Fernández? Tonto sería si hubiera esperado algo diferente de una persona catapultada sorpresivamente por el grupo corporativo gobernante hasta la más importante fiscalía del país. Eso, sin antes haber demostrado un amplio y contundente historial en el ministerio público. Ese premio denota confianza absoluta en ella. Dentro de la acomodación del aparato judicial que garantizara la impunidad del grupo gobernante, había que colocar en ese puesto clave a quien gozara de mayor confianza. Y es lógico que así fuera cuando lo que se busca es mantener blindada la jurisdicción de la residencia de Leonel Fernández.
El momento político actual adquiere una connotación didáctica porque muestra, una vez más, por qué el grupo de Leonel Fernández está comprando televisoras, radiodifusoras, periódicos, programeros, periodistas y cualquier “boca aguada” dispuesto a repetir el catecismo de FUNGLODE y su gurú universal. La opinión a ser escuchada siempre debe ser la del poder corruptor: la conceptualización única.
El momento es aleccionador, también, porque va mostrando cómo a Leonel se le podrían agotar, antes de tiempo, los instrumentos manipulables dentro del sistema judicial que impuso. Es evidente que ya no osaría utilizar para este tipo de casos al antiguo Presidente de la Suprema quien se auto incriminó como prevaricador. Como tampoco podrá usar cual escudo a la jueza de la Suprema que desestimó la demanda contra su hijo putativo. 
Ahora se le acaba de quemar la “novata del año” que trajeron de Santiago para asegurar la impunidad en la jurisdicción de la residencia del líder de esa manada. Junto a ella, incineró a Baltasar Garzón como si fuera un bonzo vietnamita. La sábana de impunidad puede que no le alcance para arropar todos los reclamos que le vendrán encima. Nadie podrá evitar que las demandas judiciales para que sean castigados los funcionarios corruptos sigan llegando. El arma con la que trata de defenderse del justo castigo no tiene tantas municiones morales creíbles como para neutralizar a todos los demandantes. La verdadera lucha contra la corrupción apenas comienza.
En cuanto a la fiscal Reynoso, sus 15 minutos de fama se esfumaron. Sus patrocinadores se quejan de que la opinión pública la está tratando con dureza. Y es cierto, aunque explicable. El ser humano responde con agresión cada frustración que padece. El desengaño sufrido con la actitud de aquella a quien se suponía una promesa para la defensa de la legalidad, es inmenso. De ahí que la energía con que la población le reclama seriedad en el ejercicio público podría lucir exagerada, aunque totalmente justa.
La Fiscal se mostró en una entrevista televisada con sorpresiva arrogancia. Puso como condición para quien osara opinar sobre su decisión a leer completamente el auto que redactó la fiscalía. Y eso es justo. Como justo es que a ella se le reclame la lectura total y detenida de la querella de Guillermo Moreno. Las dudas persisten porque la injustificable acción legal permite interpretar que quienes redactaron ese auto no leyeron la querella. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Existe el pálpito de que la fiscal nada encontró porque nunca buscó.
Si fuera verdad que la licenciada Reynoso no encontró leyes que tipificaran como delito los reclamos de esa querella, debe preguntarse: ¿qué ha estado haciend el Congreso Nacional todos estos años de enriquecedores “barrilitos” y “cofrecitos” si no fue aprobar leyes? ¿Qué hará el presidente Medina con los Vincho y demás especímenes que medran en organismos estatales cuya misión debía ser la de combatir la corrupción? ¿Es esta la evidencia de que la tramoya gubernamental anti corrupción es toda una mentira porque no hay leyes para tipificar los delitos? ¿Dónde coloca esta decisión al presidente Danilo Medina quien en su discurso de toma de posesión se comprometió a “combatir la corrupción por el solo rumor público”? ¿Mintió a sabiendas?
Los patrocinadores de la fiscal Reynoso la quemaron demasiado pronto. La echaron a nadar en aguas profundas y se ahogó en la misma orilla.
Hamlet Hermann
Hoy Digital.com.do
Dibujo: Wilson Morfe

domingo, 2 de junio de 2013

Auto de la Fiscal abona la impunidad


Aunque contiene elementos de racionalidad parece contradictorio que el dictamen sugiera actos reñidos con la ética y la moral sancionados en las sociedades democráticas, pero al mismo tiempo rechace investigar sus reales alcances
El archivo definitivo de la querella de Guillermo Moreno para que se investigue la fortuna del expresidente Leonel Fernández y su Fundación Global, dispuesto por la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, contiene elementos de racionalidad pero abona la impunidad en la gerencia pública nacional.

