I
La muy prestigiosa revista inglesa The Economist en un artículo titulado “El escándalo de Odebrecht puede que represente un punto de no retorno en la batalla latinoamericana contra la corrupción”, explicó cómo esta empresa se concentró en los que toman las decisiones, “preparando el terreno al pagar por los servicios de gurús políticos brasileños para campañas electorales”. Agregó: “Su principal método fue ganar contratos, al presentar ofertas bajas y luego, a través de la corrupción, lograr grandes aumentos en costos a través de addendums, en algunos casos cuando la tinta del contrato apenas se había secado”.
Ambos casos aplican a la República Dominicana. Joao Santana, el gurú brasileño, diseñó las campañas de Danilo Medina. El brasileño ha admitido que en algunos países el dinero para esas campañas fue entregado por Odebrecht, aunque no ha citado el caso dominicano.
La comisión que investiga el contrato de Catalina y también la Procuraduría deberían de concentrarse en estudiar los posibles addendums a los contratos originales, para ver hasta dónde se aumentaron costos. Catalina, por ejemplo, ya se sabe que saldrá mucho más caro que el valor conjunto de los contratos de los que ganaron las licitaciones. ¿Hay addendums? Pero, por otro lado, según una fuente que nos merece mucho crédito, cuando Danilo Medina asumió el poder en el 2012 renegoció y redujo el costo de los contratos que había heredado de Odebrecht, firmados durante la administración de Leonel Fernández, aplicando los ahorros, en algunos casos, a la expansión de los términos de referencia de los contratos, es decir más kilómetros de carreteras o más puentes.
The Economist contrastó la rapidez de lo que está ocurriendo en Perú, Brasil, Panamá y Colombia con otros casos: “en la República Dominicana (coimas por US$92 millones), Ecuador (US$33.5 millones) y Venezuela (US$98 millones) las autoridades se están moviendo muy lentamente, o no lo están”, citó la revista. Y es cierto, mientras en Perú, Brasil, Colombia y Panamá se están sometiendo a la justicia a ex funcionarios y hasta a ex Presidentes, en el nuestro la investigación es lenta y tal vez por eso mismo ha mermado la popularidad del gobierno y del Presidente Danilo Medina, como lo demostró la encuesta Gallup. Todos los Presidentes de esos países han hablado sobre el escándalo, menos Danilo Medina. Lo hará el 27 de febrero, o antes? El más locuaz ha sido el de Perú, Pedro Pablo Kuczinski, con sus siete dramáticas medidas contra la corrupción, incluyendo la muerte civil y el premiar a los que delatan.
II
Desde hace más de 20 años Estados Unidos nos envía deportados a personas que han cumplido sus sentencias en cárceles federales norteamericanas por crímenes, especialmente venta y consumo de drogas. Exceden los 1,000 al año y su presencia estimula la criminalidad entre nosotros.
Pero la administración de Trump ahora ha iniciado redadas en los barrios de las grandes ciudades en búsqueda de personas indocumentadas (los dominicanos que tomaron la yola o que viajaron con visa de turismo y se quedaron) y también en búsqueda de documentados pero que cometieron delitos que no condujeron a las cárceles federales, sino a multas, servicios a la comunidad o encarcelamientos breves en cárceles locales, todo con el propósito de deportarlos. Ejemplos de esos delitos son pequeños robos, prostitución, borracho en sitio público, asaltos simples, conducta desordenada, vandalismo, manejo de vehículos en forma peligrosa, entrada ilegal a edificios, uso de armas de fuego en zonas urbanas y posesión de marihuana. Ahora los dominicanos legalmente residentes en Estados Unidos pueden ser deportados por esas ofensas.
Eso conllevará a trágicas divisiones entre familias, menos remesas y más desempleo en nuestro país. Los que están bajo esas condiciones deben evitar viajar internacionalmente y no frecuentar lugares donde las patrullas federales puedan encontrarles. Los consulados mexicanos están asesorando con abogados contratados para esos fines a su población. No sabemos si lo están haciendo los consulados dominicanos. En ciertas ciudades “santuarios”, como New York, la policía local no está dispuesta a colaborar con los federales.
Es injusto que, habiendo pagado su multa y/o cumplido su sentencia, esos dominicanos legales sufran la deportación. Más negocio para las yolas.
Bernardo Vega
Hoy
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