Dos graves denuncias de corrupción han sido llevadas a la Procuraduría General de la República.
Una la formuló el Director General de Aduanas, Fernando Fernández, en el sentido de que la modificación de la Ley General de Aduanas había sido comprada por el sector empresarial y vendida por los proponentes Reinaldo Pared, Senador del Distrito Nacional, y Charlie Mariotti, Senador de Monte Plata. Los detalles no los ofreció el director de Aduanas. Su denuncia se formuló y luego decidió guardar silencio sobre el tema.
Pared Pérez y Mariotti acudieron esta semana ante el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, a solicitar ser investigados sobre la denuncia. Con Santiago Rodríguez Tejada como abogado, y con un grupo de simpatizantes, los dos legisladores se presentaron a entregar el documento de solicitud de investigación, que fue recibido por el propio Procurador. A seguidas Domínguez Brito, ponderó las cualidades de los señores senadores del Partido de la Liberación Dominicana.
Resultará difícil para cualquier miembro del Ministerio Público que investigue el caso obviar las palabras de elogios de Francisco Domínguez Brito hacia Reinaldo Pared y Charlie Mariotti. Vale decir, que cualquier intento de investigación seria, imparcial, quedó mutilada con la entrega de este documento y la presencia de Domínguez Brito en la recepción del documento.
Claro, se trata de senadores del partido de gobierno, y el Procurador debe recibirlos, pero debió guardar distancia, tomando en cuenta que se le estaba solicitando una investigación que todo el mundo entiende deberá ser imparcial. Lo que queda a partir de ahora es que se someta a juicio en el Senado, y también en la Cámara de Diputados, al Director General de Aduanas, por supuestamente haber lesionado la honorabilidad de los señores legisladores. El procedimiento del señor Procurador, y sus palabras, ya invalidaron la investigación que se le ha solicitado. En este caso, lo que parecía ser una investigación interesante, de pulcritud y hasta de sentar un procedente en materia de corrupción, queda en una oportunidad perdida.
El otro caso también acaba de llegar a la Procuraduría General de la República. Un total de 17 diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se apersonaron a la Procuraduría General de la República para denunciar los supuestos intentos de sobornos por parte de funcionarios del gobierno, para que en la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución votaran a favor de la posibilidad de repostulación del presidente de la República, Danilo Medina.
Francisco Domínguez Brito no los recibió. Los diputados debieron presentar su denuncia a un departamento de querellas y expresar su interés y deseos de que el propio Francisco Domínguez Brito reciba los testimonios de los legisladores de las ofertas que recibieron, con los detalles de las circunstancias de las ofertas y los nombres de los oferentes.
Se trata de la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución. Y se trata de investigar a congresistas que supuestamente recibieron regalos, dinero y compromisos de continuidad en sus puestos, para que favorecieron la continuidad de Danilo Medina. Son 17 diputados de la oposición los denunciantes. Una tarea complicada para el Procurador General de la República. El próximo sábado la Asamblea se reunirá para proclamar el cambio en la Constitución. El viernes deberá sesionar la Asamblea en segunda lectura.
Domínguez Brito ya ha adelantado que esa denuncia carece de pruebas o de fundamentos. Que se trata de un asunto político, y no parece estar interesado de echar adelante esta denuncia. En cambio, su actitud fue distinta con la solicitud que le hicieran Reinaldo Pared y Charlie Mariotti, aunque en este caso esté de por medio la seriedad de la denuncia del Director General de Aduanas.
Francisco Domínguez Brito es un Procurador General de la República que rige para todos los ciudadanos, para todas las instituciones, públicas o privadas, y tiene la responsabilidad de tratar todos los casos que llegan a su oficina de forma igualitaria, sin desmedro de ninguna.
En estos casos se está comportando como uno más de los políticos designados por el gobierno, y no como el Procurador General de la República en quien la sociedad ha puesto su confianza. Y parece ser que lo hace por razones políticas.
Editorial Acento
Acento
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