¿El presidente Danilo Medina no conocía los preludios de la sentencia racista anti-haitiana que se cocinó entre la Junta Central Electoral-JCE y el Tribunal Constitucional-TC?
¿Pina Toribio, su consultor jurídico, respaldó esa sentencia sin consultarle?
¿Acaso el mandatario no estaba informado del agravamiento de las penurias de las familias dominicanas de ascendencia haitiana ni de las barbaridades que desde hace meses ejecuta Roberto Rosario a través de la JCE y del Registro Civil? ¿Trató ese tema en el todopoderoso Comité Político del PLD y procuró acaso una solución previa?
¿Existe la separación de poderes o los controla la cúpula de su partido? Y si la culpa fuera solo del expresidente Leonel Fernández, ¿por qué Danilo no lo puso anticipadamente en evidencia, en lugar de ocultarlo y protegerlo?
¿Es creíble que él desconozca las nefastas implicaciones del nombramiento de José Ricardo Taveras en Migración y del poder que él mismo le ha otorgado a la familia Castillo (los Vinchos) y compartes que lideran esa nefasta tendencia?
¿Necesitaba intercambiar con defensores/as de los derechos de las/as dominicanos/as descendientes de haitianos para darse cuenta de todo eso? ¿Debía volver a ver personalmente sus lágrimas y escuchar sus desgarradores testimonios, los cuales desde hace tiempo son de público conocimiento, para entonces seccionarse de ese drama humano?
No ombe, no. Eso es pura maniobra técnica de protección de su imagen. En silencio dejó agudizar el problema, para hábilmente ahora evadir su responsabilidad en la grave situación creada.
La doble moral como arma política. Nueva vez el papel del Chapulín: el “salvador” que no salva, que a lo sumo atenuaría lo que se empeoró con su anuencia.
Fíjense que califica de constitucional la sentencia, al tiempo que admite que la Constitución vigente no reconoce la retroactividad, para luego decir que no sabe si ésta es o no legal, aceptando que es un problema humano a resolver, para lo que promete “consultar con entidades competentes”.
Un verdadero enredo para no decir de inmediato que toda sanción retroactiva, aplicada a casos ocurridos 81 años antes del 2010, es inconstitucional. Para no declarar inmediatamente que él no puede violar el principio de la no retroactividad de las leyes, ni declarar nula la sentencia, ni dejar de ordenar la entrega de los documentos y el reconocimiento de nacionalidad dominicana a todos los afectados/as. Un tollo para prolongar el drama y negociar lo innegociable.
Como pasa con Bahía de las Águilas, que irá para largo en los tribunales… como el caso Xstrata Niquel-Falcondo, a quien después de su vulgar chantaje recibe con honores en Palacio; como el tema Barrick Gold, a la que le quitó más dinero pero la dejó depredando… como lo de la tarifa eléctrica, que no la aumentó pero sigue subiendo.
Narciso Isa Conde
Z - 101 Digital.com
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