El actual proceso electoral, en el que las ideas deben fluir con toda libertad, queda afectado, aun siendo un hecho excepcional hasta ahora, por la no difusión por canales de televisión de un documental que anticipadamente fue blanco de una fuerte retórica oficialista de descalificación y condena como “injurioso, difamatorio y sucio”.
El sector político que preveía menciones negativas de sus protagonistas, dio contundentes señales de que reaccionaría, al menos con recursos legales, contra esa difusión y ejerció una presión indirecta para lograrlo.
Tantos presagios de drasticidad indicaban el firme propósito de impedir la aludida exposición audiovisual opositora. Se creó, sin participación abierta de censores, una implícita condición amordazante contraria a la ley que de manera expresa reserva para los jueces la facultad de establecer cuándo sí y cuándo no, se incurre en difamación e injuria.
Editorial Hoy
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