El Estado dominicano, como garante de derechos en el marco de un sistema político democrático, está roto y secuestrado. Enormes y profundas grietas lo atraviesan dejando fuera de su protección a la mayoría de los dominicanos y dominicanas.
El apandillamiento de los principales partidos políticos ha permitido que se legisle en favor de la élite gobernante, proveyéndose esta de todo tipo de privilegios, así como de la impunidad para mantenerlos, en detrimento de los derechos del resto de la ciudadanía.
Una nueva Constitución así como las reformas a la Ley de Migración y al Código Penal, reducen derechos y endurecen las penas a las poblaciones más vulnerables, como son los migrantes, las mujeres y los niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, el Poder Judicial, cuyos miembros han sido elegidos, fundamentalmente, en base a la lógica de la lealtad al expresidente Leonel Fernández, encabezan todo un sistema judicial que se ha convertido en un mercado al servicio de la impunidad y los intereses de la corporación peledeísta y el gran capital.
Mientras, el Poder Ejecutivo que hoy declara estar en bancarrota, como consecuencia del aprovechamiento de los recursos públicos en función de la reproducción en el poder de la actual élite gobernante, está condenando a la población a pagar con el deterioro de su vida el asalto hecho a los recursos públicos.
¿Entonces, a quién le es útil el Estado? A quienes hoy tienen en su poder los restos de la institucionalidad, la cual es usada en función de sus intereses.
Para recomponer el Estado se requiere de una nueva Constitución y leyes que protejan e incluyan a los sectores más vulnerables, reduzca el poder de los gobernantes e incremente el de los gobernados.
Pero también necesitará de nuevos actores que no hayan perdido su credibilidad, como los legisladores que hacen leyes para su propio beneficio, jueces de Altas Cortes que violan flagrantemente la ley y demuestran su carencia de ética al recibir regalos del poder Ejecutivo, como lo hizo el Tribunal Constitucional, o se mantienen cobrando pensiones del sector público a la vez que sus salarios, como lo hacen jueces de las Altas Cortes que antes eran jueces de la Junta Central Electoral.
Por tanto, la reconstrucción del Estado debe estar en manos de su dueño, el pueblo dominicano, quien deberá desalojar a los parias y volver a traer el Estado de derecho.
Olaya Dotel
7dias.com.do
http://7dias.com.do/app/article.aspx?id=128441
No hay comentarios:
Publicar un comentario