Finalmente, el presidente Medina y su gobierno se encuentran con el agua al cuello, el barco en que hasta el momento han navegado en aguas relativamente tranquilas sin mayores problemas, parece que hace agua empujado por la furia de una marea humana en ascenso y en expansión por décadas nunca vista en el país. Todo apunta a que la masiva manifestación de protesta iniciada el 22 del pasado mes de enero en la capital, será superada el próximo 22 de febrero con manifestaciones en todo el país, la firma espontánea y militante del Libro Verde contra la Impunidad es claro indicador de que así será y de que vivimos una inédita situación política que apunta hacia un cambio de régimen.
El descontento es medido de manera convincente por la última encuesta Gallup/Hoy, la cual no solo recoge la incertidumbre y miedo de la gente sobre el futuro del país, debido a la percepción que tiene sobre el incremento de la inseguridad y la corrupción. Finalmente, la corrupción se convierte en una preocupación para la mayoría de los dominicanos y ante eso, el gobierno intenta enfrentarla a través de algunas medidas que lejos de aplacar la ira popular en expansión contra el robo a los bienes públicos, la incrementa. La forma, contenido y momento de esas, ponen en evidencia que este y los demás gobiernos del PLD han discurrido en medio de la estafa y la impunidad.
Es el caso de la llamada comisión investigadora del caso de corrupción que envuelve la construcción de la planta eléctrica Punta Catalina, al momento de crearla se denunció la parcialidad de algunos miembros de esa comisión.
Ya, según algunos medios, los señores Agripino Núñez Collado, quien la preside, junto a Jaime Aristy Escuder, un consultor al servicio del gobierno, han emitido declaraciones casi concluyentes sobre el proceso de construcción y sobre “pertinencia de la rápida terminación de la obra”, una muestra de caradurismo y parcialización de esos señores que provocan indignación en la población hacia el gobierno y su presidente, y que evidencian que la integración de esa comisión constituye un fraude y una vergüenza para el país, tanto en el plano local como internacional.
Entre las otras medidas tendentes a darle argumento al discurso que deberá pronunciar el Presidente ante el Congreso el próximo 27 de febrero, está la declaración de nulidad de la venta del barrio Los Tres Brazos a un personero vinculado al presidente del PRD, el traspaso a Obras Públicas la responsabilidad de construcción de planteles escolares que estaba en manos del Ministerio de Educación y que fuera una de las principales fuentes de acumulación de capital para el proyecto de poder de la fracción del PLD que hoy domina ese partido; igualmente, el aumento de un 40% a los policías rasos que aun así siguen teniendo un miserable salario, por debajo del salario mínimo del sector privado.
Ese tipo de medidas no detiene la ola de repulsa contra la corrupción y la impunidad, ni el deterioro de la imagen del Presidente, estas sólo expresan el nerviosismo de un poder que se encuentra con el agua al cuello.
César Pérez
Hoy
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