En su discurso inaugural, el presidente Medina delineó sus objetivos de gobierno centrándolos en tres grandes pactos. Dijo que gobernaría sobre la base de consensos en las áreas fiscal, eléctrica y educativa, comprometiéndose nuevamente a cumplir el mandato de la ley general del sector que le otorga el 4% del PIB a la educación preuniversitaria.
La oportunidad de cumplir con lo prometido en su primera acción como jefe del Estado le llegó muy rápidamente, con la convocatoria del Consejo Económico y Social (CES), para discutir su controvertido proyecto de reforma fiscal. Pero apenas se produjo una discrepancia de pareceres, el Gobierno cortó de cuajo la negociación y decidió enviar la pieza al Congreso, con lo cual hizo polvo su compromiso de pactar con las fuerzas productivas y el resto de la sociedad civil soluciones a uno de los tres problemas por él mismo citados como metas fundamentales de su administración.
Su equipo negociador ha dejado saber, asimismo, que la entrega del 4% del PIB a la educación preuniversitaria depende de la aprobación de la reforma y ese condicionamiento lleva implícita otra intención de incumplimiento de la palabra presidencial. Si la credibilidad se ahoga en un mar de contradicciones, como se dio en el caso del interrumpido diálogo sobre la reforma, es poco probable que el presidente Medina preserve el apoyo que se requiere en estos tiempos de escasez y de crisis.
Ahora todo depende, en lo que compete a la primera prueba de fidelidad a su propio compromiso, de que un Congreso con el historial de docilidad que todos conocemos, se decida entre su muy cuestionada lealtad a la nación y su apasionada y jugosa militancia partidista. Si esta última se impone, la rigurosidad de una reforma que penaliza al país para dotar a un gobierno de más recursos sin control efectivo del gasto, podría generar una erupción social de consecuencias impredecibles.
Miguel Guerrero
La Columna de Miguel Guerrero
elCaribe
No hay comentarios:
Publicar un comentario