Llama la atención que el dictamen sugiere la comisión de actos reñidos con la moral y la ética sancionados en las sociedades democráticas, pero al mismo tiempo se rechaza realizar una investigación a fondo para verificar sus reales alcances, bajo el alegato de que no hay tipificación delictual.

Nada sorprendente. A nadie debe haber sorprendido la decisión de la fiscal de disponer el archivo definitivo de la querella contra el doctor Leonel Fernández y su Fundación Global, pues desde que fue presentada el 24 de enero pasado se advirtió que ese sería su destino, dado el absoluto control de los mecanismos judiciales que dejó amarrado el querellado.

La leve esperanza de independencia que se desprendía de las condiciones éticas y profesionales de la joven fiscal fue aniquilada por las presiones públicas y privadas que se ejercieron sobre ella, con concertados ataques políticos y personales a través de medios de comunicación, al extremo de haberle llevado una turba vociferante y amenazante disfrazada de abogados frente a su despacho el 5 de abril.

Ya en el análisis “El Nunca Jamás de Guillermo Moreno” (HOY 17 de febrero) se advertía que esa querella “constituye una carga muy pesada que podría poner en juego la tranquilidad y hasta la carrera de la joven abogada Yeni Berenice Reynoso...La generalidad de los observadores cree que es un peso demasiado grande por los poderes que concentra el expresidente Fernández, especialmente en las altas cortes”.

La decisión de la joven fiscal pudo haber quedado sellada al final de abril cuando el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Isa confesó que ese organismo se inclinó ante el presidente Fernández en el escandaloso caso de la Sun Land. Si 18 magistrados de experiencia, muchos  en el final de sus carreras, con por lo menos tres de ellos favoreciendo el imperio de la justicia, no pudieron desafiar el poder, por qué habría de hacerlo una joven fiscal solitaria y apenas en el inicio de su carrera.

Salida con racionalidad
En medio de un fuego cruzado, la talentosa Yeni Berenice Reynoso se buscó una salida con un elemento que no deja de tener racionalidad, acogiéndose al “Principio de Legalidad Penal”, sobre la base de que las acusaciones contenidas en la querella del doctor Moreno no están tipificadas como delitos.

Cita el artículo 40 de la Constitución que proclama que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracciones penal o administrativa”.

Ella pudo haberse inhibido en el caso, aduciendo que tenía conflicto, ya que la  defensa la encabeza el exprocurador general Radhamés Jiménez, quien la designó fiscal, o porque ella misma es una beneficiaria de la Fundación Global donde cursa una maestría de 10 mil dólares, pero para muchos habría sido una forma de escapatoria.  

El auto de archivo se fundamenta en que “la falta de tipificación de las acciones impide que el Ministerio Público pueda actuar, más aún hace de las diligencias de investigación propuestas por el querellante un proyecto de caso fracasado, ya que estando la Fiscalía convencida, en base a criterios jurídicos, que por la deficiencia del sistema legislativo dominicano, en lo que respecta al tema en cuestión, no es posible imputar determinadas conductas, embarcarse en la empresa de una investigación en esas circunstancias es violatorio de los principios de razonabilidad, lógica jurídica y contraviene la disposición del principio dos del Código Procesal Penal”…

Se afianza citando el artículo 146 de la Constitución, invocado por el querellante, que condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado, y plantea que “Será sancionada con la pena que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”. Para sostener a continuación que se trata de un principio general que aún no ha sido objeto de una legislación específica.

Admite hechos condenables
Como en el caso Sun Land, donde la Suprema Corte rechazó conocer la instancia de inconstitucionalidad aunque admitía que aquel endeudamiento público debía ser autorizado por el Congreso Nacional, la querella contra Leonel Fernández y Funglode se desestima aduciendo falta de tipificación penal, pero el dictamen reconoce que las imputaciones deberían ser objeto de sanción.

En su punto 16 establece que la legislación dominicana “para tipificar y sancionar hechos que en la mayoría de las sociedades democráticas se consideran delitos es obsoleta, no facilita la imputación objetiva ni contribuye, en lo referente al marco legal, a hacer eficiente la persecución contra la corrupción”.

