DOMINICANOS SOMOS. Vea las más leídas de la semana en la columna lateral derecha de este blog. / DLRD, desde el 1ro. de septiembre de 2005 en la W.W.W.
Venezolanos embadurnarán a su autoritaria y represiva Policía con pupú
Las bombas 'puputov' se han popularizado en redes sociales y los manifestantes proponen lanzarlas contra la policía este miércoles
En las redes sociales han dado en llamarlas cócteles puputov y son el no va más de las armas disponibles en el arsenal, precario pero en vías de sofisticación, de las manifestantes que desde hace 38 días se enfrentan en las calles de Venezuela a equipos antimotines de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Se trata, justamente, de lo que el nombre sugiere: bombas de excrementos.
Habrían hecho su debut el fin de semana en una refriega en la ciudad de Los Teques, capital del Estado de Miranda, a pocos kilómetros de Caracas. En el enfrentamiento, según el relato que se hizo viral en pocas horas, una docena de agentes de la Guardia Nacional -cuerpo de policía militarizada- fue blanco de un ataque con detritus. Antes de retirarse del lugar, algunos efectivos habrían vomitado de asco.
Aún si el episodio forma parte de la leyenda urbana, bastó para encender en las redes sociales el intercambio de fórmulas para preparar esos artefactos, básicamente, una mezcla de agua y heces envasada en frascos de vidrio. Mensajes colgados en Whatsapp daban instrucciones precisas para elaborarlo.
Este lunes, se reportaba el uso de bombas de este tipo en las ciudades de San Cristóbal, Mérida, Valencia y Caracas. La oposición convocó el lunes a marchas en todo el país con las que pretendía expresar su rechazo al llamado efectuado la semana pasada a una Asamblea Constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro.
La escasez de recursos de los opositores y la ferocidad con que los cuerpos de seguridad vienen actuando para impedir el paso a las marchas y disolverlas han obligado a los protestantes a aguzar el ingenio en defensa propia. Se cuentan 37 fallecidos y centenares de heridos desde que el 30 de marzo la oposición llamara a las calles para salirle al paso a lo que denunció como un autogolpe de Estado que el Gobierno habría propiciado a través de sendos fallos del Tribunal Supremo que en la práctica disolvían el parlamento y conferían al presidente amplios poderes para legislar.
Aún antes de las bombas de excrementos, la semana pasada se habían hecho populares las bombas de pintura, con las que los manifestantes intentan impedir la visión a los tripulantes de los vehículos antidisturbios. También se ha esparcido por redes sociales la artesanía para fabricar escudos en talleres domésticos. Los escudos, que se usan en campo para protegerse de las bombas lacrimógenas, se hacen con un aglomerado de fibra de madera.
Voceros del Gobierno insisten en que la vanguardia de las manifestaciones está conformada por mercenarios pagados que portarían armas de fuego. Algunas muertes atribuidas a impactos directos de bombas lacrimógenas contra las víctimas, el oficialismo las achaca a disparos de armas artesanales que usan rodamientos como proyectiles.
El emporio no declarado de Diandino Peña: 28 empresas, incluyendo 15 offshore (Parte 1 de 4)
El emporio no declarado de Diandino Peña: 28 empresas, incluyendo 15 offshore (Parte 2 de 4)
El emporio no declarado de Diandino Peña: 28 empresas, incluyendo 15 offshore (Parte 3 de 4)
El emporio no declarado de Diandino Peña: 28 empresas, incluyendo 15 offshore (Parte 4 de 4)
El informe completo en negritas Por Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual Colaboradores: El periodista Ken Silva colaboró con esta historia reportando desde Islas Vírgenes Británicas y R.A. Schuetz y Amanda Gómez colaboraron desde Columbia School of Journalism en Nueva York.
El ingeniero Diandino Peña Criqué, el Zar del Metro de Santo Domingo y hombre clave en los gobiernos del ex presidente Leonel Fernández, juró que no cuenta con más ingresos que los RD$150,000 (US$3,200) mensuales que percibe por su empleo como funcionario público.
Durante los pasados 13 años el funcionario, que ocupa el puesto de director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana (OPRET), ha manejado la obra de infraestructura más cara de la historia del país cerca de US$2,000 millones.
En su Declaración Jurada de Patrimonio el pasado mes de diciembre, Peña Criqué, quien reconoce haber recorrido todo el país haciendo campaña con Fernández para su primer término a la presidencia, consignó que no cuenta con bienes inmuebles y muebles, vehículos de motor, bienes suntuarios, certificados de inversión, capital invertido o ingresos de otro tipo que no sean los provenientes de su puesto público. Fernández lo nombró durante sus tres términos, y fue mantenido en el puesto por el actual presidente Danilo Medina.
Sin embargo, una investigación de Noticias SIN, El Informe y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que Peña Criqué ocultó que es la cabeza, principal beneficiario y representante legal de un emporio de al menos 29 empresas, que incluye 15 registradas en el extranjero y 14 registradas en República Dominicana, muchas de las cuales están relacionadas entre sí mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones, activos y efectivo.
Veinticinco de las 29 empresas fueron creadas después de la entrada de Peña Criqué al gobierno. La mayoría de estas corporaciones está activa al presente, pero declara que no realiza operaciones, por lo que se desconoce el origen de su capital. En 2000 el funcionario fue uno de los acusados de malversar más de RD$1,000 millones del programa gubernamental Plan Eventual Mínimo de Empleo (PEME), pero fue excluido del caso en 2007.
El centro y vínculo común de esta madeja es GP Holding, SRL, una compañía dominicana fundada por Peña Criqué en 2008, la cual transfirió el 99.86% libre de costo en 2011 a otra corporación registrada en Panamá, bajo el nombre Luzshy Overseas, Inc. Las acciones restantes de GP Holding, SRL, según el registro mercantil, pertenecen a cinco de sus siete hijos- Ludwig Van Peña Sánchez, Cristian Otoniel Peña Pantaleón, Dianny Michelli Peña Pantaleón, Dimary Noemí Peña Pantaleón, y Nolan Jairo Peña Eusebio- a razón de una acción a cada uno. El único representante que aparece en el registro de Luzshy, empresa dueña de la mayoría de las acciones de este multimillonario emporio, es un hombre dominicano de 71 años de edad, Demetrio Rodríguez Ramos, quien vive modestamente con su hermana en un barrio de clase media de Santo Domingo y fue contratista del metro.
