Soberanamente, República Dominicana ha mantenido por cien años una política migratoria irresponsable, de frontera abierta a la trata humana, de corrupción y complicidad que ha resultado en una migración desbordada de haitianos indocumentados.
Soberanamente, el Gobierno Dominicano y muchos empresarios en la agricultura y la construcción han empleado esos inmigrantes porque son más baratos que los trabajadores dominicanos.
Soberanamente, República Dominicana mantuvo toda esa población inmigrante indocumentada con salarios bajos; y como toda especie, esos inmigrantes se reprodujeron; y al ser muy pobres, sus descendientes también son mayoritariamente pobres.
Soberanamente, el Tribunal Constitucional, siguiendo previo veredicto de la Suprema Corte de Justicia, emitió la Sentencia TC 168-13 que declaró indocumentados a todos los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano, retroactivo hasta el año 1929. Así, toda la prole junto a los padres quedaron indocumentados.
Soberanamente, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso la Ley 169-14 para enmendar el daño causado por la Sentencia TC 168-13 a muchos descendientes de inmigrantes indocumentados, incluidos los que tenían documentos legalmente emitidos por una entidad del Estado Dominicano. Esa ley fue aprobada y aplicada.
Soberanamente, el Congreso Dominicano aprobó en agosto de 2004 la Ley Nacional de Regularización de Extranjeros, pero nadie realmente la ejecutó hasta que se armó el titingó por la Sentencia TC 168-13 a fines de 2013.
Soberanamente, la mayoría de los dominicanos no quiere a los haitianos en territorio dominicano, pero después que el Gobierno Dominicano permitió que entraran, y junto con muchos empresarios los emplearon, no es tan fácil sacarlos, ni siquiera vociferando.
Soberanamente, el Gobierno Dominicano solicitó que la Asamblea General de la OEA del año 2016 se realice en República Dominicana. ¿Para qué si está inmerso en una disputa con esa organización?
Soberanamente, el Gobierno Dominicano tiene que deportar los inmigrantes indocumentados que no se acogieron al Plan de Regularización, so pena de incumplir una vez más la ley y dejar al pueblo agitado esperando las anunciadas deportaciones.
Soberanamente, el Gobierno Dominicano tiene que proceder a deportar aunque circulen fotos por todo el mundo de muchos inmigrantes caminando bajo el mismo trayecto del sol, llenos de pobreza y sudor, y aunque eso produzca internacionalmente lamentación o indignación.
Soberanamente, el Gobierno Dominicano puede enviar toda su diplomacia a decir que República Dominicana no puede cargar con los pobres haitianos que consumen el presupuesto en salud. Y soberanamente el Gobierno puede omitir que esos inmigrantes cruzaron la frontera con la complicidad de las autoridades dominicanas, y fueron empleados por el Gobierno en el CEA y en las construcciones del Metro, túneles, carreteras y elevados.
Soberanamente, el Gobierno Dominicano puede engañar al pueblo dominicano diciendo que van a deportar, hacer algunas redadas, y luego dejar todo igual porque esa mano de obra barata e indocumentada la usa el Gobierno y los empresarios en el agro y la construcción.
Soberanamente, si el Gobierno Dominicano realmente quisiera que los haitianos se fueran, podría obligar a los empresarios, incluido el propio Estado, a emplear fundamentalmente trabajadores dominicanos. Pero ojo: eso rápidamente aumentaría los salarios, y ahí no quieren verse ni el Gobierno ni los empresarios porque subirían los costos de producción y se reducirían las ganancias.
Culpar a otros países y organismos internacionales del problema migratorio dominicano puede emborrachar de nacionalismo hasta a los más connotados abstemios, pero no contribuye a solucionar un problema grave de la economía dominicana: la adicción a la mano de obra barata.
La explotación es amiga de la soberanía solamente cuando la soberanía contribuye a mantener la explotación. Es así en República Dominicana, en Haití (aún peor) y en cualquier otro confín.
Rosario Espinal
Hoy
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