En su punto 84 “la Fiscalía del Distrito es de criterio que en un Estado Social, Democrático y de Derecho, no es posible que se tenga que perseguir la corrupción con un Código Penal que data del 1808, no obstante de que su promulgación en República Dominicana es de 1882. Es necesario que el sistema dominicano sea dotado de una legislación que se corresponda con los tiempos actuales, a los fines de no tener que seguir llamando ¨indelicadeza¨ a acciones que deben ser sancionadas penalmente, pero que la Fiscalía en ninguna circunstancia puede inobservar el principio de legalidad y mucho menos usurpar la función de legislador”.  

 En el punto 33 del auto la Fiscalía expresa su criterio de que “es indispensable que el legislador pueda regular y obligar a transparentar cualquier donación que reciba un funcionario público”, indicando que países como Colombia y Estados Unidos, “que han reconocido que a través de ¨donaciones¨ se cometen verdaderos actos de corrupción, han tomado medidas al respecto”.

Al fundamentar el archivo de la querella,  el punto 20,  expresa que “mal haría la Fiscalía con iniciar una investigación para probar hechos que en cierto modo han sido admitidos por los querellados, pero que la legislación dominicana no tipifica y en consecuencia no sanciona”. En el 49 plantea que “no es posible perseguir penalmente a nadie por cometer actos que riñan contra la ética o la moral, si el legislador no ha convertido esas conductas, acciones u omisiones en tipo penales que describan y sancionen de forma clara una conducta”. Y en el 62 argumenta que la competencia de la Fiscalía “no incluye investigar o juzgar penalmente el ámbito de la ética o la moral”.

Podía encontrar agravantes 
La debilidad de la decisión de la Fiscalía radica en que renuncia a investigar para determinar el monto de las multimillonarias donaciones recibidas por Funglode,  si rebasaban el límite de lo voluntario para caer en la extorsión, soborno, cohecho, tráfico de influencia, conflictos de intereses  o en “delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad”, invocados por la querella, como sancionados en los artículos 166, 167, 174,176, 177 y 361 del Código Penal. También evadió determinar la responsabilidad del presidente Fernández quien, según su defensa, durante sus últimos 8 años de Gobierno  era apenas un “directivo honorario” de Funglode, aunque se paseó por el mundo en su calidad de Presidente, pero firmando acuerdos para beneficio de su fundación y despachaba todas las noches en su edificio.

La Fiscalía desestimó tres propuestas de diligencias de investigación que presentó el querellante para establecer las funciones públicas y privadas y las diligencias de las personas que sin ser dirigentes de Funglode manejaron sus cuentas con decenas de millones de pesos. La segunda para requerir los registros contables que conforme a la ley debía llevar la fundación, solicitud al Ministerio de Obras Públicas sobre obras concedidas y pagos a cinco empresas donantes de Funglode, así como a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado sobre otras diez. En la tercera instancia se pedía interrogar a cinco personas específicas que habrían tenido que dar contribuciones a Funglode para recibir pagos por servicios al Estado.

La investigación podía arrojar luces sobre las triangulaciones en operaciones como construcción y equipaje de su edificio, así como en torno a los donantes y el volumen de dinero recibido en sus primeros 9 meses durante la primera gestión presidencial de Fernández. Tan solo en Baninter, al quebrar en el 2003, había 119 millones de pesos en cuentas de la fundación.

Es obvio que la Fiscalía llegó a la conclusión de que los fondos obtenidos por la fundación del presidente Fernández fueron donaciones lícitas sin haber realizado la menor investigación. No siguió el ejemplo de Francia o España, donde se investiga a la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde y a la infanta Cristina, hija del Rey, para determinar si son imputables de tráfico de influencia. La primera cuando era funcionaria francesa y la segunda por acciones de su esposo.

Aunque hace esfuerzo por fundamentar su dictamen, la fiscal Reynoso sienta un precedente que abona a favor de la impunidad. Como escribió el notable jurista Francisco Alvarez Valdez, “la percepción que quedará es que Leonel Fernández es intocable, que no puede ser objeto ni siquiera de un proceso de investigación, que nadie puede llamarlo a interrogatorio, y que esta es la prueba final de que se ha convertido en el nuevo Balaguer o sencillamente que no hemos superado esa época”.

Juan Bolívar Díaz
 (juanbolivardiaz@gmail.com)
Hoy Digita.com
http://www.hoy.com.do/tema-de-hoy/2013/6/1/483147/El-auto-de-la-Fiscal-abona-la-impunidad

martes, 28 de mayo de 2013

Cargos públicos de Reynoso y Angelán tienen los días contados

    Yeni Berenice Reynoso.

