La corporación del fraude
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado son dos cómplices conscientes en este proceso ilegal e inmoral
La Cámara de Diputados, que el pasado 20 de noviembre declaró de urgencia y en dos lecturas consecutivas, dio su aprobación a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para legalizar deudas contraídas por instituciones públicas con el Banco de Reservas por 795.7 millones de dólares y 399.2 millones de pesos, que se encontraban ocultas, como deuda privada, deliberadamente tapadas por las autoridades del gobierno y del propio Banco de Reservas.
Pese a que algunos legisladores llamaron la atención sobre el propósito ilegal y absolutamente contraviniendo las disposiciones constitucionales, de que se estaba tapando un hueco crediticio que debió aprobar previamente el Congreso, con la mayoría mecánica del PLD se aprobó la propuesta y apenas la opinión pública se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo.
Este 4 de diciembre, con apenas unos días de la oprobiosa aprobación de los diputados, la maquinaria absolutista del PLD en el Senado también declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas lo que el gobierno llama “Ley de Racionalización de Operaciones con el Banco de Reservas”.
La urgencia no se comprende, pues lo que dijeron es que algunos plazos de los préstamos se vencen y es necesario legalizar con el Banco de Reservas esos desembolsos. Pero el Banco de Reservas no debió autorizar los desembolsos a ningún contratista o empresa local o extranjera que tuviera autorización para ejecutar obras en la campaña electoral, si esos fondos no estaban autorizados por el Congreso, vía la ley de gastos públicos, para que se difuminaran como por arte de magia en los malabarismos a que nos tienen acostumbrados los peledeístas.
Casi todos estos fondos fueron utilizados por vía del Ministerio de Obras Públicas para la campaña electoral, se gastaron sin que se rindiera cuenta ante el Congreso, ante la Contraloría General de la República o ante el Ministerio de Hacienda. Las instituciones gastaron, tomaron el dinero del Banco de Reservas, lo utilizaron en las obras, ocultaron la naturaleza de la operación y estafaron al país.
De paso, estos señores demostraron de nuevo que tienen agallas para engañar al Fondo Monetario Internacional, pues ese organismo nunca detectó estos préstamos. También estafaron al Congreso Nacional, que sin autorizar construcción de obras o ejecución presupuestaria en lo que se construyó, por encima de su cabeza, las ejecutaron sin rendir cuentas.
Es el Congreso el que resulta más seriamente lesionado, porque con este tipo de operación se demuestra que no hace falta el Congreso como supervisor o fiscalizador del Ejecutivo. Violaron la Constitución de la República, la Ley de Presupuesto, la Ley de Gastos Públicos, la Ley de Crédito Público, la Ley Monetaria y Financiera, las regulaciones establecidas para normas y las operaciones bancarias por vía de la Superintendencia de Bancos.
Todo esto ocurrió a los ojos del país. Y son tan descarados que en dos lecturas consecutivas, vale decir, a toda prisa, en la Cámara de Diputados el 20 de noviembre, y en el Senado el 4 de diciembre, siguieron con el engaño poniendo a la víctima a cargar el fruto del robo: Al Congreso Nacional, que les autorizó legalizar la estafa.
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado son dos cómplices conscientes en este proceso. Es una burla a la sociedad dominicana y a las leyes que aprueba el Congreso, que son útiles para cumplirlas cuando son los otros los perjudicados y no los gobiernistas y sus cómplices.
Las empresas y contratistas que ejecutaron estas obras, si es que se ejecutaron, son también cómplices, lo mismo que las autoridades de Obras Públicas, el INDRHI, el sector agua y el sector energía, que se prestaron a una ilegalidad y a un abuso desconsiderado de la institucionalidad y el respeto.
Cómplices son también el ex presidente que tuvo que dar su aprobación para la “ejecución” de las obras, el actual presidente que se prestó a enviar una propuesta de ley de “Racionalización de Operaciones con el Banco de Reservas”, y por supuesto son cómplices las autoridades de la Superintendencia de Bancos, por todas las dispensas que les concedieron al Banco de Reservas para ejecutar, a los ojos de los auditores, cerca de 35 mil millones de pesos, de deuda pública, o ocultarlas como operaciones privadas.
El mayor responsable de esto es, por supuesto, el Banco de Reservas que se prestó a la patraña y que ahora, como si nada hubiese ocurrido, envía las operaciones ejecutadas, como préstamos contraídos, al Congreso Nacional y como si se tratara de obras por ejecutar.
El país no puede seguir con este relajo. Ese acto es ilegal de arriba abajo. Es una ruptura grosera del orden legal y de los procesos legales y normales de aprobación de leyes. Es una vergüenza que senadores y diputados acojan como normal esta pretendida “Ley de Racionalización de Operaciones con el Banco de Reservas”.
Este tipo de atropellos es lo que coloca al sistema político y a los legisladores y funcionarios en el descrédito público, y lo que le quita legitimidad y reconocimiento a un presidente de la República, a un gobierno y al partido que le sustenta. El PLD, como actos absurdos y burdos como este, no puede pretender seguir enarbolando la bandera del respeto a la ley y de la supuesta defensa de la Constitución y la dignidad. Eso es cosa del pasado.
Hipólito Mejía
Expresidente de la República
El Nacional.com.do
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