ABUSO DE PODER
A la callada u ostensiblemente, espacios públicos construidos por los gobiernos con los dineros del contribuyente han ido pasando a manos privadas, como sucede con el lago artificial construido en 1970 por el gobierno de Joaquín Balaguer en el parque Mirador Sur.
La protesta, que no solo denuncia, la hace este lunes la periodista Luchy Placencia, quien este domingo fue impedida de entrar al área del lago e informada de que si quería tomar fotos a un matrimonio amigo que la acompañaba debía pagar por lo menos dos mil pesos.
Quienes le impidieron a la comunicadora y fotógrafa tomar fotos a la pareja, que espera su primer hijo, son empleados del empresario Luis Marino Gómez, arrendatario de dos locales para restaurantes ubicados en el parque.
“Tampoco está permitido que la ciudadanía utilice botes propios para hacer uso del lago. Quien desea pasear en esas aguas debe alquilarlos a compañías privadas”, resaltó Placencia.
“Cinco empleados de Gómez nos sacaron del lago, aduciendo que éste fue reconstruido por el empresario para su usufructo particular e informándonos que la tarifa mínima para tomarse fotografías allí era de dos mil pesos”, añade la periodista en su protesta.
Para la periodista, la privatización de este bien público conculca el derecho del pueblo dominicano a disfrutar “libre y gratuitamente” de infraestructuras construidas con dinero estatal.
Además, añade, la privatización de esa extensa área del Mirador del Sur contraviene el espíritu con el que el arquitecto Eugenio Pérez Montás desarrolló ese parque como el eje de un notable conjunto paisajístico que luego integró a los Jardines Botánico y Zoológico, así como al parque Mirador del Este.
“Los recursos invertidos resultan minúsculos ante la importancia social y estética de la obra. Hablando en el lenguaje del urbanista, podemos afirmar que se dio un paso de trascendencia en el desarrollo de la ciudad, atrevido por su magnitud. Siete kilómetros de jardines dispuestos de forma lineal, entre rocas que forman cavernas milenarias y minúsculos valles de tierra roja”, afirma Pérez Montás en su libro “La Ciudad del Ozama, 500 Años de historia urbana”.
La comunicadora social solicitó al Ayuntamiento del Distrito Nacional, a la Dirección Nacional de Parques, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Defensora del Pueblo que intervengan para corregir lo que definió como “un abuso imperdonable en contra del pueblo dominicano”.
www.7dias.com.do
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