SANTO DOMINGO, República Dominicana. - La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana decidió crear una comisión para tratar de resolver por la vía amigable el sometimiento que hiciera el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) contra las empresas generadoras de electricidad EGE-Haina y EGE-Itabo, para lo que propuso una reunión con el actual presidente de la institución estatal Fernando Rosa.
Esto a pesar de que la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, al recibir el voluminoso expediente que involucra la suma de 18 mil millones de pesos que adeudan estas empresas al Estado, dictaminara que por la gravedad de la denuncia y las pruebas presentadas se obviaba la fase de conciliación para entrar en la investigación del caso.
La decisión de la AMCHADR fue adoptada luego de la exposición del director de la entidad que agrupa a numerosas empresas multinacionales, Jesús Bolinaga, quien además es presidente de EGE-Itabo, en la reunión ordinaria del pasado martes 11 de septiembre, a la que asistieron numerosos representantes del sector generador de energía, actualmente sometido a la justicia por el FONPER.
En este escenario, Bolinaga se quejó amargamente de que se recurriera a la vía penal contra ejecutivos de las empresas generadoras. El tema estaba pautado en el punto 4 de la agenda del día, relativo a la situación coyuntural que afecta al FONPER y también a las empresas AES Dominicana y EGE-Haina.
Especialistas consultados por 7dias.com.do afirman que la decisión de la AMCHADR intenta pasar por alto la naturaleza de los asuntos de orden público, que como el caso del sometimiento del FONPER es de interés social ya que afecta a la gran mayoría de la población. Por tanto, este expediente no puede ser conocido en otras instancias como el arbitraje y mucho menos en materia civil, por lo que Bolinaga evidenció su “ignorancia”, agregan los especialistas, del sistema penal dominicano, que establece que las infracciones penales no pueden ser sometidas a arbitraje por los principios de universalidad y exclusividad de la competencia de la jurisdicción penal para el conocimiento y fallo de todas las acciones y omisiones punibles, consagrado en el artículo 57 del Código Procesal Penal.
Ante tan “comprensivo y solidario” grupo, que no es otro que los mismos representantes de varias de las empresas del sector eléctrico que integran el denominado “círculo élite” de esa Cámara de Comercio, que asistieron a la reunión, Bolinaga expuso la situación “coyuntural” que, según él, afecta a las empresas EGE-HAINA y EGE-ITABO.
Curiosamente, según el acta del Consejo de Directores, el presidente de EGE-ITABO y director de la Cámara Americana de Comercio no se refirió al fondo de la imputación realizada por el FONPER contra los socios privados de EGE-HAINA y EGE-ITABO, en la que se reclama la restitución de alrededor de 460 millones de dólares, equivalentes, a la tasa actual, a unos 18 mil millones de pesos.
La exposición de Bolinaga fue respaldada de manera especial por Roberto Herrera, ejecutivo de la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís, --controlada por los mismos socios privados de EGE-HAINA--; Alejandro Peña Prieto, casualmente abogado defensor de los ejecutivos de EGE-ITABO; Campos de Moya, reconocido funcionario del socio privado de EGE-HAINA; Ramón Ortega, socio principal de PriceWaterhouseCoopers, que audita a EGE-HAINA, y Julio Brache, presidente de Leche Rica y del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio.
Después de la exposición, muy aplaudida por cierto, del presidente de EGE-Itabo, Brache propuso la creación de una comisión presidida por él e integrada además por William Malamud y Máximo Vidal para sostener una reunión con el presidente del FONPER, Fernando Rosa, a fin de abordar el caso y ofrecer respaldo a las empresas generadoras de energía envueltas en el conflicto.
Igualmente, y sobre las mismas consideraciones, Brache propuso la publicación de un comunicado con la posición de la Cámara de Comercio sobre el asunto, sin que a la fecha se haya producido tal publicación. Aunque todas estas propuestas fueron aparentemente aprobadas, no se hizo constar en el acta la cantidad de votos a favor o en contra.
Hay que suponer que con la aprobación del documento de solidaridad con las empresas generadoras de electricidad sometidas a la justicia, Brache se muestra coherente con uno de los postulados del organismo, orgullosamente colgado en su portal de Internet, que reza: “La consolidación en República Dominicana del desarrollo económico sostenible basado en un ambiente de negocios transparente y justo, el respeto al estado de derecho y socialmente responsable”.
Es preciso recordar que el sometimiento a las empresas generadoras de electricidad EGE-Haina y EGE-Itabo fue realizado el 8 de agosto del año que discurre, bajo los cargos de fraude, estafa, dolo y abuso de confianza contra el Estado dominicano.
Y tanta es la importancia que reviste dicho expediente, que la representante del Ministerio Público, ante la solicitud de una entrevista para hablar sobre este, respondió a esta reportera, vía el Departamento de Relaciones Públicas de la Fiscalía, que estaba en el proceso de investigación por lo que no podía referirse al caso. Esta respuesta no deja de llamar la atención porque en una entrevista televisada la fiscal Yeni Berenice Reynoso aseguró que el expediente había pasado a manos de la Procuraduría General de la República para su conocimiento.
Ivonne Ferreras
7dias.com.do
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