Estos son los integrantes de la comisión de juristas de la República Dominicana que reformaron la constitución sometida a la Asamblea Nacional

Adriano Miguel Tejada

Abogado con estudios de Maestría en Ciencias Políticas. Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político en la Maestría de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde también ha sido decano del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Coautor del estudio acogido por la Junta Central Electoral para dotar de una nueva identificación civil y electoral a los dominicanos. Fue coordinador de los primeros encuentros sobre el diálogo tripartito de 1985.

Autor de "Constitución Comentada de la República Dominicana", "Manual del Legislador Dominicano", "Diario de la Independencia: Reforma, Institucionalidad y Cultura Política", entre otros libros. Actualmente es Director del Diario Libre y productor del programa televisivo Diario Libre AM. Fue Director de Información y Prensa de la Presidencia, con rango de Secretario de Estado.

Aura Celeste Fernández Rodríguez

Abogada especialista en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Profesora desde 1983 de distintas universidades de la República Dominicana, en sus áreas de especialización.

Ex Comisionada de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, con rango de Secretaria de Estado (1997-2000). Ocupa por segunda vez el cargo de Miembro Titular (Jueza) de la Junta Central Electoral; y es Directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (desde enero, 2005), entre otros.

Autora de: "Constitución de la República Dominicana 1994, Conceptuada e Indizada"; "La Constitución de la Nación Dominicana de 1963, Anotada e Indizada"; y "La Constitución de 1963, 40 años Después: Vigencia y Perspectivas", entre otros.

Ha sido reconocida con el Premio Independencia Dominicana (comunidad dominicana en Miami, EE.UU.); Distinguida Abogada de las Américas (Federación Interamericana de Abogados -FIA); el Premio Simón Bolívar, por la Democracia y los Derechos Humanos (Departamento de Defensa de los EE.UU.), entre otros.

César Pina Toribio

Doctor en Derecho con una intensa carrera académica, fundamentalmente en el área de las ciencias penales, en diversas universidades del país. Fue Director del Departamento de Derecho de la UASD (1983-1986).

Ha sido Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo (1996-1999) y Procurador General de la República (1999-2000). Coordinó además la Comisión de Revisión y Actualización del Código de Procedimiento Criminal, creada por Decreto 104-97 del Presidente de la República, cuyos trabajos concluyeron con la entrega del "Ante-Proyecto de Código Procesal Penal" en febrero del 2000. Representó al Presidente Leonel Fernández en la Comisión para la Reforma Constitucional designada en 2001.

Actualmente es Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y Presidente de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal.

Eduardo Jorge Prats

Abogado con Maestría en Relaciones Internacionales con concentración en Derechos Humanos. Es profesor a nivel de licenciatura y maestría en Filosofía del Derecho, Legislación Económica, Teoría de las Relaciones Internacionales, Derecho de los Mercados Financieros, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, en varias instituciones de educación superior en la República Dominicana.

Ha sido director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia -FINJUS- (1996-2000); Consultor Jurídico del Banco Central (2000-2003) y Director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) (2004-2006). Es miembro del Consejo Editorial de las revistas Estudios Jurídicos y Gaceta Judicial, así como columnista del diario Hoy. Desde el año 2005, se desempeña como Vicepresidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), a cargo del Departamento de Sociedad Civil. Es Director General de la firma Jorge Prats, Abogados & Consultores.

Es co-autor de la obra "Constitución y Economía" (Santo Domingo: PUCMM, 1995) y autor de "Derecho Constitucional, volúmenes I y II" (Santo Domingo: Gaceta Judicial, 2003 y 2005).

Flavio Darío Espinal

Abogado y Doctor en Ciencias Políticas. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Dirigió el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales (CUEPS), el Centro para el Estudio, Prevención y Resolución de Conflictos (CEPREC) y la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Asimismo, en esa Institución ha sido profesor de Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional.

En materia de Constitución publicó una obra titulada "Constitucionalismo y Procesos Políticos en la República Dominicana", que le mereció el Premio Anual de Ensayo "Pedro Henríquez Ureña" 2001-2002. Actualmente, es Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del país ante el gobierno de los Estados Unidos. Es articulista del periódico El Caribe y co-conductor del programa En Contexto que se transmite por Cadena de Noticias (CDN).

José Darío Suárez

Abogado, con estudios en derecho social. Ha desempeñado funciones públicas en Santiago, y desde 2006 es asesor legal honorífico de la Junta Electoral de esa ciudad. También se ha desarrollado como docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en las asignaturas de Derecho Laboral, Constitucional, Empresarial y Privado, entre otras.

Autor de varias obras relacionadas al ámbito jurídico, entre las que se citan: "La Constitución de la República Dominicana Comentada" (PUCMM, 1982), "La Carrera Judicial" (ONAP, 1982), "Comentarios sobre la Jurisdicción Contenciosa Administrativa", y "Procedimiento para Calcular las Prestaciones Laborales", (PUCMM, 1995).

Es miembro de la Comisión sobre Gobernabilidad Local del Consejo de Desarrollo Estratégico de la ciudad y el Municipio de Santiago, del cual es directivo.

Julio César Castaños

Abogado, doctor en Derechos Fundamentales de la Democracia Contemporánea y maestro en Ciencias Políticas. En el ámbito público, se ha desempeñado como Sub-Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, secretario de Estado y miembro de la Junta Central Electoral (JCE). Es catedrático de Derecho Administrativo, Derecho Penal, Introducción a la Magistratura, entre otras asignaturas, en distintas universidades de la Republica Dominicana desde 1983. Ha sido miembro de comisiones invitadas por gobiernos de Chile, Guatemala, Bolivia y EUA para observación de procesos electorales.

Es miembro fundador de la Fundación Derecho y Democracia. Actualmente funge como Asesor Legal de Conferencia del Episcopado Dominicano (Iglesia Católica) y de la Secretaría de Estado de Cultura. Es presidente de la Junta Central Electoral.

Leyda Piña

Abogada, con estudios doctorales en Estudios Políticos y diplomada en Prevención y Resolución de Conflictos. Profesora titular de Derecho Comparado de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Ha sido consultora legal para el Área de Reformas Políticas del Consejo Nacional de Reforma del Estado. Actualmente es Juez Titular de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral.