GP Holding es a su vez uno de los principales accionistas de Desarrollos RDC, S.A., empresa dominicana constructora del lujoso complejo hotelero y comercial Silver Sun Gallery en Santo Domingo. En los certificados de registro mercantil de ambas empresas en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Peña Criqué ocupa el puesto máximo de las dos corporaciones, como presidente en Desarrollos y Gerente en GP Holding, además de administrador o persona autorizada a firmar de las dos empresas.
Además, GP Holding es dueña de dos empresas extranjeras registradas en las Islas Vírgenes Británicas Seyder Group Ltd., y Lakel Real State, Inc. las cuales junto a una tercera empresa registrada en la misma jurisdicción y representada por Peña Criqué, Iron Bay Ltd., aportaron RD$788,655,000, o el equivalente de US$21.4 millones a esta obra privada a cambio de acciones en Desarrollos entre 2010 y 2012. Las transferencias en efectivo están documentadas en una carta que consta en el expediente de Desarrollos ante la Cámara de Comercio dominicana.
Estas tres empresas offshore son accionistas mayoritarias de Desarrollos así como dos de los hijos de Peña, Dianny y Ludwig, y su pareja sentimental, Blasina María Tavarez, con quien tiene dos hijas adicionales menores de edad. Las llamadas offshore son empresas que se caracterizan por estar registradas en un paraíso fiscal, en donde no realizan ninguna actividad comercial, sólo para tomar ventajas contributivas y de privacidad que dificultan la identificación de flujo del dinero. No es ilegal tener una corporación offshore y las mismas no siempre son utilizadas para actividades ilícitas.
Según declaró el propio Peña Criqué en dos estados de situación financiera que envió al controvertido bufete panameño Mossack Fonseca (MF) en agosto de 2015, Seyder y Lakel tenían cada una más de RD$370 millones en activos en 2013 y 2014, correspondiente a su única inversión: acciones en la empresa dominicana Desarrollos. Esto ocurrió cuando el bufete le puso bandera roja al funcionario, identificado por el bufete como una “PEP” o “Persona Expuesta Políticamente” y le pidió que llenara un documento, entre otros, denominado “Declaración de Fuente de Ingresos/Riqueza” como condición para mantener sus corporaciones activas.
En 1999, el funcionario había utilizado el bufete MF para registrar a Seyder Group Ltd. y Lakel Real State, Inc., según se dio a conocer el año pasado tras la publicación parcial de la base de datos de la investigación global Panama Papers (Papeles de Panamá), del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Ahora Noticias SIN y el CPI lograron ubicar documentos adicionales que forman parte de la totalidad de la base de datos, como el citado estado financiero, que prueban los multimillonarios activos de estas dos corporaciones offshore y el hecho de que Peña Criqué es el verdadero propietario de ambas.
Entre ellos, un correo electrónico interno de MF enviado en septiembre de 2013 donde el personal del bufete declara que la representante legal de las compañías, la Lcda. Hilda Sosa, dijo que no sería la persona responsable de cumplir con los requerimientos legales de las corporaciones, sino “el Sr. Diandino Peña Criqué, propietario” de las empresas. Sosa añadió que Peña Criqué, era “uno de los constructores más importantes y de prestigio de la República Dominicana” y que en aquel entonces estaba “construyendo uno de los Centros Comerciales más importantes del país denominado ‘Silver Sun Gallery’”.
La investigación conjunta de Noticias SIN y el CPI dio con otras 21 corporaciones vinculadas a Peña Criqué ubicadas a través de la búsqueda y revisión de miles de documentos corporativos y judiciales, y la consulta de fuentes, en la República Dominicana, en Panamá, e Islas Vírgenes Británicas.
Buena parte de ellas, ocho empresas dominicanas y dos extranjeras, figuran en los documentos judiciales del pleito de separación de bienes de Raquel Celeste Pappatera Hernández, ex esposa de Cristian Otoniel Peña Pantaleón, hijo de Peña Criqué. Todas las empresas dominicanas estaban domiciliadas inicialmente en la última de las Torres Diandy, la XIX, y ahora están en Silver Sun Gallery, y tres de ellas -Balmareda, Cop y Desarrollos Ynnaid- que declaran no tener operaciones, cancelaron certificados financieras para pagar RD$82.5 millones de los préstamos del proyecto Silver Sun Gallery. Cada una tiene como accionista mayoritaria a empresas registradas en Panama: Bayside Bridge, East River Development y Mencar Holding, según consta en sus expedientes en la Cámara de Comercio dominicana.
Como parte del proceso, Pappatera Hernández radicó en 2011 una demanda que exige el levantamiento del velo corporativo del conglomerado de empresas dominicanas y extranjeras de la familia Peña. El documento obra en los expedientes de las empresas en la Cámara de Comercio dominicana junto a un recurso de oposición a cualquier traspaso de acciones.
Los abogados de la demandante enumeran las empresas y alegan que Peña Pantaleón tiene acciones en todas, que eran copropiedad dentro de la comunidad de bienes gananciales, y, para sostener este alegato, plantean en esencia que son compañías creadas para ocultar patrimonio.
La demandante exige al Estado que determine “la real vocación” de estas empresas, “las cuales evidentemente son compañías familiares, sin vocación empresarial alguna, y existentes a los fines de la realización de transacciones multimillonarias sin comprometer patrimonialmente los reales propietarios de dichas operaciones y bienes”, lee el escrito.
