Odebrecht y la justicia dominicana
Ya la justicia norteamericana llegó a la conclusión de que Odebrecht sobornó a funcionarios dominicanos para obtener obras y esta conclusión fue confirmada por la confesión de la propia empresa brasileña, por lo que ahora le toca el turno a la justicia dominicana y prima en el ambiente el escepticismo y la indignación.
El inicio de la investigación comenzó retrasado, pues el rumor público, nacional e internacional, hace largo tiempo que difundía la corrupción generada por Odebrecht en varios países, incluyendo la República Dominicana. Fue necesario aguardar que las investigaciones en Estados Unidos produjeran resultados concretos, como fue el documento de acusación presentando por los fiscales norteamericanos en diciembre pasado, para que entonces se iniciara la investigación en la mayoría de los once países donde la justicia norteamericana reveló que la empresa había sobornado a funcionarios públicos.
Desde entonces la mayoría de los países afectados por los sobornos confesos de Odebrecht (Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y República Dominicana), han iniciado investigaciones, a sabiendas de que no podían hacer otra cosa dada la magnitud del escándalo.
El Procurador General de la República citó a Odebrecht en diciembre. Como el principal ejecutivo local de esta empresa estaba fuera del país hasta principios de enero, se fijó la cita para el martes 10 de enero. Se corría el riesgo de que la empresa aprovechara el tiempo para borrar de sus archivos locales, físicos y digitales, toda evidencia relacionadas a los sobornos ya confesados.
La entrevista se llevó a cabo a puertas cerradas, como debe ser, y el resultado fue la ratificación de que en nuestro país hubo soborno por un monto de al menos 92 millones de dólares, que fueron entregados al empresario dominicano Ángel Rondón. El documento de la justicia norteamericana dice con respecto al caso dominicano: “… ODEBRECHT pagó sobornos a un intermediario encargado de interactuar con el gobierno, bajo el entendido de que el intermediario pasaría los fondos, en parte, a funcionarios del gobierno…”. La Procuraduría otorgó un plazo de tres días a la empresa para que entregara la evidencia que tuviera al respecto e identificara a los funcionarios públicos sobornados. Este lunes, la empresa entregó los documentos que ahora la Procuraduría estudia.
De inmediato se citó al señor Ángel Rondón para el día siguiente, miércoles 11 de enero, pero al ser divulgado a través de los medios el nombre de la persona que había distribuido los sobornos, se le dio tiempo para que pudiera disponer de cualquier evidencia a su conveniencia.
Es importante resaltar que aquellos comunicadores identificados con el gobierno salieron en su mayoría a defender al señor Rondón, de una manera a veces agresiva, incluso insultando al Procurador General de la República, lo que es un hecho bastante elocuente.
Le tocó el turno para ser interrogado al señor Angel Rondón, que compareció junto a sus abogados José Antonio Columna y Tony Delgado, y presentó su tesis (o coartada) de que efectivamente recibió los 92 millones de dólares (o una suma similar), pero por concepto de comisión en su calidad de Representante Comercial de Odebrecht en el país.
El caso es tan malo que no pudieron presentar otro argumento más creíble. La Procuraduría le pidió que presentara las pruebas del contrato, el recibo de los fondos, pero sobre todo el destino de los mismos, pues ese dinero debió entrar en cuentas bancarias personales o de compañías bajo control del señor Rondón, y debe permanecer allí o haber sido transferido de cualquier forma a un destino cierto que debe ser demostrado.
La Procuraduría deberá solicitar, por los canales correspondientes, las evidencias de que el señor Rondón, o la compañía suya que haya hecho las operaciones, declaró cada año los ingresos recibidos de Odebrecht por este concepto, que pagó el ITBIS y el impuesto sobre la renta correspondiente y que posee toda la documentación contable que sustenta su afirmación. El señor Rondón confronta aquí el mismo problema que tuvo Félix Bautista, cuya situación fiscal difería radicalmente de sus proyectos inmobiliarios multimillonarios, pero recordemos también que por una situación similar cayó preso Al Capone. Y es que sea a título personal o a través de la compañía que firmó el contrato con Odebrecht, esos pagos por “comisiones” debieron ser declarados anualmente a la DGII para los fines de pago de los impuestos correspondientes.
El señor Rondón ha tenido tiempo de organizarse para resistir un allanamiento sin mayores consecuencias, pero tiene un problema mayor que resolver: podrá demostrar que el dinero entró en sus cuentas, pero no hacia dónde fue dirigido, excepto que un incendio haya devorado los documentos relacionados con tales transferencias. Y aquí está la fortaleza de las autoridades que dirigen la investigación: deberán requerir la colaboración de la Superintendencia de Bancos para indagar el movimiento de esos fondos en la banca nacional, pero además, a través del órgano supervisor, solicitar colaboración de los órganos de los países donde estén radicados los banco a dónde fueron a parar los fondos en cuestión.
Ya las autoridades norteamericanas siguieron este camino y obtuvieron, por ejemplo, la colaboración del órgano supervisor bancario de Antigua, donde estaba radicado el banco comprado por Odebrecht para recibir y transferir los fondos de los sobornos (¡Pues hasta un banco compró!). La empresa brasileña trató de evitar que se entregara la información y ofreció 4 millones de dólares en sobornos a las autoridades de Antigua, pero ya el escándalo era demasiado grande y no pudieron evitar que esa información fuera a parar a manos de los fiscales norteamericanos.
La ley dominicana permite al Estado recuperar el duplo de los valores utilizados para el soborno, que serían 184 millones de dólares. También se le podría reclamar que devuelva los beneficios obtenidos por los contratos corruptos, suma que asciende a 166 millones de dólares y además deberían revisarse los aumentos en los montos de las obras, que con toda seguridad comportan una seria sobrevaloración, todo lo cual sobrepasaría con creces los 400 millones de dólares.
Ninguno de los 17 contratos obtenidos por Odebrecht en el país desde el 2001 está exento de sospecha y existe la posibilidad de que todos o por lo menos una buena parte de ellos haya sido obtenidos a través de este esquema de corrupción, que se encuentra bastante generalizado en nuestro país y no es exclusivo de la empresa brasileña.
Este caso representa un enorme reto para el país, para la ciudadanía, para el gobierno, para el ministerio público, para la justicia. El Procurador General de la República está actuando y generando expectativas y debe estar consciente de que no puede defraudar a la ciudadanía que sigue con mucho interés este caso. Ha sido, es y será un caso que seguirá vivo a pesar de los esfuerzos que se hagan por enterrarlo, pues seguirán llegando noticias de fuera que obligarán a tenerlo presente.
Francisco Álvarez Valdez
Acento