Licelott Marte

Doctora en Derecho con estudios sobre Derecho Internacional y Derecho Tributario.

Fue secretaria de Finanzas (1990-93), presidenta de la Refinería Dominicana de Petróleo (1993-96) y subsecretaria de Relaciones Exteriores (1973-1978). En varias ocasiones ha representado a la República Dominicana ante organismos internacionales: Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), entre otros.

Fue Diputada por el Distrito Nacional (2002-2006), es miembro de la Comisión Política del Partido Reformista Social Cristiano. Participó en la preparación del Proyecto de Reforma Constitucional en 2002, en el marco del diálogo nacional del momento.

Ha sido profesora de Derecho Internacional Público y Derecho Civil en la Universidad Central del Este.

Ha sido reconocida como Distinguida Abogada de las Américas, por la Federación Interamericana de Abogadas (FIDA). Ha recibido importantes reconocimientos de los gobiernos de España, Francia, Colombia, Argentina y Chile. En la Republica Dominicana fue condecorada con la Gran Cruz Placa de Plata, Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, entre otros.

Luis Gómez Pérez

Doctor en Derecho. Profesor de Teoría Social, Economía Política, y Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) desde los años 70's, donde también ha ocupado varios puestos directivos en el área de investigación social y política.

Autor de: "Los Derechos Humanos en la RD, 1492-1984" (Curso Taller, 1985); "La Constitución Dominicana, Estructura e Historia" (2000); "La Constitución Dominicana y los Derechos Ciudadanos" (Curso Taller, 2003); y "La Constitución Dominicana, Componentes Económicos, Políticos e Ideológicos" (en prensa), entre otros estudios.

Desde el 2000 es Presidente de la Fundación Desiderio Gómez para el Desarrollo Comunitario Integral.

Milton Ray Guevara

Doctor en Derecho Público y especialista en Derecho Social Comparado. Profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) desde los años 70's, donde también ha ocupado cargos directivos de importancia.

Fue secretario de Estado de Trabajo (2000-2004) y Senador de la República Dominicana por la Provincia Samaná (1998-2000). Ha desempeñado importantes cargos diplomáticos como Embajador de la República Dominicana en Francia (1982- 1986) y en el Reino Unido, entre otros. Fue miembro de la Comisión Redactora del Código de Trabajo de la República Dominicana en 1992, y miembro fundador y primer Director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) (1990-1996).

Autor de "La Expropiación por Causa de Utilidad Pública en la República Dominicana" (Niza: Editora Copyrex); "Los Extranjeros en la Seguridad Social" (París: publicado en francés, 1984); "Doctrina Jurídica Dominicana: Un Aporte Personal" (Santo Domingo: Editora Taller, 1990), entre otras.

Ha sido condecorado con la Orden Labor Omnia Vincit por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (2004); la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado Gran Cruz Placa de Plata (2004); y por parte del Gobierno de Francia con la Orden de la Legión de Honor, en el Grado de Gran Oficial (1999), entre otros.

Pelegrín Castillo Semán

Abogado con Post-Grado de Economía Internacional y Comercio Exterior. Docente de varias universidades del país, en materias de Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho y Economía Política, entre otras.

Ha sido Diputado al Congreso por el Distrito Nacional en el período 1994-2006 y actualmente, Diputado de la Circunscripción #1 del Distrito Nacional.

Ha sido vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados desde el año 1994 hasta el 1997. Fue miembro de la Comisión Bicameral de Reforma y Modernización del Congreso Nacional durante los años 1996, 1997 y 1998. También miembro de la Sub-Comisión de Reforma Constitucional de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado en el período 1996-2000.

Raymundo Nicolás Amaro Guzmán

Doctor en Derecho, con maestría en Administración Pública. Co-fundador del Secretariado Técnico de la Presidencia y la Oficina Nacional de Administración Pública (ONAP), la que dirigió durante 20 años. Fungió como vicepresidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y, durante diez años, como vicerrector de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). De igual modo, presidió la Comisión Revisora de las Normas de la Administración Pública, como secretario de Estado, hasta agosto del 2000. Elaboró el Proyecto de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, junto a los doctores Cristóbal Gómez Yangüela y Víctor Melitón Rodríguez, en 1990, y el cual fue aprobado por el Congreso Nacional en 1991.

En el ámbito Constitucional ha realizado diversas publicaciones, entre ellas: "Constitución de la República 2002. Síntesis evolución constitucional"; "Ejercicio de la Función Pública y Principios Constitucionales de Derechos Humanos que deben sustentarla"; "Constituciones Políticas de América Latina"; "Constitución Política. Síntesis evolución constitucional"; "La Constituyente en la Evolución Constitucional Dominicana: Experiencias Latinoamericanas"; "Régimen de la Administración Pública en la Reforma Constitucional"; "Constitución Política y Reformas Constitucionales"; "Anteproyecto de Reforma Constitucional", junto al doctor Cristóbal Gómez Yangüela. Este último fue replanteado en el 2001 por la UNPHU, con la participación de estudiantes de término de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Este documento fue revisado por los doctores Raymundo Amaro Guzmán y Cristóbal Gómez Yangüela, junto a la licenciada Leyda Piña.

Corruptos de República Dominicana tendrán que demostrar orígenes de sus fortunas

Los dispositivos de la Constitución son retroactivos, aunque no sean los de las leyes

El dispositivo de la nueva Constitución que revierte el fardo de la prueba podrá aplicarse de manera retroactiva a ex funcionarios que hayan incurrido en corrupción contra el Estado, “de los cuales hay en los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano (PRSC)”, según el presidente de la comisión de Verificación de la Asamblea Revisora, Frank Martínez.

El dispositivo de la nueva Constitución que revierte el fardo de la prueba podrá aplicarse de manera retroactiva a ex funcionarios que hayan incurrido en corrupción contra el Estado, “de los cuales hay en los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC)”, según afirmara el presidente de la comisión de Verificación de la Asamblea Revisora, Frank Martínez.