    Esther Angelán Casanova.

La corporación no juega con sus "principios"
Vaticino, con la seguridad que me dan los antecedentes y los procedimientos utilizados por la cleptocracia gobernante desde 2004, que la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso y la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Esther Angelán Casanova, tienen los días contados para salir de sus posiciones oficiales.

La corporación mafiosa que mantiene secuestrada a la República Dominicana las aupó, mercadeó y promovió para cuando las necesitara, cumplida esta tarea, serán desechadas, estos capos no juegan con sus "principios".

¿No me lo cree?
— Pregúntele a Jorge Subero Isa y a Hotoniel Bonilla, que esos dos personajes sí saben de lo que hablo.

El tiempo dirá.

Luis Del Monte / Desde La República Dominicana

viernes, 24 de mayo de 2013

miércoles, 8 de mayo de 2013

La Suprema Corte de Subero Isa, genuflexa, legitimó la ilegitimidad



El otro crespón de la Suprema
Cuando el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia hizo pública su confesión declarando que al caso de la Sund Land “se le dio una solución política” lo que constituyó  “un crespón negro en la toga de los jueces” (con la natural excepción de los tres jueces disidentes, víctimas de su decoro y personal integridad) medio país quedó convulsionado ante la insólita revelación que echó por la borda el mito de la separación e independencia de los poderes del Estado, consagrado por la Constitución de la República desde tiempos inmemoriales.

Toda una intensa y efectiva labor judicial y administrativa  de tantos  años, con logros tangibles,  quedó irreversiblemente maculada.  ¿Pero fue este fallo  el causante de los mayores males y peores consecuencias políticas y sociales para la  democracia  y  la salud institucional  del país, producido por la Suprema Corte?

 Recordemos. El Presidente de la República había sometió  al Senado  un proyecto de reforma Constitucional, que era  una nueva Constitución de 277 artículos,  sobrepasando en 157 artículos la Constitución vigente e introducía cambios orgánicos e institucionales al extremo de ser considerada por el propio proponente como una “verdadera revolución democrática.”

El Presidente Fernández, queriendo darle  viso de legitimidad a su propuesta de reforma, designó a una comisión de expertos (Decreto No. 306/06) para que llevara a cabo una consulta que debía revelar  el sentir y la voluntad popular manifestada  en la encuesta, la que favoreció ampliamente la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la no reelección.  El presidente hizo de ella lo que le dio la gana,  ordenando a la Asamblea Nacional  proceder a  la confección del  traje a su medida. Solo uno de los juristas comisionados  denunció la burla y, dignamente, presentó renuncia.

El Dr, Luis Gómez Pérez, precisamente, con el  Dr. Ramón A. Veras y el autor de esta columna, tan pronto como el  Congreso aprobó, marzo 10, la Ley No. 70/09,   auto proclamando  su competencia para conocer de una nueva (sic)  constitución,  usurpando  las atribuciones propias de la Asamblea Constituyente en flagrante  violación de  los artículos 2,  4, 46, 116, 117, 120  de la  Constitución entonces vigente,  procedieron a incoar un recurso de inconstitucionalidad, recibido por la Suprema Corte de Justicia en fecha 30/03/09.

Debidamente apoderada del caso,  no obstante la  perentoriedad del recurso y la gravedad de las violaciones cometidas, la  Suprema Corte, temerosa y ladina,  aguardó a que la Asamblea Revisora (¿?) usurpadora del poder soberano, no delegado,  del pueblo dominicano, proclamara la Nueva Constitución  para entonces decidir,   mediante su infortunado fallo (B. J. No. 1194, 19 mayo, 2010) el rechazo del recurso, con el pueril argumento de que “proclamada la  Constitución, el recurso  “carecía de objeto.”

Con ese sofisma, la Suprema Corte, genuflexa, legitimaba la ilegitimidad,  resignaba su sagrada misión como guardiana del cumplimiento de la Constitución y las leyes para no confrontar y dejar complacido  al Presidente de la República y a los dos  partidos políticos que, en azules acuerdo, se repartían la gracia de hacer del  poder  lo que conviniera a sus intereses particulares, no al bienestar de  la nación.

