A pesar de las muchas reformas que han tenido como objetivo la modernización del Estado, la realidad es que muchos funcionarios actúan como si su Ministerio, Superintendencia o entidad de que se trate fuera un feudo particular. A veces parecería que la diferencia entre la concepción trujillista del país administrado como una finca propia y la actual, es que ahora son muchas fincas, de distintos tamaños y propietarios.
El gran organigrama gubernamental que debería funcionar de forma armoniosa, cual una orquesta sinfónica bajo la dirección de la batuta de su maestro, funciona de forma totalmente desacoplada y asincrónica. En ocasiones da la impresión que se trata de distintos gobiernos o países. Quienes están llamados a regular la conducta de los funcionarios, reaccionan como si fueran ciegos y sordomudos ante las denuncias de acciones que evidencian groseros conflictos de intereses, corrupción, nepotismo o falta de capacidad de gestión.
Como nada ha pasado con muchos, y un escándalo tapa al otro, otros tantos copian su negativo modelo. Cada vez que una denuncia seria no es atendida y el funcionario no sólo no es objeto del debido sometimiento sino que se mantiene en la posición o se le designa en otra, se lacera nuestra débil institucionalidad, por más que se intente demostrar lo contrario.
El hecho de que hayamos dictado una Ley de Función Pública y creado un Ministerio, en nada ha variado esta preocupante situación. El anteproyecto de ley general de salarios públicos propuesto por éste no ha pasado de ser una buena intención, pues no existe voluntad política para controlar a los funcionarios y establecer como propone el mismo: escalas salariales por rango, límite de 10% del salario recibido a los gastos de representación y de 5% a la asignación por combustibles, prohibición de incentivos y tarjetas de crédito, establecimiento de incompatibilidades expresas y prohibiciones por violación a la ética y conflictos de intereses, sometimiento a tributación de los salarios públicos, entre otras disposiciones.
Nuestros recién estrenados legisladores prefieren seguir legislando en su propio provecho, como lo hicieron no sólo para aumentarse repetidamente el salario como acaban de hacer bajo la fútil excusa de eliminar la diferencia de $50,000 pesos con el de los diputados, que supuestamente dejarán temporalmente sin efecto, sino para asignarse el barrilito y excluirse de las cotizaciones obligatorias de la Ley de Seguridad Social.
Por eso no debe sorprendernos la expresión de manifestaciones reeleccionistas solventadas probablemente con presupuestos manejados discrecionalmente por funcionarios beneficiados de la perniciosa política del “laissez-faire”.
Marisol Vicens Bello
http://www.blogs.elcaribe.com.do/articulistas/marisol-vicens/5956-laissez-faire.html
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