Dijo que con la aplicación de ese dispositivo podrá obligarse a esos ex servidores públicos a que demuestren el origen de su riqueza o patrimonio.

 Martínez, diputado reformista por La Romana, dijo que para evitar el dolo contra el Estado lo prudente es la aplicación de la ley sobre declaración jurada de bienes, que obliga, aunque no siempre se cumple, a los funcionarios  a presentar esa documentación antes y después de asumir los cargos.

Manifestó que aunque rige el principio de que todo el que acusa debe presentar las pruebas, en el caso de los funcionarios públicos se revierte el proceso.

 “En tal caso, a los  acusados de irregularidades en sus funciones corresponderá presentar las pruebas de su inocencia”, explicó Martínez.

Citó entre éstos a los empleados de las instituciones públicas, senadores y diputados, síndicos y regidores, así como a los del Poder Judicial y de la Junta Central Electoral (JCE).

El presidente de la comisión de Verificación consideró que ése es uno de los avances más importantes de la reforma constitucional.

Corruptos.  Martínez significó que para reparar al Estado deben investigarse numerosos casos, “porque hay corruptos en el PLD, en el PRD y en el PRSC”.

El legislador reformista dijo que la República Dominicana no puede darse el lujo de convertirse en una especie de paraíso donde moran y son protegidos ex funcionarios corruptos.

Expresó que el robo al Estado significa quitar oportunidades a los ciudadanos en materia de educación, salud y servicios.

Tras asegurar que el manejo irregular en perjuicio de los bienes del Estado crece cada día, Martínez confió en que la nueva Carta Magna frene ese problema.

Las claves

1.  Retroactivo

 El doctor Frank Martínez, quien preside la comisión de Verificación de la Asamblea Revisora, dijo que el dispositivo que revierte el fardo de la prueba, ya “constitucionalizado”, es retroactivo.

 2.  Balaguer

Explicó que los dispositivos de la Constitución son retroactivos, aunque no lo sean los de las leyes, porque incluso ya hay precedente y citó el caso del doctor Joaquín Balaguer, quien ganó las elecciones del 1994 por cuatro años y, mediante una reforma, la ley de leyes se le aplicó de manera retroactiva para reducirle el período constitucional a solo dos años, independientemente de lo que se alegue.

Clientelismo

El “clientelismo” que los gobiernos de turno utilizan en su provecho para ganar prosélitos recibió un duro golpe con el establecimiento en la nueva Constitución del Servicio Civil y la Carrera Administrativa.

Así lo entiende el presidente de la comisión de Verificación de la Asamblea Revisora, doctor Frank Martínez, quien dijo que de esta manera los empleados del Estado tendrán sus empleos garantizados siempre que tengan méritos y talento para ocuparlos.

Dijo que estos servidores se mantendrán en sus funciones independientemente del partido que ocupe el Poder Ejecutivo.

 Indemnización

Por otro lado, Martínez resaltó el dispositivo del artículo 53, según el cual las personas que sean perjudicadas o lesionadas por bienes y servicios de mala calidad, serán indemnizados o compensados conforme a la ley.

Dijo que este dispositivo, aprobado a propuesta suya, obedece a que el Estado se ha convertido en estafador, que no ofrece a los ciudadanos bienes y servicios de buena calidad.

Resaltó que partir de este artículo cualquier ciudadano, por ejemplo, podrá acudir ante un juez, en amparo, para solicitar compensación por mal servicio de electricidad.

Martínez dijo que otorgar rango constitucional a esta protección ciudadana constituye un paso gigantesco y revolucionario en el carácter social y compromiso del Estado con el pueblo.
Pedro Germosén / Hoy 

En República Dominicana “el que es serio se suicida, y el que es sinvergüenza se va del país”

Empresas: entre el suicidio y el escape

Endeudadas, muchas empresas viables cierran por falta de una ley de bancarrota

En República Dominicana (RD), cuando de quiebras empresariales se trata, “el que es serio se suicida, y el que es sinvergüenza se va del país”, puntualiza la abogada Mary Fernández, de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández.

En el mismo tono, Marcos Troncoso, abogado de la Red de Inversionistas Ángeles, hace la pregunta: “¿Qué pasa hoy cuando alguien honesto debe y no puede pagar? De forma iconográfica, responde su pregunta. En una gran pantalla presenta tres opciones: una tumba, un “sinvergüenza” corriendo, y una persona derrumbada por la depresión.

Está frente a un auditorio compuesto por unos 60 empresarios reunidos en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua. Se trata del seminario organizado por la Cámara Americana de Comercio donde se expone el anteproyecto de ley de reestructuración mercantil y liquidación judicial.

Este abogado formó parte del equipo que trabajó en el proceso de reestructuración financiera q ue permitió a la empresa de telecomunicaciones Tricom llegar a un acuerdo legal con sus acreedores nacionales e internacionales sobre el pago de una deuda de US$663 millones.

En mayo de 2008, la empresa dominicana introdujo en la Corte de Bancarrota del Sur de Nueva York, en EE.UU., un plan de reestructuración cuya puesta en marcha evitó liquidar la empresa. En esa corte, alegó: “Nos estamos acogiendo a los tribunales norteamericanos ante la falta de leyes de quiebras probadas y confiables en República Dominica”.

Tricom resurgió de su abismo de quiebra, lo que preservó más de 1,700 empleos directos. Al final fue una historia feliz. Pero hay muchas otras historias empresariales infelices, y la mayoría no se conoce. La de Datocentro, por ejemplo, una empresa líder en tecnología en el mercado, es una de ella, observa Troncoso.

Sus principales ejecutivos, Carlos y Oscar Lama Selimán huyeron del país, dejando atrás a sus defraudados acreedores. Los empresarios, a cambio de los depósitos de su banco vinculado, Transglobal Bank, Ltd, habían entregado a los clientes papeles comerciales emitidos por Datocentro.

Frente a la imposibilidad de pagar, optaron por “darle largas” al asunto, y cuando la situación se hizo explosiva, desaparecieron. “Los dueños abusaron de los acreedores y se fueron del país”, afirma Troncoso.

