Hipólito Mejía.
Santo Domingo, R.D.
29 de mayo de 2012
Señor
José Miguel Insulza
Secretario General de la Organización de Estados
Americanos (OEA)
Su despacho.-
Asunto : Informe sobre los graves hechos contra la voluntad popular ejercidos por el Gobierno de la República Dominicana en las elecciones del 20 de mayo de 2012.
Señor Secretario General:
La República Dominicana acaba de realizar el escrutinio para elegir el Presidente y Vicepresidente de la República para el período 2012-2016. Quien suscribe participó en el mismo en representación del Partido Revolucionario Dominicano y una coalición de fuerzas aliadas, optando a la primera magistratura de la nación.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos se hizo presente en estas elecciones a través de una Misión de Observadores encabezada por el ex presidente de Uruguay, Dr. Tabaré Vásquez.
El proceso recién concluido, en el que la Junta Central Electoral ha dado como ganador al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Ing. Danilo Medina, es el resultado de una cadena de acontecimientos donde se violentaron leyes, reglas y normas de aplicación obligatoria en las naciones que sustentan su existencia en los principios de un Estado democrático y participativo.
A la luz de la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos civiles y políticos y las leyes de la República Dominicana, antes, durante y después de transcurridas estas elecciones se cometieron irregularidades que alteran el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, así como el resultado de las mismas, en menoscabo de los preceptos legales nacionales y supranacionales que norman y regulan esta materia, y en franca violación del espíritu de la Carta Democrática Interamericana.
Para ilustrar y sustentar estas afirmaciones, en virtud de lo enunciado en el Artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana, me permito exponer lo siguiente:
1. En octubre de 2010 el Senado de la República, compuesto por 31 senadores oficialistas y uno del Partido Reformista Social Cristiano, constituyó la nueva Junta Central Electoral, presidida por el Lic. Roberto Rosario Márquez, miembro prominente del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (oficialista). El Tribunal electoral pasó de cinco a nueve miembros, de los cuales solo al juez Eddy Olivares se le relaciona con el Partido Revolucionario Dominicano.
Esta nueva JCE se constituye luego del retorno del Presidente Leonel Fernández de un viaje por Estados Unidos, y un día después que se reuniera el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el Presidente Leonel Fernández.
Ante ese escenario el movimiento denominado Participación Ciudadana criticó duramente que la JCE fuese copada por dirigentes de partidos políticos, entendiendo que con estas acciones, Fernández y el Comité Político de su partido garantizaban la parcialidad del tribunal de elecciones en favor de su organización política mientras que la oposición debía contentarse con un premio de consolación.
2. En septiembre de 2011 el presidente de la República Dr. Leonel Fernández, durante un encuentro en el hotel New York Palace con dirigentes locales de su organización, admitió públicamente que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se encontraba en desventaja en todas las encuestas de intención del voto, y dijo que su partido volvería a ganar las elecciones del 2012 porque ya no existía la limitación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de gastar 40 mil millones de pesos equivalentes a 1,025 millones de dólares, dinero que seria utilizado en la campaña proselitista de su partido.
El mandatario dijo, que además de esos dineros, dispondría de recursos para ejecutar un plan nacional de pavimentación para lo cual le pidió ayuda al canciller de Venezuela Nicolás Maduro, para que enviase al país millones de barriles de AC-30, que es con lo que se hace el asfaltado y con eso pavimentar medio país, lo que leayudaría de nuevo a conquistar el apoyo público”.
Manifestó que se llevaría a cabo también un plan nacional de distribución de alimentos con una repartición diaria de 30,000 raciones de comida cocida, equivalente a 10 millones de porciones en nueve meses, a un precio módico de entre RD$2 y RD$3 pesos, y 900 plazas para distribuir productos agropecuarios.
Expresó que mejorando la seguridad ciudadana, pavimentando y bacheando las calles de los barrios y con un programa nacional de alimentos, el partido de gobierno no sólo mejoraría su posicionamiento electoral en el país, sino que ganaría nuevamente las elecciones en el 2012.
En realidad, el uso y abuso de recursos del Estado en favor de la candidatura oficialista sobrepasó las propias expectativas del Presidente de la República quien debió ser garante del libre ejercicio del sufragio de los ciudadanos, sin embargo, todas sus acciones estuvieron claramente dirigidas a perturbar el proceso electoral con una intromisión ilegal en el mismo, poniéndose al margen de sus obligaciones como Jefe de Estado de garantizar la equidad para los actores del proceso.
Las diferentes instancias sometidas a la Junta Central Electoral por el Partido Revolucionario Dominicano y otras organizaciones políticas opositoras para que se detuviera el uso abusivo de los recursos del Estado por parte del Presidente de la República y el Gobierno a favor de su candidato Danilo Medina, jamás fueron atendidas por el Pleno de la Junta Central Electoral, lo que constituye una prueba irrefutable de la parcialidad del organismo encargado de la organización de los comicios. (Ver documentos de soporte)
3. En Diciembre de 2011 el Consejo Nacional de la Magistratura, y por mandato de la reforma constitucional de enero de 2010, constituyó el nuevo Tribunal Superior Electoral (TSE), como órgano jurisdiccional en materia electoral, que asume las funciones de la anterior Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE). Este organismo, está constituido por cinco jueces y sus suplentes, todos parciales al Partido de la Liberación Dominicana (oficialista), a la vez que el Consejo Nacional de la Magistratura es presidido por el Presidente de la República y todos sus miembros formaban parte de la camarilla oficial.