Las ocho empresas extranjeras restantes y cinco dominicanas, pudieron ser identificadas como parte de las actas y reportes de algunas de las citadas compañías dominicanas que figuran en los archivos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Por ejemplo, en un acta de Asamblea Ordinaria de GP Holding se estableció que dicha empresa había sido designada como representante en la República Dominicana de cinco compañas extranjeras, a los fines de dirigir los negocios de estas compañías en el territorio nacional. Como Primera Resolución se autorizó a su gerente Peña Criqué para que represente a la sociedad cuando éste a su vez actúe como representante de las sociedades extranjeras Amandine International Corp., Minty Properties, Inc., Macaire Corporation, Lanuza Internacional S.A., y Rhett Corporation. Macaire, Minty, y Amandine están incorporadas en Islas Vírgenes Británicas por Aramo Corporate Services del bufete panameño Arias, Alemán y Mora. Las últimas dos figuran registradas en Panamá como sociedades anónimas por el mismo bufete que funge de agente residente de Luzshy: Icaza, González-Ruiz y Alemán, sin dueño identificado. Al igual que MF, la citada firma legal tiene oficinas en Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales.
En otra acta, se autoriza la venta de 1,000 acciones que GP Holding tenía en Macaire y designa a su hija Dianny a cargo de ejecutar la transacción, confirmando así que GP Holding, y por ende Peña Criqué, era accionista de esta empresa extranjera.
Finalmente, se identificó una empresa registrada en Islas Vírgenes Británicas, Bowden Overseas Limited, cuyo único director es Cabriolet Investments Group Ltd., otra offshore registrada en la misma jurisdicción. Peña Criqué es el director de esta última compañía. Bowden fue utilizada para adquirir un terreno multimillonario en Cap Cana, un polo turístico en el este de República Dominicana, según documentos obtenidos.
La Ley de Lavado de Activos de República Dominicana dice que incurre en delito la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave, oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes.
Asimismo, la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio de República Dominicana es clara: los funcionarios públicos tienen que dar “[i]nformación sobre membresías en juntas o consejos administrativos en instituciones públicas o privadas”. Además, deben reportar “[i]nformación relativa a su carácter de socio o accionista en corporaciones, sociedades o asociaciones de carácter público o privado, sean estas con fines lucrativos o no”.
A pesar de esto, en su más reciente declaración de bienes a finales del año pasado, Peña Criqué, director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana (OPRET), escribió “no aplica” en el renglón de “Capital Invertido”. Igual ocurrió en la de 2013, que en el renglón “Capital Invertido y Acciones como Dueño o Socio en Negocio” dice: “no hay registros disponibles”.
Peña Criqué es el primer ciudadano dominicano directamente implicado en posibles delitos, incluyendo perjurio al estado y evasión contributiva, como parte del acervo de información de los Panama Papers.
De Villa Juana a la cima con el Metro
El ingeniero Peña Criqué, quien ha manejado en la construcción del metro de Santo Domingo más de US$1,986 millones, lleva 45 años en el negocio de la construcción en República Dominicana, pero las obras que erigía antes de su entrada al gobierno en 1996 eran notablemente distintas a las que sus empresas lograron concretar después de su entrada al servicio público. De hecho, sus orígenes son de clase media baja y, según confesó en entrevista en El Informe con Alicia Ortega, jamás pensó que iba a trascender de esa humilde comunidad ya que perdió a su padre en la adolescencia y tuvo que encargarse de su madre y 10 hermanos.
“[Yo] entiendo que mis raíces cristianas, mis principios insertados por mi madre realmente tuvieron mucho que ver porque yo soy un hombre extremadamente creyente y firme en lo que hago y todo lo que hago primero pongo a Dios por delante”, dijo.
Fue en esa época y en esa comunidad, de joven, que hizo relaciones que le permitieron “progresar”, que conoció al expresidente Leonel Fernández, y comenzó a hacer activismo político a favor de su campaña, reconoció.
Peña Criqué, convertido en funcionario y quien nunca dejó de ser empresario, según admitió que comenzó haciendo pequeños proyectos residenciales con su primera empresa la Constructora Peña. Luego construyó una decena proyectos de mediana escala, torres residenciales, de hasta 15 pisos de apartamentos de lujo, y de oficinas, hasta que entró al gobierno en 1996. Tras su entrada al gobierno terminó desarrollando sus últimas torres: la moderna Diandy XIX, y el mega complejo turístico Silver Sun Gallery, que además de centro comercial incluye un parque temático y un hotel de 22 pisos.
Cuando se le preguntó a Peña Criqué qué patrimonio tenía antes de entrar en el gobierno en 1996 y sobre la evolución de este capital, comenzó la amnesia. Dijo que no recordaba y que ni siquiera podía dar una idea general.
“Acuérdese que los empresarios nos manejamos realmente con un método, un sistema donde realmente las cosas no surgen a nuestro nombre. Son activos a nombre de empresas, nosotros a nuestro nombre no tenemos nada”, dijo cándidamente.
Cuando se le preguntó sobre sus vínculos con las empresas offshore y los vínculos de estas con sus empresas dominicanas, así como la fuente de financiamiento de sus grandes proyectos y de las transacciones en efectivo para el financiamiento de Silver Sun Gallery, quedó perplejo.
“No estoy preparado para esta entrevista. Puedo traer a mis financieros y los documentos. No puedo recordar 45 años de trayectoria profesional”, cortó nervioso ante la pregunta sobre el origen de los fondos que Lakel y Seyder aportaron a la construcción de Silver Sun.
“Yo puedo traer a mi equipo para dar las explicaciones, porque dijo a mi asistente hablaríamos sobre mi trayectoria profesional, no sobre las intimidades de mis empresas”, agregó el funcionario.
La solicitud de entrevista hecha dos semanas antes indicaba que la entrevista abordaría su trayectoria empresarial.
El funcionario tampoco respondió preguntas sobre el hecho de que no declaró todo este patrimonio, y sobre si rindió o no contribuciones al fisco sobre el mismo. Solicitó que se le dejaran las preguntas por escrito, que respondería en o antes del viernes de esa semana, lo que no ocurrió.
Poco antes de que se le confrontara con los documentos de las empresas extranjeras que financiaron el proyecto Silver Sun Gallery, Peña Criqué había dicho a preguntas sobre el tema que no era dueño ni representante de las empresas offshore que aportaron capital al proyecto.
Luzshy Overseas y el vínculo con el metro
Aunque GP Holding es el núcleo que ata a 27 de las 29 empresas relacionadas a Peña Criqué, la empresa dominicana tiene un dueño casi absoluto: la sociedad anónima panameña Luzshy Overseas, Inc. que es representada en todas sus transacciones por Demetrio Rodríguez Ramos un ciudadano dominicano de 71 años, humilde, de franco hablar, y al parecer, anónimo.
