Hace un tiempo considerable que clientes del Banco Peravia habían denunciado a las autoridades de la Superintendencia de Bancos y al Ministerio Público las dificultades que confrontaban con sus valores puestos en manos de los dueños o manejadores de ese banco.
Recientemente, un cliente con una alta inversión en esa empresa denunció que varios individuos, actuando por cuenta de los ejecutivos de ese banco, intentaron sacarlo violentamente del hotel donde se hospeda en el Distrito Nacional. Y ahora revela que en la acción actuaron un oficial activo y otros uniformados por órdenes de los defraudadores de dicho banco.
Más todavía, también se ha develado que al menos en la Fiscalía del Distrito Nacional fueron registradas denuncias o querellas sobre las operaciones de ese banco, pero hasta donde se ha sabido, la acción pública nunca fue movida.
Pero la fiscal Yeni Berenice Reynoso afirma que no actuó porque para proceder contra la institución financiera requería un apoderamiento o información de la Superintendencia de Bancos. También dice que trabaja conjuntamente con la Superintendencia para determinar el alcance del delito, que “puede ser fraude, lavado de activos, abuso de confianza, distracción o mal manejo de dinero...”
Asimismo, resulta incomprensible la falta de información de la Superintendencia de Bancos ante una situación ya de por sí escandalosa. Sólo de la Superintendencia de Seguros se ha sabido que intervino una aseguradora de dicho banco que presentó problemas de liquidez e incumplía compromiso con sus clientes desde 2013.
Como simples observadores, a cualquiera se le puede ocurrir que las autoridades, al menos han sido poco diligentes.
¿Cómo, si conocían desde hace tanto tiempo la situación, los principales ejecutivos de ese banco huyeron del país? ¿Cómo es que se proceda frente a terceras personas, con allanamientos y espectacularidad, cuando oportunamente debieron hacerlo contra los responsables de la situación ahora conocida, si ya sabían?
Se nos ocurre que estamos ante un comportamiento extraño, para no hacer una valoración excesiva, sobre todo por lo diligentes que suelen ser las autoridades. Tanto, que en ese afán, a veces se llevan de encuentro las normas del debido proceso.
Editorial
elCaribe
http://www.elcaribe.com.do/2014/12/01/extrano-proceder
