En medio de la investigación judicial del escándalo de ODEBRECHT en los distintos países del continente americano a los que se extendió esta trama de corrupción, las autoridades quieren contentar a la población con la rápida solución del caso de la venta del barrio capitalino de Los Tres Brazos y la disolución de la CORDE, entelequia que hace tiempo debió dejar de existir.
Lo sucedido en CORDE acontece en muchas otras entidades del Estado, muchas de las cuales carecen de sentido, como es el caso del INESPRE o del Instituto de la Aguja, o sus funciones deben ser absorbidas por otras instituciones con una reducción de costos importantes como es el caso de la Unidad de Electrificación Rural, o del Consejo Estatal del Azúcar, que más que administrar los pocos ingenios restantes del Estado se ha convertido en una agencia inmobiliaria de terrenos del Estado que son generalmente vendidos a políticos y acólitos de la administración de turno a precios viles.
Pero los gobiernos se resisten a reducir el tamaño del Estado y por eso jamás serán suficientes los ingresos tributarios, y el tema no es solo el costo de estas nóminas que muchos funcionarios minimizan, sino las incuantificables pérdidas de recursos que ha padecido nuestro Estado y por ende todos los dominicanos, por malos contratos suscritos por instituciones estatales que hacen negocios truculentos para enriquecer a sus funcionarios y por enajenaciones de bienes del Estado en pésimas condiciones para beneficiar a sus amigos en desmedro de los intereses del Estado.
Los gobiernos auspician graves distorsiones, como que instituciones que conforme la ley tienen facultades muy limitadas como es el caso de la CDEEE sigan actuando al margen de esto e invadiendo espacios de otras entidades, o que realizan funciones que están totalmente fuera de sus competencias como está sucediendo con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, o manteniendo instituciones que incluso carecen de fundamento legal y que chocan con las funciones de otras entidades legalmente facultadas como es el caso de la OISOE.
El gobierno sigue manteniendo la OISOE y otras entidades que hace tiempo deberían haber desaparecido y que solo se han destacado por escándalos de corrupción para no mermar el botín político a repartir, así como la usurpación de funciones de los gobiernos locales, ya que en vez de transferirles los recursos a estos para poder ejecutarlas, decide hacerlas directamente incumpliendo el mandato constitucional de transferir los recursos correspondientes del gobierno central a los municipales. Lo lamentable es que a pesar de tener esta amalgama de instituciones que exceden por mucho lo que el Estado requiere, nuestro Estado carece de instituciones que controlen y supervisen eficazmente el cumplimiento de la ley por parte de todas las entidades del Estado, las que actúan muchas veces como si la ley no contara, sino la voluntad del incumbente. Pero si estos funcionarios actúan así, sean del gobierno central o de los locales, la culpa no es más que de las autoridades que designan esos malos funcionarios o de los partidos que seleccionan muchos malos candidatos e incluso los apoyan en sus incorrectas actuaciones.
Hay un tiempo para todo y este es un tiempo de exigir una transformación del Estado, pues hace falta mucho más que disolver CORDE y la CREP, hay que descargar al Estado de tantas inútiles y costosas instituciones y racionalizar la operación de cada una, para que cada quien cumpla con la ley y su misión sin duplicar o invadir funciones de otras o de lo contrario sea sancionado. Pero para eso se requiere una real voluntad, no una simulada acción para acallar la sociedad.
Marisol Vicens Bello
elCaribe
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