Explica que si en ese entonces hubiese existido una ley de reestructuración mercantil en el país, hubiese sido posible cumplir con los acreedores, y tal vez salvar la empresa.

Según Elka Reyes, asesora de Mejora Regulatoria del Consejo Nacional de Competitividad, la ausencia de esa ley se refleja en que el país se ha estancado en algunos indicadores de percepción que sobre el clima de negocios tienen los inversionistas extranjeros y organismos internacionales.

 La funcionaria blande los informes Doing Busines que cada año publica el Banco Mundial, y observa que entre los reportes de 2004 y 2010, RD se ha quedado estancada en el indicador “cierre de empresas”, mientras que ha avanzado significativamente en otros, como es el de “apertura de negocios”.

La causa es que, en pleno siglo XXI, cuando una empresa radicada en territorio dominicana no puede pagar sus deudas, para acogerse a la bancarrota sólo cuenta con el libro III del Código de Comercio, de 1884, y con la Ley No. 4582, del 1952, sobre procedimiento de conciliación.

Sin embargo, desde 2006 dos veces se ha introducido al Congreso un proyecto de ley sobre reestructuración mercantil y liquidación judicial, y dos veces ha perimido, informa Mary Fernández. Entre las causas se menciona la resistencia que en el pasado mostraron los bancos, algunas empresas y la falta de claridad que sobre el tema parecen tener algunas autoridades.

Proyecto de Ley 

El proyecto de ley recibe un nuevo empuje y una barrera que se abate es el de la resistencia de los bancos.

Según un participante, a algunos presentes en el seminario de la Cámara Americana de Comercio aún les resuena en los oídos la declaración de Shirley Acosta Luciano, consultora jurídica del BHD y de la Asociación de Bancos Comerciales, de que “ los bancos apoyan la ley, pero que hay que resolver algunos problemas”.

Se refiere a que la Junta Monetaria debe flexibilizar las normas en lo que tiene que ver con la provisión de la cartera mala que corresponde a la empresa que se encuentra en proceso de reestructuración. En otras palabras, dicen los bancos que si la nueva ley le impide cobrar el préstamo hasta que la empresa no sea saneada, tampoco la Superintendencia de Bancos debe exigirles que aprovisionen ese préstamo, porque implica un costo financiero. El planteamiento pone el balón en la cancha de las autoridades monetarias y financieras.

El anteproyecto de ley que circula en los corrillos corporativos contempla que el procedimiento de reestructuración mercantil podrá ser iniciado por cualquier empresario que se encuentre en estado de cesación de pagos. Este estado se daría cuando la empresa no pueda cumplir con las obligaciones tributarias, o cuando no pueda pagar las cuotas de los préstamos bancarios, o si no puede cumplir con el pago de los sueldos y salarios.

El anteproyecto también establece que hay estado de cesación de pagos “cuando el 50% o más de las cuentas por pagar (de la empresa) a suplidores no ha sido pagada dentro de los 120 días calendario de la fecha de su vencimiento, o cuando uno o varios suplidores que representen por lo menos 10% de las cuentas por pagar lo pone en mora mediante una intimación de pago que no puede obtemperar”. Este estado de insolvencia también se considerará si hay “ocultación o ausencia del deudor” sin que deje a alguien como responsable, o cuando emita cheques sin fondos.

El proceso y el plan de reestruturación tendría fechas límites por etapas, y debe contar con la aceptación del “60% de los acreedores en cuanto a monto”, antes de ser sometido al “Centro de Reestructuración Mercantil” de la Cámara de Comercio de la localidad. En caso de que el plan sea descartado, o que el propietario de la empresa no coopere con el “conciliador”, se procedería a liquidar los activos de la empresa para honrar las deudas. En la cabeza de esa lista estarían los pasivos laborales. De aprobarse, así es que vivirá o morirá una empresa.

Edwin Ruiz / Clave Digital

El empresario dominicano

Marino Zapete

Con escasas excepciones, los empresarios dominicanos son malhechores y farsantes. No cumplen con sus deberes y reclaman privilegios sin límites.

 Por lo general, contratan a contadores públicos mediocres, delincuentes, ambiciosos y sin la más mínima idea de lo que es la ética profesional, para que les organicen un sistema contable fraudulento.

Los empresarios dominicanos presentan al fisco unos estados financieros que no se corresponden con la realidad de sus empresas, con la finalidad de timar al Estado. Eso explica que en este país un porcentaje elevado de las compañías declaran haber perdido o no haber tenido beneficios durante décadas, sin que nadie se pregunte cómo se mantienen operando.

En este país, los empresarios llevan una vida dispendiosa, rodeada de lujos, con gastos que superan a los de los grandes multimillonarios de los países más ricos del mundo, y luego, sus contadores les hacen figurar su derroche como parte de los gastos de las empresas. De esa manera, reportan sumas ínfimas como beneficios o declaran pérdidas.

Hasta hace poco, aquí era normal que las empresas pagasen “por la izquierda” hasta el 80 por ciento de los sueldos de sus principales ejecutivos, con la intención de evadir el pago de impuestos.

En este país es común encontrarse con ejecutivos que aparecen en las nóminas de sus empresas con sueldos pírricos, y son propietarios de vehículos de lujo, mansiones, yates y villas millonarias en los principales centros turísticos del país. A esos pagos clandestinos se les daba el simpático nombre de “submarinos”.

Un tiempo atrás, el director de Impuestos Internos declaró a la prensa que en el país existían casi 15 mil empresas cuyos empleados mejores pagados recibían un salario que no excedía los RD$ 22,000 mensuales, y sin embargo, poseían vehículos lujosos, villas en La Romana, o eran socios del exclusivo Country Club”.

Pero el típico empresario dominicano no se conforma con evadir impuestos. Aquí, la mayoría de las industrias no observan ningún control de calidad y no se respeta ninguna reglamentación ni principio ético.

 Muy pocos dominicanos creen que la composición de un producto elaborado en este país se corresponda con lo que dice la etiqueta. Mucho menos se puede confiar en que los envases contienen la cantidad que aseguran dichas etiquetas.

