Hubo épocas en que la imputación de profesar la ideología comunista era el arma de chantaje usada por las autoridades contra jóvenes con inquietudes sociales. Era el recurso de la falacia puesto al servicio de la represión política. Tras el desplome de la Unión Soviética, el comunismo fue a parar al rincón del olvido y dejó de servir como instrumento de perversidad y abuso. Pero la práctica no murió, simplemente cambió de recurso. Entonces vino la acusación de posesión de drogas como ariete para la extorsión, igualmente perversa.
El caso del activista social de Moca, Juan Comprés, ilustra cómo la autoridad, valiéndose de una falaz imputación de posesión de drogas, pretende desacreditar y sacar de circulación a gente que profesa criterios que fustigan ideas o prácticas del gobierno de turno. El blanco, a través de la trama contra Comprés, era el movimiento que promueve la marcha verde y exige el cese de la impunidad y la corrupción. Son nuevos los actores, pero la práctica es vieja.
Casa Abierta, una institución respetable por su trabajo contra la adicción a las drogas, confirma que recibe frecuentes denuncias de que miembros de la Policía y la DNCD colocan drogas a jóvenes para exigirles dinero por su libertad. Los que no pagan, cargan con una imputación basada en falsedad y eventualmente una condena. ¿Quién se fía de una autoridad falaz?
Editorial Hoy
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