En realidad, Rodríguez Ramos era amigo, más como“hermano” de Peña Criqué y accedió al pedido de este último de figurar como representante de esta empresa. El hombre, quien admitió haber sido contratista del metro mediante la empresa Yarassey SA, dijo que Peña Criqué le pidió que firmara a nombre de la compañía que no es de él. Cuando se le preguntó directamente si el funcionario es el dueño dijo: “Si el pone, yo no averiguo nada. Y si él me pide de nuevo, acepto otra vez”, dijo en referencia a Peña Criqué.
Panama Papers
En 2015 el diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo una filtración de 11.5 millones de documentos internos de MF, firma multinacional basada en Panamá que se especializa en crear corporaciones anónimas y cuentas bancarias offshore para sus clientes para proteger a toda costa su identidad. Por el colosal tamaño de la información, el periódico decidió convocar al ICIJ, que a su vez reclutó a cerca de 400 periodistas alrededor del mundo. El grupo trabajó en secreto durante un año y publicó las primeras historias en abril de2016 concretándose la investigación periodística global más grande que se ha realizado a la fecha y que recientemente obtuvo el premio Pulitzer.
Los documentos incluían récords corporativos y bancarios, correos electrónicos, bases de datos, y documentos de identidad, analizados durante un año por periodistas de más de 100 medios aliados que publicaron reportajes simultáneamente. El CPI participó de la investigación inicial y más tarde se alió al Grupo SIN, el cual obtuvo acceso a la base de datos para participar de la investigación global que continúa.
Como resultado de los Panama Papers, dimitió el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, se han desarrollado múltiples investigaciones por corrupción y evasión contributiva alrededor del mundo, incluyendo a los principales socios de MF. El bufete es sólo uno de decenas en el mundo que se dedican a registrar corporaciones offshore por distintas razones, entre ellas, el facilitar la elusión y la evasión contributiva a corporaciones y ciudadanos.
Los que colaboramos en este espacio desde hace casi doce años en la W.W.W. nos sentimos altamente preocupados por el giro de los acontecimientos en los últimos tiempos en la RD. Jeannelle Koss, Olga Dipp, Juan Santos, Luis Del Monte y Marihal; queremos declarar públicamente lo siguiente:
a) Somos profesionales independientes de distintas ramas, emprendedores que no tenemos dependencia de empleos, renumeraciones, contratas o sub contratas ni del sector público ni del sector privado.
b) Gozamos de excelente salud física y mental, apostamos a la vida y a un mejor futuro para todos los dominicanos; futuro del que queremos ser parte y disfrutar. Apostamos a la vida.
c) No portamos ni poseemos en propiedad armas de fuego ni de ninguna otra clase o tipo. La violencia no forma parte de nuestro modo de vida.
d) No poseemos antecedentes penales de ningún tipo o clase. Estamos al día en el pago de nuestros impuestos y no tenemos deudas ni con el sector público ni con el sector privado.
e) Ninguno de nosotros consume ni ha consumido sustancias alucinógenas prohibidas e ilegales. Ninguno de nosotros comercializa ni ha comercializado sustancias alucinógenas prohibidas e ilegales.
d) Respetamos los derechos de autor, tratamos de ser lo más veraces posible en las informaciones que suministramos o reproducimos y si en algún momento nos equivocáramos, estaremos siempre abiertos a resarcir, a rectificar, o, aclarar cualquier desinformación involuntaria o inexacta.
DLRD
Nota:Ante los acontecimientos ocurridos hoy en la ciudad de Moca con la puesta en libertad del activista Juan Comprés (a) Guanchy, a quien se le desestimaron medidas de coerción y se le dio libertad pura y simple dictada por el juez de la Oficina de Servicio Judicial de Atención Permanente de ese distrito judicial, Anderson Cuevas, este blog renunció a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA al gobierno dominicano, por razones obvias y lógicas.
Vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, dice que hizo un "excelente trabajo" en las elecciones
El vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, afirmó hoy que el gobierno del presidente Danilo Medina no se arrepiente de haber contratado al publicista brasileño João Santana, destacando que hizo un excelente trabajo en la campaña electoral.
“Nosotros nos relacionamos con una excelente agencia de publicidad que hizo un excelente trabajo, y no nos arrepentimos, no tenemos ningún cargo de conciencia. En eso no hay nada malo”, sostuvo.
Rodríguez Marchena reveló que Santana fue condenado en Brasil por evasión impositiva, “pero lo primero es que nosotros no lo sabíamos”.
Al mismo tiempo calificó como una perversidad la afirmación de que desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia se le está pagando dinero a la compañía de Santana.
Nota: João Santana está considerado un delincuente internacional cuya especialidad son los sobornos a funcionarios públicos y campañas sucias a sus rivales; sus servicios eran pagados con sobrevaluaciones de obras públicas y addendums que justificaran las inversiones de sus representados. Por eso está preso, por delincuente. De él dijo el juez Sergio Moro “por más que hayan declarado al fisco los valores tenía conocimiento del origen espurio de los recursos” y ocultar valores que se reciben en el exterior “mediante expedientes notoriamente fraudulentos”, como cuentas en nombre de OffShore y contratos falsos, además de ser un ente corrupto y corruptor por medio de sobornos.
DLRD Con información y fuente de: Víctor Martínez El Nacional
MOCA. - Libertad inmediata para Juan Comprés fue dictada por el juez de la Oficina de Servicio Judicial de Atención Permanente de este distrito judicial, Anderson Cuevas, quien conoció las acusaciones que le hiciera la Policía de Moca.
El juez Cuevas determinó que por el vídeo que circula en las redes sociales no habían motivos para dictar medidas de coerción al activista (a) Guanchy.
Todas las actuaciones de la Policía y los golpes recibidos por Comprés, fueron consideradas por el magistrado como ilegales.
El acta policial está basado en mentiras y todos los derechos del señor Comprés fueron violados por las autoridades.
Falleció el periodista y escritor Santiago Estrella Veloz en la tarde de este lunes
Falleció este lunes el periodista y escritor Santiago Estrella Veloz, a la edad de 75 años. Sus restos serán velados desde las 6:30 de esta tarde en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.