Luis Scheker Ortiz
Hoy Digital.com.do
http://www.hoy.com.do/opiniones/2013/5/7/479403/El-otro-crespon-de-la-Suprema

lunes, 6 de mayo de 2013

Esos jueces fueron incapaces de jugársela y Leonel Fernández les cobró



Una gran oportunidad perdida
Cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se inclinó reverente ante el presidente Leonel Fernández, entonces en verdadero aprieto por el nunca esclarecido escándalo de los bonos por 130 millones de dólares entregados a la empresa Sun Land, se frustró y empezó a revertirse el más significativo esfuerzo de la sociedad dominicana por institucionalizar la justicia y dar plena vigencia al Poder Judicial.

Fue obvio para todos que la mayoría de los integrantes de esa corte se rindió ante las presiones del Poder Ejecutivo en la persona del presidente Leonel Fernández, quien había violentado el orden constitucional al autorizar un endeudamiento internacional sin la aprobación del Congreso Nacional. Con el agravante de que el empréstito se hizo clandestinamente, que el dinero no ingresó al Banco Central y que nunca se ha podido documentar convincentemente el destino que se le dio.

En cualquier país de mediana intensidad democrática, ese escándalo hubiese conllevado el procesamiento judicial de los responsables y probablemente la pérdida de los cargos que ocupaban. Desde luego que en ninguna nación donde funcionen las instituciones de la democracia podría producirse un fraude tan obvio y de esa magnitud y grosería.

Para exonerar de responsabilidad al Presidente Fernández y a su subalterno Félix Bautista esa SCJ tuvo que renegar de su propia jurisprudencia, restringiendo la concepción de “parte interesada” que había consagrado y mantenido desde su sentencia del 8 de agosto de 1998 que declaró inconstitucional una limitación legal de la inamovilidad de los jueces, acogiendo una instancia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

En el caso Sun Land la SCJ declaró inadmisible la instancia de inconstitucionalidad negando esa facultad a un grupo de ciudadanos y al Partido Revolucionario Dominicano que recurrieron en sendos documentos del 15 y 18 de octubre del 2007. Tras más de un año, el 18 de diciembre del 2008, la corte restringió el derecho a los presidentes de las cámaras legislativas en base a la consideración de que sólo le correspondía a ellos “siendo una potestad exclusiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados aprobar o no el préstamo a que se contraen las acciones en inconstitucionalidad en cuestión”.

Siempre se había considerado que aquella sentencia constituyó una prevaricación de los jueces supremos de la nación. Pero esta semana el país recibió la confesión del doctor Jorge Subero Isa, quien presidía la SCJ, de que “fue un crespón negro en la toga de los jueces”, que al expediente Sun Land “se le dio una solución política”.

Es indiscutible que esa Suprema Corte tuvo múltiples realizaciones que implicaron importantes avances al saneamiento e independencia del Poder Judicial. Pero aquella claudicación ante el poder fue un lastre y abrió las puertas al retroceso, auspiciando que tras la reforma constitucional del 2010 el presidente Fernández se considerara sobre el bien y el mal, y constituyera una nueva Suprema Corte a su imagen y conveniencia personal, lo mismo que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, a partir del absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura.

Si hubo una corte que debió ser plenamente independiente del poder político fue la que presidió Subero Isa, entre otras razones porque sus integrantes no le debían el cargo al presidente de turno. Porque su elección fue fruto de un amplio consenso de las fuerzas políticas impulsado por las organizaciones más relevantes de la sociedad civil. Fue una gran oportunidad perdida para afianzar definitivamente la independencia de la justicia y la fortaleza institucional del Poder Judicial y para que ese colectivo judicial se inscribiera en las páginas gloriosas de la historia nacional.

Como tantas veces en la historia de la nación, esos jueces fueron incapaces de jugársela, con tres honorables excepciones, las de las magistradas Ana Rosa Bergés, Eglys Margarita Esmurdoc y el magistrado Julio Aníbal Suárez, a quienes el presidente Fernández cobró su osadía separándolos de la SCJ, tras la claudicación colectiva que lo instituyó intocable.

Juan Bolívar Díaz
Hoy Digital.com.do

viernes, 3 de mayo de 2013

La más rapaz camarilla gobernante



Pobre justicia, pobre país
El robo público del préstamo por 130 millones de dólares a la Sun Land figurará como una de las grandes derrotas del Poder Judicial y de la institucionalidad de la República, propiciada por Leonel Fernández, quien con máscara de reformador instaló la más rapaz camarilla gobernante con el nombre de Partido de la Liberación Dominicana.