Una buena parte de los empresarios dominicanos prefieren sobornar a los servidores de la administración pública para burlar los controles de calidad y el pago de ciertas contribuciones, con lo cual estimulan la violación de las normas y los procedimientos, fomentando la corrupción y la falta de institucionalidad.

 ¿Quién puede asegurar que los animales que se sacrifican diariamente en los mataderos dominicanos para comercializarlos o para procesarlos, llenan los requisitos sanitarios que exigen las leyes?. La Realidad es que el dominicano no sabe lo que come, gracias a los empresarios que tenemos.

Durante décadas, los empresarios dominicanos presionaron a los gobiernos para que no permitieran la competencia en el mercado interno, sometiendo a los consumidores a pagar precios exorbitantes por productos de escasa calidad, bajo la prédica de que el Estado debía proteger a la industria nacional.

 Aquí abundan las empresas de servicios que engañan descaradamente a sus clientes. Por ejemplo, hay compañías de televisión por cable que le venden un paquete de canales a un usuario, y a los pocos días eliminan una parte de los canales ofertados y obligan a dicho cliente a comprar el mismo servicio nuevamente.

Las compañías telefónicas venden a sus usuarios unos paquetes cargados de falsas promesas y un servicio de tiempo medido donde ellos son los jueces y las partes. Para colmo, son los que pagan los sueldos de los funcionarios que deberían regular sus operaciones.

Ni hablar de las clínicas que cargan a las cuentas de los pacientes una serie de productos y servicios que no ofrecen, o de los supermercados y restaurantes que mezclan productos comestibles de pésima calidad y los venden como si fueran de primera.

En fin, la mayoría de los empresarios dominicanos son una especie de tragamonedas, sin escrúpulos, que no tienen el más mínimo criterio de lo que es una sociedad, y que siempre creen que el día hoy es su última oportunidad para acumular la fortuna que necesitan para su futuro y el de toda su descendencia.

 Y ahora, como colofón, se les ha ocurrido la brillante idea de reducir sus costos robando el sudor de los trabajadores.
Marino Zapete

Periodista y escritor, autor de Jarabe para la Memoria.

Noticias SIN

Caricatura: Mercader

Un saludo constitucional a Boquechivo

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Harold Priego
Diógenes & Boquechivo
Diario Libre

Joaquín Balaguer y la oratoria en la Segunda República Española

En su libro ¨MEMORIAS DE UN CORTESANO DE LA ERA DE TRUJILLO¨, el Dr. Joaquín Balaguer anota que aunque no estuvo presente en España al estallar la guerra civil sí pudo disfrutar de los grandes certámenes de elocuencia de los protagonistas de ese entonces, veamos lo expuesto por el Dr. Balaguer:

Después del cumplimiento de mis obligaciones asistía día tras día a las sesiones del Parlamento Español, ubicado a pocos pasos de la pensión en que me hospedaba.
Gracias al pase diplomático que me daba acceso sin mucha dificultad a un sitio especial en las tribunas destinadas al público, pude asistir a aquellos grandes certámenes de elocuencia. Conservo intacta en mi memoria la imagen de las grandes figuras republicanas de la época. La oratoria de Don Manuel Azaña, Jefe a la sazón del Gobierno Español, me impresionó poco cuando oí por primera vez en el debate que se ofreció sobre el supuesto descubrimiento de un alijo de armas en San Esteban de Pravia. Su voz apagada, su palabra sobria, su gesto reposado, la ausencia casi absoluta de tropos rimbombantes en sus exposiciones magistrales, no se compadecían entonces con el género de elocuencia a que me hallaba acostumbrado al oir a Rafael Estrella Ureña, a Luis C. del Castillo y a otras grandes figuras de la oratoria dominicana.

     Manuel Azaña Díaz.

Pero después, en intervenciones sucesivas, aprendí a admirar a  aquel orador siempre atildado cuyo razonamiento tenía el peso de una maza que caía con vigor aplastante sobre sus adversarios. ¡Qué propiedad había en cuanto decía! ¡Qué certeza en sus comparaciones! ¡Qué argumentos tan sólidos en sus réplicas y en sus conclusiones!

La oratoria fría pero maciza de Azaña, se escuchaba en la misma sesión que la arrebatada y contundente de Indalecio Prieto, fuerte, monumental en su continente y relampagueante en sus apóstrofes.

Su estatura me hacía recordar un poco la de Arturo Logroño, un orador cuya presencia en la tribuna daba también la impresión de un mastodonte de cuya boca fluían las imágenes como un tropel de alondras o como un vuelo de cóndores. Se caía, minutos después, en los raudos despliegues del Jefe del Partido Radical, Don Alejandro Lerroux, verdadero maestro del buen decir, de quien podría decirse como se ha dicho, que no alteraba una sola línea de su toga de senador, cuando abría como un espectáculo ante su auditorio el abanico multicolor de sus imágenes sin ornamentos retóricos y sin pedrerías ociosas,

     Indalecio Prieto Tuero.

Oir a Indalecio Prieto después de haber oído a Azaña, era oir la trompa de Quintana después de haber oído la citara de Bécquer o el acordeón de Zorrilla.

            Niceto Alcalá-Zamora.

Cuando leo hoy, al cabo de mas de 40 años, las descripciones que hace Don Benito Pérez Galdós en uno de sus ¨Episodios Nacionales¨ de los debates entre liberales y absolutistas en las cortes de 1812, no puedo menos que reflexionar  con tristeza  sobre la inevitable decadencia de muchos aspectos esenciales de las culturas humanas. Con ser tan admirable la elocuencia de los tribunos de la Segunda República Española, la de un Martínez Barrios y la de un José María Gil Robles, que diferencia entre ellos y la que alentó a su vez el númen de un Salustiano de Olózaga o el de un Agustín Arguelles!

Una excepción  hay que hacer , sin embargo , cuando se alude a los hombres que representaron  al pueblo español en las tribunas de la  Segunda República: la de Don Niceto Alcalá-Zamora, el jurisconsulto escogido para presidir España en aquel período histórico. Oírlo en un mensaje, escucharlo en la disertación académica, seguirlo en un debate sobre temas tan intrincados como el de la Ley de Cultos y Congregaciones, equivale a ascender, de asombro en asombro, hasta los días de mayor esplendor de nuestra lengua. Creo que es el mejor orador, el disertante mas fluído, el polemista mas sonoro y contundente que he escuchado en mi vida.