Estrella Veloz nació en Moca en 1942. Durante su larga trayectoria trabajó en el periódico La Nación, Listín Diario y en la agencia norteamericana de prensa United Press International (UPI).
También impartió clases de periodismo en el Instituto Dominicano de Periodismo y en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central del Este (UCE).
Como escritor publicó ocho libros, siendo el último la novela Los Inolvidables. Además, publicó Igual que Antes (cuentos), Donde mueren los pájaros y otras historias (cuentos), Memoria de un periodista con Memoria (ensayo), Tres Maestros de la política: Bosch, Balaguer y Peña Gómez (biografías) Ecología para Todos (ensayo), Solo falta que llueva (novela) y Las canciones del miedo (cuentos).
Estrella Veloz fue condecorado con la Orden Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Caballero, alta distinción que otorga la República a sus figuras más destacadas.
Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas (CCRD).
Presidente Danilo Medina viola su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes
El presidente de la Cámara de Cuentas (CCRD), licenciado Hugo Álvarez Pérez, reveló este lunes que cinco mil 177 funcionarios no han realizado su declaración jurada de patrimonio.
Hugo Álvarez Pérez explicó que de esa cantidad que a la fecha no han cumplido con la Ley 311-14, el 78 por ciento pertenece a los gobiernos municipales.
Sostuvo que la institución fiscalizadora ha tomado medidas para que se retenga el salario a quienes no hayan declarado sus bienes.
Sin embargo, señaló que no hay una ley que otorgue a esta entidad un mecanismo para poder accionar de manera directa contra aquellos que no cumplan con la Constitución.
“En el caso de la retención de salarios, en el Reglamento 92-16 dice que nosotros debemos informarle al Tesorero Nacional para que él retenga los sueldos. También dice la ley que debemos informar al órgano superior o al presidente para que lo destituya, pero no tenemos ninguna acción directa contra ningún funcionario”, expresó.
El presidente de la Cámara de Cuentas indicó que la entidad está abogando para cambiar el marco legal de la Ley 311-14 y de la 10-04 que rige a la institución fiscalizadora, “para que este organismo tenga una función más directa en contra de los funcionarios”.
“Hay varios proyectos de leyes que estamos trabajando y nos estamos auxiliando de asesores. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nos está ayudando para modificar varias leyes que nos permitan accionar de manera directa”, agregó.
Price Smart se querella contra Grupo Ramos, el Bravo y empresa Cyngusville alegando “competencia desleal”
La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (ProCompetencia) admitió la denuncia de Price Smart contra el Grupo Ramos (propietario de La Sirena), Bravo SA y Cyngusville por alegada competencia desleal.
La escogencia de la denuncia está avalada con la resolución número DE-005-2017, “admitiendo la denuncia por posible comisión de prácticas contrarias a la ley número 42-08.
“La denuncia fue interpuesta por la sociedad comercial PRICESMART Dominicana, S.R.L.”, indica una nota de prensa.
En su denuncia, PriceSmart dice que el Grupo Ramos, Bravo y Cyngusville están “vendiendo productos sin registro sanitario y sin el etiquetado correspondiente”, lo que lo “coloca en una posición de desventaja frente a ellos”.
La resolución de ProCompetencia entre sus considerandos expresa que el artículo 37 de la Ley Núm. 42-08 establece los requisitos mínimos que debe contener una denuncia para ser declarada admisible por la Dirección Ejecutiva, a saber: (i) señalar al presunto responsable, (ii)describir en qué consiste la práctica o violación a la ley, y (iii) el daño o perjuicio que se le ha causado o se le pueda causar en un futuro.
“La Dirección Ejecutiva solicitó la colaboración del Ministerio de Salud Pública a través de su Dirección General de Medicamentos y Alimentos de Salud Pública (DIGEMAPS) y del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR), con el objetivo de que éstas determinen si en efecto existe una violación a sus normas que consecuentemente le permita la Dirección Ejecutiva establecer si se tipifica una violación al artículo 11, literal “f” de la Ley Núm. 42-08, tomando en cuenta la determinación que a tales fines realicen dichas entidades.”
Ante la acción de la empresa denunciante, los denunciados han afirmado que la acusación depositada por ante este órgano debe ser declarada inadmisible por “violación al debido proceso de ley, derecho de defensa y presunción de inocencia”, argumentando que el supuesto de competencia desleal que les atribuye el demandante “Requiere la existencia y constatación previa de un incumplimiento a las normas de salubridad y de protección al consumidor respectivamente establecidas en la Ley Núm.42-01 y la Ley Núm.358-05”16;.
Al respecto, ProCompetencia indica que “La emisión de la presente resolución que determina el inicio del procedimiento de investigación, no prejuzga en modo alguno sobre la responsabilidad de ningún agente económico, pues aún no han sido comprobadas las conductas que pueden constituir prácticas contrarias a la Ley Núm. 42-08”.
El juez y el Procurador prevaricaron
En la columna de la pasada semana avanzamos algunas respuestas respecto de la autorización otorgada al Ministerio Público (MP) por el juez de la Instrucción para la aplicación de un criterio de oportunidad y la homologación de un acuerdo firmado por el procurador y Odebrecht. Completamos ahora las interrogantes pendientes.
¿Tiene el MP que presentar un acuerdo con el imputado para su homologación al solicitar la autorización para la aplicación de un Acuerdo de Oportunidad? No. El juez de la Instrucción en esta fase, que es la del procedimiento preparatorio, resuelve todas las cuestiones que requieren autorización para que se lleve a cabo la investigación pero en ninguna forma puede intervenir en su contenido y alcance ni establecer límites o decidir aspectos que afecten el fondo del caso, como lo ha hecho el juez al homologar el contenido del acuerdo entre Odebrecht y el procurador.
Para la concesión del criterio de oportunidad, el MP no necesita tener el consentimiento ni la promesa de colaboración efectiva del imputado en el momento de la solicitud. Lo que el MP debe es convencer al Juez de su pertinencia por tratarse, digamos, de una estructura criminal y el MP tiene el interés de buscar la colaboración de uno o varios de los imputados a cambio de ofertarle, por ejemplo, una pena menos severa. En muchos casos, la colaboración del imputado se produce ya avanzada la investigación, sobre todo, luego que el MP acumula suficientes medios de prueba contra un imputado y, éste, al verse evidenciado opta por la colaboración.