4. Durante todo el proceso electoral el Gobierno utilizó ingentes recursos para ejercer un control monopólico de los medios de comunicación, cerrando el acceso a los mismos a los partidos opositores e impidiendo un tratamiento justo y equilibrado.
Para mantener el cerco mediático el Gobierno, por su parte, gastaba la friolera de más de 800 millones de pesos mensuales (20.5 millones de dólares), además de los dineros que invirtió en su campaña proselitista el candidato del oficialismo.
La ONG Participación Ciudadana evaluó el gasto electoral en 88% contra 12% para la proporción de los dineros invertidos por el Partido de la Liberación Dominicana vs. el Partido Revolucionario Dominicano durante la campaña electoral.
Para destacar la magnitud de la brutal participación del Presidente Leonel Fernández y su gobierno en la campana política, este utilizo mas de 60 mil millones de pesos (1,532 millones de dólares, independientemente de lo que utilizo el partido de gobierno (PLD).
5. Antes y durante el proceso electoral el aparato represivo del Estado fue utilizado para doblegar la voluntad de los votantes de la oposición en todo el territorio nacional. La agresión física, la intimidación, arbitrariedades, allanamientos ilegales, persecución y demás acciones que en rol abiertamente político llevó a cabo el Ejército y la Policía, en menoscabo de los derechos y garantías que constitucionalmente amparan a todos los ciudadanos en condición de igualdad, fueron vulnerados por el Presidente de la República, quien abusó de las atribuciones que le confiere el Artículo 128 de la Constitución, ordenando al Ministro de la Fuerzas Armadas y al Jefe de la Policía Nacional que emplearan oficiales bajo su mando en las operaciones antes mencionadas.
Para la ejecución de esta orden recibida del Jefe de Estado, el Ministro de las Fuerzas Armadas se reunió con el Estado Mayor y los comandantes de brigadas y regiones el sábado 19 de mayo, a las 10 de la mañana, en la Sede del Ministerio, donde se distribuyeron los oficiales generales que trabajarían en cada provincia como soporte militar de las actividades de compra de cédulas, apresamientos y persecuciones de los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano.
Los servicios de inteligencia del Estado fueron puestos a disposición del Partido de la Liberación Dominicana, espiando por medios físicos y electrónicos a la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano, sin orden válida de los tribunales de justicia sustentada en un expediente con fuerza de Ley, lo cual incluyó al Candidato Presidencial y a los altos dirigentes de esa organización política, vulnerando sus derechos legales y constitucionales.
Supuestas conspiraciones contra la vida de dirigentes políticos y periodistas de reconocida trayectoria, como lo fue el caso de la investigadora Nuria Piera, fueron dadas a conocer por el Gobierno Dominicano, con la pretensión de invalidar a reconocidos militantes del Partido Revolucionario Dominicano, llegando al extremo de involucrar a uno de mis colaboradores en una fantástica invasión a nuestra hermana República de Haití para derrocar su Gobierno, obra que risiblemente ejecutaría esa sola persona sin ayuda de nadie más.
El ministerio público y jueces de los tribunales del Estado fueron igualmente implicados emitiendo incluso órdenes de prisión contra dirigentes opositores en fechas previas a la celebración de los comicios, a ser ejecutadas el día de las elecciones, en violación del Artículo 122 del Código Penal de la República Dominicana que establece “Se impondrá también la pena de la degradación cívica al Procurador General de la República, a los Fiscales, Jueces o sus suplentes y a cualquier otro oficial público que arresten o hicieren arrestar a un individuo en lugares que no estén destinados a ese efecto por el Gobierno. En la misma pena incurrirán los funcionarios expresados en este artículo, cuando hicieren comparecer, en calidad de acusado, ante un tribunal criminal, a cualquier ciudadano, contra quien no hubiere recaído previamente el auto de calificación de la cámara.”
La Ley Electoral, por su parte, prohíbe la detención de cualquier ciudadano en el día de las elecciones salvo el caso de flagrante delito.
Los organismos de seguridad fueron también recurrentes en el uso de la fuerza para despojar a miles de reconocidos miembros de la oposición de su cédula personal de identidad, coartándoles de esta manera el derecho de efectuar el sufragio por el candidato de su preferencia.
6. La abstención en la zona metropolitana de Santo Domingo alcanzó un 50% de los votantes contra una histórica media de un 28.6% en los últimos 30 años. Esto se debió, sin lugar a dudas, a la compra y despojo masivo de cédulas a votantes previamente identificados como miembros de nuestro partido.
Los programas sociales Tarjeta Solidaridad, Bonogas, Bonoluz, el seguro de salud SENASA y otros, fueron utilizados para revertir la intención del voto a nuestro favor.
