Cuando la Junta Central Electoral transfiere fondos a los partidos establece las bases de un proceso de rendición de cuentas puro y simple. Desafortunadamente, el reporte de gastos es una formalidad que oculta un memorial de travesuras administrativas donde se reparten recursos públicos a una clientela capaz de hacer de su militancia una forma de vida.
Salvo reconocidas excepciones, las finanzas partidarias retratan el nivel de descomposición de nuestra clase política. Y en el marco de toda la operatividad institucional se construye una red de complicidades para que las cúpulas asuman estilos de vida inalcanzables para el resto de los ciudadanos. El día que las bases y la dirección media de las organizaciones conozcan al detalle los manejos financieros de sus respectivos partidos, el nivel de indignación aumentaría y los responsables tendrán que ir a la cárcel.
Lo primero es que el manejo de fondos públicos entraña repercusiones en el orden penal y administrativo a todo lo que desborde el ámbito legal. Por eso, la Cámara de Cuentas ha hecho un manejo acomodaticio de sus auditorías dándole cancha abierta a gastos inverosímiles que permiten erogaciones millonarias divorciadas de la esencia de las organizaciones. Y ese escrutinio tibio y tolerante no libera de sanciones a sus responsables. Así, podemos observar el derroche de dinero en canastas navideñas, pasajes aéreos, adquisición de vehículos, asesorías, publicidad y viáticos, sin respetar los parámetros de la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
Decidí depositar por ante la fiscalía del distrito nacional, una querella por violación a los artículos 3, 4, 123, 124, 174, 265, 267, 408, del Código Penal contra la autoridad principal del PRD debido a que no exhibe la documentación indispensable para justificar el manejo escrupuloso de 1,200 millones de pesos durante el periodo 2009-2012. Además, ha sido el órgano rector, en lo referente a la supervisión y fiscalización de las finanzas públicas, la instancia que señala una falta grave. Lamentablemente, resulta reiterada la tendencia en la mayoría de los partidos, el utilizar los fondos como un botín grupal.
En el Siglo 21, los partidos deben ser garantes de la transparencia porque no se puede ejercer, desde la oposición, una crítica efectiva al gobierno sin autoridad moral. Y en ese orden, la señal a enviar por los sectores discrepantes del oficialismo es la de superarlos en pulcritud y decoro debido al elemental razonamiento de que no se puede desvencijar las finanzas partidarias y actuar con honor con el presupuesto nacional.
El sector que controla las siglas del PRD no lo entiende. Los recursos que administran deben manejarse consciente de que su destino alcance a todos los integrantes de la organización, sin importar las simpatías internas. La actual conducta administrativa del partido retrata la mentalidad de sus autoridades y usa con criterio puramente personal su distribución, porque la lógica prevaleciente necesita de esos recursos para cambiar distribución de fondos de todos para consolidar una aspiración desprovista del carisma necesario y escaso del talento elemental en un político con verdaderas posibilidades.
Tengo conciencia de la tecla que estoy tocando y los intereses que afecto. No me importa y con gusto asumo las consecuencias. Lo tengo claro: me llena de satisfacción distanciarme de la cúpula partidaria por cuestiones de principio porque lo traumático sería traicionar mis convicciones por inconductas del partido.
Guido Gómez Mazara
Hoy
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