Así pues, en el escenario del artículo 370-6, el otorgamiento de la facultad de aplicación de un criterio de oportunidad viene a ser como una herramienta de “negociación” en manos del MP, parte de los recursos que la ley pone a su disposición para que éste pueda impulsar y llegar a fondo en la investigación. De igual modo, el ámbito y límites de su aplicación no le corresponde determinarlo al Juez sino que lo establece directamente el Código Procesal Penal en su artículo 34, numerales 1,2 y 3, precisando qué infracciones y en qué circunstancias se puede prescindir de la acción penal y en cuáles no.
Es por eso que en esta fase, el Juez ni tiene facultad ni tiene sentido procesal “homologar” un acuerdo en que el MP, sin haber realizado la investigación, prescinde de la persecución penal contra Odebrecht a cambio de una promesa de colaboración futura, por demás innecesaria dado que el MP del Brasil, espontáneamente se ha comprometido a suministrar la lista de funcionarios sobornados en el país.
Por tanto, el acuerdo suscrito entre Odebrecht y el procurador, homologado por el juez de la Instrucción, es nulo y carece de valor jurídico, siendo una prueba de complicidad manifiesta toda vez que el procurador al firmarlo y el juez al homologarlo han cometido el crimen de prevaricación que consiste en dar una decisión con conciencia de que es contraria a la ley, con la agravante de haberlo hecho para favorecer a una empresa delincuente que ha confesado haber sobornado y sobrevaluado obras, en perjuicio del Estado y sociedad dominicanas.
¿Cuándo y ante qué juez debe presentarse el acuerdo entre el MP y Odebrecht? En los casos en que el MP y el imputado se ponen de acuerdo sobre los hechos y las penas por aplicar, o solo sobre el hecho punible, pudiendo suscribir un acuerdo que requiere la firma y autorización adicional del defensor del imputado. Ese acuerdo se presenta ante el juez de la instrucción que en ese caso preside la audiencia para la aplicación del juicio penal abreviado. El juez en una audiencia decidirá por sentencia sobre el acuerdo entre el MP y el imputado.
¿Se ajusta el caso Odebrecht a la aplicación del juicio penal abreviado? Perfectamente. Si tuviera esa intención y voluntad, el Procurador tiene la posibilidad de arribar con Odebrecht, en lo que respecta a los sobornos, a un acuerdo sobre los hechos y sobre las penas sobre la base de la colaboración efectiva de la empresa. En ese caso, el MP podría prescindir de algunas de las penas de que es pasible recibir: i) condena por un período de dos a cinco años al cierre o intervención; ii) multa del duplo del monto del soborno; iii) adicionalmente el representante legal de Odebrecht será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión; y iv) confiscación en provecho del fisco de las cosas o valores ofrecidas, prometidas u otorgadas por el sobornante.
¿Por qué el Procurador prefirió la homologación del ilegal acuerdo con Odebrecht y no ir al juicio abreviado? La razón está en que para ir al juicio penal abreviado, el Procurador tiene que presentar formal acusación penal contra Odebrecht. De hacerlo, entonces Odebrecht no podrían continuar operando en la RD ni construyendo a Punta Catalina. Es decir, lo que ha pesado son los compromisos que tiene Danilo Medina con Odebrecht y que le obligan a garantizarle impunidad. ¿Por qué? La respuesta está en las declaraciones de esta semana de Joao Santana y Mónica Moura: Ellos protegen a Danilo Medina en Brasil y Danilo protege los intereses de Odebrecht en Punta Catalina. Una vez más opera el código omertá.
Así lo reporta la Cámara de Cuentas de la República Dominicana NÓMINA PÚBLICA AUMENTÓ DE RD$86,095.43 MILLONES A RD$124,533.52 MILLONES
Graves observaciones hizo el pleno de la Cámara de Cuentas en sus conclusiones al Informe de la Ejecución Presupuestaria y Rendición de Cuentas Generales del Estado 2016, enviado al Congreso Nacional, y que van desde falta de cumplimiento metodológico, cifras no aclaradas, “cero información sobre montos ejecutados” y que aún existen instituciones que no registran sus operaciones y transacciones financieras, entre otras anomalías.
Además, de un total de 341 presupuestos recibidos solo 36, equivalente al 10.56%, cumplió con lo establecido en el párrafo I del artículo 71 de la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público y el artículo 328 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, anteriormente citadas, sobre la entrega a tiempo de documentos de sus gastos.
Después de auditar la Ejecución Presupuestaria contenida en la cuenta Ahorro Inversión-Financiamiento (CAIF), la deuda del sector público no financiero y realizar el análisis y evaluación de la Ejecución Presupuestaria y la Rendición de Cuentas Generales del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2016, tomando como base el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas –ERIR- la CCRD presentó sus conclusiones y recomendaciones a la Cámara de Diputados para fines de aprobación.
Aunque los estados de la ejecución del Presupuesto del Estado para el citado ejercicio fiscal presentaron, en términos generales, todos los aspectos relevantes sobre el desempeño financiero y presupuestario del Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, las Municipalidades y las Asociaciones Sin Fines de Luccro; en el análisis y la auditoría de los estados e informaciones financieras e informes presentados a esta Cámara “se evidenciaron los incumplimientos e inobservancias, que se detallan a continuación:
Entre ellas cita: “Se verificó la estructura de contenido del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas –ERIR-, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 126-01.”
Como en años anteriores, se verificó que el ERIR no incluyó los aspectos siguientes: Estado de la gestión financiera consolidada del Sector Público no Financiero, con sus resultados operativos, económicos y financieros. Su cumplimiento es competencia de la DIGEPRES. Hasta el momento este Órgano Rector no ha definido una metodología que permita realizar el cotejo de las transferencias interinstitucionales y la consolidación de la cuenta económica de ingresos y gastos de todos los del Sector Público.