                              José María Gil Robles.

Las calles de Madrid, como las de otras muchas ciudades españolas, la prensa escrita y todas las manifestaciones públicas, respiraban ya vientos de fronda. El huracán se veía ya venir desde lejos. Desde los bancos de la oposición, en las grandes sesiones de las Cortes, el trueno de José María Gil Robles anunciaba la cercanía de la tormenta. Aún no habían sonado las primeras descargas, cuando se veía asomar, como en el horizonte de las Cortes de Cádiz de 1812, el espectro de la guerra civil, con la ferocidad dramática con que ese espectro ha hecho siempre su aparición en la escena española.

Si por algo lamenté mi salida de España fue porque mi ausencia me privaba de presenciar la embestida, contra las rocas de las Cortes de la Segunda República, de aquel océano que ya llevaba en sus entrañas el monstruo de una guerra sin precedentes, por su ferocidad, en los anales de nuestra época.

Nota 1: El Dr. Joaquín Balaguer fue Secretario de la Legación Dominicana en Madrid, España, por casi tres años desde 1932. Sus funciones terminaron meses antes del estallido de la guerra civil.

Nota 2: Este es un extracto del libro ¨MEMORIAS DE UN CORTESANO DE LA ERA DE TRUJILLO¨. Editora Corripio, 5 de Octubre de 1988, primera edición. Santo Domingo, República Dominicana.

Nota 3: El autor, Dr. Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, fue presidente de la República Dominicana y Presidente del Partido Reformista Social Cristiano.

Marihal / Desde La República Dominicana

Ramfis Trujillo ordenó que mataran a Balaguer

                                                                 Ramfis Trujillo.

GESTA. 
EL PLAN FUE ABORTADO POR UN GRUPO DE PILOTOS COMANDADOS POR EL GENERAL RODRÍGUEZ ECHAVARRÍA, QUIENES BOMBARDEARON SAN ISIDRO HACE HOY 48 AÑOS
Santo Domingo.- Joaquín Balaguer, presidente de la República en noviembre de 1961, encabezaba la lista de los dirigentes políticos que iban a ser asesinados en todo el país por órdenes de Ramfis Trujillo y dos de sus tíos, en represalia por la muerte de su padre, el dictador Rafael Trujillo Molina.

Este plan denominado, “La noche de San Bartolomé”, fue abortado el 19 de noviembre del citado año por la intervención del denominado “Complot de los Pilotos de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD)”, acción que fue determinante para iniciar la democracia y poner fin a los meses sangrientos luego de dar muerte al tirano.

A 48 años de ese acontecimiento, dos de los protoganistas de ese episodio, Rafael Hernández Beato, jefe de mantenimiento de los aviones en la Base Aérea de Santiago, y Raymundo Polanco Alegría, comandante del Escuadrón Caza Ramfis, lamentaron que esa gesta liderada por Pedro Rafael Rodríguez Echavarría, no sea reconocida en el país, pese a que evitó un río de sangre, y aceleró la salida de familia Trujillo hacia extranjero.
Tanto Hernández Beato como Polanco Alegría contaron a LISTÍN DIARIO cómo concentraron los aviones para bombardear la Base Aérea de San Isidro y disuadir las fuerzas militares que soportaba a los Trujillo. 

Todo esto sucedía el día después que Ramfis asesinó en Hacienda María a seis de los ajusticiadores de su padre, y se marchara del país por vía maritima.

La noche del 18 de noviembre se reunieron en la Base Aérea de San Isidro Petán Trujillo, el jefe de la Fuerza Aérea, Tunti Sánchez, y los jefes regionales del temido Servicio de Inteligencia Militar (SIM), incluyendo a Alicinio Peña Rivera, quien mataría los políticos y antitrujillistas del Cibao.
La idea era que los hermanos Trujillo, Arismendy -Petán- y  Héctor Bienvenido -Negro-  asumieran el gobierno tras ejecutarse el plan en contra de Balaguer.  

Polanco Alegría dijo no estar seguro si Ramfis ordenó matar a Balaguer antes de partir, pero Hernández Beato, y el capitán piloto retirado Ricardo Bodden, conocedor del tema, confirman que el plan existió.

Del escritorio de Peña Rivera, jefe del SIM en el norte, sacaron la lista de las personas a eliminar, que incluía a militares sospechosos de ser desleales.
“Petán Trujillo llegó a disparar con una metralleta a los aviones que bombardeaban”, dijo Hernández Beato.

El gestor del movimiento que desmontó el plan criminal fue el coronel piloto Manuel Ramón Durán Guzmán. Rodríguez Echavarría aceptó participar solo bajo la condición de ser el   comandante.
Los demás participantes fueron Nelton González Pomares; director de operaciones; Pedro Santiago Rodríguez Echavarría sub-jefe técnico; Andrés Rodríguez Méndez, comandante de la base de Barahona; Federico Fernández Smester, Ismael Emilio R. Román Carbuccia, enlace Santiago-San Isidro, Francisco Rodríguez Núñez y Diego Manuel Mena y Mena.

REGISTRO HISTÓRICO DE SOTO JIMÉNEZ

Luego que el grupo de pilotos de la Fuerza Aérea Dominicana que accionó el 19 de noviembre de 1961, tomando el control militar del país, hubo una fuerte crisis, recordó Soto Jiménez.
Estos militares, agregó, en vez de tomar el poder político, apoyaron a Balaguer para que sacara a los Trujillo del país.

Ese evento comenzó en la Base Aérea de Santiago.
Consistió en que todos los aviones fueron llevados con motivo de un supuesto ejercicio a diferentes puntos dell país.

Cuando Ramfis abandonó el país, el 18 de noviembre, de 1961, tras matar a los ajusticiadores de su dictador padre, en la madrugada del otro día, que era domingo, comenzaron los aviones a atacar la Base de San Isidro y otras instalaciones militares que siguieron leales a Trujillo como las fortalezas Mao y Puerto Plata.

