Una encuesta de Gallup le da a Danilo Medina una popularidad del 52% igual que en 2016 le dieron 63% para las elecciones. No es para reírse, ni tampoco para llorar. El PLD repite, una y otra vez aquellas acciones y medidas que le salen bien. Medina no tiene ningún 52% pero eso es lo que ellos quieren que nosotros creamos. Nunca tuvo un 63% pero esa era la percepción que ellos necesitaban. Así instrumentaron el fraude electoral ya diseñado, para que la gente creyera que el resultado de las elecciones se correspondía con las predicciones de las encuestas que el PLD usa no para reflejar situaciones sino para inducirlas.
Ya las plumas pagadas empezaron la defensa del señor Medina. Tiraron un primer pelotón de plumíferos cuya vinculación con el gobierno no ha sido tan notoria. Saben que algunos nombres que antes emplearon en vez de sumar, restan. La defensa de Medina la asumirán esas voces pagadas. Quieren evitar que Medina salga a defenderse a sí mismo porque ellos lo consideran indigno de su investidura y peligroso porque elimina la intermediación necesaria para disponer siempre de un chivo expiatorio.
Acudirán al desmentido del expediente acusatorio sin referirse a él. Si una encuesta dice que Medina tiene un 52% no hay que ponerse a discutir sobre los detalles del caso ODEBRECHT porque el dato mismo tiene la intención de mostrar un prestigio inexistente. Discutir detalles del caso implica de alguna manera validarlo. Ellos no quieren hacer eso. Cero detalles, varias encuestas fabricadas y pasemos la página.
La acusación de corrupción en Punta Catalina que ellos creen directamente vincula ODEBRECHT al señor Medina, esperan disolverla con el acuerdo confidencial de la procuraduría. Convenientemente, el gobierno y sus voceros deciden ignorar que la información acusatoria y comprometedora procede de la confesión judicialmente validada en EEUU y Brasil de la misma ODEBRECHT y que, los 92 millones pagados en soborno (¿a quiénes sobornaron?) son apenas la punta del iceberg detrás o debajo de la cual está otro número aterrador: 56 de cada 100 dólares facturados por ODEBRECHT fueron a parar a los bolsillos de los funcionarios (¿cuáles fueron?) y nunca a las obras que supuestamente estaban contratadas. Estamos en presencia de un robo descomunal en su monto, descarado en su forma y documentado en todas sus partes porque ha sido la misma empresa la que así lo atestiguó. Quieren reducir el caso al delito de ODEBRECHT y resolverlo en una multa ocultando el entramado de corrupción, los funcionarios involucrados y la red que, desde Joao Santana y quizás antes, vincula al señor Medina con esta corrupción.
El Dr. Francisco Álvarez Valdez en ACENTO atacando al Procurador, la ilegalidad del acuerdo y las limitaciones del mismo precisa: “Una cosa es pagar una multa y otra cosa muy diferente es resarcir los daños ocasionados a la víctima, que en este caso es el Estado dominicano (el pueblo dominicano). La suma indemnizatoria debe incluir (a) los beneficios que la propia Odebrecht ha confesado que ha obtenido de los contratos corruptos y que ascienden a 163 millones de dólares, (b) las sobrevaluaciones en las obras que aún se encuentran sin cuantificar, y (c) el costo financiero del dinero público que estuvo manejando Odebrecht por largo tiempo”. Pero el caso contiene una confrontación de mayor envergadura en la que el poder apuesta a ganar tiempo y al olvido mientras la sociedad civil define sus intenciones, precisa un objetivo y tensa sus fuerzas para conseguirlo.
El gobierno necesita disolver el escándalo, desacreditar la denuncia y desmovilizar la protesta para regresar a lo de siempre; buscan intimidar a sus opositores levantando el espectro de amenaza a la paz, la democracia, las instituciones y el estado de derecho, que ellos violan y aspiran a hacerlo sin enfrentar el reclamo ciudadano. El gobierno quiere más de lo mismo, que siga la fiesta, justamente, lo que ha indignado a tanta gente.
La sociedad civil necesita mantener la protesta, levantar el ánimo de la población, dar demostraciones reiteradas de fuerza y de determinación que, en buena ley, deberían obligar a cualquier gobierno a rectificar, a un presidente a renunciar, a un congreso a actuar, a una judicatura a proceder. No obstante la oportunidades que han tenido todavía habrá que darle otras. Pero sabemos que eso no sucederá.
Entonces . .
El gobierno crea una situación extraordinaria en materia de violación de la ley porque se convierte en abanderado del delito. La población protesta pero esas protestas, si continúan –y deberían continuar- en ausencia de una respuesta satisfactoria también van a crear una situación extraordinaria en medio de la cual, el gobierno del señor Medina sea obligado a escoger entre: la revuelta civil fuera de control, sangrienta y de resultados impredecibles o el equivalente a un revocatorio anulando las elecciones, o en una ligera modificación de aquello convocando a nuevas elecciones para el 2018.
La gente tiene miedo a la palabra crisis, desobediencia, tumbar gobiernos, pedir renuncias, etc. Entonces será esa misma gente, esa misma sociedad la que, tarde o temprano, por hastío llegue a la conclusión de que por las vías institucionales previstas no tiene nada que esperar. Si así fuera, el único culpable es el propio gobierno y lo es por partida doble: por estar en falta y por negarse a corregir.
Muchas personas, entendieron y simpatizaron con la propuesta de anular las elecciones que mencioné en artículo anterior pero preguntaban: ¿cómo podría hacerse eso si la figura no existe en la Constitución y el revocatorio fue expresamente excluido de la reforma?
En nuestra historia constitucional se ha visto como una constitución es sustituida por otra mediante una asamblea constituyente aún cuando ese mecanismo no estaba consagrado. La base de eso es que si la soberanía corresponde al pueblo que mediante el poder constituyente la crea , esta, que es mayor que el poder constituido es omnipotente y dinámico , no se ata a como haya sido su expresión en el pasado.
Cuando un gobierno además de su origen ilegítimo viola reiteradamente la Constitución, el pueblo no tiene porque reducir su pedimento a los límites impuestos por la Constitución violada. En presencia de una crisis extraordinaria de gobernabilidad – que es donde esto debería desembocar- el gobierno debe ser presionado hasta el límite y ser forzado a elegir entre la matanza o la renuncia. Pero antes de llegar ahí, el pueblo tiene que estar dispuesto a darse a respetar en el reclamo de sus derechos y demostrarlo. El gobierno hará todo lo posible por impedir esa crisis extraordinaria. La sociedad civil si de verdad está harta y hastiada de abusos, deberá hacer todo lo posible por producirla.
Cada país vive sus propias crisis a su manera. Pero no hay nada nuevo bajo el sol y nada decimos, pensamos ni hacemos que no haya sucedido ya antes. Pero, con lo que nos ha hecho el PLD y lo que hemos permitido nosotros que nos hagan, bien merece el país una crisis de envergadura. Si los dominicanos quieren reclamar para si algo de respeto y enarbolar la dignidad y la vergüenza que sus presidentes, legisladores, jueces y funcionarios no tienen, tendrá que hacérselo saber a esos señores en cada foro internacional, en cada instancia legal aunque estén compradas y en la calle,. No hay de otra.
Melvin Mañón