Grado de cumplimiento de objetivos y metas de la producción pública, para lo que se requiere la puesta en marcha del presupuesto orientado a resultados, en lo que se ha avanzado, sin llegar aún a la meta trazada; comportamiento de costos e indicadores de eficiencia de la producción pública, que debe ser preparado por la DIGEPRES y presentado a la DIGECOG para la elaboración del ERIR, “esto no se elaboró a la fecha”.
“Los valores presupuestarios expuestos tanto en el Sistema Integrado de Gestión Financiera SIGEF como en el ERIR, son similares en los distintos clasificadores de ingresos”.
En lo que respecta a los gastos, las fuentes y las aplicaciones financieras, evidenciaron incompatibilidades, sobre todo en los registros de la Deuda Pública y las disponibilidades.
“En atención a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 260-15, para cumplir los compromisos con el Banco Central, se asignó la suma de RD$22,750.5 millones, equivalentes al 0.7% del PIB. Según el Banco Central de la República solo se registraron intereses devengados por RD$5,263.2 millones”.
“El saldo de endeudamiento del Sector Público No Financiero –SPNF- mostrado por la Dirección General de Crédito Público –DGCP- al cierre del ejercicio fiscal , en sus observaciones y conclusiones, recomendaciones la CCRD, e informe al Congreso, expresa que fue de RD$1,247,647.95 millones, mientras que el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas –ERIR- elaborado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental –DIGECOG- presentó un monto de RD$1,246,157.26 millones, lo que reflejó una diferencia de RD$1,490.69 millones.”
De acuerdo a las informaciones de la Dirección General de Crédito Público-DGCP-, la ejecución de recursos por financiamiento, ascendente a RD$314,686.79 millones, significó la obtención de desembolsos de un 81.63% por encima del valor autorizado en la Ley 260-15 de PGE ascendente a RD$173,259.7 millones.
“Según las informaciones recibidas de la Dirección General de Crédito Público –DGCP-, el total pagado por servicio de la deuda ascendió a RD$292,743.01 millones, un 91.95% por encima de los RD$152,505.41 millones mostrados por el SIGEF.”
Explica la Cámara de Cuentas en sus conclusiones que “en la Política Presupuestaria se contempló un gasto tributario para el ejercicio fiscal 2016 de RD$212,378.9 millones, 6.5% del PIB y 43.58% de los ingresos tributarios percibidos. Sin embargo, no se dispuso de información respecto al monto ejecutado.
“El artículo 22 de la Ley 260-15 contempló la incorporación de RD$9,336.4 millones de los ministerios y sus dependencias a la Cuenta Única del Tesoro-CUT-. A la fecha de cierre se incorporó la suma de RD$5,869.57 millones. Además, se registraron gastos de las mismas instituciones por este concepto, ascendentes a RD$3,920.25 millones.”
En la política presupuestaria de gastos se contempló mantener la nómina pública en los niveles del año 2015, por un monto de RD$86,095.43 millones, 2.65% del PIB, sin incluir nuevos aumentos de policías, militares, personal docente y de salud pública; mientras que la cantidad ejecutada fue de RD$124,533.52 millones, el 3.74% del PIB, para un incremento de 1.41% del PIB. „
A pesar de que el Ministerio de Hacienda dispuso mediante resolución que todas las Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas y de la Seguridad Social, registren en el SIGEF todas sus operaciones presupuestarias de ingresos y gastos, se observó en los reportes extraídos de dicho sistema que aún existen instituciones que no registran sus operaciones y transacciones financieras.
“La presión fiscal estimada fue de 14.1% del PIB y se logró el 14.54%, ligeramente por encima del estimado, pero por debajo del 16% definido en la Ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo -END- 2030.”
“Se observó en los presupuestos de las entidades que entregaron sus informes completos, que solo en la cuenta de gasto de personal se mantuvieron en el porcentaje establecido en el artículo 21 de la Ley 176-07 y en los demás presentaron desviaciones”.
El gobierno debe rectificar sus imputaciones contra Juan Comprés (Guanchy)
El Ministerio Público de Moca deberá proceder este lunes a retirar todas las imputaciones que tiene contra el dirigente de la Marcha Verde de Moca, del grupo Los Peregrinos, luego de las evidencias que existen, y que todo el mundo conoce, que los 52 gramos de cocaína que supuestamente les fueron descubiertos en su viejo automóvil fueron colocados allí por un agente de la Policía Nacional, con la clara intención de ponerlo bajo prisión. Sin ningún fundamento.
El señor Juan Comprés (Guanchy) es una persona con una historia de compromiso social. No existen elementos creíbles que permitan al Ministerio Público sostener la medida de coerción que ya ha dado a conocer, de tres meses de prisión por violación de las leyes antidrogas del país.
Lo que más conviene al gobierno del presidente Medina es echar atrás cualquier operativo para desprestigiar a los dirigentes de la Marcha Verde. Ya lo intentaron con Ricardo Nieves, de quien han dicho y repetido ataques personales que no se sostienen. Ya admitió el Ministro de Interior y Policía que el gobierno tiene vigilado a los dirigentes de ese movimiento. Y ahora se acaba de descubrir que fue un hijo de un oficial de la Policía Nacional, también miembro de ese organismo, quien colocó los 52 gramos de cocaína en el desvencijado vehículo del dirigente popular.
No hay forma de sostener esta imputación. Es falaz. Venenosa. Retorcida. Con el agravante de que el dirigente de Los Peregrinos ha sido ya torturado por la Policía Nacional, para que declare en contra de su voluntad, algo que parece resulta imposible que haga.
La pregunta que tendrá que responder el Ministerio Público es si ya comenzó la investigación sobre la procedencia de la droga, si tiene interés o intención de interrogar al oficial de la Policía que colocó la droga. Y otra pregunta aún más importante: ¿Por qué razón esposar tan rápidamente al dirigente popular, y meterlo a prisión, y pedir medidas de coerción, si cuatro meses después de denunciado el soborno de Odebrecht, o casi un año después de conocido los sobornados del caso Tucano, no han puesto las esposas a los responsables de estos bochornosos actos de corrupción?