La mayoría de los aviones AT- 6 fueron concentrados en el aeródromo de Consuelo.
La base aérea de Barahona no operó. Su comandante fue hecho preso, y cuando el general Tunti Cáceres ordenó que atacara a Santiago, no contaba que el nuevo jefe de allí no respondía las instrucciones pro trujillistas.

Los remanentes del Trujillismo, bajo esa presión y ataques, decidieron irse.
“Ese fue el golpe de Estado de Echavarría, y no se reconoce como una gesta patriótica, como lo que es, y hasta el nombre 19 de Noviembre fue cambiado a Base de San Isidro”, criticó Soto.
En tanto, Ricardo Bodden planteó la importancia de que el gobierno, el Congreso y las organizaciones civiles le rindan homenaje a estos hombres que aportaron para la libertad y la democracia que hoy vive el país.


Fernando Quiroz
11/19/2009 / Listín Diario

Argentina también tiene Barrick Gold, comentan sociedad de los Bush

Barrick Gold: Los envenadores atacan de nuevo.

Como una noticia del montón, la prensa publica el acuerdo fiscal binacional que ha posibilitado que la empresa Barrick Gold, cuyo paquete accionario seria en parte de la familia Bush y que ha sido radiada como opción para inversiones en la Comunidad Económica Europea por su poco apego a las normas de protección al medio ambiente, proceda a explotar el yacimiento aurífero de Pascua Lama. La información que llega de San Juan dice que Chile y la Argentina lograron ayer un acuerdo tributario que permitiría a la minera canadiense Barrick Gold iniciar los trabajos en Pascua Lama, uno de los mayores proyectos de oro del mundo, que demandará una inversión de 3000 millones de dólares. Nuestro gobierno, que ha demostrado su inconsistencia y demagogia seudo ambientalista en el caso de las pasteras de Gualeguaychú selló el acuerdo, en Buenos Aires mediante el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezzoa. Por Chile firmó el director de Servicios e Impuestos Internos Ricardo Escobar.
Ambos gobiernos tributarios del progresismo sellaron este negocio con una de las empresas mas representativas del capitalismo depredatorio global, confirmando una vez mas cual es el verdadero rostro de la izquierda de lengua latinoamericana.


El proyecto

Pascua Lama es un proyecto de desarrollo minero que consiste en la explotación a rajo abierto de un yacimiento de minerales de oro, plata y cobre, y su procesamiento para obtener como productos metal doré (oro, plata) y concentrado de cobre. El yacimiento se ubica en la Cordillera de Los Andes, sobre el límite internacional chileno-argentino, unos 150 kilómetros al suroriente de la ciudad de Vallenar, en la Comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, III Región. Las localidades más próximas son Chollay -por el Río Tránsito- y El Corral por el Río San Félix, ubicadas a 35 km y 55 km de distancia, respectivamente. En Argentina, el proyecto se ubica unos 300 kilómetros al norponiente de la ciudad de San Juan, en el Departamento de Iglesia, Provincia de San Juan.

En territorio chileno se desarrollará gran parte del rajo abierto y se construirá un botadero de estéril, un chancador primario, un complejo de mantención de equipos de mina y polvorín para el almacenamiento de explosivos. Estas obras se ubicarán en la cabecera del Río del Estrecho, tributario del Río Chollay, sobre los 4.400 metros sobre el nivel del mar.

En territorio argentino se desarrollará una porción menor del rajo y se construirá un botadero de estéril, las instalaciones de la planta de procesos, un tranque de relaves, los campamentos de construcción (para 4.000 personas) y operación (para 1.000 personas), además de un aeródromo privado.El mineral sera extraído a razón de 15 millones de toneladas al año.

País generoso: contaminación y facilidades económicas
Las leyes mineras sancionadas durante el menemismo y que aplica sin problema de conciencia este gobierno, son las que han posibilitado el desarrollo de un modelo extractivo y contaminante que va en detrimento de la ecologia y la salud de los pobladores en donde el mismo se desarrolla.

Así, este emprendimiento utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo –en una zona semidesértica– y 200 camiones de explosivos al mes.

Pascua Lama será el primer yacimiento en zona limítrofe –los gobiernos argentino y chileno crearon, en la década pasada, una ley que permite una zona franca minera–, puntapié para que una decena de empresas exploten montañas a lo largo de los 5000 kilómetros de cordillera. Podemos imaginarnos los niveles de contaminación en los rios y la destrucción de los yacimientos de agua natural (glaciares) que este emprendimiento produciran sin contar las consecuencias que acarrean las explociones permanentes en una zona de caracter sismico como es la provincia cuyana. Segun se ha denunciado ya antes de iniciarse el proyecto y de ser aprobado el acuerdo se estaban realizando explociones en la zona afectada.

Esta empresa como otras mineras han reconocido exultantes las ventajas de la legislación vigente. En primer lugar, aprovechan a rajatabla el Código Minero Argentino, por el cual el Estado (nacional, provincial o municipal) tiene prohibido explotar por sí solo cualquier yacimiento.

Las compañías mineras no tienen retención a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país, todo se dirige al exterior), no pagan impuestos a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta), ni tasas para la importación y gozan de estabilidad fiscal por 30 años. Existe toda una estructura jurídica que les garantiza a las compañías llevarse todo y dejar solo contaminación, destrucción y saqueo.

Como ejemplo de esto ultimo podemos dar la mina Cerro Castillo-La Angela en Río Negro que cerro en 1992 dejó cientos de desocupados, varias hectáreas contaminadas y arrasadas , secaron varios arroyos e incluso agotaron las fuentes de agua, con el agregado de explotar de forma inmisericorde a los trabajadores, a quienes ni proveia de elementos de seguridad minimos ocacionando la enfermedad y muerte posterior de muchos de ellos.

Algunos datos más

Resaltemos que hace unos días, Peter Munk, el jefe de la empresa envenenadora fue recibido por la Presidenta Kirchner junto con el Gobernador de San Juan Jose Luis Gioja. En noviembre Crishabía vetado la Ley de Glaciares, facilitando las cosas a estos magnates del oro.