Con este préstamo, clandestino e inconstitucional, tomado por Leonel Fernández y su testaferro Félix Bautista, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del período 1997-2012, se hundió en el más inmundo estercolero para siempre, los miembros de esta execrable corte, salvando los tres votos en contra, constituyen una real vergüenza nacional.

Nunca en la historia dominicana se llevó a la justicia a un gobierno en ejercicio, como hicimos nosotros en 2008, llevando ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad por una operación crediticia que nunca ratificó el Congreso Nacional y cuyos fondos fueron sustraídos por estos funcionarios.

La SCJ perdió la oportunidad de oro de fortalecer el Poder Judicial, simplemente aplicando la Ley, conforme a sus atributos por mandatos constitucionales, lamentablemente el presidente Subero Isa, y los jueces que votaron por la infame sentencia, le fallaron a la sociedad plegándose al presidente Leonel Fernández, el más corrupto de los mandatarios de América, al extremo de despojar a los/as dominicanos/as, del derecho de constituirse en querellantes, ante el abuso de poder o el robo rampante, contra los recursos de su pobre país.

Con su infausta sentencia, la SCJ modificó la interpretación que debería darse a la Carta Magna, estableciendo que solo los presidentes de los poderes, Ejecutivo y Legislativo, estaban facultados a iniciar recursos de inconstitucionalidad en estos casos, solo por proteger al desalmado y corrupto Leonel Fernández, que luego de la sentencia tuvo el descaro -como quien asiste al entierro de su víctima- de ordenar el pago de los pagares por los 130 millones de dólares al BHSC, que de seguro figuraban ya en cuentas de testaferros en algún paraíso fiscal del mundo.

¿De dónde sacará Subero Isa tanta desvergüenza para declarar públicamente que la sentencia de la SCJ presidida por él mismo, fue amañada, preparada y aprobada para salvar de la cárcel a estos truhanes, que denigran la nación al llevar su ciudadanía?

¿Cómo es posible que Leonel Fernández ande libre después de emitir poderes vinculantes a Félix Bautista, para que realizara una de las más espectaculares estafas de la historia mundial, por 130 millones de dólares, equivalentes a 5,200 millones de pesos, cual moderno Al Capone empoderado ahora con tecnologías cibernéticas?

La trágica suerte de la patria llora ante la presencia de Dios, cuando un presidente desalmado y corrupto, Leonel Fernández, convirtió las finanzas públicas en un fondo privado delincuencial, y para colmo, tomó dinero prestado a instituciones de crédito internacional a su libre albedrío, mientras los pobres del país se debaten entre la vida y la muerte.

Lo más doloroso es que quien suscribe, ciudadano con familia, arriesgó su seguridad y la de los suyos, recurriendo al tribunal con evidencias irrebatibles de tan vulgar robo, para que jueces corruptos y cobardes, fallaran protegiendo a delincuentes, en lugar de emitir sentencias ejemplares que garantizaran la estabilidad de las instituciones y los derechos humanos.

Muchas personas hablan de lucha contra la corrupción, como el doctor Guillermo Moreno, a quien respetamos y estimulamos en sus iniciativas valerosas.

Sin embargo, quien suscribe es el único dominicano en la historia que ha tenido el coraje de acusar ante la Suprema Corte de Justicia, a un gobernante en plenitud de su poder; nuestro propósito consistía en obtener una sentencia condenatoria de la inconstitucionalidad cometida, para luego procurar la condena de Leonel Fernández y su cómplice, forzándolos a la devolución del dinero y a cumplir treinta (30) años de cárcel.

Lamentablemente, Subero Isa y otros jueces antinacionales, troncharon la oportunidad de hacer justicia por primera vez en la historia.

El HSBC con base central originaria en Hong-Kong esta siendo investigado por medio mundo, como lo demuestra el siguiente comentario reciente de un periódico financiero de reputación universal.

El Financial Times, “informa que el HSBC podría enfrentar $1000 millones de dólares en multas, lo cual representa más de los $619 millones que el banco holandés ING acordó pagar para resolver las acusaciones de haber violado las sanciones impuestas por Estados Unidos, por ayudar a compañías a movilizar miles de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos, Stuart Gulliver, director, advirtió que probablemente HSBC enfrentaría en los próximos meses otras medidas de otras autoridades estadounidense”.

Lo positivo, en medio de tanta inmundicia es que tenemos vida, para seguir actuando de cara al futuro.

Ramón Alburquerque
Z - 101 Digital
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