El caso de Juan Comprés (Guanchy) es un bochorno para el gobierno, y para los responsables de reprimir a los miembros y dirigentes de la Marcha Verde. Como ciudadanos, con plenos derechos civiles y políticos, como dominicanos, los ciudadanos de cada pueblo de este país tienen derecho, como Guanchy, a reclamar transparencia, justicia, equidad, cese de la impunidad, sin ser truculentamente imputado de actos ilegales, como el tráfico de drogas. Esa imputación es infame, y pone en evidencia la retorcida política de Trujillo y Balaguer contra los opositores o contra los críticos. La Fiscalía del Distrito Nacional tenía una granada que era conocida en los 12 años, porque a todos los dirigentes izquierdistas se la colocaban como prueba de sus actos contra el gobierno, cuando querían justificar su apresamiento. No es distinto lo que están haciendo ahora contra Guanchy.
Corresponde una correcta actuación de las autoridades. Si quien intentó imputar a Juan Comprés (Guanchy) fue algún dirigente local de Moca, toca ahora que el Ministerio Público lo identifique y lo someta judicialmente por un acto tan cruel y pernicioso. Si la orden fue desde más arriba, que se tome en cuenta la indignación local e internacional que esta situación ha generado. El gobierno corre el riesgo de pasar mucha más vergüenza, y de caer en el ridículo más de lo que ya caído. Es de sabio rectificar en un caso tan elocuente y vergonzoso.
Investiguen eso
La detención en forma irregular de un dirigente político en Moca, cabecilla del grupo “Los Peregrinos”, que se caracteriza por convocar a paros cívicos a veces sin razón aparente, y los golpes que recibió en el cuartel policial de esa ciudad, obligan a una investigación exhaustiva y a ejemplares sanciones a los culpables.
Cuando se pensaba que el expediente de acusar a los dirigentes de izquierda de hechos delictivos de naturaleza común había sido echado al olvido, reaparece esta práctica en un momento en el que el Gobierno no necesita de estos procedimientos vejatorios que son absolutamente negativos para su imagen.
Los derechos individuales del señor Juan Comprés han sido violados flagrantemente, lo que ha provocado natural indignación en esa población que pide sanción para los culpables.
Vivir en democracia es complicado. Aun el más necio o rebelde de los ciudadanos tiene que ser tratado con absoluto respeto a sus derechos. Ese es el deber del Gobierno y de los organismos judiciales.
La prisión del señor Comprés debe ser declarada irregular y los responsables de ese desaguisado deben pagar por ello.
Juan Comprés, golpeado por la Policía y certificado por el Inacif.
Juan Comprés, golpeado por la Policía y certificado por el Inacif.
Cadena perpetua para corruptos
La corrupción administrativa debe ser declarada y tratada como lo que esencialmente es: un crimen contra la humanidad. La corrupción y los corruptos causan incontables muertes constantemente, si se los calculamos con detenimiento, parecería una guerra de exterminio.
Los políticos corruptos son criminales de guerra que, además, violan los derechos humanos fundamentales de los sobrevivientes.
El ingeniero que se robó el dinero de construir una clínica rural, y el funcionario cómplice, causan muchas muertes por falta de atención médica en la zona. Y violan el derecho humano a la salud a quienes vivan en la comarca. Quien se roba el dinero de construir escuelas, condena a esa población a vivir en un estado de ignorancia durante varias generaciones, y la ignorancia, sabido es, causa más muertes que muchas guerras.
Viola el derecho humano fundamental a la educación.
Quien se roba el dinero de puentes y carreteras, con deliberados vicios de construcción, es responsable de las muertes que eso cause. Los políticos internacionalizan leyes defendiendo intereses corporativos. Las farmacéuticas producen esta epidemia de adicción al opio sintético.
Es legal que el adicto compre drogas en la farmacia, comprarla en la calle es criminal, “tráfico de drogas”. En Nueva York fumar marihuana medicinal es ilegal, lo natural es ilegal, lo legal es lo sintético. Es legal que el dinero termine en arcas de las corporaciones, cualquier otra cosa es ilegal. Necesitamos leyes internacionales designando la corrupción como un crimen contra la humanidad. Que los políticos corruptos, como criminales de guerra, sean condenados a devolver el dinero robado y cumplir cadena perpetua.
Con dos ceremonias humillantes anuales que incluyan una pela pública el nefasto día de su cumpleaños, y el día de su encarcelamiento, como triunfo de la higiene pública.
Sería un acto profundamente humano. En China los ahorcan.
Falta de respeto a las instituciones y al uniforme
Sin casco protector, con camisa de la Policía, uniforme militar y cerveza en mano.
Hablando por un móvil.
Son las consecuencias de vivir en un régimen sin consecuencias, donde la corrupción y la impunidad son el estandarte.
Jamás la delincuencia va a respetar a nuestros uniformados mientras escenas como estas no sean castigadas y erradicadas.
Si lo que están gobernando se sienten incapaces de dirigir la nación e imponer el orden y la ley, que tengan el valor de admitirlo y convoquen a nuevas elecciones para buscar quien se encargue de este desorden, de esta orgía de inconductas.
No es bueno callar cuando se queda frente a la sociedad como un autoritario dictador
Hable Presidente, defienda su gobierno. Justifique que su coronel de la Policía en Moca plante drogas y torture apresados autoritariamente.
Vamos, sea valiente y encare a esta sociedad que piensa lo peor de Usted en estos momentos donde todo está develado y descubierto con Odebrecht y las plantas a carbón de Punta Catalina.
Nosotros, los ciudadanos que le pagamos su salario queremos oírlo, díganos qué opina de que el coronel Valenzuela y su hijo planten drogas narcóticas a un opositor en Moca, coméntenos sobre la paliza certificada por Inacif a un reo.
Sea valiente como cuando se apoyó en las declaraciones de un delincuente preso para decir: "Habló lo que tenía que hablar".
Lo estamos esperando que se pronuncie contra la colocación de narcóticos a inocentes y torturas en su gobierno.
Hable, Presidente, sea valiente.
Publique las encuestas de su popularidad, como las hacía Usted cuando tenía engañado a este pueblo, antes que supiéramos a qué fue Usted a Brasil, a qué vinieron los brasileños y en qué consistía su sociedad con ellos.
Vamos, anímese, hable, que para eso le pagamos, para que rinda cuentas. Usted es nuestro empleado, defiéndase o deje eso.