Un dato de interes lo da el hecho de que el hermano del gobernador de esa provincia es propietario de una mina que provee a la Barrick. Gioja, en forma contradictoria apoyó la ley de glaciares solo por conveniencia politica pero no tocó en lo mas minimo la legislación minera ni propició hacerlo.

Este proyecto tiene cierta trascendencia en la prensa por la envergadura del mismo, pero existe ya en Argentina varias explotaciones mineras a cielo abierto con el cianuro como elemento principal de su metodo, de lo cuales nadie se ocupa y muy pocos mencionan, por lo que deberemos lamentar un altisimo costo en el futuro.
Ricardo Martín Bustamante

Red Patriótica Argentina

Familia Bush tiene paquete accionario en empresa minera Barrick Gold

                    Bush padre y Bush jr.

Según informaciones llegadas en exclusiva para Desde La República Dominicana, la familia de los ex-presidentes Bush de los Estados Unidos, tienen un paquete accionario invertido en la empresa minera de origen canadiense Barrick Gold. Llama la atención esta noticia porque dicha empresa está radicada en el país, siendo objeto en estos días de serios cuestionamientos el contrato que se firmó por parte de nuestros funcionarios, ya que el mismo, supuestamente, no dejará beneficios al país. De confirmarse esta aseveración tendríamos en República Dominicana a la familia Bush, como socios, aunque esto no nos represente ninguna ganancia.
John Goodman / Desde La República Dominicana

Comisión de la verdad para la deuda externa de República Dominicana

El representante del Banco Mundial en el país declaró que la actual administración rompió el record en materia de préstamos con esa institución.

“En los cuarenta años que llevamos trabajando en República Dominicana hemos aprobado unos 1,800 millones de dólares, de los cuales, casi 400 fueron en este último año”, dijo Roby Senderowitsch.

A diario la prensa informa sobre nuevos préstamos externos, estamos bajo los efectos de un vendaval de empréstitos sin que las autoridades se preocupen por frenarlo, e incluso los hemos vistos hasta sin cumplir los requisitos establecidos por la ley, como el caso Sun Land.

Los datos de la deuda externa que se manejan como un misterio, merecen ser ventilados públicamente. Se urge conocer su monto, los intereses que se pagan y cuándo vence cada empréstito.

Años van y años vienen y la deuda externa sigue incrementándose, sin que nuestros gobernantes muestren preocupación. Al final el pueblo paga los platos rotos.

A este problema hay que prestarle atención para evitar males mayores a la República, recuérdese lo ocurrido con la famosa Convención Dominico Americana de 1905, mediante la cual Estados Unidos intervino las aduanas para cobrar una deuda.

Si bien el endeudamiento externo ya rompió todos los records, esa montaña de dinero se transformó en sal y agua y no se sabe en qué se ha invertido.

El actual Congreso Nacional, dominado por el partido oficial sólo sirve para aprobar préstamos sin pensar en el pesado fardo que heredarán las próximas generaciones. Ese es su aporte al progreso del país.

Para transparentar todo lo que tiene que ver con la deuda externa se debe formar una comisión de la verdad, similar a la que presidió hace varios años Ernesto Sábato, en Argentina para estudiar los crímenes de la dictadura militar.

Su misión establecer en qué se ha invertido esa monumental suma de dinero tomada no sólo en la actual administración sino por las que hemos tenido desde la caída de Rafael Leonidas Trujillo.

Sin temor a equivocarme los 20 mil millones de dólares que adeuda el país se destinaron para cualquier cosa, menos para impulsar el desarrollo y, por supuesto, llenaron y llenan muchos bolsillos.
Eli Heiliger / Diario Libre
Dibujo: Red Patriótica Argentina

¿Y dónde está Cristóbal Colón?

Cristóbal Colón

La ubicación del cadáver del genovés es una controversia 517 años después de su llegada a América algunos dicen que los restos está en República Dominica y otros dicen que está en Sevilla

SANTO DOMINGO — Al celebrarse el 517 aniversario Descubrimiento de América, los dominicanos desvelaron el viernes la urna que contiene los restos de Cristóbal Colón, que se encuentran en un faro construido en su honor.

“El genio de Cristóbal Colón llegó a ser, y sigue siendo el símbolo del recodo que cambió el curso de la historia”, manifestó en un acto el director del Faro a Colón, Andy Mieses.

Colón dejó expresamente establecida en su testamento la voluntad de descansar para siempre en lo que hoy es la República Dominicana, que descubrió el 5 de diciembre de 1492, en su primer viaje al Nuevo Mundo.

Una serie de sucesos generaron una confusión histórica que llevó a especialistas españoles a afirmar que en realidad los restos de Colón descansan en Sevilla, España, y no en República Dominicana.

Los españoles se basan en una serie de pruebas que las autoridades dominicanas objetan.

Los dominicanos sostienen que el cuerpo del almirante descansa en el monumento inaugurado en el 1992 a propósito de la celebración del quinto centenario de su llegada a la isla.

Una caja encontrada en la catedral dominicana en 1877 tenía 13 fragmentos de huesos grandes y 28 pequeños, y una inscripción que decía: “El distinguido e ilustre don Cristóbal Colón”.

La teoría que favorece a Sevilla indica que en 1795 sus restos fueron trasladados de Santo Domingo a La Habana, Cuba, donde estuvieron hasta 1898, cuando explotó la guerra entre España y Estados Unidos. Entonces, fueron supuestamente llevados a la ciudad española.

No obstante, los dominicanos mantienen que los españoles se equivocaron de cuerpo en 1795 al llevarse otro a Cuba y que Colón permanece en el faro de la ciudad.

CNN Expansión

Frases célebres: Diputado Alfonso Crisóstomo

“Que lo sepa la opinión pública que tengo a mi papá en la nominilla y nadie me va a sacar a ese viejo que come de su hijo, ni Valentín me lo saca”, 

+ El abogado Alfonso Crisóstomo Vásquez es diputado por el PLD, estas palabras fueron en alusión al presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín. Su padre cobra RD$5,000 mensual como jefe de fumigación. Refirió que además su hermano es su chofer,  porque “hizo campaña conmigo”.

John Goodman / Desde La República Dominicana