Monseñor Agripino Núñez Collado, Presidente del CES..
El Consejo Económico y Social ha sido duramente atacado por diversos personeros del gobierno, del Congreso y de los aliados del Partido de la Liberación Dominicana.
Reinaldo Pared, Cristiana Lizardo, Leonel Fernández, Ramón Rogelio Genao, Marino Vinicio Castillo se han encargado de decirle a los miembros del Consejo Económico y Social que su función no es deliberativa, sino consultiva, y que será el Congreso Nacional quien tenga la última palabra sobre la reforma fiscal.
Innecesario recordarlo porque la Constitución de la República lo dice claramente. Además, el Consejo sabe que su función es producir un consenso en torno a la propuesta del gobierno. Y en eso está ayudando, bien coordinado por Monseñor Agripino Núñez Collado.
Vincho Castillo les ha llamado productores de chismografía, y ha dicho que Núñez Collado se está dejando utilizar por los enemigos de Leonel Fernández.
El CES solicitó informaciones para determinar el origen del déficit fiscal del 2012, que alcanza los 187 mil millones de pesos, algo jamás visto en la República Dominicana. Luego de determinar dónde se originó el déficit, el CES busca saber si quienes lo originaron incumplieron las leyes y si estas violaciones tienen todavía consecuencias.
Como los funcionarios del gobierno, los congresistas y el responsable del programa ético del gobierno saben que ciertamente es una violación a la Constitución y a las leyes, y que el responsable del déficit es Leonel Fernández, están poniendo todas las trabas posibles para evitar que los datos lleguen al CES, y luego hacen todo lo posible para quitar eficacia a sus decisiones.
Esa es la realidad. Tienen temor de que la investigación pueda tener consecuencias que les arrebate de las manos el poder que tienen concentrado en todos los ámbitos: gobierno, congreso, justicia, y hasta en la oposición política. El país está acorralado por el poder fáctico del pasado presidente de la República.
La sociedad debe salir en apoyo del Consejo Económico y Social y del resultado de las indagatorias que realice la comisión que investiga el origen y consecuencias legales del déficit fiscal del 2012.
La sociedad civil, los partidos políticos no dependientes del gobierno, los grupos empresariales y demás entidades académicas, populares y profesionales deben pronunciarse a favor del Consejo Económico y Social. La impunidad no puede ser resguardada, con complicidad política y salvedades judiciales, como se quiere hacer en este caso.
Si hubo violaciones a la Constitución y a las leyes que se sancione a los responsables, sea Leonel Fernández o quien sea que resulte señalado, porque el déficit de los 187 mil millones de pesos es un fraude contra la sociedad y un abuso de poder, que hace inservible al Congreso Nacional y a todas las instancias del sistema democrático dominicano.
¿Para qué se aprueba un presupuesto, si el gobernante de turno decide adicionarle gastos por encima del 45% de su monto, violando las leyes?
Ese dinero tiene que pagarlo el país, y el gobierno es el cobrador, que está tocando las puertas de cada hogar dominicano para que pague ese monto en los próximos 4 años.
Editorial Acento
Acento.com.do
http://www.acento.com.do/index.php/news/22562/56/Una-deuda-ilegal-de-187-mil-millones-de-pesos.html
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