Si el gobierno acoge propuesta de la DGII, pagarán impuestos desde el cazabe hasta los libros de autoayuda
SANTO DOMINGO, República Dominicana. - La promesa del presidente Danilo Medina de potenciar el crecimiento de la clase media como expresión del desarrollo de la economía, podría ser remitida a las calendas griegas si la “propuesta de reforma tributaria en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo”, hasta ahora confidencial, es convertida por el Congreso en la reforma fiscal de la que se habla.
El marco de referencia de la propuesta es la baja presión tributaria en la República Dominicana, cuyos porcentajes manejados por las autoridades ha discutido el empresariado. El objetivo es elevarlo del 14,98 % en 2013 al 16 % en el 2016.
Siete líneas gruesas definen el proyecto –si exceptúa el político de poner el sistema tributario al servicio de los objetivos de desarrollo del gobierno del presidente Medina—y todas tienen como fundamento la conversión de la Dirección General de Impuesto sobre la Renta en una verdadera policía fiscal.
La quinta de estas “líneas” define el espíritu de la propuesta: “Gravar la mayor cantidad de ingresos, (manteniendo la tasa actual del ISR a las empresas, gravando los intereses de Personas Físicas y la distribución de los beneficios de las empresas), para aumentar la participación de los impuestos directos en el total del recaudo, a tono con las prácticas del mundo desarrollado. Esto permitirá que se afecten más los que más tienen”.
Y en ese ánimo de gravar a los que más tienen, la propuesta también plantea “la ampliación de la base de ITBIS de los bienes y servicios consumidos en su mayoría por las personas de mayor ingreso”. Para evitar, dicen los proponentes, que la ampliación del impuesto afecte a los quintiles más bajos, la solución es gravar por tipo de producto y no por código arancelario.
¿Qué se gravaría siguiendo esta pauta? La lista es larga: aceite de maní, mantequilla de maní, otras grasas comestibles, aceite de palma africana, aceite de coco, aceite de mantequilla, melaza, azúcar en polvo, sucedáneos del azúcar, azúcar líquida, arroz superselecto o premium, cereales de trigo, cereales de arroz, cereales de frutas, maíz en mazorca envasado, germen de trigo, arroz en cáscara y sémola de trigo.
Continúa con lechoza, piña, manzanas, uvas rojas, fresa, melón cantalupe redondo, zapote, mandarina, pera, harina de plátano, leche evaporada, leches reforzadas con hierro y minerales (fórmula infantil), queso de hoja, queso crema, queso danés, queso holandés, leches con aditamentos vitamínicos, queso de bola, desinfectantes, suavizante de ropa, libros religiosos, helados (barra, tartas heladas), helados de fruta a base de leche, hielo industrializado, helados de sabores artificiales, libros de crecimiento personal, bizcochos, galletas de harina, empanadas, pan de sándwich, pan integral, cazabe, pastelitos, pizzas, otras galletas, pastas integrales, tallarines y lasaña.
La lista termina con pescado congelado fileteado, pescados frescos (no fileteado), carne preparada, para bistec, tilapia, mero, jamón cocido, carne de chivo, carite, jamón bolo, jamoneta, colorado, pescado fresco fileteado, lechuga repollada, brócolis, remolachas, pimientos morrones, vainitas chinas, nuez moscada, berro, anís, garbanzos.
Además, se gravarán las compras por internet, incluso con valor por debajo de los 200 dólares, hasta ahora exentas. Un golpecito al plexo de la adquisición por la clase media de bienes de calidad a menor costo que en el mercado local.
Tampoco podrá la clase media, sobre todo la baja, animar sus viernes en el colmadón; ni la clase media profesional alardear de sus conocimientos enológicos: la DGII propone ampliar el selectivo “a las bebidas alcohólicas sin variar el precio relativo entre ellas”. La coletilla es lo de menos.
ISR a las personas físicas
La propuesta preparada por la DGII y presentada en julio pasado también busca dinero en los bolsillos de los empleados de todas las categorías y en los profesionales liberales. De ahí que para “evitar distorsiones” se igualará la persona física a la persona moral: pagará un impuesto sobre la renta aumentado a 29 %.
Y si acaso tienen una cuentecita de ahorro o cualquier otro producto financiero por los que reciban intereses, deben ir sabiendo que, de aprobarse esta propuesta, pagarán un interés de un 10 % definitivo. Y no tendrán manera de escabullirse porque los bancos “deberán reportar los datos de los montos recibidos”. Y según una nota a pie de página, esta obligación de las instituciones financieras no violará el secreto bancario porque “(…) no se reportarían la cuenta ni los movimientos de las personas. El secreto bancario no existe para la Administración Tributaria, solamente existe un mecanismo de obtención de información a través de la Superintendencia de Bancos).
El documento, de 63 páginas, es prolijo en las medidas que deben ser tomadas según cada sector contribuyente. Frente a sus propuestas, que serán dadas a conocer todas por 7dias.com.do, la advertencia de Reinaldo Pared Pérez de que llegó el momento de “apretarse el cinturón” es una canción de cuna.
Margarita Cordero
7dias.com.do
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