Organizaciones sociales y populares de Villa Trina, en la provincia Espaillat, paralizaron durante 48 horas las actividades en esa comunidad, en reclamo de una serie de obras que sus habitantes vienen demandando desde hace décadas.
Y como parte de esa jornada de protesta, que concluyó ayer, sus organizadores realizaron una marcha-caminata hasta la gobernación provincial, en Moca, donde esperaban entregar un documento contentivo de sus demandas y reclamos.
Era, más que cualquier otra cosa, un acto simbólico dada la condición de representante del Poder Ejecutivo que se le supone al gobernador, pero no fueron recibidos por el funcionario. El desplante no parece un hecho fortuito sino parte de la política de indiferencia que el Gobierno está aplicando a las comunidades que reclaman con huelgas, protestas y movilizaciones que se ponga atención a sus problemas y necesidades.
Así sucedió en Monte Plata, donde el Observatorio Prodesarrollo de esa provincia dio un ultimátum al Gobierno para que presente un plan integral de soluciones a los principales problemas que enfrentan sus habitantes, luego de que las autoridades dieron la callada por respuesta a la huelga que paralizó esa provincia durante dos días.
Y también en La Altagracia, donde los organizadores de una huelga en reclamo de que se termine la construcción del acueducto que se inició hace diez años todavía están a la espera de que alguna autoridad se les acerque para discutir la posibilidad de satisfacer sus demandas.
Un Gobierno que controla “todos los poderes” y que da la reelección del presidente Danilo Medina como un hecho fácilmente cae en la tentación de creer que puede darse el lujo de ignorar, sin ninguna consecuencia, las justas demandas de esas y otras comunidades que no tiene otra forma de llamar su atención que no sea protestando, un error de bulto que podría costarle al PLD unos cuantos senadores, diputados y alcaldes.
Claudio Acosta
Hoy
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