Presidente Leonel Antonio Fernández Reyna.
De pensiones y dádivas
Entre los muchísimos desbarajustes que el irresponsable de Leonel Fernández deja tras sí, hay uno que podría parecer minúsculo, especialmente comparado con el restante desorden ciclónico del gasto público y el déficit sin precedentes que penden sobre la cabeza del país y que serán afrontados (no dije que censurados, ni corregidos) con estrategias que consistirán en exprimir aún más a quienes no tienen con qué defenderse y de las que todos tendremos más detalles en las próximas semanas.
Sin embargo, en algún momento del impreciso, pero creo que definitivamente lejano futuro, supongo que merecerá la atención de una gestión de gobierno que se interese, si es que eso ocurre alguna vez, por poner cierto orden en este despelote estúpido, primitivo e inoperante, con que se maneja la administración pública y por frenar los desbordados, extravagantes y completamente insólitos gastos de bienes públicos, en que incurren estos gobernantes de pacotilla para pagar las adherencias políticas.
Se trata de la cuestión de las pensiones. Hace apenas una o dos semanas, el Presidente, que está a unos días de ceder su turno al frente del Poder Ejecutivo a Danilo Medina, su momentáneo sustituto –ante quien debía tener la consideración que no le merece el país, de no seguir sobrecargando el presupuesto nacional con gastos fijos extra de último minuto- concedió unas pensiones a un grupo de trabajadores culturales y artistas o presuntos artistas.
Ya tiempo atrás había concedido pensiones similares a otras personas relacionadas al mundo de las artes y la cultura, İincluyendo empresarios! asociados a esos renglones y a varios periodistas.
El problema no se limita a ese par de listicas recientes, sino que abarca el sistema completo de otorgamiento de pensiones por parte del Estado dominicano.
Muchos de los casos que evidencian las precariedades y la inoperancia de ese sistema son tan patéticos, que ante ellos se le caería la cara de vergüenza a cualquier presidente, funcionario o congresista, mínimamente consciente del funcionamiento de un estado democrático, comprometido con el bienestar de un país y que no forme parte de una vulgar camarilla de mafiosos punchafetes: maestros de escuela con pensiones de 92 pesos mensuales y trabajadores de los ingenios azucareros, más exprimidos que los bagazos de caña, que mueren en la vejez más absolutamente desamparada, esperando la pensioncita miserable que le han prometido en docenas de ocasiones, sin que llegue nunca.
En contraste, se conocen las desproporcionadamente voluminosas pensiones que se otorgan a ciertos funcionarios, incluyendo diversos gánsteres y criminales, cuyas pensiones supongo que han sido concedidas en reconocimiento a los desfalcos que han cometido en todas las dependencias estatales por las que han pasado.
En diversas ocasiones han sido motivo de escándalo –sin que ello conlleve revisiones ni enmiendas de ninguna clase- las pensiones que se les ha otorgado a "insumergibles" políticos como Leonardo Matos Berrido, a quien en su momento y por sólo uno de los "servicios" que ha brindado –con tanta eficiencia como desinterés- a la República en el desempeño de funciones públicas, lo agraciaron con una pensión de medio millón de pesos mensuales, que de seguro ya le aumentaron para ajustarla a las inflaciones.
Entre los directivos de diversas dependencias del gobierno, incluyendo congresistas, autoridades financieras y judiciales y desde luego, los que se atiborran a la sombra del Poder Ejecutivo, se reparten pensiones que simplemente no se corresponden con las condiciones del país.
No debía ser posible que las retribuciones que disfruta cierta casta, entre los servidores públicos, estén tan desvinculadas de los recursos disponibles para la población que paga a esos funcionarios.
Al parecer, hay casos de militantes políticos que pasan gran parte de su vida recibiendo más de un sueldo de botella y cuando se les pensiona reciben múltiples pensiones porque han "trabajado" en diversos sitios.
Al país se le roba con el nombramiento –con el correspondiente aumento en los gastos de nómina- de una cantidad innecesaria e injustificable de generales, coroneles y otros oficiales de la policía y las fuerzas armadas y se le roba, otra vez, cuando los oficiales son elevados de rango y puestos en retiro, pensionándolos con el salario correspondiente a unas funciones que jamás desempeñaron. Esa es una irregularidad. Debía recurrirse a ella solo en casos excepcionales y no como rutina.
En tanto, otros empleados públicos, que han desempeñado sus funciones, pero no tienen las relaciones políticas adecuadas, deben pasar las mil y una gestionando la pensioncita que les corresponde legal y legítimamente.
No hay dudas de que algunas de las personas beneficiadas con las alegres dadivosidades en las que recientemente ha incurrido Su Majestad, Leonel Fernández, necesitan las pensiones que han recibido.
Otros no necesitan esas pensiones, pero las reciben con orgullo, en vez de sentirse avergonzados, igual que esos artistas populares –muchos con carreras exitosas- que debían sentirse agraviados cuando el mandatario los mete a la nómina pública en condición de limosneros. Ojalá la primera dama e inminente vice-presidenta incorpore ese tema a su campaña de valores, porque sí que se necesita un poco de educación al respecto.
Pero el punto no es si los beneficiarios necesitan o no las pensiones, sino la institucionalización de los requisitos y de los procedimientos para otorgarlas.
Las pensiones del Estado no deben depender de los caprichos ni favores de nadie y de ninguna manera debía emplearse como un mecanismo de retribución de favores políticos.
Debían corresponderles a los funcionarios públicos o privados que le hayan pagado al Estado una proporción de sus ingresos para que le sea retribuida en forma de pensión cuando envejezcan y ya no puedan trabajar.
Desde luego, el Estado también debía tener una política de amparo a las personas envejecientes o enfermas, que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. En ese caso lo que corresponde no es una pensión, sino una asistencia destinada a gente en crisis o situación de riesgo.
Para eso y no para que polítiqueritos rastreros compren votos de menesterosos, debía servir la mierda esa de la tarjeta solidaridad.
Un presidente que respete su investidura, tenga algún sentido de cómo debe funcionar un Estado y sienta algún aprecio por su pueblo, no lo empuerca todo, desmontando pieza a pieza todo rastro de institucionalidad, haciendo del gobierno un ventorrillo y de las funciones públicas un relajo.
Sara Pérez
DIARIO DE LA CIGUAPA
Acento.com.do
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Foto: Diario Libre
