Mustafá Abu Naba’a, mantiene un contrato de monopolio en la importación del asfalto.
Si grave es la indiferencia o inacción frente a situaciones claramente violatorias de la ley y el estado de derecho, más irritante e inexcusable resulta todo esfuerzo realizado desde el ámbito oficial para tratar de aprobar lo injustificable.
Esta práctica irresponsable se registra con una sorprendente frecuencia, cada vez que se denuncia un acto irregular, de corrupción o de malas prácticas en la administración pública.
El más reciente ejemplo de este incalificable comportamiento es la posición asumida por el ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, frente al caso de Mustafá Abu Naba’a, el magnate del asfalto que opera a sus anchas en el país sin control ni supervisión.
¿Cómo se atreve Díaz Rúa a negar que exista monopolio en este negocio si un contrato refrendado por él consigna que el Ministerio de Obras Públicas pagará una compensación de 10 centavos de dólar por cada galón de cemento traído al país por otros transportistas?
Hay que tener cara dura o subestimar la capacidad de la gente de formarse sus propios juicios sobre los hechos para salir en defensa de que el transporte, almacenaje y manejo de los materiales asfálticos en el país haya estado prácticamente desde el año 2000 en manos de una misma compañía.
Aunque el contrato original que establece este tratamiento de excepción –por demás inadmisible al violar el fundamental principio de la igualdad ante la ley – haya provenido de otra gestion administrativa, podía haber sido reformado o cuando menos denunciado por todo el cuestionamiento que ha recibido.
Sin embargo, lo que hizo el Ministerio de Obras Públicas fue ratificar mediante un addendum los términos cuestionables del contrato en virtud del cual Mustafá ha adquirido en el país el controvertido y nada honroso título de “magnate del asfalto”.
Todo esto explica el por qué de la ardorosa defensa hecha por Díaz Rúa y de su rotunda negativa de que exista monopolio, a pesar de que, según expertos, el contrato firmado por Obras Públicas y la firma Sargeant Petroleum hace ocho años contiene numerosas cláusulas lesivas al Estado dominicano.
El privilegio que de forma irregular y graciosa fue otorgado a Mustafá Abu Naba'a y que tozudamente trata de justificar Díaz Rua, es una burla a los esfuerzos que se realizan para fortalecer la transparencia luchar en contra del tráfico de influencia en los asuntos públicos.
El Gobierno haría bien en suprimir el citado privilegio que ha originado una nueva “piedra de escándalo”. De mantenerse, nadie podrá variar la percepción de que Mustafá es un protegido desde la esfera oficial por ser, entre otras cosas, el director de Programas Medio Oriente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
Vea también: http://www.youtube.com/v/44aJxfpnypg&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3&rel=0
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