Concomitantemente con estas acciones se llevó a cabo también la suplantación de miles de cédulas de ciudadanos residentes en el exterior que el histórico del Padrón Electoral señalaba que no habían ejercido el sufragio en previas elecciones, con la finalidad de utilizar sus documentos para votar en el país por el Partido de la Liberación Dominicana y sus partidos aliados.
La práctica abominable de comprar cédulas fue llevada hasta las comunidades dominicanas en el exterior. En Alicante, España, la Cónsul de la República Dominicana Eddy Peña, fue apresada por la Guardia Civil española por haber sido encontrada in fraganti con su cartera llena de cédulas y una fuerte cantidad de dinero.
7. El 20 de mayo, día de las elecciones, no se le permitió a los delegados políticos y técnicos del Partido Revolucionario Dominicano, estar en el Centro de Cómputos mientras se elaboraba el primer boletín con los resultados electorales, lo que constituyó una burda violación del Presidente de la Junta Central Electoral al protocolo pre establecido y a los derechos que la Ley les otorga.
Nunca, en la historia democrática de la República Dominicana, se vio un recuento electoral tan extraño, sesgado, con silencios prolongados, con cambios repentinos y no avisados en el sistema informático. Sin actas electorales que pudieran cotejar los partidos y los medios de comunicación, con tremendas contradicciones y favoritismos desde la misma Junta Central Electoral.
Una jornada que en el momento del recuento expulsó a observadores internacionales en muchos colegios electorales, que no tuvo reparo en clausurar, vía militar, un canal de televisión, TELESISTEMA CANAL 11, tras dar resultados a boca de urna. Se censuró una rueda de prensa del PRD anunciando que iban ganando, pero no se impidió una comparecencia similar del partido oficialista.
8. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que supervisó las elecciones, encabezada por el ex presidente de Uruguay Dr. Tabaré Vásquez, destacó, por su parte, la masiva participación durante la jornada, en la que solo se produjeron algunos “incidentes aislados”, y valoró la madurez democrática mostrada por el pueblo dominicano. No obstante, sus observadores constataron la compra de cédulas y votos por parte de los oficialistas, que en la tarea utilizaron a militares, y el uso de propaganda electoral en los centros de votación.
Cabe preguntarse, señor Secretario General, si constataron la compra de cédulas, ¿cómo dicen que fueron unos comicios democráticos y limpios?, ¿cuántas cédulas se pudieron comprar?, y ¿por cuantas cédulas el Partido de la Liberación Dominicana no superaría el 50%? Y una última interrogante: ¿la OEA puede asumir y certificar que las cédulas compradas por parte del Gobierno, según ellos mismos admiten, no podrían haber alterado el resultado de las elecciones?
A pesar de las graves irregularidades ocurridas durante los pasados comicios, nuestra candidatura habría alcanzado, según datos de la Junta Central Electoral, el 47% de los sufragios. Con esa cifra estaríamos a solo 54,443 votos para una segunda vuelta, lo que apenas representa 1.2% de los votos válidos.
En realidad, de acuerdo a nuestros datos, obtenidos a través del Centro de Cómputos del Comando de Seguridad y Auditoría del Voto, esa diferencia se reduce a solo 4,090 votos, es decir 0.09% del total.
Señor Secretario General: las graves irregularidades acontecidas durante este proceso electoral han hecho que nuestro país retroceda a la época de los gobiernos totalitarios. Ante el mundo hemos dado una imagen de nula transparencia democrática, de opacidad en los procesos legales, inseguridad jurídica y arbitrariedad política que han desembocado en un descrédito de lo público y amenazan muy seriamente el sistema democrático y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, violados sistemáticamente en estas elecciones.
Los graves actos cometidos por el gobierno en procura de alterar la voluntad de los electores, cuya prueba está al alcance de nosotros, son elementos fundamentales para sustentar una demanda contundente para anular las pasadas elecciones.
Es nuestro propósito que el Partido Revolucionario Dominicano y las fuerzas que le han acompañado, incluyendo los movimientos sociales, de intelectuales y sectoriales, así como los partidos políticos que de manera independiente adversaron al oficialismo, aunemos esfuerzos para dar desde ahora la batalla que haga frente a la dictadura constitucional que se ha instalado en el país, a la cabeza de la cual se encuentra Leonel Fernández, junto con sus asociados políticos y económicos.
La débil situación de la seguridad democrática en nuestro país debe remediarse a la brevedad posible, evitando así la propagación de este terrible mal a otras latitudes de nuestro hemisferio.
La Organización de Estados Americanos, revestida de su propósito democrático y su lucha por consolidar el régimen de libertades y el estado de derecho que ello implica, debe alzar su voz de protesta para impedir la pérdida de los derechos civiles y democráticos adquiridos con mucho sacrificio por los dominicanos, razón por la cual solicitamos que esa Organización, así como su Consejo Permanente, tome las acciones que demandan los hechos y circunstancias de cara al concierto de las naciones de América.
Aprovecho la oportunidad para reiterar al señor Secretario General las muestras de mi consideración distinguida.
Hipólito Mejía
